El Centro Educativo San Francisco se ha convertido en uno de los pilares principales del barrio modelo que lleva el mismo nombre, ubicado en Zeballos Cué, ya que la institución alberga a niños y adultos que acuden al lugar en diferentes horarios para acceder a sus clases.

Con una población de 1.075 alumnos y un equipo docente y administrativo de más de 70 personas, actualmente atraviesa una difícil situación en materia de infraestructura, puesto que desde hace años las instalaciones van sufriendo un deterioro gradual significativo que inclusive pone en riesgo la seguridad de la comunidad educativa.

“Estamos preocupados. Nuestra institución es enorme y cada vez estamos con más fisuras por todos lados: la parte del techo se va desprendiendo, pisos rotos y como miembros de la comunidad, tenemos que ver qué hacer de inmediato”, dijo la directora Guillermina Fernández en conversación con La Nación/Nación Media.

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Remarcó que el problema con el mantenimiento de la institución lleva años y que inclusive debieron de recurrir a la solidaridad de los padres y a diferentes actividades solidarias para poder restaurar parte del piso y techo de la institución, ante la nula respuesta del gobierno anterior.

“Pensando en el riesgo que existe, barajamos la posibilidad de volver a la virtualidad porque una persona no puede saber en qué momento algo puede salir mal y nosotros tenemos chicos desde tres años hasta el noveno grado, además de los alumnos del turno noche”, indicó la directora de la institución.

Fernández reconoció que ya han realizado todos los trámites ante las instituciones correspondientes y que inclusive inspectores del Ministerio de Educación se han presentado para relevar datos y realizar informes, pero que no obstante necesitan una respuesta lo antes posible debido justamente al riesgo que representan ciertos sectores del centro educativo y al temor que los padres exteriorizan por sus hijos.

Desde la cartera de Educación aseguraron que se encuentran evaluando la situación y buscando los mecanismos de trabajo más eficientes para poder dar una respuesta pronta a esta necesidad.

La titular del Centro Educativo San Francisco subrayó que esperan no tener que llegar a aplicar la virtualidad, ya que esta medida también implica grandes desafíos como la cobertura adecuada de los materiales y el seguimiento que cada alumno recibe en el formato presencial, eso sin contar con que deberían de reorganizar ciertos beneficios como el programa de Hambre Cero.

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Jorge Bernardes, presidente del Club Ejecutivos, destacó el gran potencial de Paraguay, señalando que se debe poner foco en los grandes eventos que se realizarán en el país, puesto que estos abren un gran abanico para el desarrollo. Para esto será clave dotar de mejor infraestructura aeroportuaria y terrestre, así como atender la conectividad.

“Nosotros tenemos que tener un aeropuerto de primer nivel, una terminal terrestre de primer nivel, no solo en Asunción, sino que también en Itapúa, Ciudad del Este, Encarnación”, inició comentando a La Nación/Nación Media. Las actividades deportivas, corporativas, de organizaciones que se realizarán a lo largo del año traerán una cantidad importante de turistas y personas interesadas en invertir en el país.

El sector privado debe estar preparado para ello y el sector público invertir en infraestructura para poder atender la demanda. “Para eso tenemos que estar preparados, el derrame económico que generan los eventos y actividades deportivas es demasiado importante para nuestro país”, comentó a LN. Aseguró que el Gobierno está haciendo su parte en promocionar al país al mundo, pero los empresarios deben hacer las inversiones, la preparación de sus colaboradores, la gastronomía, hoteles, entre otros.

Por otro lado, dijo que para dar una buena impresión del país a quienes vengan del exterior, se deberían mejorar las calles, veredas, el tráfico. “El Paraguay es una joya que está escondida y el desafío es volver a hacerla visible y los eventos de turismo o deportivos, hacen que la gente venga al país”, comentó.

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Sostuvo que todos los rubros sin excepción se ven beneficiados con el derrame, desde la gastronomía, pasando por la hotelería, el consumo de bebidas, alimentos, lavanderías, hasta los masajistas o profesores. “Paraguay tiene un gran potencial de desarrollo y a mí me gusta la línea del Gobierno de apoyar a estas actividades para el clima de negocios de nuestro país”, añadió Bernardes.

Destacó que actualmente se pongan las fichas al deporte y seamos el centro de las actividades mundiales, lo cual es sumamente importante para la generación de fuentes de trabajo. “Infraestructura y conectividad urgente. Tenemos muchos desafíos en eso, entonces, seguir invirtiendo y atrayendo a inversionistas que traigan las cadenas hoteleras grandes, más construcciones porque no vamos a dar abasto con la cantidad de gente que vaya a venir”, puntualizó.

