El presidente del Indert destaca que el gobierno de Santiago Peña ya entregó 12.000 títulos de propiedad a familias campesinas.

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz des­tacó que el gobierno de Santiago Peña ha posicio­nado ha titulación masiva de tierras como uno de los logros más significativos de su gestión.

En dos años y medio de mandato, ya se entrega­ron 12.000 títulos a fami­lias que llevaban décadas incluso realizando gestio­nes en procura de la legali­zación de sus propiedades.

“En primer lugar noso­tros estamos llegando a los 12.000 títulos entre­gados en apenas dos años y medio de gestión, que comparado con lo que eventualmente se entregaba en el mismo período sería aproximadamente 900 % más de lo que en promedio cualquier administración lograba entregar”, señaló a La Nación/Nación Media. Afirmó que además se tomaron medidas muy sig­nificativas que benefician a las familias rurales del país.

“Una de las medidas más importantes que hemos tomado en la administra­ción con el presidente San­tiago Peña ha sido redu­cir el precio de los lotes. Anteriormente, los pre­cios estaban inflados con una tasa de interés usu­raria del 70 %. Pero noso­tros eliminamos esa tasa de interés, que ha permi­tido reducir en un 50 % el valor de los lotes para las mujeres y en 30 % para los varones”, resaltó.

El impacto de esta medida fue que antes del 15 de agosto del 2023 de cada diez títulos que entregaba la ins­titución, tres iba destinada a las mujeres. Sin embargo, actualmente seis de cada diez títulos sean para muje­res. Con ello se cumple el mandato constitucional (Artículo 115) y el Estatuto Agrario, que hablan de que se tienen que otorgar facili­dades para las mujeres jefas de hogar en el acceso a la titulación de tierra.

La Unión de Gremios de la Producción (UGP) manifestó su preocupación acerca de una normativa europea que establece la reducción progresiva hasta 2030 para el cómputo de biocombustibles derivados de la soja, la cual podría tener un efecto en las exportaciones hacia ese destino.

Se trata del borrador del reglamento delegado que mantiene la clasificación de la soja bajo el régimen de “alto riesgo” en materia de Cambio Indirecto del Uso del Suelo (ILUC), estableciendo una reducción progresiva hasta 2030 para el cómputo de biocombustibles derivados de esta materia prima dentro de los objetivos renovables de la Unión Europea (UE).

Desde el gremio indicaron que la UE fue históricamente un mercado relevante para este producto producido en Argentina y Paraguay, y por ello la imposibilidad de computar los biocombustibles dentro de los objetivos renovables europeos generaría un impacto estructural sobre el complejo sojero regional, alterando flujos comerciales consolidados y afectando la previsibilidad necesaria para la planificación productiva e industrial.

Además de las limitaciones metodológicas que presentaría la normativa Iluc y potenciales impactos económicos, también resulta clave considerar sus efectos sociales, particularmente en las implicancias en los ingresos de pequeños productores integrados en la cadena de valor de biocombustibles y la dinámica de desarrollo rural.

“La transición energética requiere señales regulatorias estables que promuevan inversiones de largo plazo”, mencionaron, agregando que este tipo de modificaciones que alteran sustancialmente la elegibilidad de productos ya integrados en cadenas comerciales consolidadas generan incertidumbre y afectan decisiones estratégicas de inversión.

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Argentina y Paraguay cuentan con marcos regulatorios ambientales propios, sistemas de monitoreo satelital, legislación forestal y políticas públicas orientadas a la sostenibilidad que evolucionan permanentemente. Por ello, señalaron que resulta imprescindible abrir un espacio de diálogo técnico birregional que permita revisar los supuestos metodológicos utilizados, incorporar información nacional actualizada y contemplar desempeños diferenciados.

Según la UGP, la principal preocupación radica en la metodología utilizada para determinar el nivel de riesgo asignado a la soja. “El cálculo del factor de expansión se construye sobre agregados globales. La activación del análisis se fundamenta en la expansión neta mundial del cultivo; sin embargo, el indicador de riesgo se determina a partir de la expansión bruta concentrada en determinadas regiones, sin distinguir adecuadamente entre países con crecimiento, estabilidad o reducción de superficie”, detallaron.

“Argentina y Paraguay presentan trayectorias diferenciadas en materia de expansión; nuestros países han experimentado incrementos significativos en la productividad sin una expansión proporcional de la superficie sembrada, lo que evidencia mejoras sustanciales en la eficiencia productiva, aspecto que no ha sido adecuadamente considerado en el modelo”, puntualizaron.

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El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Francisco Ruiz Díaz, anunció esta tarde que el Gobierno presentó el proyecto de ley que plantea la eliminación del pago del 3 % por trámites de titulación de tierras para las familias campesinas. La propuesta apunta a lograr alcanzar la entrega de 50.000 títulos de propiedad durante este periodo.

A través de una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, el titular del ente agrario destacó como día histórico la firma del documento por parte del presidente de la República, Santiago Peña, el cual fue entregado en propias manos al titular del Congreso nacional y senador Basilio Núñez, quien estuvo acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Mencionó que por parte del Poder Ejecutivo, además del Indert, estuvo el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, al igual que algunos líderes campesinos.

