El diputado Raúl Latorre inició un nuevo periodo legislativo al frente de la presidencia de la Cámara de Diputados, por tercera vez. En entrevista con La Nación/Nación Media, realizó un resumen de lo que dejó el periodo 2024 – 2025 y las proyecciones para el 2025 – 2026.

El titular legislativo, primeramente, destacó la confianza y aceptación de sus pares para presidir nuevamente la instancia legislativa.

“Inicia un nuevo año legislativo, para mí hay un simbolismo muy importante, una bendición que yo recibo un día antes de la primera sesión en el año legislativo que es el nacimiento de mi hija. No puedo dejar de agradecerle a mis colegas que me permitieron la oportunidad de tener un año más ejerciendo la presidencia de la Cámara de Diputados, el honor más grande que me concedieron”, destacó.

En marzo de este año, Latorre fue reelecto con 74 votos de los 80 diputados, lo que representa el 93 % de los votos de los legisladores de los diferentes espacios políticos con representación parlamentaria.

“Eso transmite el espíritu con el cual tratamos de llevar nuestra gestión, un espíritu que busca y prioriza los consensos, que muestra siempre apertura y entendemos nuestro rol, que tiene que ver con la protección de ese espacio, que es el más puro ejercicio de la democracia”, expresó.

Resaltó además que “la Cámara de Diputados es donde a través de la representación departamental, la gente que eligió por primera vez de forma directa a través de las listas desbloqueadas construyó esta cámara, eligió a sus representantes y es el órgano más plural que existe en el Estado”.

El presidente legislativo destacó que, en el periodo concluido, la cámara avanzó con importantes y emblemáticos proyectos de ley, varios de ellos provenientes del Poder Ejecutivo, dando así gobernabilidad a la presidencia de Santiago Peña.

“Hemos aprobado con el apoyo de los colegas de diferentes partidos, de diferentes bancadas, proyectos emblemáticos, algunos de ellos hoy están dando importantes frutos, como el proyecto Hambre Cero, que está alimentando a más de 1 millón de niños, reivindicando un derecho fundamental que es el derecho a la alimentación”, resaltó.

Citó la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit), que dio grandes resultados en términos de aumento de la recaudación sin aumentar impuestos y dando herramientas para el aumento de la base tributaria. “Decenas de miles contribuyentes hoy están pagando sus impuestos, permitiendo que el Estado preste servicios. Proyectos como la carrera del servicio civil, que representa la transformación en cuanto a la dinámica de la gestión pública”, refirió.

Otro de los proyectos destacados por el legislador es el préstamo de USD 108 millones para la adquisición del Gobierno de los aviones Súper Tucano, que ya se encuentran en el país, como así también de los radares.

“Nos va a permitir que finalmente podamos ejercer un verdadero control y una verdadera soberanía de nuestros espacios aéreos, nuestro cielo, que va dejar de ser un paseo libre para las narcoavionetas”, aseveró.

La universalización de pensiones para la tercera edad, también contó con el apoyo de la Cámara. “Tiene más de 300 abuelitos que están recibiendo ese beneficio, con la caída de estos censos tan injustos, que porque tenían una heladera no podían recibir el beneficio, pero de qué te sirve tener una heladera vacía”, manifestó. Así también la creación de la Superintendencia de pensiones de jubilaciones, “que va a proteger el futuro de nuestros adultos mayores.

Latorre recordó que también existen otros proyectos emblemáticos que fueron aprobados “a partir de un debate nutrido, de un diálogo del cual nosotros buscamos enriquecer a través de la labor de todos, de las minorías, cuando los consensos no son posibles, se activa el mecanismo que la democracia, el sistema republicano prevé, lo cual asume la decisión la mayoría”.

Por otra parte, se refirió al funcionamiento de la institución en cuanto a funcionarios y el organigrama laboral de los mismos. “Nosotros estamos en un proceso, estamos trabajando en una restructuración del organigrama que tiene por objeto la disminución de lo que tiene que ver con las direcciones y otras dependencias, buscando optimizar el gasto público, de cuidar el erario público, el erario ciudadano, y dentro de esa lógica muy pronto vamos a estar presentando una nueva estructura”, sentenció.

Agregó que el año pasado se ahoró de manera importante, como el año anterior, en términos de recursos que fueron asignados en el Presupuesto General de la Nación para el talento humano.

