Solicitan mayor austeridad en el gasto público y medidas concretas para recuperar los recursos comprometidos por la crisis de Ueno Bank.

Los principales gre­mios empresariales y organizaciones de la sociedad civil dirigieron una carta al presidente de la Repú­blica, Pedro Alliana para exi­gir una reformulación inte­gral del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, mayor austeridad en el gasto público y medidas concretas para recuperar los recursos comprometidos por la crisis de Ueno Bank. El documento, fechado el 10 de noviembre de 2026, cuenta con la adhesión de numerosas organizaciones, entre ellas la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Federa­ción de la Producción, la Indus­tria y el Comercio (Feprinco) y el Centro de Importadores del Paraguay (CIP).

En la misiva, los sectores fir­mantes advierten que la cri­sis política y financiera exige respuestas inmediatas del Gobierno para preservar el grado de inversión, recupe­rar la confianza de los mer­cados y proteger el empleo. “Paraguay no tiene más margen de error”, expre­san en el documento.

Asimismo, reclaman inves­tigar las fallas de supervi­sión y las eventuales res­ponsabilidades de quienes debían controlar las ope­raciones de la entidad ban­caria. Uno de los principa­les cuestionamientos de los gremios apunta al proyecto de PGN 2027, actualmente sometido a consideración del Congreso Nacional. Según los firmantes, la propuesta presupuestaria no contem­pla adecuadamente las con­secuencias económicas de la crisis de Ueno Bank y con­tiene previsiones que con­sideran alejadas de la reali­dad. En ese contexto, estiman que el perjuicio para las arcas públicas podría representar entre el 1,5 % y el 2 % del pro­ducto interno bruto (PIB).

También mencionan los ahorros comprometidos de casi tres millones de para­guayos, la disminución de la actividad comercial y la pér­dida de más de 5.000 puestos de trabajo, cifra que, según advierten, podría continuar aumentando. A ello suman el deterioro de las condiciones para emitir deuda soberana y el riesgo de cierre o reduc­ción de numerosas pequeñas y medianas empresas. Estas cifras corresponden a esti­maciones y afirmaciones de los gremios expresadas en la carta. “No se puede aprobar un presupuesto como si una crisis no hubiera ocurrido”, sostienen.

Los gremios proponen revi­sar integralmente el PGN 2027, utilizando proyeccio­nes realistas de ingresos y gastos, además de garantizar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y la convergencia hacia un défi­cit del 1,5 % del PIB. Entre sus principales planteamientos figuran la reducción del gasto corriente improductivo, la eliminación de aumentos salariales injustificados y el recorte de gastos considera­dos superfluos.

Manifestaron su disposición de colaborar técnicamente con el Gobierno en la reformulación del presupuesto y las medidas necesarias para recuperar la confianza económica.

La carta también incluye pro­puestas para reorganizar dis­tintas áreas del Estado. Entre ellas, los gremios plantean integrar la Secretaría Nacio­nal de Turismo (Senatur) al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), mediante las modificaciones legales correspondientes. Además, solicitan fortalecer la recau­dación de peajes con partici­pación de la Dirección Nacio­nal de Ingresos Tributarios (DNIT), impulsar controles contra el contrabando y revi­sar determinados regímenes laborales del sector público. Otro de los puntos es dotar de presupuesto al Consejo de Seguridad Social, para asegu­rar el funcionamiento de la Superintendencia de Jubila­ciones y Pensiones.

Además de los reclamos, las organizaciones empresa­riales manifestaron su dis­posición de colaborar técni­camente con el Gobierno en la reformulación del presu­puesto y las medidas nece­sarias para recuperar la con­fianza económica.

Entre sus compromisos men­cionan impulsar inversiones productivas, generar empleo formal, fortalecer los estánda­res de transparencia empresa­rial y ejercer vigilancia sobre las contrataciones y el uso de los recursos públicos.

Los firmantes sostienen que la exigencia de integridad debe alcanzar tanto al sec­tor público como al privado, sin distinciones por víncu­los políticos o económicos. “Ningún cargo, vínculo polí­tico o poder económico debe proteger a los responsables”, remarcan.

Estos recursos fueron colocados en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) emitidos por Ueno Bank, según informó la institución.

