En medio del enorme impacto que dejó la caída de Ueno Bank, y que aún se torna difícil determi­nar su alcance, hay un aspecto que merece atención: pese a los cuestionamientos el sistema de justicia está haciendo su trabajo. Hay que recordar que la denuncia se reci­bió el 3 de noviembre. En apenas diez días, el Ministerio Público logró la captura e impu­tación de 33 personas, entre ellas un expresi­dente de la República y la anterior cúpula del Banco Central del Paraguay (BCP)

Compelidos a actuar por una ciudadanía indignada por el latrocinio cometido, los agentes fiscales asignados realizaron una labor ciclópea y minuciosa: imputar a 33 per­sonas en diez días supone haber reunido, en tiempo récord, documentos, testimonios y registros que justifiquen cada una de esas sospechas ante un juez, que también obró de acuerdo a lo que marca la ley.

En este trabajo intenso y extendido, que se enmarcó en distintos operativos y allana­mientos que llegaron incluso, y de manera inédita, hasta la misma residencia presiden­cial Mburuvichá Roga, hay una tarea poco visible. Los allanamientos, es decir, las ins­pecciones de domicilios y oficinas autoriza­das por orden judicial, permitieron incau­tar documentos, certificados de depósito, vehículos y propiedades. Dos estancias vinculadas al grupo propietario ya fueron entregadas a la Secretaría Nacional de Admi­nistración de Bienes Incautados y Comisa­dos (Senabico), que las custodia mientras dura el proceso. Al mismo tiempo, la Fiscalía activó pedidos de cooperación internacional con Estados Unidos, Luxemburgo y Argen­tina para rastrear fondos que pudieron salir del país. En este caso, no solo por el clamor de una población indignada, sin dudas que ras­trear la ruta del dinero es, en causas finan­cieras, tan importante como identificar a los responsables. Hay que recordar que las dili­gencias -locales y extranjeras- revisten una importancia vital ya que de ello depende que el Estado pueda recuperar lo perdido o reco­brarlo parcialmente.

Con el correr de los días, y más allá de la sorpresa de algunos incrédulos, las figuras penales o hechos punibles apuntados tam­bién señalan el rumbo de la investigación. La lesión de confianza castiga a quien, con el deber de cuidar un patrimonio ajeno, lo per­judica. En el caso de la asociación criminal sanciona a quienes integran una estructura organizada para cometer delitos y es por esta razón que los agentes fiscales hayan sumado esta última figura indica que no ven hechos aislados, sino un engranaje, un esquema dise­ñado y jerarquizado para atentar contra los recursos del Estado.

El daño causado fue enorme. Millones de clientes vieron congelados sus ahorros, los fondos públicos quedaron expuestos, la confianza en instituciones que otrora eran fuente de credibilidad absoluta como el BCP, o el impacto en el comercio que tuvo –aún por determinar– sin dudas que hacen comprensi­ble la indignación de la ciudadanía que en un momento dado incluso criticaron al equipo de fiscales que trabaja día y noche para acele­rar la investigación. Sin embargo, este enojo entendible no debería volverse contra quie­nes, precisamente, están tratando de escla­recer lo ocurrido. Criticar a los fiscales por no haber actuado antes confunde los papeles: el Ministerio Público no supervisa bancos; esa tarea correspondía a la Superintenden­cia de Bancos, cuyos antiguos responsables hoy figuran entre los imputados. La Fiscalía interviene cuando hay una denuncia o indi­cios de delito.

Si bien el trabajo para reunir evidencias y convertir indicios en pruebas llevará aún su tiempo, nada de los avances hechos hasta sig­nifican que el trabajo esté concluido. Hubo palabras y discursos desde los partidos de oposición e incluso de grupos de comunica­ción que cuestionaron la actuación de los fis­cales, y la prensa debe seguir vigilando que no haya favoritismos ni excesos. La rapidez es una virtud solo si va acompañada de soli­dez: una causa mal armada se cae en el jui­cio oral, y entonces la impunidad llega por la vía técnica. Por eso es clave que las pruebas se obtengan respetando el debido proceso, y que cada imputado conserve su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.

Esta primera etapa investigativa y de actua­ciones muestra algo que los incrédulos para­guayos necesitaban ver: que por fin, frente a las personas con poder político y económico, las instituciones pueden funcionar y actuar conforme a la ley. Más de uno se pellizcó la piel cuando vio como el exjefe de Estado era llevado por la Policía hasta su declaración ante el Ministerio Público. Nunca antes un expresidente había llegado a esa instancia. Es por eso que la mejor forma de honrar a los ahorristas afectados es permitir que la justi­cia llegue hasta el final.

