El titular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, se refirió acerca de la importación de carne bovina de Brasil, mencionando que esto está totalmente habilitado y es un fenómeno que se viene observando con mayor aumento desde el mes de abril, volviéndose a registrar nuevamente en las últimas semanas a fin de buscar soluciones inmediatas ante los altos precios de la proteína roja.

“Se dio un aumento de la importación, estamos hablando de un mes que todavía no terminó, pero se vio un aumento importante en el mes de abril cuando sí entró mucha carne proveniente básicamente en un 99 % de Brasil y ahora en estas últimas semanas también”, explicó en el programa Cuenta Final Radio, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.

Aseguró que existen algunos cortes que están un 50 % más baratos y entonces se presenta un potencial de que haya un margen atractivo frente al mercado local. “Creo que el presidente fue muy claro en que tenemos que buscar muchas veces soluciones inmediatas”, explicó.

Existe una diferencia muy importante entre el precio promedio del país vecino y el de Paraguay hasta otros países como Argentina o Uruguay, dijo. Agregó además que aumentar el hato ganadero es el mecanismo más sostenible, pero eso no es inmediato, lleva su tiempo, por lo cual la importación es una solución inmediata para encontrar precios promocionales.

Martin recordó que la coyuntura también es producto de la nuevos mercados que se habilitaron y hay un gran trabajo entre los productores que se viene haciendo. “El productor y a cadena de la carne, la industria, el trabajo de las instituciones”, expresó.

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Es por eso que la alternativa viable y legal más rápida es traer la carne de Brasil, por lo cual esperan que se pueda sostener ya que en el 2024 y en esta misma época del año se llegó a traer carne del vecino país, pero después con las subas de fin de año volvieron a mermar.

“Estamos trabajando muy bien con el Ministro Javier Giménez y siguiendo las instrucciones del presidente de la República. Cuidando por sobretodo lo construido y que haya un control y trazabilidad de la carne”, acotó.

Por último, indicaron que los frigoríficos respondieron de buena manera el fin de semana, por lo que esperan que siga mejorando la coyuntura. “Creemos que este va a ser el camino en permanente comunicación con los diferentes sectores, viendo qué es mejor para el consumidor paraguayo con este alimento”, dijo.

Acotó que por el status sanitario brasileño se pueden importar todos los cortes. En nuestro caso, Paraguay tiene mayor preferencia por la costilla, pero se estaría trayendo carnaza negra y más enfocados en la gastronomía.

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La reducción de los precios de los productos de consumo en los luga­res de venta, por la baja del dólar, es uno de los temas que está ocu­pando la atención de la ciudadanía. La mayo­ría de las personas se maneja con un presu­puesto de gastos fijos de acuerdo a su nivel de ingresos, que generalmente es estable. Nece­sita que el dinero les rinda adecuadamente y que no se perjudique su consumo ni el de su familia por la suba de precios. Debido a eso la reacción obligada cuando aumentan los precios es disminuir las compras o dejar de adquirir los artículos que suben. Y si se redu­cen los precios, automáticamente aumen­tan las compras de los productos requeridos para mejorar el consumo.

La necesidad de reducir los precios de los artículos afectados por la baja del dólar la señaló el presidente Santiago Peña, quien reclamó que los comercios deben traducir en menores precios el fuerte descenso de la moneda norteamericana. En tono de repro­che, señaló que cuando sube el dólar, rápida­mente se alzan los precios y que cuando baja la moneda, nadie los reduce.

Como en nuestro país se respeta la liber­tad de comercio y no se fijan los precios de las mercancías por orden del Gobierno, los comerciantes libremente ponen los valo­res que desean. Por eso un mismo producto, como el pan, puede tener un precio en la panadería, otro en la despensa de barrio y uno diferente en el supermercado.

Para garantizar la libre competencia entre los comerciantes y defender a los consumi­dores de posibles abusos, están la Secre­taría de Defensa al Consumidor y el Usua­rio (Sedeco) y la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom). Estas institucio­nes deben actuar con eficiencia para que la actual situación de los precios de bienes de consumo importados no permita atropellos ni situaciones abusivas. El Gobierno no per­mitirá ningún tipo de extralimitaciones, por lo que las entidades estatales deben accionar según su competencia.

La Ley 4956/13 que defiende la libre com­petencia prohíbe categóricamente los actos contra la libertad de concurrencia y esta­blece que los abusos serán corregidos o cas­tigados de acuerdo con los mecanismos y sanciones que están previstos. En otras palabras, la libertad de acción de los comer­ciantes tiene límites y las extralimitacio­nes prevén el castigo. La mencionada norma establece que todos los mercados estarán regidos por los principios y reglas de la libre competencia, excepto las limitaciones esta­blecidas por la ley, por razones de interés general.

Expresamente prohíbe el abuso de la posi­ción dominante, lo mismo que las prácticas, conductas o recomendaciones que tengan como propósito restringir, limitar, obstacu­lizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado. Para que no haya ningún tipo de conductas que impida la libre concurrencia, la ley desautoriza todo acuerdo, decisión o práctica que esté enca­minado a impedir, restringir o falsear la libre operatividad.

La preocupación del Gobierno por los pre­cios de los productos de consumo que no bajan a pesar de la reducción de los costos es legítima. Demuestra su sensibilidad social y su sentido de responsabilidad por la suerte de los que vivimos en el país. Como no basta con tener buenos sentimientos y reclamar algunas medidas, está articulando ahora la acción de los organismos competentes. El primer mandatario pidió a la Conacom que brinde informaciones a los consumidores sobre los asuntos de su competencia para que la gente concurra a los sitios con mejores precios.

