En un comunicado a la opinión pública, ante la serie de declaraciones del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFYM) propaladas en diversos medios de comunicación, el Centro de Maquinistas Navales pone a conocimiento de la opinión pública en general cuanto sigue:

Nos encontramos ante una campaña de manipulación de los medios masivos de comunicación por parte del CAFYM, donde bajo la apariencia de entrevistas informativas hay una campaña de publicidad tendenciosa y malintencionada con una única finalidad: la de elevar exponencialmente la oferta laboral en el sector naviero, particularmente en el área de máquinas, con la inocultable intención de reducir los ya mermados y desfasados salarios de los oficiales de máquinas calificados y habilitados conforme la legislación fluvial y marítima que actualmente se encuentran sin empleo y en condiciones de ser contratados.

Desde el Centro de Maquinistas Navales queremos ser bien claros: No existe escasez de mano de obra en el sector de máquinas en nuestro país. Esta nucleación cuenta con una lista de profesionales titulados e idóneos para cubrir las necesidades actuales y futuras del mercado laboral.

En su afán de sobrecargar el mercado laboral para forzar una disminución salarial, el CAFYM propone medidas completamente fuera de lugar, como la implementación de “cursos de nivelación” para ingenieros electromecánicos. Tal planteamiento desconoce un aspecto esencial de la carrera fluviomarítima: la formación de un maquinista naval no se limita a la preparación académica, sino que exige tiempo efectivo de navegación y el cumplimiento de los períodos mínimos requeridos para cada ascenso.

La idoneidad profesional en el área de máquinas se construye no solo en el aula, sino fundamentalmente a bordo, enfrentando contingencias reales y asumiendo progresivamente mayores niveles de responsabilidad. Pretender equiparar, mediante simples cursos teóricos, a profesionales que no cuentan con el tiempo de embarque exigido implica desconocer la naturaleza misma de la carrera naval y los estándares técnicos que la rigen.

Asimismo, corresponde señalar que la Prefectura General Naval establece los tiempos mínimos de embarque, experiencia y formación requeridos para cada ascenso conforme a las disposiciones de la Organización Marítima Internacional y, en particular, del Convenio STCW (Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar), Cualquier intento de acortar o eludir los tiempos de embarque y experiencia requeridos vulnera no solo la normativa nacional, sino también conveniosinternacionales.

A través de mucho sacrificio, formación profesional y años de embarque, los maquinistas navales paraguayos son considerados los más calificados de la Hidrovía Paraguay Paraná. Esta reputación ganada no tardaría en desmoronarse si por la avaricia de los armadores fluviales se habilita a personas que no conocen la actividad fluvial a dirigir el sector de máquinas de un remolcador.

El Centro de Maquinistas Navales no rehúye la competencia; su verdadera preocupación es la seguridad de tripulación, el buque y la carga transportada, lo que no está garantizado si se autoriza a embarcar a personas que a pesar de su formación como ingenieros desconocen por completo la actividad fluviomarítima por no contar con la pericia y experiencia necesarias para hacer frente a las numerosas contingencias propias de esta actividad tan particular.

De ahí que el resultado de la iniciativa del CAFYM impactará de manera negativa en la imagen de todo el sector y sobre todo elevará el riesgo de accidentes, contaminaciones y sanciones de otros países.

Todos los ingenieros electromecánicos que deseen dedicarse a la profesión de maquinista naval son bienvenidos a hacerlo; sin embargo, su ingreso debe cumplirse mediante el inicio en la carrera fluviomarítima; es decir, a través de los cursos en la escuela náutica e iniciando su carrera como personal subalterno, para luego ir ascendiendo progresivamente hasta llegar al grado de oficial de máquinas.

Únicamente esa experiencia acumulada es la que permitirá conocer a fondo las contingencias que se presentan día a día durante las travesías, garantizará la seguridad de la navegación y permitirá que Paraguay continúe enarbolando el título de país con los mejores maquinistas navales de la Hidrovía Paraguay Paraná.