Entre los eventos más relevantes que albergaremos en este 2025 se encuentra el World Rally Championship, que se celebrará del 28 al 31 de agosto. Además, el 75° Congreso Ordinario de la FIFA el 15 de mayo, el “Campeonato Panamericano Juvenil y Torneo Panamericano y de Adultos de Gimnasia Rítmica” de mayo a junio, congresos internacionales, entre otros.

• Para albergar eventos es clave dotar de mejor infraestructura aeroportuaria y terrestre, así como atender la conectividad del país.
• El derrame económico que generan los eventos y actividades deportivas es muy importante y beneficia a todos los rubros.
• El desafío es seguir invirtiendo y atraer a inversionistas.

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Por: Sofía Céspedes (sofiacespedes@nacionmedia.com)

A inicios de este año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7452 que moderniza la inversión en infraestructura pública, conocida como Asociación Público Privada (APP), y reemplaza a la anterior Ley 5102. Algunas de las modificaciones hechas permiten al Estado una mayor participación en las propuestas del sector privado y así también aumenta la posibilidad de financiar obras.

El proyecto que ya fue licitado este año vía APP es la duplicación de la ruta PY01. Se trata de un mejoramiento que inicia desde Cuatro Mojones, Asunción y termina en la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí. Para un total de 108 kilómetros se estima una inversión de USD 450 millones, según precisó a La Nación/Nación Media, el ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Indicó que se están realizando las últimas consultas de parte de cada uno de los oferentes para esta obra, que a más tardar, los detalles se publicarán la próxima semana. La segunda obra que será licitada a través de APP, ya anunciada por el MOPC, es la ampliación de la ruta PY02, con un financiamiento estimado en USD 180 millones.

Se trata del primer sistema de acceso y salida rápida, diseñado para reducir los tiempos de traslado actuales y mejorar la seguridad vial. La autopista de 4 kilómetros prevé dos calzadas y cuatro carriles, que conectará de manera ágil y directa a las autopistas Ñu Guasu y Silvio Pettirossi. “Sobre este proyecto estamos en la preparación de las condiciones de los concursos que van a ser publicados para la presentación de ofertas”, manifestó a LN.

En el marco de la APP se incluirán adendas para mejorar el tramo Luque - San Bernardino y el trayecto Luque - Areguá. También agregó que esto mejorará la red vial del ingreso a San Bernardino y Nueva Colombia.

En detalles, el corredor Ypacaraí - Areguá - Luque: inicia en el km 41 de la ruta PY02, para mejorar el acceso a la Asunción desde Ypacaraí, Patiño, Areguá y Luque. Incluye una nueva variante en Areguá, que mejora la seguridad vial, reduce los tiempos de traslado y potencia el desarrollo comercial y artesanal de la zona.

En cuanto al corredor Ypacaraí - San Bernardino - Luque (Tarumandy), este inicia en el km 43 de la ruta PY02 e incluye la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, optimización urbanísticas dentro de esta ciudad, y la ampliación de carriles en puntos clave del tramo San Bernardino - Luque. También contempla la incorporación de carriles de giro a la izquierda y carriles de acceso directo en el enlace con Nueva Colombia y un nuevo acceso que conectará a la ruta PY02.

“Todo esto mejorará la eficiencia y conectividad, para una salida rápida de la ciudad. El objetivo del proyecto es tener una vía rápida de salida de Asunción, ya que sabemos que hoy se tarda mucho en salir de la capital”, precisó.

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Otras obras que marcarán el año en términos de inversión e infraestructura son la ampliación de la ruta PY10 en Paso Yobái, que si bien se realizará a través de la Ley 5074, conocida como Llave en mano, con una inversión de USD 110 millones y el megaproyecto de tren de cercanías que sigue en proceso de marco legal y prevé la inversión de USD 600 millones, de los cuales, el Estado paraguayo invertirá USD 150 millones, darán un movimiento importante a la economía.

Solo este año se estima un financiamiento por más de USD 1.000 millones en obras por parte del sector público, además de los USD 600 millones que otorgó Itaipú al Gobierno para construir hospitales, escuelas y viviendas. Guillén adelantó que en el segundo semestre del año van a trabajar para presentar las mejoras en las rutas PY03, PY06 y PY09.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas Duarte, en contacto con La Nación habló sobre la importancia de todas estas obras para la dinamización de la economía y crecimiento de la infraestructura en Paraguay, en el marco de las modificaciones hechas a la ley de APP.

