El Ministerio de Eco­nomía y Finanzas (MEF) dio a cono­cer en el informe de Situa­ción Financiera (Situfin) que a agosto, la inversión pública acumulada se ubicó en 1,4 % por encima del nivel regis­trado en el mismo periodo de 2024.

En términos absolutos, sumó G. 3.756 mil millones, unos USD 480 millones, equivalen­tes al 1% del producto interno bruto (PIB). La tasa de ejecu­ción de la inversión pública es del 39,4 % a agosto, superior al promedio del quinquenio 2014-2018 (previo a las excep­ciones de la Ley de Responsa­bilidad Fiscal).

Respecto al gasto total acu­mulado, este aumentó un 6,2 %, manteniéndose un ritmo desacelerado. El crecimiento fue impulsado principal­mente por remuneraciones y prestaciones sociales.

Los salarios financiados con ingresos tributarios se ubicó en el 61,2 %, por debajo del mínimo histórico y quedó de la siguiente manera: educa­ción con 36 %, salud 20 %, poli­cías y militares 24 %, Poder Judicial 10 %, Poder Legis­lativo 2 %, Poder Ejecutivo (resto) 7 %.

Al cierre de agosto de 2025, el déficit fiscal acumulado alcanzó G. 2.962 mil millones (USD 388 millones), equiva­lente al 0,8 % del PIB. La evo­lución de este indicador refleja la combinación de un dina­mismo favorable en los ingre­sos, un ritmo de gasto conte­nido y una inversión pública que avanza dentro de la senda de convergencia fiscal trazada. El resultado fiscal anualizado, que considera los últimos doce meses, se ubicó en G. -8.730 mil millones, registrando una reducción respecto al déficit del mes anterior de G. 236 mil millones aproximadamente.

Los ingresos totales de la Administración Central acu­mularon a agosto un creci­miento del 5,7 % interanual, impulsados principalmente por la recaudación tributaria. Este desempeño permitió sos­tener la dinámica de las arcas públicas pese a la caída de otras fuentes de financiamiento, en particular los aportes no tribu­tarios y binacionales, que regis­traron bajas significativas.

El componente tributario mos­tró un comportamiento sólido, con un incremento acumulado del 9,9 % respecto al mismo período de 2024, alcanzando una variación interanual del 10,8 % en agosto.

La recaudación se vio favo­recida por el buen desem­peño tanto de los impuestos internos, que crecieron 8,1 % en el acumulado, como de los externos, que avanzaron 12,5 %. El IVA, el impuesto a la renta empresarial (IRE) y los aranceles tuvieron un aporte clave en esta evolu­ción, reflejando la fortaleza del consumo interno y del comercio exterior.

Gremios de la construcción coinciden en que una reducción de presupuesto puede aumentar deuda con contratistas.

Los gremios de la construc­ción afirman que el sector atraviesa una doble realidad, ya que mientras el sector pri­vado mantiene un repunte en los proyectos residenciales, corporativos e industriales, la infraestructura pública tiene una menor ejecución, por lo que consideran clave el Pre­supuesto General de la Nación (PGN) 2026. La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), la Aso­ciación de Profesionales de la Construcción (AproCons) y la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobilia­rios (Capadei) coincidieron en que una reducción en la inversión pública podría pro­fundizar la caída de las obras estatales, aumentar la deuda con contratistas y frenar la generación de empleo, en un momento en que la actividad privada sostiene gran parte de la dinámica económica.

Paul Sarubbi recordó que Paraguay arrastra una brecha de infraestructura cercana a los USD 30.000 millones, lo que requeriría al menos USD 2.000 millones anuales en inversiones para reducirla. Sin embargo, señaló que la meta de déficit fiscal del 1,5 % limita los recursos dispo­nibles y golpea directamente a la construcción y su cadena de valor.

