El viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, mencionó que esperan se pueda dar una aprobación al proyecto de modificación de la ley de mipymes, que se estaría tratando el próximo miércoles. Una vez logrado se estaría afianzando la institucionalidad del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) como autoridad de aplicación de la normativa.
“Estamos expectantes de que esta ley se apruebe, o más bien es un refresh ya que no tendrá cambios demasiados sustanciales pero sí ayudarán a que los procesos puedan ser más ágiles en el tratamiento y en la atención al sector”, expresó a la prensa en el marco de un foro de formalización.
Respecto a las gestiones realizadas, indicó que ya se reunieron junto con el ministro de Industria y Comercio, la bancada de la ANR, así como las distintas comisiones del Congreso, y que los comentarios de los senadores fueron todos alentadores. Es así que están confiados en que el pedido tendrá una buena recepción y en lo posible lograr la media sanción.
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Mejoras de la ley
Asimismo, se espera que con la modificación se pueda reforzar el Fondo Nacional de Mipymes con un aporte de 15.000 salarios mínimos anuales por parte del Estado, además de que las microempresas tengan la posibilidad de contratar y despedir sin pagar los recargos sociales, ya que representa uno de los desincentivos para formalizar a los trabajadores.
Otros aspectos interesantes que plantea la modificación, a más de que volverá más ágil a los procesos, es que afianzará la institucionalidad y se podrá reducir un 50 % los costos en tasas en el proceso de formalización, un punto solicitado durante años por las mipymes.
“Esto va ayudar muchísimo a que todo lo que contemple el proceso de formalización sea menos costoso para las mipymes”, subrayó Giménez. Entre otros temas también están trabajando en el viceministerio, es la apertura de cuenta bancaria o Cuenta Básica para mipymes, de modo a que el acceso al crédito pueda ser real, así como los diversos fondos con los que el sector puede operar.
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Ministerio Público necesita ser defendido y fortalecido, afirma titular de Diputados
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sostuvo que la Fiscalía General del Estado es una institución relativamente joven en la democracia del Paraguay; por lo tanto, necesita ser defendida y fortalecida, así como a sus autoridades que fueron constitucionalmente electas.
El legislador respondió de este modo ante la discusión instalada en la Cámara Baja, con la presentación del pedido de juicio político al fiscal general Emiliano Rolón, presentado por los abogados defensores de la familia del exdiputado fallecido Eulalio Gomes. Aclaró que la bancada de Honor Colorado aún no conversó sobre este asunto.
Ante esta situación, Latorre ratificó que mantiene una posición histórica de respeto y búsqueda constante del fortalecimiento de la institucionalidad del Estado.
“Yo creo que necesitamos fortalecer las instituciones de nuestro país, particularmente el Ministerio Público, teniendo en cuenta que es una institución relativamente joven, ya que anteriormente dependía exclusivamente del Poder Judicial”, explicó.
Explicó que cuando se fundó el Ministerio Público con la Constitución de 1992, se creó bajo la lógica de generar independencia en el proceso de la prosecución penal, de la institución que tenía el monopolio de la acción penal pública, que era el Poder Judicial.
“Entonces para fortalecer la justicia, fortalecer la institucionalidad en nuestra República, nosotros necesitamos proteger la vida de esta institución, así como de las autoridades que fueron constitucionalmente electas”, enfatizó.
No obstante, el presidente Latorre reconoció que el mecanismo del juicio político está “claramente establecido en la Constitución y es una atribución del Congreso de la Nación”, pero subrayó que “debería ser una medida de última ratio”, es decir, el último recurso a considerar.
“La discrepancia con respecto a una decisión puntual no debería motivar a llegar a esa última ratio”, sostuvo, defendiendo la necesidad de proteger la vida institucional y a las autoridades constitucionalmente electas.
El titular de la Cámara de Diputados concluyó señalando que su posición trasciende el caso particular y se enfoca en una necesidad fundamental del país: “El Paraguay tiene que fortalecer sus instituciones. Y eso implica asumir ese tipo de posiciones”.
“Naturalmente, estamos en democracia, estamos en el marco de la libertad de expresión, estamos en un marco donde no existe mandato imperativo. Veremos qué es lo que dice el Congreso Nacional”, finalizó.
