El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, habló sobre el aumento en el pago de los intereses de la deuda pública y aclaró que este incremento no puede explicarse únicamente por un mayor nivel de endeudamiento.

En comunicación con Universo 970 AM/Nación Media, expuso que tres factores incidieron de manera directa en que hoy el Gobierno destine más recursos al servicio de su deuda.

El primero fue el comportamiento del tipo de cambio. Con un dólar que llegó a superar los G. 8.000, el costo de los compromisos externos se elevó considerablemente. Actualmente, con el guaraní recuperando terreno y ubicándose en torno a los G. 7.100–7.200, el peso de esos intereses, en guaraníes, comienza a moderarse.

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El segundo factor que mencionó, está ligado al uso del endeudamiento para cubrir obligaciones heredadas. Fernández Valdovinos recordó que alrededor de USD 600 millones se destinaron a pagar deudas contraídas en la administración anterior. Es decir, una parte de la deuda que figura como nueva en realidad sirvió para saldar compromisos del pasado.

En tercer lugar, mencionó el efecto de las tasas de interés internacionales, que subieron de manera drástica como consecuencia de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) para combatir la inflación. Este movimiento encareció las deudas con tasa variable, incrementando automáticamente el servicio de la deuda sin que haya mediado un mayor capital.

Sin embargo, el ministro sostuvo que el nivel actual de pago de intereses sigue siendo “razonable” y aseguró que las perspectivas son más alentadoras hacia adelante. Con la expectativa de que la FED inicie un ciclo de reducción de tasas y con un guaraní fortalecido frente al dólar, el peso de los intereses debería disminuir gradualmente en los próximos años.

“La suma de estos factores hizo que temporalmente aumente la carga de los intereses, pero con las correcciones que se están dando en el mercado internacional y con el fortalecimiento de nuestra moneda, vamos a ver un alivio”, expresó.

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• Por Sofía Céspedes, sofia.cespedes@nacionmedia.com.

Desde que asumió el gobierno, el pasado 15 de agosto de 2023, las políticas del presidente Santiago Peña se basaron en las reformas estructurales, dar un mayor impulso y apoyo a los programas sociales y seguir generando incentivos a fin de atraer inversiones para el crecimiento de nuestra economía.

Un pilar fundamental, y promesa de campaña de Santiago Peña, fue la creación de 500.000 puestos de trabajos durante su periodo de cinco años. Según datos de la Presidencia de la República, el gobierno logró incorporar a 85.000 trabajadores en la seguridad social en los últimos 22 meses.

Se pudo formalizar a unos 30.000 trabajadores y se está llegando a un total de 100.000 trabajadores formales desde agosto de 2023. También informaron que, hasta mayo de 2025, se registran unos 793.000 trabajadores registrados en el Instituto de Previsión Social (IPS).

De acuerdo a datos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se establecieron unas 7.700 nuevas empresas y se inscribieron más de 1.000 nuevas sucursales. Además, mediante el modelo de Empresas por Acciones Simplificadas (EAS), que permite abrir empresas de forma gratuita en un plazo de 72 horas, se experimentó un crecimiento del 21,6 % en el último año. De las más de 17.000 EAS constituidas desde su implementación, 6.122 se crearon entre julio de 2024 y mayo de 2025.

Entre julio de 2024 y mayo de 2025 se aprobaron proyectos de inversión y programas bajo el régimen de la Ley 60/90 y de Maquila por un total de USD 522 millones, con una proyección de 9.400 nuevos empleos. También, el régimen de maquila registró cifras récord: USD 1.062 millones en exportaciones entre julio de 2024 y mayo de 2025, un aumento del 13 % con relación al mismo periodo del año anterior.

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Una de las reformas más importantes que realizó Santiago Peña en su gobierno fue la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación con la Dirección de Aduanas, para crear la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que permitió alcanzar una presión tributaria histórica del 11,5 % del producto interno bruto (PIB) en un año, sin aumentar impuestos. La recaudación tributaria aumentó en USD 586 millones (2024) respecto al periodo anterior.

Entre estos cambios, también se destaca el programa Hambre Cero en las escuelas, que hoy está brindando una alimentación de calidad a más de 1 millón de niños en instituciones educativas de todo el país. Esto, a su vez, genera una gran cantidad de empleo, porque moviliza una cadena de valor importante para que los alimentos lleguen a las escuelas, a través de las ruedas de negocios.

