• Víctor Pavón (*)

Impulsada por el presidente Horacio Cartes, desde el año 2013 contamos con la Ley 5098 de Responsabilidad Fiscal. Esta normativa se convirtió en regla institucional. Pocas legislaciones adquirieron un rol institucional de resultados tan beneficiosos para el país.

En foros y seminarios internacionales, la normativa se constituyó en hecho llamativo. Un ejemplo a tomar en cuenta con el “made in Paraguay”. En un contexto global caracterizado por la competitividad y la alta eficiencia de los mercados, nuestro país consiguió dar un paso decisivo.

Se estableció un límite al déficit fiscal. La Administración Central no puede superar el 1,5 por ciento del producto interno bruto (PIB), el gasto público toma en cuenta la tasa de inflación interanual, con una programación del presupuesto enmarcado en un horizonte de mediano plazo.

De igual modo, la legislación consideró situaciones de emergencia como una recesión severa o una catástrofe nacional, motivos que autorizan superar el límite del déficit. Todavía más, esta regla fiscal de limitar el déficit se relaciona con el dinero, haciendo que la estabilidad monetaria –de responsabilidad del Banco Central– tenga un apoyo que antes no contaba.

Nuestro país fue logrando dos elementos que muchas veces no son debidamente apreciados y los tecnócratas desprecian a la fecha. Estos dos elementos son la sostenibilidad fiscal y la estabilidad monetaria. La Ley de Responsabilidad Fiscal es una barrera para cualquier intento populista. Esta normativa emite señales positivas a los mercados, nacional y extranjero.

Con el espíritu emprendedor de productores, comerciantes e industriales, trabajadores y empresarios, logramos como país ingresar a las ligas mayores pese a su mediterraneidad, rodeado de dos países de influencia como Argentina y Brasil.

Paraguay está logrando mostrarse al mundo confiable, serio y predecible. De hecho, el gobierno actual de Santiago Peña desde el inicio de su gestión tuvo como uno de sus objetivos reducir el déficit fiscal, incrementado durante el gobierno anterior.

La reducción del déficit fiscal se está dando. Sin embargo, a la fecha las ideas equivocadas presionan por todas partes. Están instalando en la agenda pública salir de la regla fiscal. Pretenden subir el tope del déficit. Se abrirán las puertas del infierno. Y la expresión infierno no la menciono como figura retórica que la literatura otorga. Cambiar la regla fiscal tendrá efectos dañinos comparables con el Averno de suplicios y quebrantos.

A los promotores de esta malsana idea de elevar el tope fiscal no les interesa la población, les interesa el Estado en lugar del individuo. A sus impulsores les tiene sin cuidado el futuro de cada paraguayo y extranjero que trabaja, ahorra e invierte en el país.

El incremento en el tope del déficit fiscal pronto traerá consigo el aumento de impuestos (que tanto anhelan), endeudamientos y una política monetaria laxa, supeditado a la coyuntura.

Quedará en el recuerdo el 10-10-10 impositivo. Los efectos serán devastadores. ¡Justo en el momento en que Paraguay empieza a despegar! Espero que el Gobierno no pise esta cáscara de banana puesta por los que desean su fracaso para señalarlo como el que destruyó una de las columnas de la estabilidad y progreso de la nación.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”; “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la libertad y la República”.

La baja del dólar comenzó a reflejarse en distintos sectores de la economía paraguaya y también plantea nuevos desafíos para las cuentas públicas, según analizó el economista Rodrigo Ibarrola. Si bien el contexto ayuda a moderar algunos costos vinculados a importaciones e intereses de deuda en moneda extranjera, también impacta sobre la recaudación tributaria y la dinámica fiscal del país.

El especialista explicó que los ingresos tributarios muestran una desaceleración respecto al mismo periodo del año pasado, situación que podría dificultar el objetivo del gobierno de converger hacia un déficit fiscal de 1,5 % del producto interno bruto (PIB).

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“El escenario se volvió más complejo porque algunos ingresos crecieron por debajo de lo esperado, mientras ciertos gastos continúan aumentando”, señaló a la 1020 AM.

Actualmente, el déficit fiscal anualizado ronda el 2,2 %, aunque Ibarrola aclaró que todavía dependerá de cómo evolucionen los ingresos y el gasto público durante el resto del año.

El economista indicó que parte de esta situación responde también a una normalización de la recaudación luego del impulso inicial generado por la integración de Tributación y Aduanas dentro de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). A esto se suma un contexto económico donde algunos sectores muestran menor dinamismo.

Entre las áreas más sensibles, mencionó a la construcción, debido a los atrasos en pagos a contratistas y proveedores del Estado. En ese sentido, explicó que el mecanismo de factoraje aparece como una alternativa para otorgar liquidez a las empresas mientras esperan los desembolsos públicos.

Sin embargo, señaló que aún existe debate sobre cómo distribuir el costo financiero de estas operaciones. “La discusión principal es quién absorbe finalmente los intereses derivados de esos adelantos financieros”, comentó.

Ibarrola agregó que las empresas de mayor tamaño tienen más capacidad para sostenerse en este contexto, mientras que las pequeñas y medianas enfrentan mayores dificultades para mantener capital operativo.

