• Ciudad del Este. Agencia Regional.

La integración regional, el liderazgo femenino en el mundo de los negocios y las experiencias de éxito fueron los tres aspectos que marcaron la jornada de ayer en la 16.ª Expo Paraguay Brasil, organizada por la Cámara de Comercio Paraguay Brasil (CCPB), en el marco del Paraguay Business Week 2025. El evento, que reunió a más de cinco mil participantes, culminará este miércoles con su tercera jornada.

Como punto alto de la interacción cada vez más consolidada con el estado brasileño de Paraná, dentro de la Expo fue firmado un convenio de cooperación con el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas - Sebrae Paraná.

El presidente de la CCPB, Fabio Fustagno, destacó la importancia de la misión empresarial de Paraná, la más numerosa de esta edición. “Este tipo de convenios son muy importantes para la Cámara. Para eso trabajamos, para crear beneficios reales para nuestros asociados y fortalecer las relaciones bilaterales”, señaló Fustagno.

En ese marco, también fue desarrollado el panel denominado: “Esto es Foz”, donde referentes de gremios empresariales expusieron sobre los puntos altos de la ciudad, pero sobre todo su pertenencia a una sola región y un solo destino con Paraguay.

Danilo Vendruscolo, presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Foz de Iguazú (Acifi), sostuvo que Foz de Iguazú y Ciudad del Este son parte de una única región entre dos países, que debe ser mirada como tal.

Otro panel dentro de la Expo Paraguay Brasil abordó en la segunda jornada sobre los “Casos de Éxito”, donde tres empresas de distintos sectores compartieron su experiencia de inversión en Paraguay: una fábrica de alimentos para mascotas bajo régimen de maquila, una tradicional compañía del sector harinero y de pastas con más de 40 años de presencia en el país, y una firma de reciclaje de baterías que se posicionó en un rubro con características complejas.

El director de la CCPB, Óscar Mersan, resaltó el valor de estas experiencias: “Todos coincidieron en el mismo consejo: que no tengan dudas de invertir en Paraguay, es un país recomendado, con gente buena, seguro y rentable. Escuchar al sector privado es fundamental para que otros puedan materializar su inversión”.

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“Mujeres líderes que dejan huellas en el mundo empresarial” tuvo su propio espacio ayer con tres referentes que compartieron sus trayectorias, desafíos y aprendizajes. Con Raquel Dentice, directora del Club de Ejecutivos del Paraguay, como moderadora, las invitadas dejaron claro que las mujeres pueden superar barreras y desatacarse en el mundo de los negocios.

Estefanía Laterza, representante del CAF en Brasil; Chiara Capdevila, directora propietaria de la industria Cardeplast S.A. y fundadora de otras empresas; Stella Guillén, presidente de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), por el sector público, y Tatiana Murza, presidente de Fujikura Automotive de Ciudad del Este, compartieron sus experiencias como mujeres destacadas en sus respectivos rubros de negocios y en los gremios.

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Para Estefanía Laterza, “una economía que se quiere desarrollar necesita de toda su fuerza laboral, y en ese grupo hay muchas mujeres capacitadas. Este tipo de espacios ponen de relieve conversaciones que a veces no tenemos, y permiten proyectarnos como sociedad hacia un futuro más inclusivo y sostenible”.

Con más de 200 expositores, la Expo Paraguay Brasil se consolida como la mayor plataforma de integración económica entre Paraguay y Brasil. La agenda diaria incluye conferencias, networking y nuevas alianzas estratégicas, confirmando que el evento es un motor de oportunidades para empresas y emprendedores de ambos países, destacan sus impulsores.

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó este lunes los decretos por los cuales promulga las nuevas leyes de inversión, maquila y producción con las que se podrá fortalecer el ecosistema económico e impulsar sectores como la industria, el turismo y el acceso al crédito productivo.

“Estas tres leyes representan más trabajo, más empleo”, afirmó el jefe de Estado durante la apertura del Paraguay Business Week 2025, que se desarrolla durante el evento Alto Paraná Invest Forum, en Ciudad del Este.

Este paquete de nuevas legislaciones incluye el “Régimen de Incentivos Fiscales para la Inversión Nacional y Extranjera”; la actualización del “Régimen de Maquila” y la “Política Nacional para la Producción y el Ensamblaje de Equipos Eléctricos, Electrónicos, Electromecánicos y Digitales”, normativas que modernizan el marco industrial y económico del país.

