La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) logró un crecimiento del 9,4 % en junio, en relación con el mismo mes de 2023. Además, un aumento de 24 % de enero a junio del 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Para el economista Jorge Garicoche, esto se explica por varios factores, especialmente por la reducción del contrabando que se reforzó con la fusión entre la ex Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) para crear la DNIT.
Asimismo, destacó que esto se debe a un dinamismo económico positivo y que si se continúa en esta línea, las consecuencias estarán a la vista con un mayor ingreso tributario. “El aumento en las recaudaciones tributarias se da por un factor económico y por la reducción del contrabando. Un mayor fortalecimiento institucional seguirá redundando en mayor recaudación”, dijo Garicoche a A24.
Leé también: Uso de tarjetas de crédito mantiene dinamismo y alcanza nuevo récord
En ese contexto fiscal, tras el informe del primer año de gestión del presidente Santiago Peña, Garicoche destacó un punto importante que refleja el interés del Gobierno por mejorar la economía local. “Se puso un árbitro en el mundo de las pensiones y jubilaciones con la superintendencia. El déficit de la caja fiscal está presente y el 42 % está en negativo. Hoy lo cubrimos los contribuyentes, hay que tomar medidas, soluciones”, manifestó.
Santiago Peña, durante su exposición, valoró el apoyo del Congreso en los proyectos planteados, como la ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones, que tiene la sagrada misión de blindar los aportes de los trabajadores y jubilados. Así también, la ley de Medidas Extraordinarias a finales del año pasado, que permitió reactivar la economía y los empleos parados por falta de pagos.
Te puede interesar: Buenas condiciones económicas y políticas generan mayor tráfico aéreo, destacan
Dejanos tu comentario
Ministro de Defensa niega que Peña haya abandonado su lugar de reclusión
El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, rechazó que el expresidente de la República, Santiago Peña, haya abandonado la sede del Regimiento Escolta Presidencial, donde se encuentra recluido en el marco de la causa judicial que enfrenta por los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
“Me llegó la información y niego categóricamente la veracidad de ese hecho. El expresidente de la República guarda su reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y el comandante de esta unidad militar sigue estrictamente las indicaciones del juez de la causa”, refirió González en una entrevista con la 1020 AM.
Las afirmaciones del alto funcionario de Estado surgieron tras la denuncia de un vecino del exmandatario destituido vía juicio político, quien alegó a través de un vídeo que Peña acudió a un festejo en su residencia localizada en Asunción entre la noche y la madrugada del viernes 13 y sábado 14 de noviembre, en la antesala de su cumpleaños número 48 que se celebrará este lunes 16 de noviembre.
González afirmó que las autoridades militares mantienen un seguimiento y monitoreo permanente sobre Peña, tarea que recae bajo la responsabilidad directa del comandante de dicha unidad militar, el coronel José Dayub.
Lea también: Caso Ueno: yate de lujo que pertenece al Grupo Vázquez es trasladado a Asunción
A la vez, mencionó que el economista recibe únicamente las visitas autorizadas de su entorno más cercano, integrado por su esposa y su hijo, además de los encuentros periódicos con sus abogados defensores.
“Peña está con un régimen donde se encuentra seguido puntillosamente por el comandante del Regimiento Escolta Presidencial, el coronel José Dayub. Peña sigue recibiendo la visita de su familia, la exprimera dama Leticia Ocampos, sus hijos y abogados”, refirió.
Antecedentes
Parte del acta de imputación contra Peña, generado por la causa Ueno Bank, refiere que “en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en Ueno Bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.
El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.
El documento menciona además que “durante casi los dos primeros años de su mandato presidencial, Santiago Peña habría mantenido simultáneamente su condición de presidente de la República y una participación accionaria y relación corporativa en Ueno Holding S.A.E.C.A., sociedad vinculada a Ueno Bank dentro del mismo grupo empresarial”.
La imputación manifiesta también que “considerando la situación patrimonial del banco, Santiago Peña habría intervenido públicamente para sostener la confianza en la entidad en tres momentos diferentes”. Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad el procedimiento de resolución y disolución del banco tras detectarse que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido por ley.
Dejanos tu comentario
Amplían imputación contra Peña y más directores de BCP van a prisión
El exmandatario afronta los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y ahora asociación criminal; toda la cúpula anterior del BCP cayó.