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Ruiz Díaz explicó que lo que se busca con esta iniciativa es impulsar el acceso a los títulos de propiedad en favor de las familias rurales, que por muchos años fue considerado como “la tranca” en el aspecto jurídico, que impedía que el campesinado pudiera acceder a su título de propiedad.

Señaló que en la regulación vigente se le exige al campesino pagar primeramente ese monto, antes de acceder al título, que en algunos casos llegaba a ser sumas importantes.

Mencionó que cuando comenzaron a realizar el levantamiento de datos a través del sistema de Barrido Predial Masivo, notaron que muchos campesinos no podían acceder a ese título de propiedad porque la ley exigía que primeramente debía pagar montos muy elevados.

“Este proyecto de ley toma medidas, en primer lugar entregar el título de propiedad al campesino, en lugar que haga el pago previo de 8 o 9 millones de guaraníes, y ahora se establece que ese pago lo realice a los 12 meses después de recibir el título de propiedad, dándoles tiempo que puedan acceder a algún tipo de préstamo, invertir en su finca y al obtener mejores rendimientos comenzar a pagar”, explicó Ruiz Díaz.

Otro de los aspectos que plantea el proyecto de ley, es alargar los plazos de financiación. Indicó que actualmente rige 10 años de plazo para los hombres y la modificación plantea extender a 20 años de plazo. Mientras que en el caso de las mujeres campesinas, la ley actual contempla 15 años de plazo, y se propone extender ahora a 30 años de financiación.

“Esto teniendo en cuenta que la Constitución habla de que se tiene que dar facilidades a las mujeres campesinas para acceder a su título de propiedad. Entonces estamos cumpliendo con el artículo 115 de la Constitución Nacional y del Estatuto Agrario”, remarcó.

A su turno, el ministro de Agricultura, Carlos Giménez remarcó que la firma de este proyecto de ley por parte del jefe de Estado marca una fecha histórica para lo que es la revolución del sector agrario del Paraguay.

“Esta legislación será una herramienta fundamental para el desarrollo del sector agrario. Es imporntante destacar que esto se logró gracias al diálogo que hemos mantenido con el campesino que trabaja su tierra sea propietario de la misma. A la vez le permita acceder a créditos bancarios y de esa forma salir adelante”, expresó el ministro.

Agregó que este es un componente muy necesario para el desarrollo que viene pregonando desde el Gobierno, con asistencia técnia y la orientación para una agricultura que necesita el país. Indicó que se logra solamente buscando aspectos que forman parte del “cuello de botella” para el desarrollo.

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El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) impulsa la protección y revalorización del patrimonio histórico y cultural en los territorios del ente rural.

La institución apuesta por la preservación de los sitios históricos que se encuentran ubicados en colonias y asentamientos rurales, cuyos inmuebles formaron parte de la Campaña de las Cordilleras, durante la Guerra contra la Triple Alianza.

Al respecto, el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, encabezó una reunión con su equipo técnico para implementar un plan de titulación masiva, con el objetivo de proteger y revalorizar el patrimonio histórico y cultural.

Participó de la reunión Cristina Melgarejo, gerente del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT – Indert), quien señaló que esta mesa de trabajo se llevó a cabo en base a los trabajos que se viene desarrollando en el departamento de Cordillera.

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“Se busca impulsar un plan de trabajo de regularización de los terrenos históricos, vinculados a la Campaña de las Cordilleras, que protejan y preserven las huellas por donde pasaron el Mariscal Francisco S. López y las tropas paraguayas”, explicó.

En tanto, el presidente del Indert afirmó que en una primera etapa se priorizarán las zonas de las colonias de Altos, como ser: Tape Keha, Pora Rú, Acuña de Figueroa, entre otras.

Posteriormente, Juan de Mena, cuyas colonias son: Regina Marecos y Cleto Romero, para finalmente, abarcar las colonias del distrito de Piribebuy.

Ruiz Díaz manifestó que los propios pobladores de Juan de Mena destacaron los trabajos de titulación de sitios históricos. Entre los sitios históricos a ser titulados están las antiguas colonias de Juan de Mena, que constituyen lugares emblemáticos en la lucha por la tierra en el Paraguay.

En tanto, que Mario Amarilla, presidente de la Comisión Pro Museo Mbururú, valoró el apoyo del Indert en esta iniciativa.

“Con la participación de la comunidad se está impulsando la titulación de las tierras para proteger y poner en valor el sitio histórico conocido como zona de Combate de Arroyo Hondo, ubicada en la colonia Regina Marecos, Cordillera, a través de un museo, abierto a toda la comunidad local, departamental y nacional”, precisó.

Cabe mencionar que la Cámara de Senadores había aprobado el pedido de la ciudadanía de Juan de Mena: el “Proyecto por el cual se declara Patrimonio Natural, Cultural y Arqueológico del sitio denominado Combate de Arroyo Hondo, distrito de Juan de Mena (Colonia Regina Marecos).

Este sitio histórico comprende parte de la Campaña de las Cordilleras de la Guerra contra la Triple Alianza (1864 -1870), atendiendo el invalorable aporte local. También, la Junta Departamental de Cordillera, reconoció en fecha 29 de mayo de 2025, como patrimonio histórico y cultural el museo Mbururú, de Regina Marecos, Juan de Mena.

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