El gobierno de Uruguay presentó el jueves un plan de seguridad pública centrado en la lucha contra el narcotráfico, que prevé ampliar las competencias de las fuerzas armadas y aumentar la presencia militar en las fronteras. Es “una estrategia nacional de seguridad”, dijo el presidente izquierdista Yamandú Orsi, al dar a conocer la iniciativa, que para su puesta en marcha requiere aún aprobación del Congreso.

Uruguay, un pequeño país sudamericano de 3,5 millones de habitantes considerado uno de los más pacíficos de Latinoamérica, ha registrado un repunte de la criminalidad en los últimos años, atribuido en gran parte a un aumento del narcotráfico. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que el gobierno pretende ampliar las competencias de las Fuerzas Armadas en el control del narcotráfico y la vigilancia de las fronteras.

“Queremos ampliar el ámbito de jurisdicción que le corresponde a las Fuerzas Armadas”, afirmó junto a Orsi. También se busca ampliar las competencias de la vigilancia castrense. “Esto se traduce en un centro de comando unificado en seguridad de fronteras que va a compartir la información que recaban los medios tecnológicos”, de las Fuerzas Armadas y la Policía, precisó Negro.

El ministro destacó que, desde la llegada de Orsi al poder, en marzo de 2025, se incautaron más 9 toneladas de droga y más de 250 millones de dólares en sustancias, efectivo y bienes.

Uruguay no produce cocaína, pero en los últimos años se detectaron en puertos europeos grandes cargamentos de droga que pasaron por Montevideo, lo que parece indicar que el país se convirtió en un lugar de acopio.

Al aumento de homicidios relacionados con el narcotráfico se sumó en 2025 una nueva señal de alerta cuando la fiscal de Corte y reconocida fiscal de estupefacientes sufrió un atentado a su casa, que se saldó sin heridos.

La Policía detuvo a varias personas en relación con el caso, pero apuntó como uno de los posibles autores intelectuales al uruguayo Sebastián Marset. Considerado uno de los máximos capos del narcotráfico en el Cono Sur americano, Marset fue capturado este mes en Bolivia y enviado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de lavado de activos.

El gobierno de Oris pretende también penas más duras para el porte ilegal de armas en lugares públicos, y nuevo soporte tecnológico para luchar contra la violencia de género y los ciberdelitos.

También se plantea avanzar en la construcción de dos cárceles de máxima seguridad anunciadas por Orsi este mes, al cumplir un año en el cargo. Uruguay es uno de los países de Sudamérica con mayores tasas de población carcelaria, con cerca de 17.000 personas, y 10,3 homicidios cada 100.000 habitantes en 2025.

Fuente: AFP.

En pleno centro histórico de Sao Paulo, un “prisionómetro” -contador de personas presas- marca la entrada a la central de monitoreo de Smart Sampa: un “Gran Hermano” donde decenas de policías controlan la vida de la megalópolis en pantallas. Con 40.000 cámaras en la ciudad más rica y poblada de Brasil, Smart Sampa es el mayor sistema de reconocimiento facial por inteligencia artificial de América Latina, un programa de vigilancia pública que las autoridades exaltan, aunque aún muestra un considerable margen de error.

Frente a una inseguridad urbana que alarma a sus ciudadanos, Sao Paulo implementó a fines de 2024 esta tecnología que ya encarceló a casi 3.000 fugitivos detectados mediante el cotejo en tiempo real de las imágenes de las cámaras con datos judiciales. Apresó, además, a casi 4.000 personas por delitos en flagrante.

“Con los fugitivos que atrapó el sistema, podemos llenar siete cárceles. Hoy ya no puedo imaginar a Sao Paulo sin Smart Sampa”, se felicita en el centro de monitoreo el secretario municipal de Seguridad, Orlando Morando, por este programa que cuesta unos dos millones de dólares mensuales.

A modo de ejemplo, carga una foto de sí mismo y en un instante consigue ver todos los momentos y lugares de Sao Paulo -con unos 12 millones de habitantes- en los que su cara pasó por alguna cámara. “Me recuerda al libro ’1984′ (sobre un régimen totalitario, de George Orwell), con todo ese control de personas: me encanta, apruebo 100 %”, dice Sonia Ferreira Silva, una jubilada de 68 años, frente a un camión de Smart Sampa, un puesto de vigilancia móvil en la emblemática avenida Paulista.

Informes oficiales de transparencia analizados por la AFP muestran que más del 8 % de personas arrestadas el primer año después de que Smart Sampa las reconociera como fugitivas debieron ser liberadas por tratarse de errores. Al menos 59 detenidos fueron sueltos porque el sistema los confundió con otros ciudadanos.

En diciembre, un jubilado de 80 años estuvo horas arrestado porque Smart Sampa lo confundió con un violador. Un mes antes, un grupo de pacientes psiquiátricos hacía terapia en un centro de salud mental cuando irrumpieron policías armados y se llevaron esposado a uno de ellos. Tras horas en la comisaría, el detenido fue liberado. Según las autoridades, su orden judicial de arresto ya no tenía vigencia.

El sistema no sólo se nutre de cámaras en las calles sino también en edificios públicos -incluyendo centros de salud- y privados que lo admiten. Al menos 141 personas fueron detenidas por órdenes de arresto desactualizadas, pero el gobierno paulista argumenta que esos equívocos no son culpa suya sino del poder judicial. “Nadie quedó preso por error: las personas fueron liberadas” en esos casos, dice Morando, en nombre del gobierno del alcalde conservador Ricardo Nunes.