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En la oportunidad, Peña aseguró que estas nuevas legislaciones permitirán una mayor y mejor integración en la región. “Estas leyes no buscan sacar empleos de Brasil y de Argentina; con esto se quiere traer empleos de Asia y de Europa para nuestra región, el desarrollo del Paraguay se hace con Brasil y Argentina”, afirmó.

El mandatario comentó que dichas propuestas tuvieron un intenso debate al interior del Poder Ejecutivo y en ese sentido, agradeció a los ministerios de Economía e Industria y Comercio por el trabajo realizado, así como el apoyo por parte del Parlamento, “que entendió la responsabilidad y la oportunidad” que representaban las mismas.

Este paquete de leyes busca el crecimiento económico con la modificación de los incentivos vigentes de los regímenes, además de la creación de un marco favorable para el ensamblaje local de productos tecnológicos como electrodomésticos, celulares y otros, con el fin de diversificar la matriz productiva y atraer industrias de alto impacto en la generación de empleo, resaltaron desde el Ejecutivo.

El titular del Poder Ejecutivo enfatizó que la industria es la que permite alcanzar niveles altos de ingreso y de desarrollo. “Ahí es donde los paraguayos estamos decididos a ir, en apoyar a esos patriotas que deciden endeudarse a largo plazo, contratar y generar esas inversiones”, añadió.

Sobre el punto, el jefe de Estado señaló que el Paraguay proyecta una visión de desarrollo hacia el mundo. “Queremos ser protagonistas y promover proyectos de integración”, alegó finalmente.

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El presidente de la República, Santiago Peña, afirmó que el cumplimiento del déficit fiscal del 1,5%, tal como se contempla en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, es una muestra de la responsabilidad con las futuras generaciones, a fin de que el país siga teniendo estabilidad económica para la creación de fuentes de trabajo.

“Si nosotros administramos adecuadamente los recursos públicos, en el futuro los paraguayos van a tener también una estabilidad económica garantizada”, afirmó el presidente este martes, tras el cumplimiento del tope establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en el presupuesto enviado esta semana al Congreso.

En cambio, “si nosotros somos irresponsables y simplemente, por el momento político que estamos viviendo, salimos a gastar más de lo que puede el país, esto va a descomponer la economía del Paraguay, que ha sido una de las grandes fortalezas a lo largo de los últimos 20 años”, enfatizó.

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El tope del déficit fiscal del 1,5% había sido establecido por primera vez mediante la LRF promulgada en 2013, el cual se cumplió plenamente hasta el 2018.

Peña recordó que en el gobierno del 2018 a 2023, durante los cinco años, no se cumplió con el déficit fiscal, y que la actual administración en 2023 heredó un déficit fiscal que había llegado al 6 %. “El déficit ya estaba en 4 % cuando asumimos, gradualmente fue bajando y nuestro compromiso era retornar al cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal”, explicó Peña.

Destacó que durante este gobierno, el año pasado se cerró con un déficit del 2,6 %, y que este año se prevé cerrar con un déficit del 1,9 %. Para el 2026, luego de siete años, el presupuesto presentado al Congreso vuelve a cumplir con un déficit fiscal del 1,5% del PIB.

“Parecería ser un número frío, deshumanizado, pero realmente este es el compromiso con las futuras generaciones del Paraguay, para que este país siga siendo un país de estabilidad económica que permita generar empleo”, reiteró el presidente Peña.

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• Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

A dos años de su gobierno, el mandatario Santiago Peña, impulsó una serie de proyectos de leyes que refuerzan su compromiso con los paraguayos en la búsqueda del resurgir de un gigante. Con un acompañamiento mayoritario en el Congreso Nacional y el respaldo total de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el economista ha podido avanzar en la consolidación de sus políticas públicas sin enfrentar grandes dificultades ni oposiciones significativas.

En el paquete de leyes impulsado por el Poder Ejecutivo, que apuntan a generar beneficios en el corto, mediano y largo plazo en la vida del país, se encuentra el programa Hambre Cero en las Escuelas, que tiene como finalidad garantizar la alimentación de los niños más vulnerables, combatir el ausen­tismo y la deserción escolar, promoviendo el bienestar integral de los estudiantes y sus familias.

