Los economistas Jorge Garicoche y Rodrigo Ibarrola, acudieron al programa Fuego Cruzado del canal GEN/Nación Media, para debatir sobre el proyecto de reforma de la Caja Fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo. Actualmente la iniciativa cuenta con media sanción de Diputados y su tratamiento fue postergado hasta el 25 de marzo en el Senado, a fin de consensuar modificaciones con todos los sectores afectados.

“Yo creo que esto no es una reforma total, pero sí es necesaria. Hay algunos cambios estructurales importantes donde se trata de equiparar más la edad mínima y digo esto porque se vendió mucho el mensaje de homogeneizar las cajas, pero no es completamente homogéneo, ya que siguen habiendo diferencias entre todas las cajas que componen la Caja Fiscal”, afirmó Garicoche.

Señaló también que “esta es nuestra oportunidad para poder legitimar que todos deben tener una edad mínima similar. Digo esto porque hace poco se tocó la caja del personal de blanco donde hoy ellos tienen una edad mínima de retiro de 55 años y hoy lo que se está discutiendo es una edad mínima de 57 años, dos años más o dos años menos, pero para legitimar me parece importante ir a un número que sea realmente un reglamento para todos”.

El proyecto ejecutivo presentado el pasado 30 de diciembre por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al Congreso Nacional, solo afecta a los docentes, magistrados judiciales y fuerzas públicas. La propuesta tiene como objetivo evitar que en los próximos 5 años se registre un déficit anual equivalente a USD 800 millones.

“Los ajustes nos dan oxigeno por un par de años nomas, pero yo por ejemplo no querría ir al Congreso Nacional cada 5 años para tocar este tema. Me quiero subir al barco de la reforma, si es que alguien me dice que el ajuste de la edad mínima es el primer paso y que se tenga un programa de reforma, que es algo que todavía no vi”, puntualizó Garicoche.

El economista acotó: “Este tema nos llevó a casi un punto de confrontación entre paraguayos y la idea no es que tengamos que enfrentarnos con los docentes, militares y policías y decir quiénes tienen o no una profesión de primera, sino todo lo contrario, el punto tiene que ser poder equiparar la situación de todos los paraguayos y entender que este es un primer paso para la reforma del sistema de pensión y jubilación del Paraguay”.

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El proyecto aprobado el pasado 5 de febrero por los Diputados y que es criticado por los sectores afectados que exigen modificaciones al Senado, refiere que para los docentes y magistrados se plantea una edad mínima de 57 años para la jubilación ordinaria, con un aporte mínimo de 25 años, y una tasa de sustitución de 70 % hasta llegar a un 85 %. Mientras que, para la extraordinaria, se dispone de una edad mínima de 55 años, con un aporte mínimo de 30 años, además de una tasa de sustitución de 70 %.

El cálculo promedio tendría como base los últimos 5 o 10 años de aporte, dependiendo de cada caso. Para las fuerzas públicas se propone una edad mínima de 57 años, con 25 años de aporte y tasas de 60 % a 85 %. Sus haberes serían promediados con base en los últimos cinco años de servicio.

A la vez, establece que el aporte patronal o estatal será del 5 %, el cual será aplicado de forma gradual, iniciando desde un 2 % en el 2027 hasta llegar al 5 % en el cuarto periodo, es decir, en el 2030.

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“Hay una reivindicación histórica en donde los sectores que vienen a protestar o se oponen tienen un cierto grado de razón, en el sentido de qué se hizo con todo el dinero acumulado en el tiempo cuando estuvo superávit la caja. Ahora estamos haciendo ajustes que debieron ser realizados hace 30 o 40 años. Hay un cierto desequilibrio en la parte de los trabajadores, la edad de retiro está bastante baja y hay que homogeneizar esa cuestiones“, dijo Ibarrola.

El economista también se refirió a la decisión del Senado de postergar el estudio de la reforma. “Se subestimó un poco la fuerza que tiene el área sindical de los docentes y se dieron cuenta que el consenso no era tan amplio como ellos pensaban. Yo creo que se tenían los votos para aprobar (en el Senado), pero hay muchos actores que miran sus bases políticas y como afecta esto”.

El régimen de maquila dejó de ser solo una política industrial para transformarse en una herramienta de posicionamiento económico del Paraguay, así lo expresó Diego Peyrat, secretario del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME).

Peyrat recordó a la 1000 AM que después de 28 años de vigencia, la normativa recibió una actualización orientada a un nuevo objetivo: exportar conocimiento.

