El Poder Ejecutivo emitió el decreto n.º 2063, a través del cual se modifica el Régimen de Turismo de Compras (RTC). Entre las modificaciones, se flexibiliza los requisitos para los importadores y el capital integrado mínimo se reduce de G. 6.000.000.000 a G. 300.000.000.
También se establece que, cuando no se cuente con la antigüedad mínima requerida, la persona interesada deberá presentar una garantía bancaria de USD 25.000, con vigencia de por lo menos un año, contados a partir de la fecha de la solicitud, que será efectivizada sin más trámite en caso de que el importador cometa infracciones.
En cuanto a los bienes ingresados al inventario de los contribuyentes RTC, con anterioridad a la fecha de vigencia del decreto con las nuevas modificaciones, deberán ser enajenados conforme con las reglas vigentes al momento de su adquisición.
Se determina además que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) elaborará un perfil de riesgo del contribuyente RTC. Este perfil será tenido en cuenta por las dependencias de control y fiscalización durante los procesos de seguimiento continuo del cumplimiento de las obligaciones por parte de los importadores.
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Motivos de suspensión
En el decreto con las modificaciones correspondientes, se determinó que la DNIT procederá a suspender como beneficiario del RTC cuando durante un proceso de control o verificación no se localice al beneficiario del RTC o a sus representantes legales en el domicilio declarado en el registro.
También será causal de suspensión cuando el importador o sus representantes legales no concurran a las convocatorias realizadas por la DNIT sin mediar causa debidamente fundamentada. Del mismo modo, se suspenderá al beneficiario, si el importador o sus representantes legales hagan caso omiso a uno o más requerimientos realizados por la DNIT.
Por otra parte, desde el Gobierno nacional hicieron hincapié en que con estas medidas, se apuntará de manera directa a impulsar un mayor dinamismo en el comercio y promover una competencia sana en el sector.
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Senado aborda situación laboral de trabajadores de prensa y reajuste del 5 % del salario mínimo
A petición del vicepresidente segundo de la Cámara Alta, senador Dionisio Amarilla, los miembros de la mesa directiva recibieron este lunes a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, con el objeto de interiorizarse sobre la situación de los trabajadores de prensa y, en general, respecto al cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece un incremento del 5 % del salario mínimo legal desde el 1 de julio del corriente año.
La reunión estuvo encabezada por el su titular, el senador Basilio Núñez, quien junto con los líderes y vicelíderes de bancadas recibieron el informe de la secretaria de Estado, sobre la situación laboral de los trabajadores de prensa.
Al respecto, el senador Amarilla había solicitado información sobre las diligencias realizadas ante el Ministerio de Trabajo respecto a eventuales denuncias formales presentadas por trabajadores de medios de comunicación, la existencia de contratos colectivos invocados por las empresas y si esta situación afecta exclusivamente a los medios de prensa o constituye una práctica extendida en otros sectores.
Asimismo, el presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, enfatizó la necesidad de conocer con exactitud si el incremento del 5% del salario mínimo legal vigente se aplica a todos los trabajadores y, específicamente, a los trabajadores de prensa.
Mesa tripartita
En ese sentido, la ministra Mónica Recalde explicó que tomaron conocimiento de las denuncias a través de las publicaciones realizadas por diferentes gremios de periodistas. Señaló que se solicitó la conformación de una mesa tripartita con representantes de los distintos medios de comunicación, a fin de analizar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo.
La ministra remarcó que el contrato colectivo del gremio de prensa data de 1997 y se encuentra actualmente vigente, pero no ha vuelto a ser negociado, pese a que en diferentes ocasiones se intentó avanzar en su actualización. Agregó que otro de los pedidos específicos del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) consiste en contar con una interpretación o dictamen sobre los alcances jurídicos del artículo 29, en relación con los ajustes salariales.
“Lo que tenemos como Estado es regular el salario mínimo legal. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo, estableció que el salario mínimo no puede ser reajustado para todos, sino que solo debe ser reajustado el piso mínimo legal; los reajustes superiores al salario mínimo tienen que darse por contrato colectivo o por contratos individuales de trabajo”, señaló la ministra.
Por su parte, el senador Dionisio Amarilla refirió que presentó un proyecto de Declaración que insta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a realizar los controles correspondientes para verificar el cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece el incremento del salario mínimo legal y de las condiciones estipuladas en los contratos colectivos de trabajo.
