• Víctor Pavón (*)

Impulsada por el presidente Horacio Cartes, desde el año 2013 contamos con la Ley 5098 de Responsabilidad Fiscal. Esta normativa se convirtió en regla institucional. Pocas legislaciones adquirieron un rol institucional de resultados tan beneficiosos para el país.

En foros y seminarios internacionales, la normativa se constituyó en hecho llamativo. Un ejemplo a tomar en cuenta con el “made in Paraguay”. En un contexto global caracterizado por la competitividad y la alta eficiencia de los mercados, nuestro país consiguió dar un paso decisivo.

Se estableció un límite al déficit fiscal. La Administración Central no puede superar el 1,5 por ciento del producto interno bruto (PIB), el gasto público toma en cuenta la tasa de inflación interanual, con una programación del presupuesto enmarcado en un horizonte de mediano plazo.

De igual modo, la legislación consideró situaciones de emergencia como una recesión severa o una catástrofe nacional, motivos que autorizan superar el límite del déficit. Todavía más, esta regla fiscal de limitar el déficit se relaciona con el dinero, haciendo que la estabilidad monetaria –de responsabilidad del Banco Central– tenga un apoyo que antes no contaba.

Nuestro país fue logrando dos elementos que muchas veces no son debidamente apreciados y los tecnócratas desprecian a la fecha. Estos dos elementos son la sostenibilidad fiscal y la estabilidad monetaria. La Ley de Responsabilidad Fiscal es una barrera para cualquier intento populista. Esta normativa emite señales positivas a los mercados, nacional y extranjero.

Con el espíritu emprendedor de productores, comerciantes e industriales, trabajadores y empresarios, logramos como país ingresar a las ligas mayores pese a su mediterraneidad, rodeado de dos países de influencia como Argentina y Brasil.

Paraguay está logrando mostrarse al mundo confiable, serio y predecible. De hecho, el gobierno actual de Santiago Peña desde el inicio de su gestión tuvo como uno de sus objetivos reducir el déficit fiscal, incrementado durante el gobierno anterior.

La reducción del déficit fiscal se está dando. Sin embargo, a la fecha las ideas equivocadas presionan por todas partes. Están instalando en la agenda pública salir de la regla fiscal. Pretenden subir el tope del déficit. Se abrirán las puertas del infierno. Y la expresión infierno no la menciono como figura retórica que la literatura otorga. Cambiar la regla fiscal tendrá efectos dañinos comparables con el Averno de suplicios y quebrantos.

A los promotores de esta malsana idea de elevar el tope fiscal no les interesa la población, les interesa el Estado en lugar del individuo. A sus impulsores les tiene sin cuidado el futuro de cada paraguayo y extranjero que trabaja, ahorra e invierte en el país.

El incremento en el tope del déficit fiscal pronto traerá consigo el aumento de impuestos (que tanto anhelan), endeudamientos y una política monetaria laxa, supeditado a la coyuntura.

Quedará en el recuerdo el 10-10-10 impositivo. Los efectos serán devastadores. ¡Justo en el momento en que Paraguay empieza a despegar! Espero que el Gobierno no pise esta cáscara de banana puesta por los que desean su fracaso para señalarlo como el que destruyó una de las columnas de la estabilidad y progreso de la nación.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”; “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la libertad y la República”.

La baja del dólar comenzó a reflejarse en distintos sectores de la economía paraguaya y también plantea nuevos desafíos para las cuentas públicas, según analizó el economista Rodrigo Ibarrola. Si bien el contexto ayuda a moderar algunos costos vinculados a importaciones e intereses de deuda en moneda extranjera, también impacta sobre la recaudación tributaria y la dinámica fiscal del país.

El especialista explicó que los ingresos tributarios muestran una desaceleración respecto al mismo periodo del año pasado, situación que podría dificultar el objetivo del gobierno de converger hacia un déficit fiscal de 1,5 % del producto interno bruto (PIB).

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“El escenario se volvió más complejo porque algunos ingresos crecieron por debajo de lo esperado, mientras ciertos gastos continúan aumentando”, señaló a la 1020 AM.

Actualmente, el déficit fiscal anualizado ronda el 2,2 %, aunque Ibarrola aclaró que todavía dependerá de cómo evolucionen los ingresos y el gasto público durante el resto del año.

El economista indicó que parte de esta situación responde también a una normalización de la recaudación luego del impulso inicial generado por la integración de Tributación y Aduanas dentro de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). A esto se suma un contexto económico donde algunos sectores muestran menor dinamismo.

Entre las áreas más sensibles, mencionó a la construcción, debido a los atrasos en pagos a contratistas y proveedores del Estado. En ese sentido, explicó que el mecanismo de factoraje aparece como una alternativa para otorgar liquidez a las empresas mientras esperan los desembolsos públicos.