La histórica política de Estado ha tenido un impacto significativo en la educación, la nutrición infantil y la economía local. Es implementada en las escuelas públicas y subvencionadas del Paraguay, y proporciona diariamente el desayuno, almuerzo y merienda. La cobertura a nivel nacional beneficia a 1.050.000 niños que estudian en las más de 7.000 instituciones educativas del país.

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Otra de las leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo que impacta fuertemente en el campo social, es la que establece la Pensión Universal para Adultos Mayores, que ya llegó a 340.000 beneficiarios, 40.000 más que en el año 2023, con un nuevo sistema de cobro directo con cédula de identidad que eliminó los censos discriminatorios.

La ley establece que todo ciudadano paraguayo con al menos 5 años de residencia o extranjero con al menos 30 años también de residencia permanente, mayor de 65 años de edad, recibirá una pensión mensual no menor al 25 % del salario mínimo legal vigente, el cual será reajustado automáticamente, conforme a la variación del mismo. Las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de personas con Discapacidad, podrán acogerse a los beneficios de la ley a partir de los 60 años de edad. Para las comunidades indígenas la pensión será universal a partir de los 55 años de edad.

La normativa de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil es una de las grandes reformas que son impulsadas por Peña y tiene como fin construir una administración pública más eficiente y justa. Esta nueva ley establece un marco jurídico que define reglas claras, garantiza el ingreso por mérito, promueve evaluaciones objetivas y fomenta la transparencia.

Con su vigencia se deja atrás las debilidades de la derogada ley 1626/2000 de la Función Pública y consolida un sistema que garantice eficiencia, transparencia y, sobre todo, un mejor servicio para la ciudadanía.

La ley se aplica a todas las instituciones públicas, respetando la autonomía constitucional de los órganos del Estado y las carreras especiales definidas por la Constitución Nacional y sus leyes reduce la cantidad de cargos de confianza en las instituciones, limitándose a las direcciones de Administración y Finanzas, de Asesoría, de Gabinete y Secretaría General. Los demás cargos directivos deberán ser concursados.

Entre los principales aspectos de la normativa figuran: la premiación de la meritocracia para profesionalizar la función pública mediante concursos y evaluaciones, se reconoce la vigencia de las carreras especiales como la carrera docente, médica, enfermería, entre otros.

A la vez, otorga un régimen y protección legal a los contratados, siempre y cuando estos ingresen por concurso de méritos. Dispone además un ascenso vertical y horizontal de los funcionarios públicos que acrediten los méritos exigidos de manera a premiar a quienes estén mejor preparados para servir y se crea un régimen de directivos públicos que definen estándares para prestar un servicio público de calidad.

La reforma del sistema previsional es otra de las leyes que fueron impulsadas por el economista para garantizar la sostenibilidad del Instituto de Previsión Social (IPS). Entre las principales medidas de la norma figuran la ampliación del periodo de referencia para jubilaciones, el cual se extiende a los últimos 120 meses (10 años), lo que permitirá reflejar con mayor precisión el esfuerzo contributivo de los aportantes, evitando distorsiones provocadas por picos salariales atípicos.

También establece el incremento del fondo de salud en el que se reasignará un 0,5 % del fondo de administración y el 2,5 % destinado al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, aumentando el fondo de salud en un 3 % (aproximadamente USD 125 millones). Este ajuste permite atender eficientemente las demandas de los asegurados.

Asimismo, mediante la Escribanía Mayor de Gobierno estipula la regularización de las propiedades del IPS que actualmente carecen de documentación legal, con el fin de fortalecer su patrimonio institucional.

Otra de las reformas concretadas por el presidente Peña guarda relación con el fortalecimiento a las micro, pequeñas y medianas Empresas (mipymes). La norma fomenta formalización y contribuye al desarrollo económico del país. Con la ley se han simplificado los trámites de formalización de las empresas y se han reducido los costos, permitiendo que registrar un negocio sea rápido, sencillo y accesible.

Los contratos flexibles son una herramienta clave de la ley, que permite a las micro y pequeñas empresas avanzar hacia la formalidad, asegurando beneficios para empleadores, y trabajadores. A la vez se crea una base de datos unificada de microempresas formalizadas y permite el acceso automático a la cédula Mipymes, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, la DNIT y el IPS. Estas acciones concretas apuntan a la incorporación de alrededor de 492.238 mipymes al Registro Nacional de Mipymes actualizado (Renamipymes).