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Exhortan al Ejecutivo priorizar estudios de conexión vial para Cordillera, Paraguarí y Central
La Cámara de Diputados aprobó la declaración que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a impulsar de manera prioritaria los estudios de factibilidad, diseño y posterior construcción de una conexión vial estratégica interdepartamental que conecte los departamentos de Cordillera, Paraguarí y Central”, durante la sesión plenaria de esta semana.
A través del documento se insta al MOPC a impulsar de manera prioritaria los estudios de factibilidad, diseño y las gestiones técnicas, financieras, ambientales y administrativas necesarias para la posterior construcción de esta conexión vial estratégica.
El trazado contempla la vinculación de los distritos de Arroyos y Esteros, Tobatí y Caacupé, en el departamento de Cordillera; Pirayú y Yaguarón, en Paraguarí; e Itá, Guarambaré, Ypané y Villeta, en Central, con el objetivo de mejorar la conectividad territorial y contribuir a la descongestión del tránsito en el Área Metropolitana de Asunción.
La declaración también insta a la cartera de Estado a informar oportunamente sobre los avances de los estudios de factibilidad, las previsiones presupuestarias y las demás acciones orientadas a la ejecución del referido proyecto.
Solución al colapso vial
La propuesta fue presentada por varios diputados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que de acuerdo a la exposición de motivos, la iniciativa responde a la necesidad de atender el colapso vial que afecta de manera recurrente al Área Metropolitana de Asunción y a sus principales accesos.
En ese contexto, menciona que municipios como Limpio, Mariano Roque Alonso, Asunción, Luque, Fernando de la Mora, Villa Elisa y San Lorenzo “soportan a diario una saturación de tráfico, que degrada la calidad de vida de la ciudadanía y genera pérdidas millonarias en horas de trabajo y consumo ineficiente de combustible”.
Señala que uno de los factores que incide en esta situación es el tránsito de transporte de carga pesada por las zonas urbanas metropolitanas. De acuerdo con los proyectistas, alrededor de 1.000 camiones de gran porte, por semana, atraviesan el Gran Asunción para trasladar productos agrícolas, industriales y comerciales hacia los principales puertos de exportación e importación, situados en la ribera del río Paraguay.
Corredor para la producción
La propuesta plantea establecer un corredor que permita conectar de forma directa la producción proveniente del interior con el polo logístico y portuario de Villeta, evitando el ingreso del tránsito de larga distancia y de carga pesada al núcleo urbano metropolitano.
También se destaca que la futura infraestructura podría contribuir a reducir costos logísticos y tiempos de traslado, favorecer el ordenamiento territorial y vial mediante la descongestión de arterias de alto tránsito, mejorar la seguridad vial al disminuir la circulación de vehículos pesados en zonas urbanas densamente pobladas e impulsar el desarrollo socioeconómico e industrial de los municipios del interior de los departamentos de Cordillera, Paraguarí y Central.
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Milei decreta prohibición de entrada a extranjeros que expresen odio hacia Argentina
El presidente argentino, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso o expulsar a extranjeros que expresen mensajes de odio al país, una medida que aún debe revisar el Congreso y que abre las puertas a la discrecionalidad, según expertos.
La nueva normativa publicada hacia la medianoche del miércoles prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas.
El Congreso debe avalar la validez del decreto que está vigente en tanto avance el trámite legislativo.
“El decreto no es claro y tampoco hay certezas de qué tan aplicable es”, dijo a la AFP Lucía Galoppo, abogada del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Según el decreto presidencial, las medidas se aplicarán a quienes hayan “dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último”.
“Haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso”, agrega.
Sin embargo “no especifica qué es un discurso de odio, cómo se van a detectar, con qué criterio y cómo van a determinar quiénes son los emisores de esos discursos” para aplicar las sanciones, señaló Galoppo.
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“Todo eso lo vuelve difícil de aplicar y discrecional porque deja demasiados huecos que el Estado podría completar con criterios arbitrarios”, agregó.
La medida generó rechazo en sectores opositores. Leonel Chiarella, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR, centro), dijo en X que “el DNU del presidente es inconstitucional” y consideró que el Congreso “debe rechazarlo expresamente”.
El diputado Agustín Rossi, de bloque peronista (centroizquierda), dijo que “excusándose en la campaña antiargentina, Javier Milei avanza en su política contra los migrantes” y afirmó en X que el decreto “replica la lógica antiinmigración de (el presidente estadounidense Donald) Trump”.
