• Jimmi Peralta
• Fotos: Gentileza/Archivo

El 12 de junio de 1935 fue firmado en Buenos Aires el protocolo de paz que dio por terminadas las acciones bélicas que enfrentaron a Paraguay y Bolivia desde 1932. Los historiadores Erasmo González y Herib Caballero Campos cuentan los pormenores de las arduas negociaciones y el contexto en el que se desarrolló el conflicto entre ambos países por la posesión del Chaco Boreal.

Luis Alberto Riart y Tomás Elío, cancilleres de Paraguay y de Bolivia, respectivamente, fueron los encargados de refrendar el documento para poner fin a las hostilidades entre ambas naciones mediterráneas, que se disputaron una salida fluvial al mar y sufrieron la falta del vital líquido durante varios tramos de la contienda, lo que infligió múltiples sufrimientos además de los propios de toda guerra.

A 90 años del histórico acuerdo, se celebra la hermandad entre pueblos que, si bien tienen amplias fronteras en común, en gran parte siguen separados por el gran territorio chaqueño.

La guerra del Pacífico (1879-1884) cercenó territorialmente a Bolivia y lo despojó de 120.000 km2 de superficie y 400 km de litoral marítimo. Este fue un momento clave que provocó que el Chaco paraguayo entrara en los planes estratégicos del país del altiplano.

En Bolivia, con la pérdida de su costa sobre el océano Pacífico en la guerra que tuvo contra Chile, desplazaron hombres para irrumpir en el Chaco fundando fortines, al tiempo que los tratados se realizaban, pero no se solucionaron las diferencias territoriales.

“Las incursiones generaron tensiones al punto de que en febrero de 1927 es muerto en el fortín Sorpresa el teniente paraguayo Adolfo Rojas Silva. A partir de ese episodio el conflicto contra Bolivia se desarrolló en un ambiente en el que amplios sectores de la ciudadanía paraguaya reclamaban mayor presencia del Estado paraguayo en el Chaco. Desde el llamado a la movilización en diciembre de 1928 luego del ataque de tropas paraguayas al fortín Vanguardia, donde los bolivianos fueron desalojados, la crisis diplomática afloró con la expulsión de sus respectivos representantes diplomáticos que cumplían funciones en ambos países”, explica Erasmo González, doctor en historia.

El 23 de octubre de 1931, registrado como un ícono del reclamo ciudadano por la protección del Chaco, quedó en la memoria por la masacre de manifestantes estudiantiles en los jardines del Palacio de Gobierno, que estaba ocupado entonces por el presidente José P. Guggiari.

“Lo sucesivos gobiernos paraguayos venían realizando una prudente campaña de reforzar y dotar de mayor armamento al Ejército, que se inició con las reformas realizadas por el presidente Eligio Ayala. Durante su gobierno se mandaron comprar armas e incluso las dos cañoneras adquiridas de Italia: El Paraguay y el Humaitá”, indica González.

“En los últimos años han sido varias las investigaciones históricas académicas que han permitido comprender el esfuerzo del Estado paraguayo para armar al país. Efectivamente, sin un préstamo internacional se pudo comprar armamento moderno y capacitar a los jefes y oficiales para enfrentar el conflicto a partir de los planes consensuados entre el Gobierno y los jefes del Ejército en agosto de 1924”, explica, por su parte, el historiador Herib Caballero Campos.

A pesar de estos esfuerzos, en comparación con el despliegue boliviano Paraguay se encontró con una preparación un tanto menor en efectivos y en armamento para el inicio de las hostilidades.

“La contienda se inició con la toma boliviana en Pitiantuta, casi al mismo tiempo en que el doctor Eusebio Ayala asumía la Presidencia. Era una etapa difícil e incierta, pero el presidente tuvo el tino de apostar por José Félix Estigarribia para el mando del Ejército. La estrategia del comando paraguayo de llevar la guerra al interior de la región chaqueña fue fundamental. Los bolivianos incursionaron en un territorio adverso por las condiciones naturales del territorio, alejados de donde existía agua; además, considerablemente lejos de su puesto logístico”, refiere González.

“La utilización del idioma guaraní por orden general del comandante Estigarribia fue estratégica para comunicarse y despistar a los enemigos con códigos que los jefes oficiales y los soldados paraguayos podían entender. Además, servía para identificarse entre paraguayos si se encontraban en un lugar determinado, evitando confusiones que podían llevar al enfrentamiento entre los mismos”, agregó.