El gobierno presentó a finales de 2024 un ambicioso plan de inversiones en infraestructura por USD 5.500 millones para los próximos 5 años, con el objetivo de generar mejores empleos, impulsar la productividad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

En el último año, se aprobaron proyectos por más de USD 1.000 millones en infraestructura vial, USD 210 millones en agua y saneamiento. y USD 455 millones en energía, según informaron desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

En comunicación con La Nación/Nación Media, la ministra de Obras, Claudia Centurión, indicó que en estos dos años se aprobaron y adjudicaron obras de suma importancia para cumplir con el objetivo mencionado anteriormente.

Una de las principales es la Ruta de la Soberanía, un proyecto vial que se extiende por 221 kilómetros y linda con Brasil en los departamentos de Amambay y Canindeyú. Es una obra financiada por USD 220 millones.

“También la Ruta PY05, que ha sido un contrato fracasado en la gestión anterior, es la tercera vez que se intenta reconstruir Pozo Colorado-Concepción, y estamos seguros que nosotros vamos a lograr resultados exitosos”, dijo Centurión a LN. También resaltó que esta obra será construida con pavimento rígido.

Otra obra destacada fue la Ruta PY01, que está por adjudicarse, porque está en evaluación económica. Será el segundo proyecto con modalidad Asociación Público-Privada (APP). Finalmente, habló de la pronta adjudicación para el mejoramiento de la Ruta PY010 en modalidad Llave en mano.

Economistas y analistas coinciden en que Paraguay vive un momento de estabilidad macroeconómica “soñada” y admirada por muchos países, además de tener una de las monedas más antiguas, estables y ponderadas de la región.

Víctor Pavón, abogado y analista económico, dijo a La Nación que el gobierno está cumpliendo con su promesa de atraer inversiones, mientras baja el déficit fiscal de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y propone reformas.

Sin embargo, aseguró que “tenemos cambios positivos, pero se requiere de reformas más profundas aún. Yo creo que nuestro país está en marcha tercera en un vehículo que ya requiere operar en quinta, incluso en sexta".

Pavón hizo alusión a que nuestro país tiene que enfocarse en realizar una reforma en la generación de energía eléctrica. Sostuvo que la electricidad, a diferencia de otros bienes, no puede almacenarse sino distribuirse al momento en el que se genera, pero para eso se requiere de inversiones que superan el presupuesto del Plan Maestro de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que hoy ronda los USD 250 millones, cuando la necesidad es de USD 1.000 millones por año.

“Cubrir este déficit con más endeudamiento sería un grave error. Continuar aumentando la deuda pública, tarde o temprano, implicará subir impuestos o crear nuevos tributos, y eso sería totalmente contraproducente para la economía”, opinó.

Pavón hizo énfasis en que el gobierno debe impulsar un sistema que incentive la inversión y el empleo formal,” no que los castigue”, respecto a la materia tributaria. Expuso que si Paraguay quiere quiere posicionarse como un destino confiable para la inversión, debe ofrecer reglas claras, estables y transparentes.

“La previsibilidad es clave: los inversores no arriesgarán su capital en un país donde las normas cambian constantemente o se aplican de manera discrecional”, afirmó.

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Desde su perspectiva, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), el ingeniero José Luis Heisecke, el primer año de la gestión de Santiago Peña fue complicado ya que hubo pocas licitaciones, dificultades financieras y cobros atrasados por la deuda que heredó del gobierno anterior, pero que con responsabilidad la asumió y cumplió.

“Hacia finales de 2024 e inicios del 2025, el sector comenzó a despegar con un aumento significativo de licitaciones y adjudicaciones, lo que también obligó al gobierno a incrementar la inversión en infraestructura. Paraguay debe seguir apostando fuertemente por la infraestructura para mejorar su posición y aprovechar su potencial de desarrollo”, aseveró Heisecke.

El viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Felipe González Soley, aseguró que la desaceleración del gasto público está permitiendo al Gobierno mantener la inversión en sectores estratégicos sin comprometer la meta de convergencia fiscal.

