El potencial energético con el que cuenta Paraguay es uno de sus principales atractivos a la hora de ser analizado por los inversionistas como un destino para sus empresas, pero también exige pensar a futuro y no solo ver lo que se puede generar a partir de este recurso, sino cómo aprovecharlo de mejor manera.

En conversación con el programa “Así son las cosas”, emitido por GEN y Universo 970 AM, el viceministro de Industria, Javier Viveros, destacó que es un camino aún largo el que debe recorrer Paraguay en materia de atracción de empresas que no solo se dediquen a rubros que necesitan energía, sino que a su vez las mismas generen esa energía necesaria.

“Tenemos un potencial energético y podemos ir reemplazando la criptominería por la inteligencia artificial”, comentó Viveros, al tiempo de explicar que es clave generar políticas públicas robustas que respalden estas inversiones y que a su vez generen mejores condiciones competitivas para el país con la generación de nuevas fuentes energéticas.

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Remarcó que no será fácil lograr atraer 4.000 millones de dólares en inversiones a un país que aún no trabaja en el área de la inteligencia artificial y, por sobre todo, con una estructura de negocio a nivel nacional que aún no explora estas posibilidades, pero reconoció que se dan fuertes pasos para dejar un camino trazado con reglas de juego claras.

“Esto no debe ser una industria extractiva de recursos de Paraguay; esto tiene que ser una industria que venga para generar más oportunidades para nuestra ciudadanía y para dejar capacidad instalada en Paraguay”, finalizó el viceministro.

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El viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, impulsa un proyecto de ley que busca crear un ente regulador del sector energético.

Explicó que el alcance de la iniciativa y dijo que la necesidad es imperiosa por varios motivos.

“Lo principal que nos impulsa para llevar esto es generar a partir del gasoducto bioceánico, que requiere de la implantación de estos ductos que requieren de nuevas leyes”, señaló al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Se precisa de un ente regulador que pueda dirimir los conflictos que puedan existir entre quienes instalan ese gasoducto y las condiciones técnicas dentro de las cuales se deben instalar.

“Entonces, esto nos llevó a que nosotros estemos en un proceso de reconversión de toda la ley de hidrocarburos. Eso lo venimos trabajando desde hace un buen tiempo y está financiado con la CAF como para poder generar una nueva ley de hidrocarburos y con su respectiva creación de ente regulatorio”, subrayó.

Dijo que se quiere dar tranquilidad a quienes inviertan en ese ducto.

“Y por otro lado, está el sector eléctrico, que genera una última ley que todos conocemos que se llama fomento de energías renovables en donde un espectro diferente y nuevo a lo que nosotros estamos acostumbrados. A partir de esta ley se abre la posibilidad de una compra de energía por parte de la Ande”, puntualizó.

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Por: Sofía Céspedes

En 2025 el sector privado junto al público, celebró el primer Foro Energético Nacional, donde se expuso la realidad energética paraguaya y sobre todo, qué pasará en un futuro si no se toman medidas ni acciones claras ante la demanda de energía que crece año tras año.

En conversación con La Nación/Nación Media, el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Félix Sosa, precisó que a través del Plan Maestro de Obras se han trazado horizontes hacia el 2033 con la transmisión y distribución de energía y al 2043 con la generación de la misma.

Explicó que todo esto se centra en tres pilares estratégicos. Primero, la soberanía energética, para garantizar la capacidad técnica para retirar y distribuir el 100 % de la energía que corresponde al país en las binacionales Itaipú y Yacyretá.

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En segundo lugar, para diversificar y acompañar el crecimiento del consumo, integrando fuentes renovables no convencionales, con énfasis en energía solar, para reducir la vulnerabilidad ante la variabilidad del régimen hidrológico.

La seguridad y robustez es el tercer punto, porque busca fortalecer el sistema interconectado nacional mediante la expansión de la red de 500 y 220 KV.

Sosa abordó un tema crucial para que el plan maestro pueda llevarse a cabo: nuevas leyes. Mencionó que hoy Paraguay está comenzado su transición hacia una matriz mixta.

La ley 7452, que moderniza el régimen de Alianza Público-Privada (APP) y la recientemente promulgada ley 7599/25, de Modernización del Régimen de Generación de Energía Eléctrica a partir de Fuentes Renovables No Convencionales, buscan dinamizar la inversión en infraestructura, siendo probablemente esta última, el marco legal más transformador para el sector energético paraguayo en las últimas décadas.

“Acompañar el rápido crecimiento de la demanda eléctrica mediante un sistema modernizado y diversificado, garantizando la confiabilidad del suministro y tarifas competitivas, sin comprometer la sostenibilidad financiera del sector”, manifestó el titular de la Ande.