Para finalizar, el Centro de Maquinistas Navales reitera y enfatiza que el ejercicio responsable de la libertad de prensa presupone dar espacio a todas las partes involucradas, incluso a aquellas que no compran espacios en los medios; no solamente a corporaciones poderosas que tan solo buscan desinformar a la opinión pública y a las autoridades para obtener saturar el mercado laboral del sector de máquinas con personas inidóneas para desempeñar esta actividad.

El viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, impulsa un proyecto de ley que busca crear un ente regulador del sector energético.

Explicó que el alcance de la iniciativa y dijo que la necesidad es imperiosa por varios motivos.

“Lo principal que nos impulsa para llevar esto es generar a partir del gasoducto bioceánico, que requiere de la implantación de estos ductos que requieren de nuevas leyes”, señaló al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Se precisa de un ente regulador que pueda dirimir los conflictos que puedan existir entre quienes instalan ese gasoducto y las condiciones técnicas dentro de las cuales se deben instalar.

“Entonces, esto nos llevó a que nosotros estemos en un proceso de reconversión de toda la ley de hidrocarburos. Eso lo venimos trabajando desde hace un buen tiempo y está financiado con la CAF como para poder generar una nueva ley de hidrocarburos y con su respectiva creación de ente regulatorio”, subrayó.

Dijo que se quiere dar tranquilidad a quienes inviertan en ese ducto.

“Y por otro lado, está el sector eléctrico, que genera una última ley que todos conocemos que se llama fomento de energías renovables en donde un espectro diferente y nuevo a lo que nosotros estamos acostumbrados. A partir de esta ley se abre la posibilidad de una compra de energía por parte de la Ande”, puntualizó.

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El sector de servicios cerró el 2025 con un aporte significativo a la economía nacional al generar 13.747 empleos formales, de acuerdo con datos difundidos por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a partir de la base del Registro de Prestadores de Servicios (Repse). La cifra reafirma el papel del rubro como uno de los principales sostenes del mercado laboral.

Según el informe, la estructura de la mano de obra presenta una marcada predominancia de trabajadores no calificados, que concentran el 64 % del total declarado, reflejando el peso de las tareas operativas dentro del sector. Este perfil responde a la naturaleza de muchas actividades de servicios, intensivas en empleo y con alta demanda de personal operativo.

No obstante, el Repse también evidencia un componente relevante de capital humano especializado. Los profesionales representan el 27 % de los trabajadores, desempeñándose principalmente en áreas administrativas, técnicas avanzadas y de gestión, mientras que los técnicos alcanzan el 9 %, cumpliendo funciones de apoyo y especialización intermedia.

En términos de origen de la fuerza laboral , los datos del MIC muestran que el 98 % de los empleos corresponden a trabajadores paraguayos, mientras que la participación de extranjeros se mantiene marginal, con apenas el 2 %, lo que resalta el impacto directo del sector servicios en la generación de empleo local .

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Por actividad económica, la mayor concentración de puestos de trabajo se registró en los servicios de importación de mercaderías (excepto despachantes de aduana), con 3.436 trabajadores, equivalentes al 25 % del total. Le siguieron los servicios de distribución de mercaderías al por mayor con 2.086 empleados (15,18 %), y los servicios de distribución al por menor con 1.923 trabajadores (13,99 %).

Completan el ranking los servicios generales de limpieza, que emplearon a 826 personas (6,01 %), y servicios de mantenimiento y reparación de bienes de consumo con 728 trabajadores (5,30 %), consolidando al sector servicios clave del empleo formal y de la actividad económica.

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Por: Sofía Céspedes

En 2025 el sector privado junto al público, celebró el primer Foro Energético Nacional, donde se expuso la realidad energética paraguaya y sobre todo, qué pasará en un futuro si no se toman medidas ni acciones claras ante la demanda de energía que crece año tras año.