Pese a este escenario más ajustado, el economista consideró que Paraguay mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos y descartó un impacto inmediato sobre la calificación crediticia del país.

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Según el último informe de Situación Financiera (Situfin) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al cierre de abril de 2026 el déficit fiscal acumulado se ubicó en 0,8 % del producto interno bruto (PIB), equivalente a unos USD 485 millones. En términos anualizados, el déficit alcanza 2,2 % del PIB, todavía dentro del plan de convergencia fiscal.

En ese contexto, el analista económico Víctor Pavón sostuvo en Universo 970 AM/Nación Medida, que Paraguay no debe ceder a las presiones que plantean elevar el déficit fiscal para aumentar el gasto público o acelerar pagos de obras.

A criterio del economista, mantener disciplina fiscal fue clave para que Paraguay lograra recientemente el grado de inversión, un sello que mejoró la imagen del país ante los mercados y aumentó el interés de capitales extranjeros.

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Pavón argumentó que flexibilizar la regla fiscal enviaría una señal negativa a inversionistas y organismos internacionales, afectando el riesgo país y la confianza construida en los últimos años. “El control del déficit fiscal permitió estabilidad, menor riesgo y llegada de inversiones”, dijo.

El analista advirtió además que un mayor déficit podría derivar en más endeudamiento público, presión para subir impuestos e incluso desequilibrios monetarios a futuro.

Actualmente, Paraguay mantiene una de las cargas tributarias más bajas de la región y se convirtió en un destino atractivo para industrias y empresas extranjeras, especialmente provenientes de Brasil, atraídas por la estabilidad económica, energía competitiva y reglas fiscales relativamente ordenadas.

Según Pavón, cambiar ahora las condiciones, podría generar incertidumbre en momentos en que el país intenta consolidarse como receptor de inversiones regionales.

El economista reconoció que existen desafíos vinculados a pagos a constructoras y ejecución de obras públicas, pero consideró que la solución debe pasar por mecanismos financieros alternativos y no por romper la disciplina fiscal.

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De acuerdo con el reciente Informe de Situación Financiera (Situfin), emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Administración Central reportó un déficit fiscal acumulado de G. 3.179 mil millones, equivalente a USD 485,3 millones, cifra que representa el 0,8 % del Producto Interno Bruto (PIB).

El informe oficial resalta que, durante el mes de abril, las arcas públicas registraron un superávit de G. 26,4 mil millones, lo que propició una leve reducción de la brecha fiscal acumulada en lo que va del año. Al evaluar las variables en términos anualizados, el déficit fiscal de la economía paraguaya se ubicó en G. 8,6 billones, representando el 2,2 % del PIB, mientras que el balance primario arrojó un saldo negativo del 0,4 % del PIB.

Estos dos últimos indicadores, estructurados sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Banco Central del Paraguay (BCP), muestran una mejora de 0,2 puntos porcentuales en comparación con los registros de abril de 2025.

El análisis macroeconómico complementario puntualiza que la inflación permanece contenida dentro del rango meta oficial, permitiendo una postura monetaria estable, en paralelo a un tipo de cambio nominal que continuó en una senda de apreciación alineada con los parámetros de la región.

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Por el lado de los ingresos totales, se observó una expansión moderada del 1,9 % en términos acumulados. Este comportamiento estuvo apuntalado fundamentalmente por la recaudación tributaria general, que registró un incremento del 5,3 % al cierre de abril gracias al vencimiento estacional del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) y la consecuente inyección por liquidaciones de los impuestos internos.

Sin embargo, este desempeño tributario positivo fue amortiguado por dos variables externas. En primer lugar, los impuestos aduaneros sufrieron una desaceleración debido a la apreciación del guaraní frente al dólar, fenómeno que reduce de manera contable la base imponible en moneda local para las importaciones del comercio exterior. En segundo lugar, los ingresos no tributarios experimentaron una contracción, frenados por una caída acumulada del 37,5 % en las transferencias de recursos financieros provenientes de las entidades binacionales.

Por el lado de las erogaciones estatales, el Situfin reporta un incremento acumulado del 10,6 % en el gasto total de la Administración Central. La presión al alza sobre el plan de caja estuvo motivada de forma prioritaria por el ajuste de las remuneraciones en los ministerios de Educación, Salud y Seguridad Nacional, el incremento del rubro de jubilaciones y pensiones, el despliegue de las transferencias monetarias para el programa de alimentación escolar “Hambre Cero”, y un mayor desembolso en el componente de bienes y servicios destinado a la regularización y cancelación de deudas atrasadas con proveedores. Como contrapartida atenuante, el pago de intereses de la deuda pública mostró una desaceleración, registrando una contracción interanual del 0,5 %.

Finalmente, la inversión pública ejecutada de manera acumulada ascendió a G. 1.804 mil millones, unos USD 278,5 millones, representando el 0,45 % del PIB nacional. Dentro de este apartado, destacó el nivel de actividad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cartera que evidenció un incremento del 9,1 % en su ejecución presupuestaria.

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