Dijo que para ello es fundamental continuar invirtiendo de manera sostenida en los sistemas de transmisión y distribución, con el objetivo de fortalecer la infraestructura, mejorar la calidad del servicio y reducir las pérdidas eléctricas.

“Resulta prioritario diversificar la matriz de generación de energía eléctrica para disminuir la exposición a riesgos climáticos y aumentar la resiliencia del sistema. Es necesario incrementar la capacidad de generación, para acompañar el crecimiento sostenido del consumo de energía eléctrica en Paraguay y asegurar el abastecimiento futuro”, finalizó.

Por su parte, el viceministerio de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, sostuvo en contacto con La Nación que este 2026 será un año clave desde el punto de vista regulatorio. El eje central estará puesto en ajustar y completar las normativas necesarias para acelerar la incorporación de nueva generación eléctrica, especialmente a partir de fuentes renovables no hídricas.

Entre ellas, se encuentra en etapa final la reglamentación de la ley de Fomento a las Energías Renovables no Hídricas, que permitiría dinamizar inversiones en solar fotovoltaica, así como la reglamentación de las pequeñas centrales hidroeléctricas y los permisos para productores de autoconsumo y cogeneración.

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Explicó que el objetivo es claro, facilitar la rápida instalación de nuevos megavatios, tanto para autoconsumo como para inyección de excedentes a la red, y acompañar los procesos licitatorios que llevará adelante la Ande. “Esto responde a una realidad concreta, la demanda eléctrica continúa batiendo récords y obliga a trabajar no solo sobre la oferta de energía, sino también sobre la gestión de la demanda”, expresó.

En ese contexto, Bejarano identificó a la energía solar fotovoltaica como la tecnología con mayor potencial de crecimiento en el corto plazo, por las condiciones climáticas del país, la facilidad de instalación y el costo relativo de la tierra.

Dijo que la experiencia ya se extiende incluso a proyectos sobre embalses, como en Itaipú. No obstante, remarcó que todas las fuentes de generación serán necesarias para responder a una demanda que seguirá creciendo de manera sostenida.

Otro eje central que mencionó es el autoconsumo y la generación distribuida, que muestra un fuerte impulso, especialmente en el Chaco. Industrias y comunidades ya instalan capacidad propia, utilizan residuos para cogeneración y venden excedentes a la red.

A esto se suma el potencial de los techos solares en hogares, comercios e industrias. Para acelerar este proceso, el viceministerio trabaja en créditos blandos, ajustes tarifarios y mecanismos que permitan repagos en plazos de seis a siete años, haciendo del autoconsumo una inversión atractiva y, al mismo tiempo, un alivio para el sistema interconectado nacional.

En materia de biomasa y bioenergías, el foco está en la implementación plena de la certificación de biomasa, obligatoria desde este año. El objetivo es garantizar trazabilidad, uso de biomasa reforestada y protección de los bosques nativos.

La exigencia comenzará con un 30 % de uso de biomasa certificada y avanzará gradualmente hasta el 100 %. En paralelo, se impulsa el uso de biocombustibles, aumentando las mezclas y fortaleciendo la seguridad energética, al tiempo que se promueve la expansión de la masa forestal como nuevo motor económico.

Finalmente, el gas natural aparece como pieza estratégica de mediano plazo. Bejarano recordó que hoy se prioriza el impulso a los proyectos de gasoductos, oceánico y sur, como incentivo a la exploración local y como fuente energética para la industria y eventualmente para la generación eléctrica.

“Esto se complementa con el trabajo en la integración gasífera regional con el Mercosur y Chile y con la preparación de un marco normativo específico”, expuso.

Igualmente, hizo énfasis en que este entramado regulatorio apunta a un objetivo transversal: brindar estabilidad, previsibilidad y reglas claras para atraer capital privado. La actualización constante de leyes, decretos y reglamentaciones, sumada a las licitaciones de la Ande como comprador garantizado de energía, busca posicionar a Paraguay como un destino competitivo para la inversión energética de cara al 2030.

Desde el sector privado advierten que Paraguay atraviesa una ventana decisiva para sostener su crecimiento económico más allá del 2030. Así lo planteó el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, a La Nación. Enfatizó que las proyecciones coinciden en un punto crítico, si no se toman decisiones en el corto plazo, el excedente eléctrico podría agotarse entre 2030 y 2032.

Desde la óptica industrial el desafío ya no pasa solo por la disponibilidad de energía limpia, sino por asegurar nuevas fuentes de generación, transmisión y distribución que acompañen la transformación de la demanda.

“Paraguay está viviendo un cambio estructural, con menor peso relativo de la criptominería y mayor protagonismo de la industria, los centros de datos, la inteligencia artificial y la economía digital, sectores altamente intensivos en energía”, dijo Duarte.