La primera mitad del siglo XX en Paraguay se caracterizó por un sinfín de tragedias internas a consecuencia de la inestabilidad política con revoluciones, golpes de Estado, exilios, atropellos, proscripciones y muerte. La hegemonía liberal había arrancado en 1904, pero tanto los conflictos dentro del propio partido de gobierno como las confrontaciones con la oposición impedían el desarrollo de un proyecto nacional.

“En el contexto de la guerra se había generado una tre­gua política. Según se esta­bleció por leyes aprobadas por el Congreso, se reprimió a los sectores socialistas y comunistas que eran anti­guerreristas, pues conside­raban que la guerra del Chaco era una guerra imperialista. Asimismo, importantes jefes políticos de los dos partidos tradicionales se moviliza­ron o apoyaron al gobierno de Eusebio Ayala”, señala Caballero Campos.

“El territorio chaqueño no conoció diferencias políticas entre los combatientes para­guayos. Diferentes sectores de la sociedad acudieron al llamado: campesinos, obre­ros, estudiantes y con ellos artistas, poetas, intelectua­les, choferes, deportistas, enfermeras y médicos. Con ese esfuerzo mancomunado se pudo sobrellevar la guerra con el acompañamiento de las mujeres, que realizaron diferentes actividades tanto en retaguardia como en el frente. Se destaca la labor de las madrinas de guerra como apoyo emocional para el sol­dado combatiente”, explica González.

A renglón seguido, destacó la unidad que se logró en el Paraguay durante la guerra a pesar de las diferencias que lo sepa­raban anteriormente.

“En general hubo un gran acompañamiento. Las personas hacían donaciones para las viudas y huérfanos de guerra; la Legión Civil Extranjera, conformada por miembros del comercio y la industria que eran de ori­gen extranjero, colaboró con varias acciones para paliar las necesidades más urgentes. La Junta Nacional de Aprovisionamiento era una entidad gestionada por el Estado con fuerte colabo­ración de sectores privados, que proveían los alimentos básicos a las familias de los soldados combatientes que no tenían otros recur­sos para subsistir. La Cruz Roja Paraguaya, liderada por el Dr. Andrés Barbero, donó un avión ambulancia, así como también realiza­ron varias actividades para recaudar fondos, como el partido de fútbol en Buenos Aires en el que jugó Arse­nio Erico, que finalmente fue fichado por el Indepen­diente de Avellaneda”, citó Caballero Campos.

En el contexto de una guerra con fuertes bajas para ambos bandos, la vía diplomática no estuvo clausurada. Esto a pesar de que Paraguay fue sancionado por la Sociedad de Naciones (antecedente de las Naciones Unidas) por haber sido declarado país agresor.

“El grupo mediador lide­rado por el gobierno argen­tino del general Juan B. Justo fue el impulsor de abrir una negociación con el apoyo de los demás gobier­nos de la región, pero el último actor clave en sumarse y muy nece­sario fue el gobierno del Brasil, cuyo presidente Getulio Vargas visitó Buenos Aires en mayo de 1935, dando su acuerdo para que se impulse un alto al fuego en el infierno verde del Chaco”, comenta Caballero.

“De una posición defensiva en los primeros meses del conflicto, Paraguay pasó a la ofensiva en 1934 logrando recuperar territorios que los bolivianos fueron ocupando. Para 1935 ya había cruzado el río Parapití. Sin embargo, no debemos olvidar que todo esto significó sacrificios humanos de padecimientos por sed, pestes, heridas, traumas emocionales, muerte y angustia por la distancia de los seres queridos. Para 1935 los recursos se extremaron. Cada día de combate repre­sentaba un gran costo para el país, por lo que la gestión diplomática también fue ardua”, apunta González.

En este sentido, fue des­tacado el rol del canciller argentino Carlos Saave­dra Lamas en el contexto de las negociaciones diplo­máticas, quien fue reco­nocido con el Premio Nobel de la Paz en 1936 por su mediación en este conflicto y por haber inspirado un tratado antibélico que lleva su nom­bre.

“Las nego­ciaciones comenzaron en mayo de 1935. Primeramente, el grupo mediador se reunía con cada canciller por sepa­rado. El Paraguay desde un principio estaba conteste en general con los términos del documento propuesto por los mediadores, pero Bolivia pretendía esperar el resul­tado de su contraofensiva, que fue detenida exitosamente por el Ejército para­guayo en la batalla de Ingavi, el 8 de junio de 1935. En ese sentido, ya el 11 se anunciaba en los medios de prensa asun­cenos que se había acordado entre los países un alto al fuego, pero se estaban aún ultimando los detalles del documento final”, explica Caballero Campos.