“A través de la APP, la idea es asegurar al sector privado su inversión y dar facilidades para que los inversores extranjeros puedan venir y se les garantice la seguridad jurídica. Eso es muy importante. En síntesis, lo que la ley trata de hacer es equilibrar tanto al sector privado con el público”, expresó el titular de la Capaco.

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Sobre el empleo que esto generará en el rubro, afirmó que va a ser un año con mucho movimiento, tanto para otorgar mano de obra de forma directa como indirecta, ya que en la construcción existe una cadena de valor muy grande.

“Las grandes obras que se realizarán este año a nivel país van a mover más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa, pero en general esperamos contar con 30.000 nuevos puestos de trabajo este año. Actualmente este sector mueve a más de 200.000 personas y ojalá podamos llegar pronto a 300.000″, agregó Mas.

El presidente del gremio de la construcción recordó que hoy la construcción tiene un rol muy importante en el producto interno bruto (PIB) de Paraguay. En el 2024 incidió en el 7 % del PIB y cada vez genera más industria alrededor de las obras. “El sector de la construcción es un sector que mueve mucho, tanto como PIB y a nivel nacional. Da mano de obra a lo largo y ancho del país”, reiteró.

Desde el Poder Ejecutivo manifiestan que las modificaciones hechas a la ley de APP buscan hacerla más atractiva para los inversionistas, con incorporaciones mejoradas en base a experiencias anteriores. Así lo señaló a La Nación Juan José Galeano, economista y asesor de Asuntos Sociales y Económicos de la Presidencia de la República.

“Entre las principales innovaciones se destacan el aumento de la participación estatal, la ampliación de los límites de compromisos financieros y la extensión de los plazos para las licitaciones, que permitirán distribuir los costos de las obras a lo largo del tiempo, reduciendo la carga financiera para el sector privado y generando un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos”, remarcó.

Mencionó que esto abre la posibilidad de canalizar más recursos hacia la mejora de la infraestructura del país, en línea con el objetivo de regresar al tope establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en 2026, del 1,5 %.

“La nueva normativa tiene el potencial de impactar positivamente en diversos sectores, desde obras viales, hasta áreas de alto impacto económico y social como el acceso a agua potable y saneamiento mejorado. Las expectativas frente a esta ley son muy positivas, y se esperan resultados concretos en el corto y mediano plazo”, finalizó.

Algunas de las modificaciones hechas a la ley de APP incluyen: el aumento de la participación del Estado para financiar iniciativas privadas del 10 % al 25 %, además del aumento del 2 % al 4 % del PIB para financiar obras y la posibilidad de que ese espacio fiscal crezca, siempre y cuando esté aprobado por el MEF.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, División Límite y Fronteras, de Argentina, comunicó a su par de Paraguay que “la entonces Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables no tiene objeciones” para el servicio de cruce fronterizo en transporte fluvial por el río Paraná, entre el Puerto Irala y Puerto Libertad.

La empresa autorizada es Macuco Ecoaventura y Navegación S.A. para las embarcaciones denominadas AFS 1 con matrícula No. 4885-RE y la balsa Rainha Irala, con matrícula No. 4886-BL. El cruce es para el transporte de pasajeros, vehículos y carga.

Para el inicio de operaciones, la empresa debe presentar los correspondientes seguros, incluyendo a ambas direcciones. Esto fue informado hoy por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La nota de comunicación data del 28 de febrero de 2025.

“Representa un avance significativo para la integración fronteriza, beneficiando al departamento de Alto Paraná y la provincia de Misiones con mayor conectividad, lo que agilizará el comercio, fomentará el turismo y facilitará el traslado de residentes y trabajadores entre ambos países”, según Patricio Ortega, director de la Marina Mercante, del MOPC.

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No obstante, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), de Argentina, exige una mejor infraestructura para su oficina en el puerto. Hasta ahora, ninguna institución de ese país construyó dicha edificación, según lo señalado a La Nación/Nación Media por el intendente de Domingo Martínez de Irala, Derlis Benegas.

Manifestó que ya conocían de la autorización, pero “el verdadero problema radica en la exigencia de la Aduana de Argentina para la instalación de su oficina de control en el puerto”. Con esto, el proyecto largamente esperado por poblaciones fronterizas, sigue en espera.

Benegas manifestó que dicha institución no está de acuerdo con que la oficina funcione en un contenedor, como existe en el lado paraguayo y quieren una estructura mejor, con un tinglado para instalar su scanner. “La prefectura de Puerto Iguazú no dispone de los recursos para la construcción de un local para la Aduana y, mientras eso no tenga solución, seguiremos esperando”, dijo Benegas.

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