La Sedeco, por su lado, tiene que infor­mar a la ciudadanía sobre las inspecciones, pericias e intervenciones relacionadas a la protección del consumidor. También debe divulgar información que permita conocer las características de la comercialización de bienes y servicios en el mercado. Así como mantener y publicar el Registro Nacional de Infractores.

Con una actuación sólida, que tenga en cuenta los requerimientos de la gente, los organismos públicos prestarán una gran ayuda a las personas, para que puedan defender mejor sus derechos contra los abu­sos de toda índole. La vida cotidiana está llena de desafíos que requieren la eficaz tarea de las entidades competentes para resguardar a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes. No hay mejor protección que la de un gobierno consciente que actúa de manera adecuada para que los agentes económicos apliquen las estrategias que deseen, pero respetando estrictamente las leyes.

• Por Jorge Torres Romero
• Columnista

En junio de este año, el Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) emitió un estudio de condiciones de competencia relativo al sector de supermercados, analizando específicamente el relacionamiento de la firma Retail SA (Grupo Vierci) con sus proveedores. Conacom reunió a Ratail y sus proveedores y de allí sale el informe.

El estudio analiza las condiciones de competencia que se generarían en el sector de supermercados a través de un cambio en la política de relacionamiento de Retail SA con sus proveedores, atendiendo la posición dominante de dicha firma que fuera declarada en el año 2022.

El estudio advierte de los eventuales riesgos que pudieran surgir desde la óptica del Derecho de la Competencia. Concluyó que la implementación por parte de una empresa dominante de una política comercial que clasifica a los proveedores, entre otros factores, en base al margen incluido en dicho precio sugerido, puede generar que suba dicho precio para incrementar el margen de utilidad de la empresa dominante para no perder acceso a los canales de distribución de dicha empresa.

Se confirma que que los proveedores, obligados por el Grupo Vierci, mantienen un precio sugerido uniforme para todos sus canales de distribución similares, esto motiva el alza generalizada en el mercado de los precios en los productos afectados. Por lo tanto, esta metodología genera riesgos de conductas anticompetitivas.

Por todo esto, se recomendó a Retail SA analizar los condicionamientos impuestos, evaluar la nueva política de relacionamiento con sus proveedores propuesta para considerar y mitigar los riesgos de vulneración. Los riesgos generados por la práctica del uso de precios de venta al público sugeridos y la posibilidad de que dicha práctica motive el alza en los precios, especialmente si se aplican en márgenes garantizados; y la inclusión del índice de precios en la fórmula de cálculo para la clasificación de proveedores.

El estudio contiene las opiniones formuladas sobre la base de las informaciones recabadas, sin perjuicio de que, ante posibles conductas anticompetitivas, la Dirección de Investigación de la Conacom pueda profundizar en el análisis y, si encontrara méritos suficientes, abrir el sumario respectivo.

En síntesis, los supermercados del Grupo Vierci tienen una posición dominante, imponen el precio a sus proveedores, clasifican a sus proveedores dependiendo de la aceptación de sus reglas de juego para tener visibilidad en sus góndolas. Con esto se evita la competencia justa, nunca bajarán los precios y sus márgenes de ganancias siempre serán para arriba. Mientras tanto, usan sus medios para editorializar el drama de la “heladeras vacías”, culpan al gobierno de todo y ellos se llenan los bolsillos, mientras sus perifoneros mediáticos nos distraen relatando un supuesto país a la deriva. Pillos, peajeros y corruptos. Eso son. Es hora de desenmascararlos y llamarlos por su nombre: los legionarios 2.0. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

De forma exitosa se llevó a cabo la reunión de cierre de la primera auditoría in situ del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca del Japón (MAFF, por sus siglas en inglés), con miras a la apertura de ese mercado a la carne bovina paraguaya, representando un paso clave en el proceso de evaluación exigido por las autoridades japonesas para habilitar la importación de la proteína desde Paraguay.

Es lo que informó el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), tras este encuentro, donde el titular de la institución José Carlos Martin y los auditores del MAFF hablaron sobre las visitas realizadas al laboratorio central, unidades zonales y oficinas de la Fundación Servicios de Salud Animal (Fundassa) en la región del Chaco, así como al punto de ingreso del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.

Asimismo, estuvieron presentes en la reunión el director general de Sanidad Animal, Identidad y Trazabilidad, Víctor Maldonado; la directora general de laboratorios, Elizabeth Oviedo; el director general de servicios técnicos, Primo Feltes; la jefa de unidad de Asuntos Internacionales, Gloria Campuzano y la directora de mataderos y frigoríficos, Natalia Díaz de Vivar.

La delegación de auditores estuvo liderada por el jefe veterinario y director de la Oficina Internacional de Asuntos de Sanidad Animal, y el oficial de Cuarenta Animal del MAFF.

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El presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Randy Ross, había resaltado la importancia de esta inspección in situ que el país asiático inició en nuestro país en el marco de la posibilidad de habilitar ese mercado para la carne paraguaya, pues se trata de un trabajo que ya lleva unos cinco años.

Asimismo, explicó que desde la industria se encuentran confiados en que el proceso sea aún más ágil tras esta auditoría, por lo cual se esperará que próximamente se realice la segunda visita dirigida a los frigoríficos y establecimientos.

En el año 2024 Japón compró más de 700 mil toneladas de carne bovina, un 5 % más que durante el año 2023. Sus principales proveedores fueron mercados como Estados Unidos y Australia, mientras que Uruguay posee un mercado abierto para carne y menudencias con ese país, pero el arancel es de un 30 %.

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