De su parte, González subraya que el pro­tocolo se firmó en un momento en el que ya no se podía continuar con la guerra por la dificultad para obtener recursos y el agotamiento de los combatientes. Por ello, de alguna forma la firma del protocolo de paz del 12 de junio era el camino obli­gatorio.

“Ya en los últimos meses de la guerra, el cansancio, la hos­tilidad de la naturaleza en el alto Chaco, el revés en las estribaciones andinas hicie­ron que la mayoría de la tropa paraguaya ya se encuentre agotada y agobiada, según se puede deducir de varios tes­timonios. Además, las arcas del Estado paraguayo ya esta­ban exhaustas luego de casi tres años de guerra. Por ello, el alto al fuego al mediodía del 14 de junio de 1935 (día en que se festeja la Paz del Chaco en Bolivia) fue celebrado por todos los combatientes, pues era algo que se anhe­laba en ambos ejércitos ”, agrega Caba­llero Cam­pos.

En agosto de 1935 se rea­lizó el desfile de la victoria en Asunción, pero el país estaba con una economía extenuada, con la producción mayormente a cargo de ancianos, niños y mujeres. Todo esto fue terreno fértil para que afloren de nuevo las des­avenencias, los golpes de Estado, revoluciones, per­secuciones e inestabilidad política.

El Tratado de Paz, Amis­tad y Límites definitivo se rubricó el 21 de julio de 1938. El documento final fue fir­mado por Cecilio Báez y José Félix Estigarribia por Paraguay, y Eduardo Díez de Medina y Enrique Finot por Bolivia. El acuerdo fue refrendado por un referén­dum, que se realizó el 15 de agosto de ese año y tuvo una aprobación del 91 %.

En octubre de 1938, en cum­plimiento de una de las cláu­sulas del tratado, se abrió una Comisión Mixta Demarca­dora de Límites para señali­zar la frontera en el terreno, que dio por concluidas sus tareas en 2007.

Por ello, recién en abril de 2009, con firma de Evo Morales por Bolivia y de Fernando Lugo por Para­guay, se oficializó el acta de cumplimiento y ejecución del mencionado tratado.

A poco de cumplirse el cente­nario de esta epopeya, la más grande del siglo pasado en el continente, que dejó cerca de 100.000 bajas, el vínculo entre ambos países sigue en parte separado por aquel territorio hostil.

“Evidentemente el Chaco hasta hoy en día es una barrera para que se dé ese relacionamiento más cercano entre bolivianos y paragua­yos. Hoy la ruta Bioceánica es una oportunidad para mejo­rar esa integración, pero el Chaco aún hoy es un territo­rio despoblado, con muchas carencias y una necesidad de recibir políticas públi­cas que aseguren la edu­cación, la salud y la movi­lidad a las poblaciones chaqueñas, tanto origi­narias como a las demás que habitan dicho terri­torio”, concluyó Caba­llero Campos.

Paraguay se prepara para atraer nuevas inversiones en energías renovables mediante la modificación de la Ley 6977/2023, que regula la generación eléctrica no hídrica, manifestó el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Félix Sosa.

Si bien esta ley se reglamentó el año pasado, Félix Sosa contó que recibieron sugerencias de organismos internacionales para volver a ajustarla. Este proceso se dará con apoyo del Banco Mundial y asesoramiento técnico internacional, a fin de facilitar proyectos solares, eólicos y de otras fuentes alternativas, lo que podría traducirse en mayor competitividad, diversificación de la matriz energética y nuevos empleos para la economía nacional.

Sosa precisó que un experto uruguayo con amplia trayectoria en reformas energéticas es encargado de asesorar para que la nueva versión de la ley sea funcional, clara y amigable para el desarrollo de proyectos de generación alternativa. Según lo anunciado, el proyecto modificado sería presentado ante el Congreso Nacional en un plazo de aproximadamente 15 días.

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Además de la modificación normativa, también están trabajando en su marco institucional para fomentar alianzas público-privadas (APP) orientadas a la generación de energía eléctrica. La nueva ley de APP incorpora esta posibilidad como una herramienta complementaria, lo que permite a inversores participar en proyectos estratégicos de forma más dinámica y con reglas claras.

“Este cambio amplía las oportunidades de financiamiento, reduce riesgos y acelera los procesos de implementación, abriendo el juego a capital privado nacional e internacional en el sector energético”, explicó Félix Sosa.