La ley facilita el acceso a financiamiento, a través de créditos, promoviendo así la inclusión financiera, en conjunto con el Banco Central del Paraguay. Establece el fortalecimiento y reestructuración del Fondo Nacional para Mipymes, con hasta 15 mil salarios mínimos y otros recursos para atender necesidades de capital operativo, inversión productiva y cooperación técnica.

Impulsa también la capacitación, asistencia técnica permanente y el desarrollo empresarial, promoviendo la iniciativa privada, los agentes y los centros, con el apoyo de Sinafocal, MEC, Conacyt, Snpp, Mitic. Además, permite la sustitución de multas por programas de capacitación, en caso de sanciones leves.

Peña también impulsó la reforma que actualiza y moderniza la ley de Alianza Público-Privada. La ley busca incrementar la participación estatal en pro­yectos de iniciativa privada para infraestructura y ser­vicios públicos.

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En el abanico de leyes que fueron propuestas por el Ejecutivo figura la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y tiene como objetivo principal regular y supervisar los recursos financieros de las entidades de jubilaciones y pensiones, tanto públicas como privadas, del país.

Su función es asegurar que las inversiones cumplan con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad necesarios para cubrir las futuras pensiones. Mediante su vigencia se constituyó un órgano que supervisa la administración de los recursos financieros y no financieros de las ocho cajas de jubilaciones existentes.

Las cajas que serán controladas por la Superintendencia corresponden a:

• IPS
• la Caja Fiscal
• la Caja Municipal
• la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Ande
• la Caja de Itaipú
• la Caja Ferroviaria
• la Caja Parlamentaria
• la Caja Bancaria

El Gobierno impulsó también la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), mediante la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). La unificación es beneficiosa no solo para las recaudaciones tributarias sino también para mejorar los controles y procesos con una sola cabeza al frente, además de las informaciones que se compartirán entre las instituciones.

Peña también propició la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la unificación del Ministerio de Hacienda y de las secretarías Técnica de Planificación (STP) y de la Función Pública (SFP), con el fin de reorganizar la estructura del Estado, volverlo más ágil y moderno, con un uso eficiente de los recursos.

El MEF tiene como principales funciones formular y definir la política económica nacional, la política fiscal, las políticas de endeudamiento externo e interno y de desarrollo nacional sostenible, entre otras.

Bajo el mandato de Peña también fue creado el Registro Unificado Nacional (RUN), con la finalidad de lograr un régimen inmobiliario efectivo, coordinado e integral para brindar una solución definitiva a la problemática de la tierra en Paraguay. Para su creación se unificó a la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el l Departamento de Agrimensura y Geodesia.

Con el RUN se plantea dar solución a dos grandes problemas con la titulación de inmuebles. El primero es la superposición de títulos inmobiliarios, lo que hace que muchas veces un mismo inmueble tenga dos o varios títulos. Esta situación genera un caos que afecta la propiedad y la seguridad jurídica del país si no se detiene. Y el segundo problema es la complejidad de los trámites.

La Ley de Transparencia y Anticorrupción, también forma parte del paquete de leyes promovidas por Peña. Fija un régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con el objetivo de fortalecer la lucha contra este flagelo que afecta a la sociedad paraguaya.

El régimen de integridad involucra tanto al sector público, privado y la sociedad civil. Uno de los componentes clave de esta ley es la gestión de denuncias ciudadanas, que se llevará a cabo a través de un portal digital. Los denunciantes podrán optar por dos modalidades: el denunciante proporciona su información personal, que estará encriptada y solo será accesible bajo ciertas condiciones legales o bien proporciona sus datos personales, que serán visibles para los funcionarios encargados del trámite.

Crea también el Consejo Nacional Anticorrupción que estará compuesto por representantes del Gabinete Civil de la Presidencia, el Poder Legislativo, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Su función será coordinar estrategias nacionales y fomentar acuerdos en torno a medidas innovadoras para mejorar la integridad en el ámbito público.

El Ejecutivo también impulsó la ley que establece medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas. La norma surgió con la finalidad de reactivar sectores claves para nuestra economía ante las múltiples deudas heredadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez, especialmente en los sectores de la salud y la construcción. La ley autorizó la emisión de bonos por hasta USD 600 millones para saldar el adeudo.