En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que a inicios de año el gasto crecía a un ritmo del 12 %, pero actualmente se ubica entre el 5 % y el 6 %. “Esto nos da un margen importante para sostener obras y programas clave, al mismo tiempo que avanzamos hacia el objetivo de cerrar el año con un déficit fiscal del 1,9 % del producto interno bruto (PIB), tal como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal”, señaló.

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Si bien reconoció que la comparación interanual todavía muestra un incremento cercano al 10 %, enfatizó en que la tendencia es descendente, lo que fortalece la proyección oficial de cumplimiento de la meta fiscal.

Hay que recordar que en el informe de Situación Financiera (Situfin) el MEF informó que al cierre de julio de 2025, el déficit fiscal se ubicó en 0,5 % del producto interno bruto (PIB), equivalente a G. 1,74 billones, unos USD 221 millones.

En tanto que la inversión pública mostró un comportamiento positivo, con G. 3,42 billones ejecutados a julio, lo que equivale al 0,9 % del PIB y representa un aumento del 11,9 % frente al mismo período del año pasado.

En cuanto a los reclamos del sector de la construcción sobre intereses impagos por alrededor de USD 100 millones, el viceministro de Economía aclaró que se trata de contratos heredados de la gestión anterior y que actualmente están bajo análisis.

“El Estado no desembolsará fondos sin la certeza jurídica de que los compromisos son válidos y que las tasas de interés aplicadas son correctas. Antes de financiar, debemos confirmar que existe una obligación real de pago”, sostuvo.

González Soley subrayó que este control estricto forma parte de una estrategia para proteger las finanzas públicas y garantizar que la inversión se oriente a proyectos que impulsen el desarrollo, sin poner en riesgo la convergencia fiscal prevista para 2025.

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El politólogo Esteban Caballero realizó un análisis crítico sobre la gestión del gobierno de Santiago Peña, señalando que el país enfrenta limitaciones estructurales que dificultan el avance en materia de desarrollo. Durante el programa “Fuego Cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media, señaló puntos positivos, como desafíos que persisten a nivel país.

La valoración de Caballero partió de lo expuesto por la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, quien reconoció el rezago en infraestructura y la falta de recursos para superarlo, Caballero sostuvo que esta problemática refleja una contradicción.

“Hay un proyecto de desarrollo, de superación de esos grandes rezagos, pero no se cuenta con el instrumento adecuado que en este caso es un Estado con capacidad de inversión en esas infraestructuras que pueden ser físicas como carreteras, puentes caminos, etc. y también podríamos referirnos a infraestructura en términos de servicios sociales", manifestó.

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Caballero recordó que esta limitación en cuanto a recursos también responde a una política del gobierno de respetar el tope de la responsabilidad fiscal y afirmó que esto es un bien que debe preservarse dado que es uno de los factores positivos en aspectos macroeconómicos y que posicionan a Paraguay en evaluaciones internacionales.

Caballero reconoció que hubo avances en la recaudación y trajo a colación que existen una postura oficial de la administración de Santiago Peña de evitar una reforma tributaria y mantener una presión fiscal baja. Según señaló, esa decisión limita al Estado en su capacidad de inversión pública, aunque el gobierno la defiende como parte de su estrategia de legitimación.

“Pienso que debería haber una mayor capacidad de inversión que dependería de una mejor recaudación tributaria que puede ser mejorada a través de las medidas que se toman generalmente en contra de la evasión, pero que eventualmente habría que buscar la forma de tener una política fiscal tributaria más redistributiva que permita un mejor financiamiento de ciertas con rezagos importantes”, explicó.

Caballero también resaltó la importancia de consolidar un servicio civil profesional y tecnoburocrático, siguiendo experiencias exitosas de instituciones que hoy cuentan con mayor credibilidad ciudadano por su alto nivel técnico.

“Se ha aplicado en ciertas áreas del Estado, como el Banco Central, del Ministerio de Economía, ámbitos del Estado que ya funcionan con esa lógica, eso es lo que debe expandirse”, expuso.

Advirtió que aún persiste una dinámica clientelar afecta no solo a las instituciones, sino también a la sociedad. “Si las personas buscan solucionar sus problemas con un contacto que está cercano al poder, entonces en lugar de tener una visión en conjunto, tenemos un mapa de soluciones de problemas pequeños y constantes, en lugar de impulsar estrategias colectivas”, concluyó.

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