La Entidad Binacional Itaipú conmemora este domingo los 52 años de creación y contribución al desarrollo de Paraguay y Brasil. El 17 de mayo de 1974 se constituyó la entidad binacional con el acto de formalización para administrar la construcción de una de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo.

Asimismo, en la fecha se estableció la conformidad del primer Consejo de Administración y del Directorio Ejecutivo; acto que tuvo lugar en el Hotel das Cataratas de Foz de Yguazú, en Brasil, con el objetivo de construir y dirigir la usina.

El lado paraguayo del ente recordó que, para este cometido, llegaron las primeras máquinas a la cantera de obras ese mismo año; meses después, en enero de 1975, se dio inicio efectivo a los trabajos de construcción de la represa.

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Señalan que, en 1984, a una década del acto histórico, la central hidroeléctrica empezó a producir electricidad, con el objetivo de impulsar el desarrollo de Paraguay y Brasil. Resaltan que en la actualidad, la Itaipú conserva su liderazgo mundial en generación de energía limpia y renovable. Asimismo, es responsable de suministrar cerca del 90 % del requerimiento eléctrico del mercado paraguayo y el 7 % de la demanda brasileña.

La construcción de la represa fue el resultado de intensas negociaciones entre Paraguay y Brasil, iniciadas en los años 1960, cuando ambos países superaron los desafíos diplomáticos, tecnológicos y financieros para erigir la Central Hidroeléctrica Itaipú (CHI).

“La Binacional es un ejemplo de integración, que ha sabido transformar un conflicto de límites, en el cimiento de una obra monumental que forjó el trabajo armonioso entre dos países para coadyuvar en el desarrollo de su gente. Una obra que demostró que, cuando el objetivo es bueno, se pueden superar las barreras del lenguaje, de la cultura y de la historia para iniciar un camino fraterno de realizaciones", menciona el informe oficial.

Asimismo, en el marco de esta conmemoración recuerdan que el primer Consejo de Administración de Itaipú estuvo conformado por los miembros paraguayos Alberto Nogués, Ezequiel González Alsina, Mario Coscia Tavarozzi, Andrés Gómez, Milciades Ramos Giménez y Rogelio Cadogan.

En tanto que del lado brasileño estuvieron Espedito de Freitas Resende, Mario Penna Bhering, Amyr Borges Fortes, Lucas Nogueira Garcez, Hélio Marcos Pena Beltrão y Mauro Moreira.

Como representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores fueron designados Carlos Augusto Saldívar (Paraguay) y João Hermes Pereira de Araújo (Brasil).

En cuanto al primer Directorio Ejecutivo de la Binacional fue integrado por los paraguayos Enzo Debernardi, Antonio Colmán Rodríguez, Victorino Vega Giménez, Fidencio Juan Tardivo, y Carlos Alberto Facetti.

Mientras que por el lado de Brasil estuvo integrado por José Costa Cavalcanti, John Reginald Cotrim, Hans Wilhelm Krauch, Paulo José Nogueira da Cunha, Aluísio Guimarães Mendes, Manoel Pinto de Aguiar, y Cassio de Paula Freitas.

La Itaipú Binacional resalta que, a lo largo de los años, gracias al trabajo profesional, sostenido, y a los elevados índices de productividad, la Central Hidroeléctrica fue consolidándose en materia de generación de energía, ostentando un liderazgo mundial hasta la actualidad.

Recuerdan que en el año 2016, la usina produjo un total de 103.098.366 megavatios-hora (103 millones de MWh), con lo cual estableció el récord mundial en generación anual para ese tiempo.

Otro hito importante fue la obtención del título de Guinness World Records (1 de noviembre de 2024) en la categoría “Mayor producción acumulada de energía hidroeléctrica”, luego de haber superado los 3.038 millones de megavatios hora (MWh) de energía generada desde el inicio de su operación en mayo de 1984.

“A través de la gestión eficiente y una planificación constante de acciones, la central hidroeléctrica más importante de los países condóminos, Paraguay y Brasil, permite no solo generar energía limpia y renovable, sino que contribuye a mantener la biodiversidad y promover el desarrollo sostenible de la población", concluye el informe.

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Por: Víctor Pavón

Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES)

Aparecen cada vez más y se van uniendo voces de diferentes sectores para subir los impuestos. Consideran sus promotores que subir los tributos permitirá al país contar con más recursos porque ahora con lo recaudado es insuficiente. Y agregan, con más tributos se podrán políticas de redistribución de riqueza. Se equivocan y grande.

Aumentar los impuestos o crear nuevos no solo es innecesario, sino también traerá quebrantos para la población. Un aumento de los impuestos implicará cambiar la regla del 10, 10, 10 del Impuesto al Valor Agregado, a la renta personal y empresarial, esto es, será una estocada mortal a uno de los elementos de competitividad que contamos como país.

Instalada la suba de los impuestos, la tendencia será que los políticos y burócratas se verán tentados a subirlos todavía más, dejando de lado la calidad del gasto y el principio de contra prestación en favor del pagador de impuestos.

Los propiciadores de esta medida tienen el objetivo de llevar a cabo hacer la justicia social tributaria, una expresión laxa, ambigua, propia del estatismo para que paguen más los que más ganan, un error de visión económica que termina dañando a los más pobres.

Es una forma de resentimiento y envidia hacia los emprendedores y la función empresarial.

Más cargas fiscales desincentivan el ahorro, el capital, el trabajo, la creatividad y la iniciativa, al punto que en vez de expandirse el sector privado ocurre lo contrario. Y la consecuencia del aumento de los impuestos, pronto será el aumento inusitado del déficit fiscal y así nuevamente se vendrá otro aumento tributario, una carrera sin fin donde ganan pocos y pierde la mayoría.