Por su parte, el presidente de AproCons, Pablo Rivarola, coincidió en que la deuda acumulada del Estado con las constructoras repercute en toda la industria y alertó que el ajuste presupuestario pre­visto para el 2026 agravará esa situación. Destacó que, pese a la contracción pública, el ámbito privado sigue mos­trando dinamismo, con pro­yectos inmobiliarios de gran porte en el Gran Asunción y la incorporación de tecnolo­gías que optimizan costos y calidad en las construcciones.

El presidente de Capadei, Raúl Constantino, dijo que el sector privado logró consoli­dar inversiones en proyectos residenciales, corporativos e industriales, pero enfrenta obstáculos que podrían enfriar su crecimiento. “Por un lado está el sector de obra pública, con significativa reducción en las inversiones y dificultades para el cobro de deudas. Por otro, la construc­ción privada, que mantiene un crecimiento sostenido”, señaló.

Entre los principales desa­fíos mencionó la falta de cré­ditos hipotecarios accesibles, la burocracia en los trámi­tes y los controles al movi­miento de capitales, factores que dificultan las operaciones y la atracción de comprado­res extranjeros. Los gremios coincidieron en que el desa­fío del Gobierno será compa­tibilizar la disciplina fiscal con la necesidad de mante­ner la inversión en infraes­tructura pública. Sin medidas que equilibren ambos obje­tivos, advierten, el riesgo es un estancamiento que afecte tanto a la competitividad del país como al empleo que genera la construcción.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dio a conocer en el informe de Situación Financiera (Situfin) que a agosto, la inversión pública acumulada se ubicó en 1,4 % por encima del nivel registrado en el mismo periodo del 2024.

En términos absolutos, sumó G. 3.756 mil millones, unos USD 480 millones, equivalentes al 1% del producto interno bruto (PIB). La tasa de ejecución de la inversión pública es del 39,4 % a agosto, superior al promedio del quinquenio 2014-2018 (previo a las excepciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal).

Respecto al gasto total acumulado, este aumentó un 6,2 %, manteniéndose un ritmo desacelerado. El crecimiento fue impulsado principalmente por remuneraciones y prestaciones sociales.

Los salarios financiados con ingresos tributarios se ubicó en el 61,2 %, por debajo del mínimo histórico y quedó de la siguiente manera: educación con 36 %, salud 20 %, policías y militares 24 %, Poder Judicial 10 %, Poder Legislativo 2 %, Poder Ejecutivo (resto) 7 %.

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Al cierre de agosto del 2025, el déficit fiscal acumulado alcanzó G. 2.962 mil millones (USD 388 millones), equivalente al 0, 8% del PIB. La evolución de este indicador refleja la combinación de un dinamismo favorable en los ingresos, un ritmo de gasto contenido y una inversión pública que avanza dentro de la senda de convergencia fiscal trazada.

El resultado fiscal anualizado, que considera los últimos doce meses, se ubicó en G. -8.730 mil millones, registrando una reducción respecto al déficit del mes anterior de G. 236 mil millones aproximadamente.

Los ingresos totales de la Administración Central acumularon a agosto un crecimiento del 5,7 % interanual, impulsados principalmente por la recaudación tributaria. Este desempeño permitió sostener la dinámica de las arcas públicas pese a la caída de otras fuentes de financiamiento, en particular los aportes no tributarios y binacionales, que registraron bajas significativas.

El componente tributario mostró un comportamiento sólido, con un incremento acumulado del 9,9 % respecto al mismo período de 2024, alcanzando una variación interanual del 10,8 % en agosto.

La recaudación se vio favorecida por el buen desempeño tanto de los impuestos internos, que crecieron 8,1 % en el acumulado, como de los externos, que avanzaron 12,5 %. El IVA, el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) y los aranceles tuvieron un aporte clave en esta evolución, reflejando la fortaleza del consumo interno y del comercio exterior.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) socializó este viernes el informe de Situación Financiera (Situfin) correspondiente a agosto, mes en el que se registró un déficit fiscal del 0,8 % del producto interno bruto (PIB), equivalente a USD 388 millones.