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Colombia: Petro impulsa consulta popular sobre reforma laboral
“¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas?”: con una consulta popular, el presidente colombiano Gustavo Petro quiere someter a aprobación de los ciudadanos sus reformas de izquierda que rechaza el Congreso.
El mandatario presentó ayer martes las 12 preguntas que desea llevar al proceso electoral, tachadas de obvias y populistas por la oposición. ¿En qué consiste la consulta?
El proceso
Petro busca el apoyo de los colombianos para reformar los sistemas de salud y trabajo, luego de que sus proyectos se hundieran en el Legislativo. La consulta, para ocurrir, primero tiene que pasar un filtro arriesgado en el Congreso: el voto del Senado, en el que no tiene mayoría.
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Si la Cámara Alta no la avala con 53 de sus 105 votos, no habrá consulta popular. El segundo filtro será la participación ciudadana. Para que sea válida, al menos 13,6 millones de personas deben participar en la votación, por encima de los 11,2 millones que votaron por Petro en el balotaje de 2022.
De superar el umbral, las preguntas con respuesta afirmativa se harán realidad si obtienen la mitad más uno de los votos válidos. “La consulta obliga en menos de seis meses a aprobar como leyes las preguntas aprobadas por el pueblo, y si el congreso no las aprueba, el presidente queda facultado a aprobarlas por decreto”, advirtió Petro en la red X. Los congresistas han rechazado la mayoría de sus proyectos.
Las preguntas
Las preguntas están diseñadas con dos únicas respuestas posibles: Sí o no. “¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100 % el trabajo en día de descanso dominical o festivo?”, dice otra de las preguntas anunciadas por los ministros del Interior y Trabajo.
En su mayoría los interrogantes conducen a reducir la jornada y ampliar los derechos laborales. Una de ellas, por ejemplo, plantea que las trabajadoras obtengan licencias por “periodos menstruales incapacitantes”.
La derecha sostiene que el mandatario colombiano en realidad está intentando ganar electores para la izquierda con miras a las presidenciales de 2026, en las que por ley él no podrá buscar la reelección.
Es una jugada “para aferrarse al poder a través de los recursos públicos. Hacen politiquería con los impuestos de los colombianos”, opinó en la red X el senador Miguel Uribe, del partido opositor Centro Democrático. “No nos digamos mentiras: esto no es participación, es campaña electoral disfrazada”, aseguró Juan Manuel Galán, jefe del partido Nuevo Liberalismo.
Presión en las calles
Los últimos dos procesos de este tipo en el país fracasaron. Una “consulta anticorrupción” de 2018 promovida por políticos de centro-izquierda que no alcanzó el umbral necesario y el plebiscito de 2016 para aprobar el histórico acuerdo de paz con las FARC.
El expresidente Juan Manuel Santos perdió en las urnas y tuvo que reformular el acuerdo con los rebeldes. En 2017 el grueso de las FARC depuso las armas. Convencido de conservar el apoyo popular que lo llevó a ser el primer presidente izquierdista de Colombia en 2022, Petro jugará sus cartas en la consulta.
El mandatario ha convocado en distintas ocasiones a sus seguidores a marchar en las calles a favor de sus reformas y en contra de lo que llama un bloqueo institucional en el Congreso. Esta vez les solicitó manifestarse el 1 de mayo en defensa de la consulta popular, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que las preguntas son “necesarias”. “Si no se aprueban lo que hay es una conspiración contra la clase obrera y contra el presidente de la República”, dijo a medios.
Fuente: AFP
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ANR acompaña propuestas de modificación de la legislación electoral, explicó apoderado
El secretario general y jefe de Gabinete de la Junta de Gobierno, Eduardo González, se refirió a las propuestas legislativas existentes en torno a las leyes electorales que fueron presentadas esta semana ante la Junta de Gobierno del Partido Colorado y que se decidió acompañar su estudio en el ámbito del Congreso Nacional.
En comunicación con La Nación/Nación Media, explicó que, con el equipo de apoderados de la Asociación Nacional Republicana, constantemente están dando seguimiento a todas las propuestas de leyes que afecten al proceso electoral.