Al respecto, la experiencia internacional debería servir como análisis para la toma de decisiones. En todos los países donde se empezaron a subir los tributos, el aumento del gasto público, así como el déficit se disparan hacia arriba. Nunca hay dinero para todo, nunca habrá lo suficiente, motivos por los cuales se aumenta la discrecionalidad en la administración pública y se produce el efecto crowding out, el desplazamiento del capital privado hacia el Estado, cualquiera sea el gobierno de turno.

El crowding out, igualmente, implica inexorablemente menos inversiones en el sector privado. Se afecta la creación de nuevos puestos de trabajo e igualmente implica la suba de las tasas de interés, lo que termina en la ralentización de la economía hasta su recesión.

Este es el escenario básico, luego vendrán más problemas con quebrantos sociales por todos lados. Afortunadamente el mismo presidente de la República, Santiago Peña, viene diciendo que no habrá aumento alguno de impuestos durante su gobierno.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), en conjunto con la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), inició una serie de operativos de control dirigidos a empresas de transporte de cargas de alcance local, interdepartamental e internacional.

Estas acciones, ejecutadas por la Coordinación de Operaciones Especiales (COE) Jeroviaha, tienen como propósito verificar la transparencia y asegurar la formalización de los contribuyentes del sector. Durante las intervenciones se supervisa el estado y actualización del RUC, la exhibición de constancias y la validez de los comprobantes de venta, con especial énfasis en el correcto llenado de las notas de remisión, documento obligatorio para el traslado de mercaderías en territorio nacional.

Esta primera etapa de verificaciones presenciales se extenderá por todo el país durante las próximas semanas y será complementada por una segunda fase a cargo de la Dirección General de Fiscalización Tributaria. En dicha instancia, se solicitará documentación detallada a las empresas, lo cual podría derivar en la apertura de procesos de fiscalización puntual en caso de detectarse irregularidades. La iniciativa busca que los actores del rubro se adecuen estrictamente a las normas vigentes, evitando sanciones derivadas de inconsistencias documentales.

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La ampliación de los controles al sector transporte se suma a las acciones que la DNIT viene realizando en centros comerciales y a los operativos anticontrabando, los cuales permitieron la incautación de productos como hortalizas durante el mes pasado. Estas medidas forman parte de una estrategia integral de vigilancia que busca combatir la informalidad en distintos eslabones de la cadena económica y logística del país.

Asimismo, cabe recordar que la institución puso en marcha el primer Plan de Mejora de Cumplimiento bajo un enfoque de gestión de riesgos, centrado específicamente en la identificación de facturas duplicadas. Esta modalidad permite una comunicación simultánea con un gran número de usuarios para informar sobre inconsistencias detectadas por la Gerencia General de Impuestos Internos. El sistema facilita que los contribuyentes sean notificados sobre sus fallos y procedan a las rectificaciones correspondientes de manera directa.

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Afirman que es el primer movimiento concreto del Estado paraguayo para ordenar ese ecosistema.

Paraguay está frente a una ventana de opor­tunidad que pocos países de la región tienen: energía eléctrica abundante y barata, una economía dolari­zada en los hechos y un comer­cio fronterizo que ya incorporó las criptomonedas como medio de pago cotidiano. Lo que fal­taba era un marco legal.

La Resolución 4726 de la Direc­ción Nacional de Ingresos Tri­butarios (DNIT), vigente desde el 1 de enero de este año, es el primer movimiento concreto del Estado paraguayo para ordenar ese ecosistema. Así lo analizó Cecilia De Maio, ana­lista especializada en activos digitales, fundadora de Racing Group y co-creadora de Audi­tra, en una entrevista a la 1020 AM.

“Paraguay puede llegar a tener un gran ingreso a partir de esto y es un mercado muy pro­penso a la globalización por el tipo de producto y por la canti­dad de energía que se produce. Realmente puede ser algo muy positivo”, afirmó De Maio, quien subrayó que el país reúne condi­ciones estructurales que lo dife­rencian del resto de la región.

La normativa, publicada en marzo pero con vigencia retroactiva desde enero, esta­blece un régimen de infor­mación obligatoria –no un impuesto nuevo– sobre ope­raciones con criptoactivos. Alcanza a personas físicas, personas jurídicas y platafor­mas que superen los 5.000 dóla­res anuales en operaciones, y abarca el uso, la transferencia y todo aquello que genere rendi­miento. La declaración se rea­liza vía sistema Marangatu de la DNIT, y quienes no cuen­ten con RUC están obligados a inscribirse para poder cum­plir con la exigencia.

Para De Maio, uno de los efectos más importantes de la resolución es que despeja la incertidum­bre jurídica que frenaba el cre­cimiento del sector. El uso de criptomonedas en el comercio de frontera era una práctica extendida en Paraguay, pero operaba en una zona gris que generaba dudas incluso entre sus propios usuarios.

“Antes estaba esto de, yo no sé si es legal, si es ilegal, porque siempre estaba esa duda. Esto nos viene a dar un marco de legalidad y nos da tranquilidad”, señaló la especialista. Ese cambio de estatus no es menor. La certeza jurídica es precisamente lo que necesitan tanto los inversores internacionales que miran al país como los operadores loca­les que ya usan criptoactivos en sus transacciones diarias. Con la energía como ventaja com­petitiva natural –Paraguay es uno de los mayores producto­res hidroeléctricos per cápita del mundo–, el país tiene con­diciones para atraer minería de criptomonedas, empresas de custodia de activos digitales y plataformas de intercambio.