La calificadora Moody’s emitió un informe sobre el impacto de la resolución de ueno bank en el sistema financiero paraguayo, los riesgos para los depositantes, la competencia entre entidades y el marco regulatorio.

Según indicó Bloomberg Línea, la calificadora consideró que el caso pondrá a prueba la capacidad de las autoridades para gestionar la resolución de un banco de tal tamaño. A septiembre de 2026, ueno concentraba el 9 % de los depósitos y el 8 % de los préstamos del sistema.

Uno de los principales riesgos identificados apunta a los depósitos que exceden la cobertura del seguro. “Aunque el Banco Central del Paraguay indicó que el 97 % de los depositantes estaría completamente cubierto, solo el 30 % del valor de los depósitos de ueno se encontraba dentro del límite de garantía”, menciona el informe.

No obstante, la calificadora consideró que los bancos cuentan con posiciones de capital suficientemente sólidas para absorber eventuales exigencias adicionales. A septiembre de 2026, el capital regulatorio del sistema equivalía al 17,1 % de los activos ponderados por riesgo.

Asimismo, indicaron que, pese al deterioro de la calidad de los préstamos al consumo, los créditos problemáticos representaban el 2,5 % de los préstamos brutos, frente al 2,1 % de diciembre de 2025, y estaban cubiertos en un 113 % por reservas.

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En ese sentido, también plantearon que el caso podría llevar al BCP a endurecer los requisitos de capital y acelerar la adaptación de la regulación paraguaya a los estándares de Basilea III.

Asimismo, advierte que esos acreedores deberán reclamar contra los activos residuales del banco y que su recuperación es incierta. Por eso, la calificadora señala que algunos depositantes, incluidas empresas, podrían afrontar demoras o pérdidas.

La crisis también podría alterar la competencia por los depósitos, y en ese sentido, Moody’s espera que, tras la salida de ueno se moderen los costos de financiamiento del sector, luego de tres años de intensa competencia por captar fondos, impulsada en parte por el crecimiento de la entidad.

Por otro lado, agregaron que Itaú, Continental, Sudameris y GNB aparecen entre los principales beneficiarios potenciales. Los cuatro bancos reúnen alrededor del 60 % de los depósitos del sistema y serían los más favorecidos por una eventual reasignación de fondos.

En cuanto al riesgo de contagio, Moody’s consideró que podría mantenerse acotado si el proceso se desarrolla de manera rápida y ordenada. La calificadora estimó que el impacto sobre la economía real sería modesto y temporal.

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La Cámara de Comercio Paraguayo Americana (Amcham) y gremios del sector productivo e industrial comunicaron su seguimiento permanente a los acontecimientos relacionados con el inicio del proceso de resolución y cese de operaciones de ueno bank, manifestando que los mecanismos de revisión deben conducirse con estricto rigor técnico y transparencia.

En un comunicado emitido este miércoles, la Amcham señaló que la estabilidad y credibilidad del sistema bancario son condiciones esenciales para garantizar la continuidad de la cadena de pagos, el acceso al crédito del sector productivo y la confianza de los mercados.

“La solidez del Estado de derecho reposa en la clara delimitación de responsabilidades conforme a las normativas que regulan el sistema financiero”, mencionaron, enfatizando que la confianza de los ahorristas e inversionistas constituye el activo más valioso de la economía.

Asimismo, pidieron que en salvaguarda de la fe pública las decisiones de gestión se evalúen bajo los más altos estándares de gobernanza corporativa y, además, los recursos del erario público quedar debidamente preservados.

“Resulta indispensable que los mecanismos de resolución y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) operen con máxima celeridad, precisión y estricto apego a la Ley General de Bancos, asegurando la protección íntegra de los fondos y evitando incertidumbres operativas en el mercado”, indicaron.

La credibilidad del Paraguay en los mercados internacionales, incluyendo las operaciones de deuda regidas bajo jurisdicciones globales como la del Estado de Nueva York, se fundan en el respeto a la seguridad jurídica y a la confianza de los inversionistas.

