En el inicio de la primavera, el 21 de setiembre, la estación caracteri­zada por la floración y el rever­decimiento de plantas y árboles, se recuerda de manera especial a la pobla­ción joven del país, con el Día de la Juven­tud. Este componente importante de la población del país adquiere suma relevan­cia porque contribuye en el presente con su activa participación social y porque pro­pone nuevos proyectos para lo que vendrá en el futuro.

De acuerdo con los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE), una cuarta parte de todos los que habi­tan el Paraguay son personas que tienen entre 15 y 29 años de edad.

Este grupo de personas representa el 24,7 % de la población total del país y está contribuyendo fuertemente a la socie­dad paraguaya con su presencia actual y con lo que están comenzando a aportar de cara al porvenir.

Pocos países del mundo tienen una per­sona joven por cada cuatro habitantes, como es el caso de Paraguay.

Lo que hace esperar que la contribución juvenil sea de extraordinaria importan­cia en todos los ámbitos de la vida del país. Los hechos de nuestra realidad indi­can que el aporte de los jóvenes no es para el futuro, para lo que se espera en el por­venir.

Su contribución ya es muy alta en la actualidad, ya que el 60 % de los jóvenes de entre 15 y 29 años realizan actividades económicas y están formando parte de la población ocupada. Este porcentaje de jóvenes que está activando en la econo­mía demuestra que la mayoría de las chi­cas y muchachos de nuestra sociedad está contribuyendo fuertemente en la vida económica y en el crecimiento de nuestra nación.

Las últimas estadísticas del INE mues­tran que la cantidad de jóvenes es de 1.500.000 individuos, con una mayoría de varones, 50,7 %. Las mujeres llegan al 49,3 % de ese grupo.

La mayor parte de la población juvenil vive en los pueblos y ciudades, el 74 %, en tanto que los que residen en las áreas rurales son apenas el 26 % del total. Lo que se explica teniendo en cuenta que muchos jóvenes que estudian necesitan residir en las zonas urbanas por su cerca­nía a las instituciones educativas.

Un detalle importante es que más de la mitad de los jóvenes de 15 a 24 años, el 52,6 % concurre a una institución de enseñanza formal. El porcentaje de jóve­nes que estudia es más alto en las zonas urbanas, donde el 54,7 % va a clases frente al 46,3 % de las zonas rurales.

El avance contra la pobreza es otro tópico de importancia, ya que el último censo llevado a cabo en el 2025 demostró que la lucha contra ese problema está teniendo buenos resultados, ya que solo el 14,4 % de los jóvenes se hallaba en situación de pobreza. Había más pobres en las zonas campesinas, con un 21,2 % comparado con las urbanas donde se encontró solo un 12,0 % en la población pobre.

Teniendo en cuenta el área de la salud, la encuesta realizada el año pasado mues­tra que 1 de cada 4 jóvenes tiene algún tipo de seguro médico vigente, ya sea en el IPS o en sanatorios privados. El estudio señala que solo el 24,9 % de los jóvenes de entre 15 y 29 años está asegurado, lo que demuestra que la mayor parte de ese grupo poblacional no tiene la cobertura que se requiere.

Los datos estadísticos muestran el ver­dadero rostro de la situación de los jóve­nes. Lo más resaltante son los avances de extraordinaria importancia, como la alta participación juvenil en la actividad eco­nómica.

Que 6 de cada 10 jóvenes estén operando en la actividad económica es una cifra para ponerse contento, por lo que hay que seguir incluyendo a los jóvenes en el tra­bajo y la producción.

Un reto relevante es que la mayor parte de los jóvenes no tiene seguro médico. Ante esta realidad se debe actuar con nuevas propuestas y más facilidades para los servicios de salud. La formalización laboral que está teniendo un buen avance ayudará a aumentar los asegurados al IPS, lo que debe continuar con la contri­bución del sector privado y las directivas del Ministerio de Trabajo y otros orga­nismos estatales. La ciudadanía aguarda nuevas soluciones.

La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) informó sobre un encuentro mantenido con instituciones del sector público para agilizar el pago de intereses originados de la deuda que mantiene el Estado con las empresas contratistas.

La cita congregó a representantes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Cavialpa y la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco). La reunión estuvo orientada a fortalecer los mecanismos para el procesamiento y pago de intereses moratorios correspondientes a certificados de obras.

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El encuentro tuvo como eje la coordinación de los procedimientos necesarios para que las solicitudes puedan ser tramitadas con mayor agilidad y sin reparos, facilitando la articulación entre las distintas instituciones involucradas.

Actualmente, la cartera de Obras dispone de un procedimiento específico para la presentación y gestión de estas solicitudes, que contempla su registro en el Sistema de Información de Contrataciones y Ejecución de Obras (SICOE).

La articulación entre las instituciones del Estado y los gremios del sector privado permite identificar puntos de mejora, unificar criterios y acompañar la implementación de soluciones para las empresas constructoras, valora la publicación de Cavialpa.

La Ley N.º 7699/2026, “Que autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”, fue sancionada y promulgada en el pasado mes de agosto. En el marco de dicha normativa, el MOPC habilitó el procedimiento para la presentación de Solicitudes de Pago en Concepto de Intereses Moratorios correspondientes a certificados de obra, a ser presentadas por proveedores, contratistas y firmas de fiscalización a través de la Mesa de Entrada Única (MEU) del Ministerio.