Indicó que por la experiencia pasada es necesario ir corrigiendo algunas cuestiones. Por ejemplo, señaló que acompañan el proyecto de modificación de la ley de financiamiento político en sus artículos 64 inciso A, 66 y 278 con el objeto de facilitar el procedimiento dado que la actual normativa contempla un proceso que demanda un tiempo que hace que las campañas electorales se prolonguen por más tiempo.
“Lo que nosotros pretendemos es que se inscriban los movimientos para la obtención del RUC, porque el movimiento es el que tiene el RUC no los candidatos. Entonces inscribir las candidaturas una semana después de eso. Simplificando el trabajo”, explicó.
Señaló que también analizaron la cuestión de los bancos no solo autoricen a los movimientos internos, sino a los movimientos en general en las internas y en las generales. Además, que no solamente puedan habilitar de la cuenta, sino que también puedan operar, ayudando de ese modo, a que no sean inconvenientes para la participación.
Inscripciones al RCP
Por otra parte, también analizan la propuesta que tiene que ver con las inscripciones que se hacen al Registro Cívico Permanente (RCP); que actualmente se hace cada 31 de diciembre.
Explicó como las internas de la ANR, posiblemente sean en junio del 2026, y para esas elecciones se usará el corte del 31 de diciembre del 2024 y no se podrán incluir las afiliaciones de este año. Mientras que las elecciones municipales que serán en octubre del año que viene, ya se usarán el padrón con corte 2025.
“Hay un desfasaje importante ahí, que crea inconveniente, inclusive con las candidaturas. A nivel municipal, una persona pudo haberse mudado de distrito y eso puede crear un tipo de inconveniente. Por lo cual, solicitamos que eso sea modificado, para que los años antes de las elecciones, se permita que el corte administrativo del RCP sea próximamente entre junio y julio”, explicó.
Horario de votación
El apoderado de la ANR también se refirió a la unificación del horario que rige en el país para las votaciones, que el Código Electoral establece horario diferenciado para el invierno y el verano. Por lo que ahora proponen que se rija al horario vigente en Paraguay y que sean las elecciones de 7 a 16 horas.
“Esto va a permitir también que, en el momento más álgido de las elecciones, que suele ser el escrutinio, se pueda realizar en lo posible, habiendo todavía luz solar. Por cuestión de seguridad”, explicó.
Finalmente, señaló que también están planteando excluir como sujeto obligado de la ley de financiamiento a las autoridades partidarias.
“Porque directamente el presidente, los miembros seccionales no reciben salario del Estado, no manejan fondos públicos, entonces no tiene sentido que sean sujetos obligados. Esto hace que mucha gente no quiera participar como candidato. Por tanto, eso está afectando también a la política, y lo que queremos es que eso también sea corregido de esta manera”, concluyó.
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Presentan proyecto para modificar control financiero en campañas electorales
Con el fin de introducir modificaciones al actual régimen de financiamiento de las campañas políticas, mejorar los mecanismos de control y simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos, un grupo de diputados presentó el proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Electoral.
Los diputados Raúl Latorre, Miguel Del Puerto, Rocío Abed, Daniel Centurión y Hugo Meza presentaron el proyecto “que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes Nros. 4743/2012 y 6167/2018”.
El documento argumenta que existe “una preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que han enfrentado las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente”.
Se menciona también que los controles establecidos en la ley actual, resultan excesivos, complejos o pocos accesibles para las agrupaciones políticas, principalmente en las elecciones.
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Entre las modificaciones planteadas se encuentra el reconocimiento anticipado de los movimientos políticos, ya que la ley actual no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas, y con el cambio se establece formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.
La digitalización de declaraciones propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.
En otro punto se plantea la presentación individual por candidato, que a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.
Igualmente, se incluye mayor transparencia y fiscalización, previendo la publicación obligatoria en un plazo de diez días hábiles de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
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En cuanto a las sanciones, se establece más severidad “en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente”.
Son varias las modificaciones que plantea este documento que ya se encuentra en la Cámara de Diputados para ser analizado, primeramente por las comisiones asesoras y posteriormente ante el pleno.