“En ese sentido nosotros seguimos con un compromiso de racionalizar los gastos de manera que estos sean utilizados en sectores prioritarios como la salud y la educación”, puntualizó.

La Cámara de Diputados tiene previsto estudiar, en la sesión ordinaria del próximo martes 8 de julio, el proyecto de ley que crea el “Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito”, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y prevenir fraudes dentro del sistema financiero paraguayo. La iniciativa nació luego de la mafia delictiva conocida como “mafia de los pagarés”.

La iniciativa plantea la creación de un registro centralizado, bajo la dependencia de la Corte Suprema de Justicia, para inscribir de forma obligatoria pagarés, letras de cambio, cheques, bonos y otros títulos de crédito.

De acuerdo con el texto, los documentos deberán ser registrados dentro de los 10 días hábiles posteriores a su emisión. En caso de incumplimiento, no podrán ser ejecutados judicialmente ni tendrán validez frente a terceros. El sistema funcionará de manera digitalizada y emitirá un certificado de registro como requisito indispensable para cualquier acción judicial de ejecución.

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Cada vez que se registre un título, el deudor recibirá una notificación automática a través de mensajes de texto, correo electrónico y aplicaciones de mensajería, como medida para alertar sobre posibles fraudes. El proyecto responde a la falta de un registro central que, según la exposición de motivos, ha derivado en casos de duplicación de documentos, adulteración de títulos y dificultades para comprobar su autenticidad.

El registro podrá ser utilizado por entidades financieras reguladas, cooperativas autorizadas, casas de bolsa, escribanos públicos y emisoras de valores, todas previa autorización del Banco Central del Paraguay. La propuesta también contempla penas de entre tres y cinco años de prisión, además de multas que podrían alcanzar hasta el triple del monto defraudado, para quienes falsifiquen documentos o ingresen datos incorrectos en el sistema.

Los jueces que ejecuten títulos no registrados también serán pasibles de sanciones. Para su implementación, el proyecto introduce modificaciones al Código Procesal Civil, la Ley General de Bancos y el Código Civil. Actualmente, se encuentra en su primer trámite constitucional.

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La Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, de la Cámara de Senadores, llevó adelante una audiencia pública donde analizó la propuesta de Ley de Protección de Datos Personales.

Al respecto, el titular de esta mesa asesora, Patrick Kemper afirmó que está muy satisfecho con la audiencia, porque todos los sectores que participaron quieren que esta propuesta se convierta en Ley de la Nación.

Al término de la jornada, el legislador explicó que se estará analizando en la comisión todas las propuestas planteadas para emitir el dictamen de aprobación con modificaciones al proyecto de ley que tiene media sanción de Diputados.

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Indicó que durante esta audiencia pública se han escuchado los distintos pareceres de diversos sectores, ya sea del ámbito de la academia, como los representantes de los organismos que tienen como actividad el desarrollo tecnológico del sector privado. Manifestó que también participó el ministro de Tecnología de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate con todo su equipo técnico.

“Han participado diferentes sectores de la sociedad civil y público, donde han dado sus pareceres, sugerencias y propuestas de modificaciones al proyecto de ley. Lo importante es que hay un claro interés general de que esta propuesta se convierta en Ley de la Nación. Ahora nos toca hacer un trabajo minucioso para pulir todas las sugerencias y sacar un dictamen de aprobación con modificaciones”, precisó.

Remarcó que se encuentra muy satisfecho, porque todos los sectores manifestaron que les parece importante contar con una ley de protección de datos personales.

A su turno, el titular del Mitic expresó que es una ley fundamental para la institución a su cargo. Dijo que este proyecto fortalecerá la seguridad jurídica sobre el abordaje de información de las personas.

Agregó que ayudará para atraer mayores inversiones, porque si viene una empresa que trabaja con datos provenientes del exterior necesita una ley que les proteja.

Explicó que esta propuesta ya lleva varios años de estudio, que se ha venido debatiendo en diversas audiencias públicas, ya desde el tiempo que se estudió en la Cámara de Diputados en las distintas comisiones.

“Este proyecto de ley nos permitirá a nosotros fortalecer nuestra seguridad, porque en el proceso de intercambio de información también nos permitirá atraer mayor inversión al país, porque cuando un inversionista viene al país tiene que buscar una ley espejo que complemente la protección de datos”, comentó.