Detalló que este esquema nació en 1997 con un propósito claro, el de atraer fábricas, generar empleo y aprovechar la competitividad tributaria del país. Durante casi tres décadas sostuvo estabilidad jurídica, uno de los factores más valorados por inversores. Esa previsibilidad permitió que el sistema creciera de forma sostenida.

Al respecto, expuso que el CNIME registró 327 programas aprobados hasta la fecha. El crecimiento mostró una pausa durante la pandemia, pero luego retomó la expansión. Solo en 2025 se aprobaron 22 nuevos proyectos con una inversión proyectada de USD 50 millones.

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“La reforma aplicada en septiembre del año pasado no responde a una crisis del régimen. Responde a un cambio en la economía mundial. El comercio exterior dejó de centrarse exclusivamente en bienes físicos y pasó a incorporar servicios digitales, soporte técnico remoto, software y procesos empresariales tercerizados”, manifestó.

El principal cambio apunta a que las maquiladoras de servicios intangibles pasan a recuperar el IVA (Impuesto al Valor Agregado). Antes operaban en desventaja frente a la industria tradicional. La nueva normativa las equiparó.

Con esa medida el país busca atraer centros de servicios corporativos, empresas tecnológicas y operaciones regionales que exporten talento paraguayo sin mover mercaderías. “La industria manufacturera se mantuvo como base, pero la estrategia económica amplió su alcance hacia la economía del conocimiento”, dijo.

El decreto reglamentario aún no se publicó, mientras las instituciones trabajan en su elaboración. El sector privado estima que, una vez vigente, el régimen podría captar inversiones distintas a las tradicionales plantas industriales.

“La maquila paraguaya nació como plataforma de ensamblaje. Tras la reforma, pasa a competir también por exportar inteligencia, programación y servicios empresariales. La política industrial se convirtió así en política tecnológica”, aseguró.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró que continuará evaluando técnicamente cada propuesta de modificación al proyecto de reforma de la Caja Fiscal, con énfasis en los impactos actuariales y en la sostenibilidad del sistema previsional. Los resultados de estos análisis servirán para la toma de decisiones en la Cámara de Senadores, que tratará la iniciativa el próximo 25 de marzo.

Actualmente, el MEF, la Cámara Alta y los sectores involucrados integran mesas de trabajo donde se estudian distintas alternativas de ajuste al texto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

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La gerente de Desarrollo Económico del MEF, Liz Coronel, explicó en entrevista con ABC TV que la institución mantendrá la misma línea aplicada durante el tratamiento en Diputados.

“Así como lo hicimos en Diputados, donde a partir de planteamientos y reclamos de distintos sectores se propusieron modificaciones respecto a la edad mínima para el acceso a la jubilación, realizamos los cálculos y evaluaciones actuariales correspondientes para estimar sus efectos. En esa misma línea seguiremos analizando técnicamente cada propuesta que se presente en adelante”, afirmó.

La versión aprobada por Diputados redujo la edad mínima de jubilación de 57 a 55 años. Sin embargo, Coronel aclaró que esa modificación obligó a introducir ajustes en otros parámetros del sistema para mantener la coherencia técnica del esquema previsional.

Entre los cambios se incluyó la reducción de la tasa de sustitución, es decir, el porcentaje del salario que se percibe como jubilación, con el objetivo de que el impacto fiscal global se mantenga alineado con lo proyectado originalmente.

“Incluso, con el proyecto del Poder Ejecutivo se podía alcanzar una tasa de sustitución del 100 %. En la versión de Diputados, el tope es del 85 %. Estos ajustes permiten que el efecto global sea similar al planteado inicialmente”, puntualizó.

Desde el MEF subrayan que el análisis técnico se sustenta en cinco parámetros que deben evaluarse de manera integral: edad mínima de jubilación, años de servici, tasa de sustitución, tasa de aporte y la base de cálculo

“Si se modifica uno de estos parámetros, necesariamente deben ajustarse los demás para mantener la coherencia entre los componentes”, explicó Coronel.

La meta central de la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo es reducir el déficit de la Caja Fiscal en torno al 60 % en los próximos años. Según la funcionaria, ese objetivo se mantiene en términos de impacto global en la versión con media sanción.

En ese contexto, el Ejecutivo insiste en que el debate debe sostenerse sobre datos técnicos y escenarios proyectados. Cada ajuste, advierte, tiene efectos concretos en la sostenibilidad del sistema y en el equilibrio de las finanzas públicas, por lo que el desafío en el Senado será encontrar un punto de convergencia entre las demandas sectoriales y la viabilidad fiscal de largo plazo.