Entre los principales cuellos de botella, el titular de la UIP identificó la falta de certezas sobre la futura generación, la necesidad de seguir invirtiendo en redes eléctricas y la urgencia de diversificar la matriz, hoy fuertemente dependiente de la hidroelectricidad y expuesta a riesgos climáticos y altos costos de implementación.

A esto se suma la necesidad de un marco regulatorio moderno, con un organismo regulador y un operador del sistema que generen transparencia y atraigan capital privado.

En cuanto a los proyectos a acelerar, el sector privado apuesta por energía solar a gran escala, por su rápida implementación y complementariedad con las hidroeléctricas, además de avanzar en acuerdos para el acceso al gas natural, reactivar pequeñas centrales hidroeléctricas, evaluar sistemas de bombeo e, incluso, analizar opciones de reactores nucleares modulares.

Duarte advirtió que la demora en las decisiones es costosa: algunos equipos para centrales a gas hoy tienen plazos de entrega globales de hasta siete años.

De cara a 2026, la UIP espera que el Estado consolide este impulso con políticas de largo plazo, cumplimiento del plan maestro de la Ande, tarifas que hagan viables las inversiones, esquemas de financiamiento y una definición clara sobre el uso del excedente eléctrico, priorizando industrias que generen empleo, tecnología y valor agregado.

Para el sector privado, la energía puede convertirse en la principal plataforma de desarrollo industrial del Paraguay, siempre que las decisiones lleguen a tiempo.

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Paraguay comienza a posicionarse en el radar de las grandes ligas de la minería mundial. Empresas internacionales, principalmente norteamericanas, están disputando el acceso a yacimientos de titanio y uranio, dos minerales estratégicos para la industria, la energía y la transición tecnológica global.

Así lo confirmó el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, al señalar que nuestro país cuenta con recursos de escala internacional que hoy despiertan un fuerte interés privado, según menciona el medio El Prisma.

En el caso del titanio, Bejarano destacó que la mina ubicada en el departamento de Alto Paraná sería, por volumen y concentración, la más grande del mundo. Si bien una empresa estadounidense ya viene realizando exploraciones desde el año 2011, el potencial del yacimiento abrió una competencia creciente entre actores internacionales.

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El viceministro indicó que la mina más grande actualmente en operación se encuentra en Mozambique y presenta una concentración promedio del 3 %, mientras que la de Alto Paraná alcanza el 7 % de titanio, un diferencial clave en términos de rentabilidad y eficiencia productiva.

El titanio es un insumo esencial para la industria moderna. En su forma de dióxido de titanio (TiO₂), se utiliza principalmente como pigmento: el 94 % de su demanda global está vinculada a la coloración, especialmente en pinturas sintéticas, mientras que el resto se destina a aleaciones especiales y aplicaciones médicas.

En el ámbito de la salud, se emplea en prótesis, clavos y tornillos quirúrgicos, debido a que es uno de los pocos metales que el organismo humano acepta sin rechazo. Además, según informes técnicos de empresas interesadas como CIC Resource, no es nocivo para los animales ni para la agricultura, refirió.

En paralelo, el uranio aparece como otro recurso estratégico en disputa. Bejarano indicó que Paraguay cuenta con unas ocho millones de libras de uranio, aunque aclaró que la principal limitación es que esa reserva aún no está certificada.

Se trata de un punto sensible, considerando que el uranio es clave para la energía nuclear, utilizada para la generación de electricidad a gran escala.

Desde el sector privado subrayan su potencial: con apenas seis barriles de uranio se pueden reemplazar 220.000 barriles de petróleo, sin emisiones contaminantes, lo que lo convierte en un insumo central en la transición energética.

No obstante, el desarrollo de estos proyectos enfrenta un obstáculo estructural, la burocracia. Según los representantes empresariales, los procesos administrativos consumen cerca del 50 % del tiempo total de los proyectos.

El caso del yacimiento de uranio de Yuty es ilustrativo, ya que lleva más de 17 años en etapa de exploración y acumula retrasos significativos por la espera de resoluciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). A ello se suma la exigencia de certificación de reservas, un proceso complejo y costoso en fases tempranas.

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El viceministro confirmó que el Gobierno trabaja en un nuevo anteproyecto de ley minera, actualmente en estudio en el Palacio de Gobierno. El texto cuenta con el respaldo del gabinete económico y propone un código minero actualizado, alineado con estándares internacionales.

El objetivo es brindar mayor previsibilidad jurídica, agilizar procesos y establecer reglas claras para concesiones que hoy se limitan a 20 años, con una prórroga adicional de 10.