Desde inicios de este año, las empresas contratistas comenzaron a demandar el pago de la deuda, reconocida por el Estado de unos USD 220 millones, además de los intereses, de unos USD 100 millones, según el sector vialero.

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La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) reafirmó su postura técnica respecto a la aplicación de la normativa regulatoria vigente, tras participar de una nueva reunión con el presidente de la República, Santiago Peña, y autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP). El encuentro dio continuidad a la reunión mantenida la semana pasada con el Consejo de Administración del gremio.

Durante la reunión, Asoban presentó una nota formal en la que destacó la importancia de garantizar una aplicación transparente y consistente de las normas regulatorias, al considerar que estos criterios son fundamentales para proteger los depósitos e inversiones del público y del sector público.

El gremio sostuvo que la aplicación uniforme de las normas permite contar con información comparable y confiable, en línea con los principios que rigen la supervisión financiera. La posición fue planteada en el marco de los recientes pedidos de informes realizados por el Poder Legislativo al BCP. El presidente del BCP, Carlos Carvallo, señaló que los equipos técnicos de la institución y de la Superintendencia de Bancos trabajan en las respuestas solicitadas dentro de lo establecido por la ley.

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Uno de los principales puntos señalados por Asoban fue la necesidad de que el BCP y la Superintendencia de Bancos (SIB) ejerzan las funciones que les asigna la ley con autonomía técnica. Para el gremio, esta independencia constituye un elemento esencial para preservar la estabilidad, la credibilidad y el fortalecimiento institucional del sistema financiero.

“Asoban subrayó que espera que las funciones y responsabilidades que la ley otorga al BCP y a la Superintendencia de Bancos (SIB), como órganos encargados de resguardar la solvencia del sistema financiero y la seguridad de los depósitos en general, sean ejercidas con la autonomía técnica que la ley les reconoce, pilar esencial para la estabilidad, credibilidad y fortalecimiento institucional del sistema financiero”, se lee en el comunicado de Asoban.

La presidenta ejecutiva de Asoban, Liz Cramer, valoró además la instancia de diálogo abierta con el Ejecutivo y el regulador, y señaló que las instituciones mencionadas en los pedidos de informes están preparadas para responder a los requerimientos de información.

Asoban reafirmó finalmente su compromiso de actuar con rigurosidad técnica, profesionalismo y responsabilidad institucional, y de participar en espacios de diálogo que contribuyan a fortalecer la confianza pública y garantizar una aplicación transparente y consistente de la regulación financiera.

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El ingeniero Francisco Griñó Guillén, miembro de Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), instó a seguir invirtiendo en el dragado de los ríos y el mejoramiento de las rutas y caminos. El directivo considera indispensables para dar previsibilidad al movimiento de cargas y mantener la navegabilidad durante todo el año.

Sostuvo, que tanto el dragado permanente de los ríos y mejores caminos de acceso son fundamentales para un país mediterráneo como es Paraguay. Señaló que el desarrollo de la infraestructura portuaria paraguaya en las últimas dos décadas a lo largo de los ríos Paraguay y Paraná estuvo impulsado principalmente por inversiones privadas. Además, la mayor parte de las cargas del país opera a través de puertos privados.

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Sin embargo, el Ing. Griñó resaltó que esta expansión requiere de obras públicas que garanticen el movimiento de las mercaderías por agua y su conexión con la red terrestre. “El Estado debe acompañar más la inversión. Tiene que ser partícipe y darle el apoyo que necesitan las terminales portuarias, con caminos y dragados”, afirmó.

El ingeniero, con experiencia en la construcción y administración de puertos, explicó que las condiciones de navegación y los accesos terrestres forman parte de una misma cadena logística. “En el caso del río, es la autopista más importante del Paraguay. El 80 % o 90 % de la carga del país, de importación y exportación, pasa por los ríos”, expresó.

Griñó señaló que uno de los principales desafíos es garantizar la continuidad del dragado. El ingeniero mencionó que actualmente existen tres contratos para realizar estos trabajos, pero sostuvo que el mantenimiento de los canales debe responder a una planificación permanente.

“Hay que hacer un programa de dragado y hay que cumplir ese programa de dragado. Si hay un inconveniente, no se puede solucionar en cuestión de días. A veces lleva meses”, explicó.

A su criterio, esperar una bajante pronunciada para iniciar los trabajos reduce la capacidad de respuesta y expone al comercio exterior a retrasos que podrían evitarse mediante intervenciones anticipadas.

La navegación también depende del mantenimiento de los tramos del río Paraná que se encuentran bajo jurisdicción argentina. En ese sentido. Griñó planteó la necesidad de mejorar la coordinación sobre las aguas compartidas para que el país vecino realice las tareas correspondientes en su territorio.

Por otra parte, señaló que la necesidad de infraestructura no se concentran únicamente en los ríos, ya que el traslado de las cargas desde las zonas productivas hasta las terminales depende casi totalmente de la red vial, tanto rutas como caminos vecinales, explicó el profesional. “Nosotros no tenemos ferrocarril y eso hace que el transporte que alimenta a los puertos sea terrestre”.

Indicó que esta dependencia aumenta la presión sobre las rutas y exige caminos capaces de soportar un tránsito intenso de camiones durante todo el año. “Necesitamos caminos de todo tiempo para asegurar los accesos, sobre todo rutas en buenas condiciones, por la intensidad que genera el tráfico de las cargas”, manifestó.

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