Sin embargo, señaló que aún existe debate sobre cómo distribuir el costo financiero de estas operaciones. “La discusión principal es quién absorbe finalmente los intereses derivados de esos adelantos financieros”, comentó.

Ibarrola agregó que las empresas de mayor tamaño tienen más capacidad para sostenerse en este contexto, mientras que las pequeñas y medianas enfrentan mayores dificultades para mantener capital operativo.

Pese a este escenario más ajustado, el economista consideró que Paraguay mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos y descartó un impacto inmediato sobre la calificación crediticia del país.

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La Cámara de Diputados de Brasil aprobó esta semana un paquete de leyes prioritarias para el poderoso sector agropecuario que, según activistas ambientales, debilita los controles contra la deforestación en el país que alberga la mayor selva tropical del planeta. Casi una decena de proyectos, algunos en trámite desde hace años, fueron aprobados entre el martes y el jueves, con el impulso de la bancada ruralista, muy influyente en el conservador parlamento brasileño y crítica del gobierno del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras el voto de los diputados, el análisis pasa al Senado, en una agenda legislativa intensa por las elecciones generales de octubre. Una de las iniciativas prohíbe a las autoridades ambientales suspender actividades sin notificar antes al productor, en áreas identificadas como degradadas mediante tecnologías remotas como las imágenes de satélite.

“No podemos atropellar ningún proceso legal en nombre de una ideología ambientalista”, dijo el diputado bolsonarista Lucio Mosquini.

Analistas señalan que esas tecnologías han sido clave para contener la deforestación en la Amazonía en los últimos años, un flagelo que Lula se propuso erradicar para 2030.

Según el Observatorio del Clima, una red de oenegés, los cambios restringirían cerca del 70 % de la fiscalización ambiental en Brasil.

Maurício Guetta, de la ONG Avaaz, advirtió que las medidas son “un incentivo para que los criminales se sientan libres”, sin que los órganos ambientales puedan reaccionar de inmediato.

Los legisladores también aprobaron proyectos que, según los ambientalistas, amenazan la vegetación nativa “no forestal” y subordinan las consideraciones ambientales a intereses agropecuarios o económicos.

El Observatorio del Clima calcula que unos 48 millones de hectáreas en todos los biomas brasileños quedarían “completamente desprotegidas”.

“Son áreas extremadamente importantes para la producción hídrica, la recarga de los acuíferos, la regulación del clima, y que albergan una biodiversidad enorme y riquísima”, dijo en rueda de prensa Malu Ribeiro, de la organización SOS Mata Atlântica.

El lobby agrícola en el Congreso impulsa además medidas de alivio para los productores, golpeados por los altos costos de fertilizantes y otros insumos a causa de la guerra en Oriente Medio y la caída en los precios de los commodities.

Una iniciativa en el Senado para refinanciar las deudas de productores afectados por eventos climáticos extremos fue postergada. En los últimos años, Brasil ha sufrido tragedias vinculadas a esos fenómenos, desde inundaciones hasta sequías e intensas olas de calor.

Fuente: AFP.

Según el último informe de Situación Financiera (Situfin) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al cierre de abril de 2026 el déficit fiscal acumulado se ubicó en 0,8 % del producto interno bruto (PIB), equivalente a unos USD 485 millones. En términos anualizados, el déficit alcanza 2,2 % del PIB, todavía dentro del plan de convergencia fiscal.

En ese contexto, el analista económico Víctor Pavón sostuvo en Universo 970 AM/Nación Medida, que Paraguay no debe ceder a las presiones que plantean elevar el déficit fiscal para aumentar el gasto público o acelerar pagos de obras.

A criterio del economista, mantener disciplina fiscal fue clave para que Paraguay lograra recientemente el grado de inversión, un sello que mejoró la imagen del país ante los mercados y aumentó el interés de capitales extranjeros.

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Pavón argumentó que flexibilizar la regla fiscal enviaría una señal negativa a inversionistas y organismos internacionales, afectando el riesgo país y la confianza construida en los últimos años. “El control del déficit fiscal permitió estabilidad, menor riesgo y llegada de inversiones”, dijo.

El analista advirtió además que un mayor déficit podría derivar en más endeudamiento público, presión para subir impuestos e incluso desequilibrios monetarios a futuro.

Actualmente, Paraguay mantiene una de las cargas tributarias más bajas de la región y se convirtió en un destino atractivo para industrias y empresas extranjeras, especialmente provenientes de Brasil, atraídas por la estabilidad económica, energía competitiva y reglas fiscales relativamente ordenadas.

Según Pavón, cambiar ahora las condiciones, podría generar incertidumbre en momentos en que el país intenta consolidarse como receptor de inversiones regionales.

El economista reconoció que existen desafíos vinculados a pagos a constructoras y ejecución de obras públicas, pero consideró que la solución debe pasar por mecanismos financieros alternativos y no por romper la disciplina fiscal.

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