Sao Paulo sufre altos índices de delitos patrimoniales: en 2024, cerca de uno de cada cinco robos de celulares en Brasil -incluyendo asaltos violentos- ocurrieron en la ciudad. Entre los fugitivos atrapados por Smart Sampa, casi la mitad cayeron por casos tipificados como “otros” en datos oficiales. Casi todos ellos corresponden a deudores de pensiones alimenticias, un delito civil “que poco tiene que ver con la seguridad pública”, según el informe “Smart Sampa: ¿Transparencia para quién? ¿Transparencia de qué?”.

“Smart Sampa se presenta como solución al crimen, pero se usa para control civil”, advierte Amarilis Costa, directora de la red de abogados Liberdade y coautora del informe junto a otras ONG. El gobierno denuncia intentos de “desacreditar” a Smart Sampa e insiste con números: anunció una caída de robos de casi 15 % en 2025.

Por otro lado, los datos oficiales no registran la identidad racial de más de la mitad de los presos, una “laguna de información” que impide saber si Smart Sampa peca de “racismo algorítmico” en un país con una de las mayores poblaciones negras del mundo, según Costa. Estudios en distintos países han sugerido que el reconocimiento facial por IA suele equivocarse más con personas negras.

El gobierno aduce que la falta de datos es responsabilidad de la justicia. “Smart Sampa no tiene ningún prejuicio, aquí no arrestamos por color”, asegura Morando. La mayoría de los presos por Smart Sampa cayeron en barrios periféricos y una buena parte son inmigrantes del interior pobre brasileño.

Fuente: AFP.

La Dirección de Policía de Prevención y Seguridad de Itapúa puso en marcha un operativo de patrulla y rastrillaje en distintos barrios y compañías del distrito de Hohenau, tras violentos asaltos perpetrados el fin de semana, a fin de prevenir nuevos hechos punibles.

El procedimiento inició el martes, abarcando puntos estratégicos como zonas de mayor circulación y potencial riesgo, donde los agentes realizaron controles aleatorios de personas y verificación de vehículos.

Las tareas preventivas se realizaron con la participación del personal de prevención y seguridad, con apoyo del Grupo Lince, bajo la coordinación del comisario principal Alver Maciel, jefe de la Comisaría 12.ª de Hohenau.

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La unidad Z12 se ocupó del control y monitoreo de la zona para garantizar la seguridad ciudadana. La medida fue adoptada a raíz de hechos violentos perpetrados por criminales el pasado fin de semana.

Entre ellos, delincuentes se llevaron aproximadamente G. 11 millones en efectivo de un local de boca de cobranzas de Hohenau. Los asaltantes ingresaron al establecimiento armados, amenazaron a la trabajadora del lugar y se apoderaron del dinero antes de huir.

Según informe oficial, este tipo de procedimientos busca disuadir la comisión de delitos, fortalecer la presencia policial en la calles y generar mayor tranquilidad en la ciudadanía.

Asimismo, las autoridades destacaron la importancia de estos operativos para detectar situaciones irregulares y actuar de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

La Policía Nacional anunció que los controles continuarán de forma periódica en distintos sectores de la comunidad.

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El Gobierno anunció que aplicará un ajuste del gasto público en lo que resta del ejercicio fiscal 2026, pero priorizará sectores esenciales. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, aclaró que la medida responde a una menor disponibilidad de recursos respecto a lo previsto inicialmente en el Presupuesto General de la Nación (PGN).

El secretario de Estado precisó que los sectores de salud, educación, seguridad y protección social, concentrarán la mayor parte de los recursos disponibles. Asimismo, aseguró que se garantizará el cumplimiento de obligaciones clave como el pago de salarios, jubilaciones, medicamentos, subsidios al transporte y compromisos con empresas constructoras, además de la continuidad de programas sociales como Hambre Cero y Adultos Mayores

El ajuste se da en un contexto de presión sobre las finanzas públicas, explicado principalmente por dos factores: el comportamiento del tipo de cambio y la desaceleración de la recaudación tributaria.

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Por un lado, el tipo de cambio del dólar se ubica actualmente en torno a G. 6.500, por debajo de los G. 7.800 previstos en el PGN 2026. Esta diferencia reduce la cantidad de guaraníes que el Estado obtiene por los ingresos en dólares, afectando directamente su capacidad de gasto.

“Esto representa aproximadamente USD 100 millones menos para este año. El valor de los dólares que recibimos hoy se traduce en menos guaraníes, lo que nos obliga a ajustar el nivel de gasto respecto a lo inicialmente previsto”, explicó Fernández Valdovinos a la 1080 AM.

A este escenario se suma una recaudación tributaria por debajo de las expectativas. El presupuesto contemplaba un crecimiento del 8 % en los ingresos administrados por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), pero, según el titular del MEF, actualmente la recaudación se mantiene prácticamente sin variación.

“Esperábamos un incremento en la recaudación que no se está concretando, lo que implica unos USD 440 millones menos de ingresos para el Tesoro”, indicó.

En conjunto, ambos factores representan una merma entre USD 550 y USD 600 millones en los recursos disponibles para este año. Ante este escenario, el Ejecutivo optó por reordenar el gasto, concentrando los recursos en áreas prioritarias y ajustando aquellos rubros considerados no esenciales, que representan una porción menor del presupuesto.

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