Por ello, un tratamiento claro, técnico y apegado a derecho en la resolución de estos compromisos es crítico para resguardar la reputación crediticia del país y no encarecer el costo del financiamiento para el sector productivo nacional, reza el comunicado.

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Por su parte, la ARP compartió su rechazo al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que autorizó al BCP a ampliar la garantía del FGD para cubrir la totalidad de los fondos públicos depositados en ueno bank.

“El FGD se constituye con aportes del sistema financiero y existe con un único fin: proteger los ahorros de los depositantes dentro de los límites que fija la ley. Apoyamos que se pague de inmediato a los ahorristas de ueno conforme a esa cobertura”, indicaron.

Según la ARP, usar el remanente del fondo para devolver el total de los depósitos estatales no es una solución, sino que sería trasladar a todos los ahorristas del país, entre ellos miles de productores, el costo de decisiones que tomaron otros.

“Los fondos del IPS, de las cajas jubilatorias y de las entidades del Estado no llegaron solos. Alguien decidió concentrarlos allí. Esos recursos deben recuperarse de los bienes de quienes resulten responsables del perjuicio, y las responsabilidades deben determinarse y sancionarse”, mencionaron.

Por ello, solicitaron a los congresistas rechazar la ampliación de cobertura a los fondos públicos, garantizar el pago a los ahorristas dentro de la cobertura legal y exigir la recuperación de esos recursos.

La Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap) también se pronunció ante el escenario. El gremio se refirió al efecto que tiene sobre las empresas y los trabajadores del régimen de maquila, así como en la confianza en el sistema financiero del país.

“Varias de nuestras asociadas pagan salarios, cobran y cumplen con sus proveedores a través de esta entidad. Mientras sus servicios sigan suspendidos, hay trabajadores que no pueden disponer de su sueldo y plantas que deben sostener la producción y sus compromisos de exportación sin acceso a sus fondos”, explicaron.

La Cemap instó a las autoridades competentes a esclarecer los hechos con celeridad y a determinar las responsabilidades que correspondan. “Una resolución ordenada, que proteja los ahorros de la ciudadanía y sea rigurosa con los responsables, es la mejor señal que el país puede dar a la inversión productiva y al empleo formal que esta genera”, mencionó.

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Con más de 80 tripulaciones participantes, la edición 51 del Petrobras Transchaco Rally genera demanda para hospedajes, gastronomía, talleres, transporte y proveedores logísticos, mientras define a los campeones del automovilismo nacional.

Más que una competencia. El rugido de los motores en el Chaco paraguayo también se siente en la economía. El Petrobras Transchaco Rally 2026, uno de los eventos más esperados del deporte motor nacional, moviliza a aficionados, equipos mecánicos, turistas y empresas, con oportunidades para distintos sectores comerciales y de servicios.

La competencia comenzó el domingo 25 de octubre con la partida ceremonial en Luque y las pruebas de clasificación en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, en Capiatá. Fau Zaldívar obtuvo la pole position y el derecho de abrir caminos. La acción se trasladará ahora a la Región Occidental, con tres jornadas de carrera previstas para este viernes 30 y sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

Organizada por el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), la edición número 51 constituye además la séptima y última fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Rally 2026, por lo que definirá a los campeones de la temporada. De las 86 tripulaciones inscritas originalmente, 49 máquinas competirán por la clasificación general y los títulos nacionales, junto con participantes de las categorías Camionetas e Históricos.

Hoteles, gastronomía y servicios en movimiento. La llegada de visitantes y equipos genera una demanda adicional en alojamiento, gastronomía, comercio minorista y transporte, tanto en el Chaco como en zonas de influencia, entre ellas Luque y Capiatá. A esto se suma la actividad de talleres mecánicos, estaciones de servicio, proveedores de insumos y operadores logísticos que atienden las necesidades de las tripulaciones y sus campamentos.