En conversación con La Nación/Nación Media, el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Félix Sosa, precisó que a través del Plan Maestro de Obras se han trazado horizontes hacia el 2033 con la transmisión y distribución de energía y al 2043 con la generación de la misma.

Explicó que todo esto se centra en tres pilares estratégicos. Primero, la soberanía energética, para garantizar la capacidad técnica para retirar y distribuir el 100 % de la energía que corresponde al país en las binacionales Itaipú y Yacyretá.

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En segundo lugar, para diversificar y acompañar el crecimiento del consumo, integrando fuentes renovables no convencionales, con énfasis en energía solar, para reducir la vulnerabilidad ante la variabilidad del régimen hidrológico.

La seguridad y robustez es el tercer punto, porque busca fortalecer el sistema interconectado nacional mediante la expansión de la red de 500 y 220 KV.

Sosa abordó un tema crucial para que el plan maestro pueda llevarse a cabo: nuevas leyes. Mencionó que hoy Paraguay está comenzado su transición hacia una matriz mixta.

La ley 7452, que moderniza el régimen de Alianza Público-Privada (APP) y la recientemente promulgada ley 7599/25, de Modernización del Régimen de Generación de Energía Eléctrica a partir de Fuentes Renovables No Convencionales, buscan dinamizar la inversión en infraestructura, siendo probablemente esta última, el marco legal más transformador para el sector energético paraguayo en las últimas décadas.

“Acompañar el rápido crecimiento de la demanda eléctrica mediante un sistema modernizado y diversificado, garantizando la confiabilidad del suministro y tarifas competitivas, sin comprometer la sostenibilidad financiera del sector”, manifestó el titular de la Ande.

Dijo que para ello es fundamental continuar invirtiendo de manera sostenida en los sistemas de transmisión y distribución, con el objetivo de fortalecer la infraestructura, mejorar la calidad del servicio y reducir las pérdidas eléctricas.

“Resulta prioritario diversificar la matriz de generación de energía eléctrica para disminuir la exposición a riesgos climáticos y aumentar la resiliencia del sistema. Es necesario incrementar la capacidad de generación, para acompañar el crecimiento sostenido del consumo de energía eléctrica en Paraguay y asegurar el abastecimiento futuro”, finalizó.

Por su parte, el viceministerio de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, sostuvo en contacto con La Nación que este 2026 será un año clave desde el punto de vista regulatorio. El eje central estará puesto en ajustar y completar las normativas necesarias para acelerar la incorporación de nueva generación eléctrica, especialmente a partir de fuentes renovables no hídricas.

Entre ellas, se encuentra en etapa final la reglamentación de la ley de Fomento a las Energías Renovables no Hídricas, que permitiría dinamizar inversiones en solar fotovoltaica, así como la reglamentación de las pequeñas centrales hidroeléctricas y los permisos para productores de autoconsumo y cogeneración.

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Explicó que el objetivo es claro, facilitar la rápida instalación de nuevos megavatios, tanto para autoconsumo como para inyección de excedentes a la red, y acompañar los procesos licitatorios que llevará adelante la Ande. “Esto responde a una realidad concreta, la demanda eléctrica continúa batiendo récords y obliga a trabajar no solo sobre la oferta de energía, sino también sobre la gestión de la demanda”, expresó.

En ese contexto, Bejarano identificó a la energía solar fotovoltaica como la tecnología con mayor potencial de crecimiento en el corto plazo, por las condiciones climáticas del país, la facilidad de instalación y el costo relativo de la tierra.

Dijo que la experiencia ya se extiende incluso a proyectos sobre embalses, como en Itaipú. No obstante, remarcó que todas las fuentes de generación serán necesarias para responder a una demanda que seguirá creciendo de manera sostenida.

Otro eje central que mencionó es el autoconsumo y la generación distribuida, que muestra un fuerte impulso, especialmente en el Chaco. Industrias y comunidades ya instalan capacidad propia, utilizan residuos para cogeneración y venden excedentes a la red.