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Tras la primera reunión de la mesa técnica instalada para analizar el proyecto de la Caja Fiscal, desde el sector docente destacaron la apertura del Senado en busca de un consenso que permita la sanción de la reforma promovida por el Ejecutivo. A la vez, reiteraron que está asegurado el inicio de las clases para el 23 de febrero, pero que seguirán impulsando otras medidas de protesta.

“Hay un avance en el sentido de que ahora sí los senadores se sientan a escuchar nuestras propuestas, lastimosamente eso se tuvo que haber hecho antes, ya que estamos con el tiempo apresurado, pero es importante analizar detalladamente el proyecto", dijo Blanca Caballero, miembro de la Organización de Trabajadores de la Educación-Sindicato Nacional (OTEP-SN), al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Desde la Asociación Nacional Republicana (ANR), encabezada por Horacio Cartes, informaron este jueves que la centenaria nucleación logró cancelar el pago total de sus deudas, que fueron contraídas durante administraciones anteriores. El exmandatario asumió la conducción partidaria en enero del 2023, con un débito de aproximadamente G. 20.000 millones.

“Hoy podemos decirlo con claridad, cumplimos con todas las entidades financieras, la deuda de gestiones anteriores está saldada. La ANR tiene deuda cero, gracias a los 16.741 correligionarios que hicieron posible este logro”, indicaron desde las redes sociales oficiales del partido.

El embajador paraguayo ante los Estados Unidos, Gustavo Leite, se reunió este miércoles con el presidente del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM), John Jovanovic. Tras el encuentro, el diplomático anunció la oferta de créditos para empresarios que tengan interés en concretar compras en el país norteamericano.

“Visité al presidente del Exim Bank de los Estados Unidos de América, John Jovanovic. Mensaje claro para todos los empresarios que quieran invertir en Paraguay, especialmente para los empresarios paraguayos”, informó Leite en una publicación en Instagram.

“Tenemos que seguir invirtiendo en líneas de transmisión”, manifestó este jueves el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), el ingeniero Félix Sosa, en comunicación con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, con relación al apagón general registrado ayer, aproximadamente a las 16:20 horas, ocasionado por un incidente en la Subestación Yguazú que afectó a la línea de transmisión de 500kv, que sale de la Itaipú Binacional y llega hasta Villa Hayes.

El abogado Ricardo Preda consideró pertinente que el juez Osmar Legal decida devolver al Ministerio Público la imputación formulada contra el exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, para encuadrar los hechos atribuidos. “Estas son las decisiones que confirman que un sistema judicial, dentro de todas las críticas, que se le puede hacer funciona”, dijo.

“Me parece plausible que el juez tome una posición diciendo que no reúne los requisitos porque esto dentro de todo desmitifica un poco de que la justicia está en manos de un sector político, pero si me preguntan mi opinión sobre el contenido de la decisión y si se ajusta a lo que debería entenderse como una imputación que reúna o no los requisitos, yo creo que la decisión del juez Legal es errada“, refirió el representante legal del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, este jueves, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia eligió este jueves al ministro Alberto Martínez Simón como nuevo presidente del Poder Judicial. En tanto, el ministro Luis María Benítez Riera electo como vicepresidente primero y el ministro Gustavo Santander fue electo como vicepresidente segundo.

Por otra parte, el ministro Benítez Riera también fue designado como representante de la Corte ante el Consejo de la Magistratura, reemplazando a Eugenio Jiménez. A su vez, el ministro Manuel Ramírez Candia fue confirmado como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

El izquierdista José María Balcázar fue elegido el miércoles como jefe del Congreso peruano y, por tanto, asumió automáticamente la presidencia del país de forma interina, un día después de que su antecesor José Jerí fuera destituido bajo acusaciones de corrupción. Se trata del octavo jefe de Estado de Perú desde 2016 y marca un nuevo episodio en la inestabilidad política crónica que afecta a la nación suramericana. Según las leyes locales, cuando la presidencia está vacante, el jefe del Parlamento debe asumir el encargo de conducir el país.

De esa manera, Balcázar, un abogado de 83 años, dirigirá Perú hasta el 26 de julio, cuando tome posesión el mandatario que sea elegido en los comicios presidenciales del 12 de abril. El congresista del partido izquierdista Perú Libre, quien también ha sido investigado por apropiación indebida de fondos y presunta corrupción, fue elegido por sus pares entre cuatro candidatos.