Cambio de época
Argentina ha sido históricamente un país abierto a la inmigración que ha asegurado igualdad de derechos en salud, educación y vivienda para sus residentes, así como derechos civiles que están garantizados por la Constitución.
“Da un poco de miedo, espero que esto no avance”, dice a la AFP sobre el decreto Felipe, un colombiano de 43 años que vive en Buenos Aires desde 2009. “Adoro a Argentina por todo lo que me ha dado y me sigue dando”, añade.
El presidente derechista, que buscará la reelección en las presidenciales de 2027, resolvió la medida luego de denunciar días atrás la existencia de una supuesta “campaña antiargentina”, de la que no aportó pruebas.
Milei dijo que está financiada por los gobiernos de Brasil y México y el Partido Demócrata estadounidense, en aparente referencia a críticas que se viralizaron en redes sociales al margen del Mundial de fútbol.
“Milei trata de capitalizarlo en su favor en un momento en donde las perspectivas económicas no son buenas para la mayoría de la población”, explicó a la AFP el politólogo e investigador de la Universidad de San Martín Iván Schuliaquer.
“Lo particular que tiene la derecha en Argentina es que no es nacionalista para nada. Milei se ha mostrado muy en contra de agendas nacionales, por ejemplo tratando que quitar todo límite a la compra de tierras por parte de extranjeros y también priorizando sus viajes a Estados Unidos y a Israel más que al propio interior de Argentina”, dijo.
El decreto aclara que “en ningún caso” castigos como la expulsión del país pueden aplicarse para “aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”.
Argentina atraviesa una crisis diplomática con Brasil, luego de que Milei participara en un mitin político opositor en Sao Paulo, en el cual se refirió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “ladrón” y “presidiario”.
Milei suele incluir insultos y expresiones peyorativas en sus discursos. A la prensa la llama “ensobrada” (corrupta) y a sus opositores políticos los ha calificado de “mandriles”, “inmundos” o “parásitos mentales”.
“Resulta contradictorio que el gobierno que dice que la libertad de expresión debería ser absoluta y así justifica por ejemplo los ataques vía redes sociales con insultos y amenazas, diga en este caso que hay que limitar la libertad de expresión”, dijo Schuliaquer.
- Fuente: AFP
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Bachi Núñez ratifica respaldo del Congreso a la lucha contra el crimen organizado, tras ataque en Naranjito
El presidente del Congreso Nacional y de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, lamentó el atentado perpetrado contra el puesto policial de la Colonia Naranjito, departamento de Canindeyú, que dejó tres personas fallecidas tras un ataque atribuido al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Asimismo, destacó el respaldo brindado por el Poder Legislativo a las iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad nacional.
En ese sentido, el titular del Senado resaltó el acompañamiento del Poder Legislativo al Gobierno Nacional durante estos tres años en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. “Este es un combate que debemos seguir fortaleciendo, no solamente en el estamento policial, sino también en las Fuerzas Militares.
Durante este período, más de 15.000 policías fueron formados; además, se les proveyó de chalecos antibalas, patrulleras y combustible, entre otros recursos”, manifestó. Asimismo, lamentó el fallecimiento de los suboficiales de la Policía Nacional, Atilio Martínez y Herminio Ojeda, así como del civil Josemar Escobar Piris.
Reforzar la seguridad
En ese contexto, señaló que el Gobierno impulsó diversas acciones para reforzar la seguridad de los productores del departamento de Canindeyú, donde, según indicó, se encuentra confinado el EPP. “Hay que valorar el trabajo que están realizando las instituciones”, enfatizó. Igualmente, recordó que, mediante un trabajo conjunto entre la Cámara de Senadores y la Presidencia de la República, fue presentado y aprobado el presupuesto destinado a la construcción de comisarías.
Añadió que el Poder Legislativo permanecerá atento a las conclusiones de la reunión del Consejo de Defensa Nacional (Codena), para evaluar las medidas que eventualmente puedan impulsarse desde el ámbito legislativo. “Es una alerta de que ese grupo (EPP) sigue vigente, confinado en un departamento, según informes que recibí extraoficialmente”, expresó.
Finalmente, al ser consultado sobre la convocatoria a los ministros del Interior y de Defensa Nacional, indicó que aguardarán las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo y que, posteriormente, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores analizará las acciones que correspondan.