El evento también abre espacios para las marcas comerciales, los patrocinadores y los medios de comunicación, que aprovechan la convocatoria para desarrollar acciones de marketing, promocionar productos y ampliar su alcance. La venta de indumentaria y kits especiales, junto con la cobertura mediática, forma parte del movimiento que acompaña a la competencia.

Esta dinámica impulsa además la contratación temporal de personal y la demanda de servicios vinculados con la organización, la asistencia técnica y la logística.

Un desafío de casi 2.000 kilómetros. El recorrido previsto para los autos del campeonato nacional y las camionetas comprende 1.980,96 kilómetros, de los cuales 504 kilómetros corresponden a velocidad cronometrada, distribuidos en 22 pruebas especiales. El itinerario incluye 159,93 kilómetros de competencia el viernes, 222,34 el sábado y 121,73 el domingo.

El trazado incorpora 51 variantes estratégicas en el sentido de los tramos y el orden de las pruebas. Las posibles precipitaciones también podrían modificar las condiciones del terreno y aumentar las exigencias para pilotos y equipos.

A más de 14 años del inicio del conflicto, la Justicia elevó a juicio oral y público la causa por la ocupación de tierras de Agroganadera Pindó, una decisión que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) calificó como un “avance significativo”.

El proceso penal afecta directamente a Jorge Mercado Méndez, imputado como uno de los principales dirigentes de la invasión de inmuebles de la firma agroganadera en el departamento de Canindeyú.

A través de un comunicado que dieron a conocer por redes sociales en la fecha, el gremio rural celebró la resolución del Juzgado de Garantías de Curuguaty que, tras un largo proceso de investigación iniciado en 2012, rechazó los incidentes planteados por la defensa y dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.

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“Esta decisión constituye un avance significativo en una causa iniciada en el año 2012, cuya prolongación durante más de 14 años evidencia la necesidad de fortalecer la protección efectiva de los derechos constitucionales”, remarca el comunicado.

Así también, la ARP instó a las autoridades a responder a las problemáticas sociales vía políticas públicas legítimas y no al margen de la ley. En el documento se señala que el artículo 109 de la Constitución Nacional establece categóricamente que “la propiedad privada es inviolable”.

Remarca que su respeto constituye “una garantía esencial del Estado de Derecho y una condición indispensable para la inversión, el trabajo y el desarrollo de la producción nacional”.

“Las reivindicaciones sociales deben encontrar respuestas mediante políticas públicas y procedimientos legítimos, sin que la ocupación de inmuebles o la comisión de hechos punibles puedan convertirse en mecanismos para adquirir o legalizar derechos de propiedad al margen de la Constitución y las leyes”, manifiesta una parte del escrito.

Asimismo, refiere que la seguridad jurídica exige mucho más que el reconocimiento formal de los derechos. “Requiere una actuación oportuna y eficaz de las instituciones del Estado, la prevención de hechos ilícitos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. La agricultura, la ganadería y la agroindustria necesitan estabilidad, previsibilidad y garantías para desarrollar inversiones que generan empleo, riqueza y oportunidades para el Paraguay”, expresa en su pronunciamiento.

Resalta además que, la apertura a juicio oral constituye un avance procesal y no una declaración de culpabilidad; teniendo en cuenta que las responsabilidades deberán determinarse con pleno respeto al debido proceso.

De esa manera el gremio señala que es fundamental el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, sin excepciones ni actuaciones al margen de la ley, con pleno respeto a la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados, el Código Civil, el Código Penal y demás disposiciones legales aplicables, conforme al orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional.

“En esencia, no se solicita un trato particular ni una intervención política, sino que el Poder Judicial cumpla con sus funciones constitucionales, garantizando la independencia judicial, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la correcta administración de justicia”, remarca el comunicado.

Finalmente, exhorta a los poderes del Estado a garantizar la protección efectiva de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las actividades productivas puedan desarrollarse dentro de un marco de legalidad y paz social.

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