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) anunció que su equipo jurídico lle­vará adelante las gestiones legales necesarias para recuperar los USD 10 millo­nes pertenecientes al Sis­tema Complementario de Jubilaciones y Pensiones de sus trabajadores.

Estos recursos fueron colo­cados en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) emitidos por Ueno Bank, según informó la institu­ción.

Ante esta situación, la enti­dad aseguró que dispone de recursos suficientes para atender los compromisos con los beneficiarios y sos­tuvo que su patrimonio ins­titucional no está en riesgo por la resolución de Ueno Bank.

Asimismo, aclaró que el monto comprometido corresponde únicamente al fideicomiso del Sistema Complementario de Jubi­laciones y Pensiones de los trabajadores de la margen derecha.

Por lo tanto, se trata de fondos independientes de los recursosoperativos y del patrimonio propio de Yacyretá.

La institución también recordó que este meca­nismo es voluntario y no funciona como una caja de jubilaciones, sino como un instrumento destinado a otorgar beneficios adicio­nales a los trabajadores adheridos.

En relación con el proceso que derivó en la colocación de los fondos, la EBY explicó que en octubre de 2025 el Comité de Administración y Control del sistema recibió propuestas de instrumentos financie­ros presentadas por cinco casas de bolsa. Las alternativas fueron posteriormente derivadas al equipo técnico para su análisis y evaluación. Entre las opciones disponibles se encontraba la adquisición de CDA de Ueno Bank, operación que fue intermediada por Valores Casa de Bolsa SA.

• POR BENJAMÍN LIVIERES
• Analista político

La célebre frase se le atribuye a Fray Luis de León, quien, tras pasar cinco años en la cárcel por orden del Santo Oficio de la Inquisición, retomó su clase en la Universidad de Salamanca en el punto exacto donde la dejó al ser detenido, en una muestra de reafirmación de su línea de pensamiento y de insumi­sión a los que sembraron las intrigas que derivaron en su apresamiento.

El tema viene al caso porque corresponde revisar los antecedentes de la grave crisis que estalló la semana pasada en nuestro país, especialmente las polémicas que precedieron a la caída de Ueno Bank y las responsabilidades que de ellas se derivan, tanto políticas como penales.

Durante meses, fuimos testigos de un fuego cruzado sostenido por grupos mediáticos con fuerte presencia en el sistema bancario, como Abc Color y La Tribuna.

En principio, las peleas entre fracciones empresariales no son poco frecuentes ni afectan, necesariamente, los intere­ses de la población. Ganan unos y pier­den otros. Es la historia del capitalismo. Pero las cosas cambian drásticamente cuando esas disputas se libran por los fon­dos públicos y previsionales (más de USD 1.000 millones en Ueno Bank), ponién­dolos en riesgo y amenazando la estabi­lidad del sistema financiero, como suce­dió en este caso.

La maquinaria oficial desplegada para justificar estas colocaciones fue escan­dalosa. Desde el presidente de la Repú­blica y el directorio del Banco Central, asegurando que todo estaba bien, hasta políticos, economistas, asesores y perio­distas corruptos, todo ellos debidamente “incentivados”.

Según estos, Ueno Bank era el mejor banco de Sudamérica y se ponían las manos en el fuego a favor de su solven­cia, pese a que ya eran públicas las irre­gularidades mientras se esforzaban en desprender a Peña de dicha institución, aunque los hechos ya habían demostrado lo contrario.

Como resultado de este engaño atroz, hoy tenemos la pérdida de 5.000 empleos directos, otros 20.000 indirectos, 3.000.000 de estafados, 6.000.000 afec­tados por la segura pérdida de gran parte de los fondos públicos, una cantidad inde­terminada de pequeños emprendimien­tos fundidos o al borde del abismo, y jubi­lación de 1.000.000 de asalariados en vilo. Si a esto agregamos que la credibilidad del BCP se hizo papillas y las repercu­siones financieras internacionales son altamente nocivas, entonces podemos dimensionar la inmoralidad de estos pro­pagandistas del fraude.

Por si eso fuera poco, devenidos en inqui­sidores y máquinas de difundir intrigas buscaron responsabilizar del descala­bro a Horacio Cartes y a tres senadores que radicaron un pedido de informe del Senado al BCP sobre la salud financiera de Ueno.