El juez penal de garantías Humberto Otazú decretó la prisión preventiva para los tres exmiembros del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Ángel Mora.

González y Mora guardarán prisión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional por el término de 15 días; en tanto la exdirectiva Caballero estará por el mismo lapso de tiempo en el Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional.

Igualmente, el juzgado admitió la imputación por asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña.

La resolución se dio tras la imputación fiscal por presunta lesión de confianza y asociación criminal en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank.

El magistrado Humberto Otazú rechazó los pedidos de medidas alternativas y ordenó la reclusión preventiva de los tres exintegrantes de la cúpula de la banca matriz, quienes comparecieron en audiencia de imposición de medidas durante la tarde y noche de este viernes.

Con esta determinación, los tres exdirectivos se suman a la lista de altos exfuncionarios recluidos en la misma causa, entre los que ya figuran el expresidente de la República, Santiago Peña, imputado por asociación criminal; el expresidente del BCP, Carlos Carvallo; y el exsuperintendente de Bancos, Holger Insfrán.

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El Banco Central del Paraguay (BCP) aprobó la flexibilización temporal del encaje legal solicitada por la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), con el objetivo de facilitar que las entidades financieras puedan canalizar recursos de apoyo al mercado de valores.

El encaje legal es el porcentaje de los depósitos que los bancos y entidades financieras deben mantener inmovilizado obligatoriamente en el BCP.

La medida ya entró en vigencia y permitirá a bancos y financieras disponer de una parte de los fondos que mantienen inmovilizados en el organismo regulador.

Desde Asoban explicaron que la iniciativa busca contribuir a atender las necesidades de liquidez de otros participantes del mercado en la coyuntura actual, utilizando a las entidades bancarias como canal de apoyo.

Aclararon que el sistema bancario cuenta con liquidez suficiente, por lo que el mecanismo no responde a una falta de recursos en los bancos, sino a la necesidad de facilitar el acceso a financiamiento de otros actores.

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En ese sentido, señalaron que las administradoras de fondos enfrentan mayores limitaciones para acceder a mecanismos de liquidez similares a los disponibles para bancos y financieras. Por ello, la flexibilización permitirá canalizar recursos hacia estos participantes, bajo las condiciones establecidas por el BCP y de acuerdo con los criterios de gestión de riesgos de cada entidad.

La medida apunta a brindar mayor respaldo al funcionamiento del mercado de valores y contribuir a preservar la estabilidad y la confianza en el sistema financiero. Asoban destacó que este mecanismo constituye una herramienta de apoyo en el contexto actual, reafirmando el compromiso del sector bancario con la estabilidad del sistema y el acompañamiento a los distintos participantes del mercado.

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La subtrama de la tensión política fue el incremento importante que se dio en la cotización del dólar, sobre todo en los días de juicio político, es decir el jueves 5 y viernes 6 de noviembre. La divisa norteamericana venía mostrando señales de recuperación desde el día del cierre de Ueno Bank y cerró la semana anterior en G. 6.600. Este viernes, luego de varios días de tendencia a la baja, está escalones por debajo, pero todavía por sobre los G. 6.000.

En el mercado minorista de las casas de cambio, la moneda extranjera se ubicó en G. 5.970 a la compra y G. 6.150 a la venta, muy por encima del arranque de la semana, cuando se encontraba a G. 6.200 y G. 6.600, al tipo comprador y vendedor, respectivamente.

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En el caso del mercado interbancario, reportado por el Banco Central del Paraguay (BCP), el cierre de las 13:00 se consumó en G. 6.213,00, pocos puntos por debajo de los G. 6.220,33 del arranque de las negociaciones. En el acumulado, la cifra establecida es de G. 6.215,89.

El presidente del regulador, Jorge Schreiner, se mostró a favor de las intervenciones en el mercado para contener las fluctuaciones bruscas y se verá en qué momento echa mano a las operaciones en el mercado cambiario. Con un renovado directorio, una vez completo, podrían darse también otras medidas para estabilizar la moneda.

Justamente la semana pasada, en los días de pico de incremento, jueves y viernes, como ya se mencionó, la autoridad monetaria operó vendiendo dólares, por primera vez en el año, para contener de alguna manera la subida.

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