El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) hizo oficial la designación de Lea Giménez como asesora de su Oficina de Presidencia. Según destacaron desde la institución, la economista paraguaya asume ahora el reto de avanzar en la ejecución de la agenda estratégica del organismo a fin de posicionar a la multilateral como el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo de la región.
En agosto pasado, Lea Giménez había anunciado su salida del cargo de jefa de Gabinete de la Presidencia de la República, a días de cumplirse un año de gestión del Gobierno de Santiago Peña. También renunció como consejera de la Itaipú Binacional, alegando que se trataba de una decisión personal, con la que buscaba disfrutar más tiempo de su familia.
Casi un mes después, Giménez fue designada por CAF como asesora para su Oficina de la Presidencia, según hizo oficial el organismo con un anuncio en su página web, donde se destacó además la trayectoria profesional de la economista paraguaya.
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“Lea Giménez nació en Paraguay y cuenta con una destacada trayectoria profesional en los sectores público y privado. Se ha desempeñado como ministra de Hacienda, secretaria General y jefa del Gabinete Civil de la Presidencia de la República del Paraguay, y viceministra de Economía; siendo la primera mujer en ocupar dichos cargos. También se destaca su rol estratégico como miembro del Consejo de Administración de la Entidad Binacional Itaipú”, señalaron desde el CAF.
Lea Giménez deberá, desde su nuevo rol en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, colaborar con la implementación de la agenda estratégica del organismo a fin de posicionarlo como el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo de la región.
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Acuerdo UE: analizan las oportunidades y desafíos para las empresas paraguayas
La preparación de las pymes, la competitividad, la innovación y el cumplimiento de estándares internacionales serán factores determinantes para aprovechar las oportunidades que plantea el acuerdo.
Trabajo público-privado. El acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur representa para Paraguay un escenario de oportunidades y desafíos, que requerirá el cumplimiento de determinadas exigencias del mercado y, por lo tanto, preparación y condiciones adecuadas por parte del país, en este proceso, el trabajo conjunto entre los sectores público y privado será fundamental.
En este marco, se realizó la Conferencia Magistral “Ruta Exportadora UE-Mercosur”, que reunió a referentes del sector empresarial y especialistas en comercio internacional para analizar qué implica este nuevo escenario y qué deben considerar las empresas que buscan proyectarse hacia nuevos mercados.
Factores principales para el aprovechamiento. Durante el encuentro se puso especial énfasis en la preparación de las pymes, la competitividad, la innovación y el cumplimiento de estándares internacionales como factores determinantes para aprovechar las oportunidades que ofrece el acuerdo.
Entre los principales expositores estuvo Shunko Rojas, quien destacó que Paraguay posee potencial en áreas como la energía, la agricultura, las manufacturas y el sector forestal.
La actividad fue organizada por la Unión Industrial Paraguaya (UIP), a través del Club Mipymes, y el Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), como parte de una agenda orientada a fortalecer la internacionalización del sector.
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Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
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Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.
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Ande plantea necesidad de contar con tarifa que garantice sostener la inversión
Paraguay sigue contando con un remanente importante de energía que puede disponibilizar en proyectos privados de desarrollo de capital. En ese sentido, actores del sector privado, como del público, coincidieron que la ventaja energética debe ser conducida a través de planificación e inversión. Desde la Administración Nacional de Electricidad (Ande) resaltaron la necesidad asegurar una tarifa que garantice el sostenimiento de las inversiones.
La Mesa Energética del Consejo Asesor Empresarial, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP), con el apoyo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) Capítulo Paraguay, analizó recientemente los desafíos que enfrenta Paraguay en la construcción de una política regulatoria energética suficiente, confiable, competitiva, diversificada y transparente, capaz de sostener el crecimiento industrial y atraer nuevas inversiones.
El presidente de la UIP, Enrique Duarte, expresó que el país todavía cuenta con una importante ventaja energética, pero advirtió que esa condición solo podrá traducirse en desarrollo si va acompañada de planificación de largo plazo, infraestructura, reglas claras e instituciones sólidas. Planteó la necesidad de avanzar en la modernización del sector eléctrico, fortalecer la planificación energética y promover un organismo regulador independiente que genere previsibilidad para las inversiones, sin debilitar el rol estratégico de la Administración Nacional de Electricidad (Ande).
Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, destacó que Paraguay está transitando un cambio histórico: de contar con un amplio excedente energético a enfrentar un escenario en el que la demanda de nuevos proyectos comienza a acercarse a la capacidad disponible, lo que obliga a planificar con anticipación.
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Postura de la Ande
La Ande también tuvo un espacio para dar a conocer su postura y en ese contexto, el presidente de la estatal, Félix Sosa, sostuvo que Paraguay aún dispone de capacidad suficiente de generación, pero enfatizó la necesidad de continuar fortaleciendo la infraestructura de transmisión y distribución, así como de acompañar la reciente apertura del mercado eléctrico con mecanismos regulatorios adecuados.
Adicionalmente, el titular presentó estudios técnicos sobre la evolución de la demanda, la incidencia temporal de la criptominería, el estudio sobre la tarifa técnica y la necesidad de garantizar tarifas que permitan sostener las inversiones futuras y la incorporación gradual de nueva generación privada.
Finalmente, los participantes coincidieron en que el principal desafío consiste en construir una visión compartida del futuro energético del Paraguay, basada en el diálogo entre el Estado, el sector privado y la comunidad técnica. Se resaltó también la necesidad de la creación en el menor tiempo de una mesa reguladora para fortalecer la transparencia, consolidar una planificación de largo plazo, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico y generar las condiciones que permitan aprovechar la energía como motor de la industrialización, la competitividad y el desarrollo económico del país.
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Ministro insta a planificar la expansión del sistema eléctrico ante demanda de nuevos proyectos
Paraguay atraviesa un cambio en su escenario energético, donde la creciente demanda de proyectos industriales comienza a superar la disponibilidad de energía, según afirmó el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme.
El planteamiento fue realizado durante el primer Foro “La energía como condición para el desarrollo económico de Paraguay”, en el que autoridades y empresarios debatieron sobre los desafíos para garantizar el suministro energético y mantener la competitividad del país como destino de inversiones.
Riquelme sostuvo que el país se encuentra en una etapa decisiva para definir el futuro de su matriz energética y acompañar el crecimiento económico con la infraestructura necesaria.
En ese contexto, señaló que el desafío ya no pasa por atraer proyectos, sino por asegurar la energía que estos requerirán.
Explicó que la Mesa Energética surgió en el seno del Consejo Asesor Empresarial del MIC como un espacio de articulación con el sector privado, cuyos integrantes identificaron la necesidad de colocar la agenda energética entre las principales prioridades para el desarrollo industrial.
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Energía, un factor clave para captar inversiones
El titular del MIC destacó que la matriz energética renovable y la disponibilidad de excedentes continúan representando una ventaja competitiva para Paraguay en un contexto internacional donde el acceso a energía se convirtió en un elemento decisivo para la instalación de industrias de gran escala.
En ese sentido, afirmó que el país tiene la oportunidad de definir una estrategia que permita acompañar la expansión industrial y seleccionar inversiones que contribuyan al desarrollo económico. También remarcó que ese proceso requiere una hoja de ruta construida de manera conjunta entre el sector público, el sector privado y la Administración Nacional de Electricidad (Ande), con criterios técnicos y una visión de largo plazo.
Planificación e infraestructura
Durante el foro, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, sostuvo que la disponibilidad de energía constituye una ventaja estratégica, pero advirtió que convertir ese potencial en desarrollo exige inversiones en infraestructura, planificación, fortalecimiento de las redes de transmisión y distribución, reducción de pérdidas, diversificación de las fuentes de generación y un marco regulatorio que genere confianza para inversiones de largo plazo.
Por su parte, el presidente ejecutivo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Jorge Srur, destacó el potencial de Paraguay para convertirse en un actor relevante de la transición energética regional y reiteró el respaldo del organismo al fortalecimiento del sistema eléctrico nacional mediante una articulación entre los sectores público y privado.
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