Y todos aquellos que alertábamos sobre los riesgos que corrían los fondos públicos o cuestionábamos a Peña sobre su parti­cipación en el tema éramos tildados de “terroristas financieros”, “funcionales a Abc Color”, “enemigos del país de las grandes oportunidades” y “contreras”.

Aunque parezca descabellado, estos des­preciables personajes hoy buscan afanosa­mente reubicarse en el entorno presidencial, ministerios y otras reparticiones como si nada hubiera pasado, pero las autoridades deberían tener presente de quiénes se trata y cuánto les comprometería vincularse a ellos.

La cita de Fray de León se aplica muy bien a la situación del presente y, en especial, para que escuchen los que hacen de la intriga y los ataques personales su modus operandi: “Como decíamos ayer, Ueno-Peña son una estafa”, agregando ahora que la gavilla que comandaron debe ser totalmente desman­telada para estabilizar el país y, entonces sí, dar vuelta la página.

La crisis de Ueno Bank llevó a la calificadora internacional Fitch Ratings a modificar su evaluación sobre Paraguay y retirar la perspectiva positiva de su calificación crediticia. Este miércoles 11 de noviembre, la agencia anunció que mantiene la nota soberana del país en BB+, pero la coloca bajo vigilancia negativa ante los riesgos económicos, financieros y políticos que podrían derivarse del colapso de la entidad bancaria.

Fitch considera que las consecuencias del caso podrían extenderse más allá del sistema financiero, especialmente por la exposición de instituciones públicas y empresas privadas que mantenían depósitos en el banco. También advierte que la situación podría afectar la confianza de los inversionistas, las perspectivas de crecimiento y la continuidad de las políticas económicas. Estos factores se suman a las dificultades fiscales que Paraguay ya enfrentaba, entre ellas los atrasos con proveedores del Estado y la flexibilización de las metas de déficit.

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Según la calificadora, uno de los principales riesgos señalados es el eventual impacto sobre las cuentas públicas. Ueno Bank tenía depósitos por unos USD 2.900 millones, de los cuales aproximadamente USD 2.100 millones no estaban cubiertos por la garantía de depósitos.

Dentro de ese último grupo figuran cerca de USD 900 millones pertenecientes al sector público, incluidas las binacionales hidroeléctricas y el Instituto de Previsión Social (IPS). Fitch advierte que el Gobierno podría recibir presiones para compensar esos fondos, lo que representaría una obligación inicial equivalente al 1,5 % del producto interno bruto (PIB).

La agencia también alertó sobre mayores necesidades de financiamiento estatal. Sus proyecciones apuntan a un déficit fiscal del 3,2 % del PIB para 2026 y del 3,9 % para 2027, frente al 2 % registrado en 2025. Asimismo, considera poco probable que el país alcance la meta de déficit del 1,5 % prevista para 2028, debido a las presiones sobre el gasto y al escenario político.

En ese contexto, Paraguay necesitará recurrir nuevamente a los mercados internacionales para obtener financiamiento durante los primeros meses de 2027, aunque el episodio de Ueno podría incidir en las condiciones, los costos y el tamaño de esa emisión.

En cuanto a la actividad económica, Fitch observa riesgos a la baja para sus previsiones de crecimiento, estimadas en 4,5 % para 2026 y 4 % para los dos años siguientes. La incertidumbre podría limitar el acceso de las empresas a sus depósitos y desacelerar el crédito, mientras que una eventual depreciación sostenida del guaraní también podría generar presiones inflacionarias. No obstante, la calificadora aclaró que, por ahora, no anticipa un problema generalizado de estabilidad financiera, debido a que los principales bancos del sistema mantienen niveles sólidos de solvencia y liquidez.

Finalmente, Fitch señaló que la crisis también puso de manifiesto debilidades en la gobernanza y en la calidad de las instituciones paraguayas. La devolución de los depósitos, la gestión del proceso de resolución bancaria y la determinación de responsabilidades serán aspectos clave para evaluar la respuesta de las autoridades. La vigilancia negativa podría retirarse si el país consigue contener las consecuencias políticas, fiscales y económicas del caso. En cambio, un deterioro de esos indicadores, junto con una mayor inestabilidad institucional, podría abrir el camino a una rebaja de la calificación crediticia.

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