El déficit anualizado se ubica en 2,5 % del PIB, inferior al 3,6 % de agosto del año 2024. El resultado primario es positivo (0,4 %) y la presión tributaria alcanza hoy un 11,5 % del PIB.

En términos acumulados, los ingresos totales registraron un aumento del 5,7 %, impulsados principalmente por la recaudación tributaria que contribuyó en 7,4 puntos porcentuales (PP), contrarrestando la caída de los ingresos no tributarios.

En general, el crecimiento acumulado de los ingresos al mes de agosto fue de 12,5 %. El indicador de la recaudación en 12 meses muestra una caída del -18,6 % en los impuestos a la importación de combustibles y lubricantes.

Los ingresos no tributarios registraron un crecimiento de 8,7 % al mes de agosto. En lo que respecta a recursos de las binacionales: en febrero de 2024, Itaipú aportó el 75 %, y Yacyretá el 25 %; en el mismo periodo de este año, Itaipú representa el 90 % y Yacyretá el 10 %.

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El gasto total acumulado creció 6,2%, reflejando una notable moderación en el ritmo de crecimiento observado desde inicios del año. El crecimiento anualizado del gasto total pasó de 12,6 % en enero a 4,7 % en agosto.

Dentro del crecimiento del 6,2 % se destacan: remuneraciones con 3,6 %, prestaciones sociales 2,9 %, pago de intereses 2,3 %, donaciones 0,9 %, otros gastos -0,8 % y uso de bienes y servicios -2,8 %. Las jubilaciones aumentaron en 10,6 %. El programa de adultos mayores tuvo un crecimiento de 11,8 %, lo que equivale a USD 26,4 millones adicionales frente al mismo periodo del año pasado.

El almuerzo escolar se incrementó en 391 %, mostrando una ejecución dominante del programa. Otros programas emblemáticos crecieron en 10,3 %. El 80 % de los salarios de la Administración Central corresponden a salud, educación y seguridad. La distribución fue de la siguiente manera: educación 36 %, seguridad (policía y militares) 24 %, Salud 20 %. El resto de los sectores representa un 27 %.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que al cierre de agosto de 2025, la ejecución de servicios sociales alcanzó un total de G. 24 billones, con incrementos en los sectores de seguridad social y educación, con G. 1,4 billones y G. 1,1 billones, respecto al año anterior.

La estructura del gasto social se compone principalmente en un 33 % por recursos para el sector de educación, en tanto que el 23 % fue para salud con desembolsos que totalizaron G. 5,5 billones. Asimismo, seguridad social, y promoción y acción social muestran una participación del 21 %, respectivamente.

El aumento en la seguridad social se atribuye a la incorporación de nuevos beneficiarios al régimen jubilatorio hasta el mes de agosto. En educación, se destinó principalmente al mejoramiento de establecimientos escolares, la entrega de raciones de alimentos en el marco del programa Hambre Cero en las escuelas, y a la inversión en mejoramiento de los escenarios deportivos para eventos internacionales, liderada por la Secretaría Nacional del Deporte (SND).

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Desde el Ministerio de Economía explican que la prioridad fiscal del gasto social de la Administración Central al mes de agosto fue del 56 %, lo que indica que de G. 100 ejecutados, G. 56 fueron destinados para programas de servicios sociales.

Con esto, el promedio de prioridad fiscal en los últimos diez años alcanza el 56 %, respecto a los demás servicios de la clasificación funcional del gasto. Estos datos figuran en el Informe de Gasto Social de la Administración Central, elaborado por la Dirección General de Presupuesto (DGP), dependiente del viceministerio de Administración Financiera (VAF).

Entre los programas sociales de mayor impacto tanto en la ejecución presupuestaria como en la ciudadanía, se destacan:

• el programa Hambre Cero
• los servicios educativos en todos los niveles
• los servicios hospitalarios para la reducción de la morbimortalidad
• la pensión universal para Adultos Mayores, Tekoporã Mbareté
• entre otros.

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