Este esfuerzo de actualización legal va de la mano con una visión de largo plazo que está delineada en el Plan Maestro de Transmisión y Distribución de la ANDE, vigente hasta 2033. Este plan contempla inversiones por más de USD 3.300 millones, necesarias para expandir y modernizar la infraestructura eléctrica del país.

Entre los proyectos prioritarios figura el desarrollo del Chaco paraguayo, con más de 1.000 kilómetros de nuevas líneas de transmisión y al menos ocho subestaciones. Esta infraestructura será clave para integrar futuros proyectos de generación solar y eólica que se instalen en zonas con alto potencial.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer los principales números que dejó el quinto mes del año con respecto a gastos, inversiones y recaudaciones tributarias, en el marco de la presentación del informe de Situación Financiera (Situfin).

La inversión pública acumulada a mayo registró un aumento del 36,3 %, lo que refleja un nivel de ejecución superior al observado en el mismo período de 2024. En términos absolutos, alcanzó G. 2.470 mil millones (USD 311 millones), lo que representa el 0,7 % del producto interno bruto (PIB).

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El informe destaca que este ritmo de ejecución es superior al observado en el mismo periodo de 2024, y se posiciona entre los más altos de los últimos años si se compara con el promedio histórico. Este repunte cobra mayor relevancia considerando que abril y mayo son meses en los que tradicionalmente la ejecución suele ser baja, por cuestiones estacionales y administrativas.

Sin embargo, en 2025 se logró sostener una ejecución acelerada, lo cual también refleja mejoras en la planificación y desembolso por parte de las instituciones ejecutoras, indicaron durante la presentación de Situfin.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) fue nuevamente la entidad que lideró el volumen de inversiones, representando la mayor parte de los recursos utilizados en infraestructura vial, obras civiles y proyectos estratégicos. Otras instituciones también mostraron dinamismo, aunque en menor escala, y en conjunto permitieron diversificar el destino de los recursos hacia diferentes sectores de infraestructura física y social.

Desde el punto de vista de las finanzas públicas, este nivel de inversión tiene un efecto positivo sobre la economía real, explicaron. Además de impulsar la actividad en sectores como la construcción, el transporte y los servicios, la inversión pública cumple un rol anticíclico, especialmente útil en contextos de recuperación económica como el que atraviesa actualmente nuestro país.

Asimismo, estas inversiones sientan las bases para una mayor competitividad en el mediano y largo plazo, mediante mejoras en conectividad, acceso a servicios y reducción de brechas territoriales.

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Por último, el informe subraya que el aumento de la inversión se dio sin comprometer el objetivo de consolidación fiscal. Pese al crecimiento del gasto de capital, el resultado fiscal mensual de mayo fue con superávit, por segundo mes consecutivo, y el acumulado anual mantiene un déficit moderado.

La Embajada de Israel en Paraguay emitió un comunicado oficial este viernes en el que respalda la reciente operación militar lanzada por su país contra objetivos nucleares en Irán, argumentando que se trata de una acción preventiva ante una amenaza “clara, creciente e inminente” contra la existencia del Estado israelí.

“Israel actúa ante una amenaza nuclear que pone en riesgo su existencia”, afirmó el embajador Amit Mekel, al tiempo de subrayar que el objetivo de la operación es neutralizar las capacidades militares del régimen iraní relacionadas con el desarrollo de armas nucleares.

En el comunicado, se recuerda que el liderazgo iraní ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de eliminar a Israel, a la par de avanzar con un extenso programa nuclear, al que califican de clandestino y militar. “No podemos permitir que el régimen iraní tenga un arma nuclear”, sostuvo un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), citado en el mensaje oficial.

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Según datos provistos por el Estado israelí, Irán habría acumulado suficiente uranio enriquecido como para fabricar más de nueve bombas atómicas, una tercera parte de ese material producida en apenas tres meses. Israel asegura que estos avances se dan incluso en paralelo a negociaciones diplomáticas, lo que, a su entender, deja en evidencia “la mala fe y las verdaderas intenciones” del gobierno iraní.

“El ritmo acelerado del desarrollo nuclear iraní representa una amenaza inmediata que Israel no puede ignorar”, añade el comunicado, que destaca que la operación militar es de carácter “preciso y limitado”, dirigida exclusivamente a instalaciones estratégicas y componentes vinculados al programa nuclear iraní. También aclara que se han tomado todas las precauciones posibles para evitar daños colaterales a la población civil.

Finalmente, la Embajada de Israel en Paraguay expresó su “profundo agradecimiento” al presidente de la República, Santiago Peña, y al Gobierno nacional por el “firme respaldo y solidaridad” con el Estado de Israel en este contexto de crisis regional.

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