A esto se suma el potencial de los techos solares en hogares, comercios e industrias. Para acelerar este proceso, el viceministerio trabaja en créditos blandos, ajustes tarifarios y mecanismos que permitan repagos en plazos de seis a siete años, haciendo del autoconsumo una inversión atractiva y, al mismo tiempo, un alivio para el sistema interconectado nacional.

En materia de biomasa y bioenergías, el foco está en la implementación plena de la certificación de biomasa, obligatoria desde este año. El objetivo es garantizar trazabilidad, uso de biomasa reforestada y protección de los bosques nativos.

La exigencia comenzará con un 30 % de uso de biomasa certificada y avanzará gradualmente hasta el 100 %. En paralelo, se impulsa el uso de biocombustibles, aumentando las mezclas y fortaleciendo la seguridad energética, al tiempo que se promueve la expansión de la masa forestal como nuevo motor económico.

Finalmente, el gas natural aparece como pieza estratégica de mediano plazo. Bejarano recordó que hoy se prioriza el impulso a los proyectos de gasoductos, oceánico y sur, como incentivo a la exploración local y como fuente energética para la industria y eventualmente para la generación eléctrica.

“Esto se complementa con el trabajo en la integración gasífera regional con el Mercosur y Chile y con la preparación de un marco normativo específico”, expuso.

Igualmente, hizo énfasis en que este entramado regulatorio apunta a un objetivo transversal: brindar estabilidad, previsibilidad y reglas claras para atraer capital privado. La actualización constante de leyes, decretos y reglamentaciones, sumada a las licitaciones de la Ande como comprador garantizado de energía, busca posicionar a Paraguay como un destino competitivo para la inversión energética de cara al 2030.

Desde el sector privado advierten que Paraguay atraviesa una ventana decisiva para sostener su crecimiento económico más allá del 2030. Así lo planteó el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, a La Nación. Enfatizó que las proyecciones coinciden en un punto crítico, si no se toman decisiones en el corto plazo, el excedente eléctrico podría agotarse entre 2030 y 2032.

Desde la óptica industrial el desafío ya no pasa solo por la disponibilidad de energía limpia, sino por asegurar nuevas fuentes de generación, transmisión y distribución que acompañen la transformación de la demanda.

“Paraguay está viviendo un cambio estructural, con menor peso relativo de la criptominería y mayor protagonismo de la industria, los centros de datos, la inteligencia artificial y la economía digital, sectores altamente intensivos en energía”, dijo Duarte.

Entre los principales cuellos de botella, el titular de la UIP identificó la falta de certezas sobre la futura generación, la necesidad de seguir invirtiendo en redes eléctricas y la urgencia de diversificar la matriz, hoy fuertemente dependiente de la hidroelectricidad y expuesta a riesgos climáticos y altos costos de implementación.

A esto se suma la necesidad de un marco regulatorio moderno, con un organismo regulador y un operador del sistema que generen transparencia y atraigan capital privado.

En cuanto a los proyectos a acelerar, el sector privado apuesta por energía solar a gran escala, por su rápida implementación y complementariedad con las hidroeléctricas, además de avanzar en acuerdos para el acceso al gas natural, reactivar pequeñas centrales hidroeléctricas, evaluar sistemas de bombeo e, incluso, analizar opciones de reactores nucleares modulares.

Duarte advirtió que la demora en las decisiones es costosa: algunos equipos para centrales a gas hoy tienen plazos de entrega globales de hasta siete años.

De cara a 2026, la UIP espera que el Estado consolide este impulso con políticas de largo plazo, cumplimiento del plan maestro de la Ande, tarifas que hagan viables las inversiones, esquemas de financiamiento y una definición clara sobre el uso del excedente eléctrico, priorizando industrias que generen empleo, tecnología y valor agregado.

Para el sector privado, la energía puede convertirse en la principal plataforma de desarrollo industrial del Paraguay, siempre que las decisiones lleguen a tiempo.

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