Explicó que cuando una empresa tiene que trabajar con datos provenientes del exterior, tiene que haber una regulación local que precautele eso. De tal manera podamos contar con una ley que permita crecer en cuanto a la inversión internacional.

“También es importante proteger nuestra información de nuestros datos personales, si bien ya contamos con la Ley de Datos Crediticios, que abarca una parte, pero no así la Ley de Datos Personales, que contempla lo que nosotros mismos somos los dueños de estos datos y no una empresa, o una entidad o sociedad. Desde ese punto de vista estamos escuchando las recomendaciones”, acotó.

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El proyecto de ley “que prohíbe el uso de cianuro en actividades mineras en el territorio nacional”, presentado por la bancada Democrática del Senado fue tema de debate en una audiencia pública convocada por la senadora Esperanza Martínez, y otros legisladores de la oposición.

La audiencia contó con la presencia de productores de minería y yerbateros, y existe una postura dividida en este sector, algunos están a favor y otros en contra de este proyecto.

Esta iniciativa busca la prohibición del uso de cianuro en minería, tratando de evitar daños ambientales en Paso Yobái. Por un lado, un sector mostró su apoyo a esta propuesta legislativa señalando que la utilización de este componente daña al medio ambiente y afecta la salud poblacional; mientras que otro sector afirma que no se trata de un proyecto técnico, sino más bien político.

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El ingeniero Rubén Irala Galeano, director científico de la Diócesis de Villarrica, encabezó junto con la Universidad Católica y Nacional de Guairá, un estudio científico que, de acuerdo a la exposición del mismo, se confirma que se encontraron metales de cianuro en el agua y hojas de yerba, afirman que la actividad minera con cianuro afecta al medio ambiente y los seres vivos.

“Trabajamos por el ciclo de dos años en una investigación donde enfocamos nuestro trabajo sobre el suelo, aire, agua, recursos hídricos y también en las hojas de yerba mate, y hemos encontrado concentraciones importantes de mercurio y cianuro, que son los dos reactivos que se llegaron a utilizar, hasta ahora, los mineros”, refirió.

Explicó que en la primera fase de la producción artesanal de la minería de oro se llegó a utilizar el mercurio como un reactivo separador del oro del suelo, de manera muy informal, llegando a contaminar todo, mientras que desde el 2018 hasta la actualidad se está utilizando el cianuro para este procedimiento.

“Ambos reactivos son venenosos, tóxicos y también afecta la salud poblacional, ahora ya aparecen enfermedades de la piel, y sobre todo afecta a los cultivos, los cultivos de autoconsumo y también los cultivos de renta que se manejan en la región, que es la yerba mate”, apuntó el ingeniero.

Mientras tanto, representantes de sectores mineros, principalmente de Paso Yobai, alegan que se trata de un proyecto político y no así técnico. Rubén Aguilera, propietario de una empresa que se dedica a la exploración, indicó que desconocen los procedimientos para realizar el estudio presentado sobre el daño que genera este componente.

“Como cualquier que es de interés, creo que tendríamos que ser los primeros en participar y en debatir, de ninguna manera, es más, pedimos nosotros a la pastoral social una audiencia con el obispo (que encabeza el proyecto), no fuimos recibidos, hasta hoy día seguimos esperando. Hemos solicitado una mesa de diálogo con los hermanos yerbateros, tampoco conseguimos. No cuenta con un estudio técnico y científico”, cuestionó.

Agregó que además de no tener participación en esta iniciativa, desde los estudios realizados, tampoco fueron tenidos en cuenta con relación al impacto que tendrá la prohibición de la utilización del componente, y afirma que generará la pérdida de una fuente de trabajo.

“Esta ley no es técnica, esto es político, por denuncias y por un respaldo que nosotros hoy vamos a reclamar. Si nosotros hubiéramos participado en ese análisis, nosotros no sabemos si hay mala intención, por eso queríamos saber qué métodos utilizaron, porque tiene sus métodos, y nosotros desconocemos totalmente el procedimiento. Vamos a tener un impacto económico enorme, es todo lo contrario, acá nos tendrían que dar apoyo para poder desarrollar este rubro tan importante que puede ser un polo de desarrollo para nuestro país”, puntualizó.

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