La Fiscalía formuló ayer una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
En una improvisada rueda de prensa, al agente Christian Benítez, uno de los fiscales de la causa, confirmó la ampliación de la imputación contra Peña y Carlos Carvallo, expresidente del BCP, por el hecho punible de asociación criminal. También fueron imputados por este mismo hecho los exintegrantes del directorio del BCP: Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora. El fiscal señaló que además de asociación criminal, uno de los exdirectivos fue imputado por producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, lesión de confianza y asociación criminal. Se refería al exdirector Marco Aurelio González, que fue nombrado en el cargo por el expresidente. Al ser consultado sobre la expectativa de pena para Santiago Peña, el agente recordó que sigue siendo 15 años y que esto no se modifica por haber agregado el hecho punible de asociación criminal.
CONTINUIDAD DE OPERACIONES
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria. El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
PRISIÓN PREVENTIVA
Por otra parte, el juez penal de Garantías Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de los tres exintegrantes del directorio de la banca matriz que fueron detenidos ayer viernes. La medida afecta a Marcos González, Miguel Mora y Liana Caballero, quienes deberán permanecer bajo custodia policial durante los próximos 15 días, conforme a lo dispuesto por el magistrado.
En el caso de González y Mora, el juez ordenó su reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde permanecerán durante ese periodo. Mientras que Liana Caballero fue destinada al Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, también por un plazo de 15 días. La resolución judicial establece así medidas de prisión preventiva para los tres exdirectivos, mientras avanza el proceso penal y se desarrollan las diligencias vinculadas a la causa.
“Hechos determinan la calificación”
El fiscal Francisco Cabrera sostuvo ayer que el proceso que investiga la caída de Ueno Bank debe partir de la reconstrucción de los hechos y que, a medida que avance la investigación, se podrán determinar las figuras penales que correspondan. En ese sentido, señaló que las calificaciones jurídicas pueden ampliarse o modificarse en función de los elementos que vayan surgiendo durante las diligencias.
“Son los hechos los que determinan la calificación, no al revés. El hecho de que encuentres elementos es lo que te permite realizar una calificación y no el hecho de calificar primero es lo que te permite realizar actos investigativos”, sostuvo el agente.
Agregó que “no existe una limitación; al contrario, primero hay que hacer una investigación, determinar los hechos y eso va a ser lo que va a permitir realizar una calificación. La calificación es el resultado final de la investigación, no al revés, no es el inicio de la investigación”, destacó el agente del Ministerio Público.
NUEVA ADMISIÓN DE JUEZ
El juez penal Humberto Otazú admitió la imputación por asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña, en el marco de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público por el caso Ueno Bank. Con esta decisión, el exmandatario suma un nuevo cargo a los que ya le habían sido atribuidos al inicio de la pesquisa. Los primeros hechos punibles imputados fueron lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
La admisión de la figura de asociación criminal marca un endurecimiento de la causa, ya que este tipo penal supone que los hechos investigados no habrían sido acciones aisladas, sino parte de un esquema en el que habrían participado varias personas. El proceso continúa en su etapa inicial, mientras el Ministerio Público avanza con la recolección de evidencias y la defensa del expresidente podrá presentar sus descargos ante los nuevos cargos.
Dejanos tu comentario
En controles a encomiendas aéreas, incautan 15 kilos de marihuana y accesorios para armas
Este viernes, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) realizó una serie de controles y detectó dos encomiendas cuyos contenidos eran de dudosa procedencia. En una de ellas descubrieron un cargamento de presunta marihuana oculto en el doble fondo de un mueble y en otro miras telescópicas y equipos para armas que no tienen autorización en Paraguay.
Según el reporte de los funcionarios, estas cargas fueron detectadas durante controles a encomiendas aéreas o verificación sobre cargas de remesa expresa en los depósitos de carga de la Dirección de Aeronáutica Civil (DINAC). Para el control de las cargas se necesitó el apoyo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Dirección General de Material Bélico (Digemabel).
En uno de los procedimientos, inspeccionaron un envío procedente del exterior que consistía en un mueble de madera tipo zapatero con tapa acolchada, en el que hallaron un doble fondo en el que se ocultaban aproximadamente 15 kilogramos de presunta marihuana. Se dio inmediata intervención Senad para la prosecución de los trámites de rigor.
Lea también: Capturan a dos presuntos sicarios de alias “Macho” buscados por múltiples homicidios
En tanto que, en controles realizados a cargas provenientes de Miami, Estados Unidos, detectaron componentes para armas de fuego que no contaban con los permisos legales exigidos en territorio paraguayo. Se encontraron miras telescópicas y una prensa con accesorios destinados a la recarga de municiones. Se comunicó el hecho a la Digemabel para continuar con las diligencias administrativas y legales.
Desde la institución indicaron que estas intervenciones forman parte de los controles permanentes que ejecuta la DNIT en las terminales aduaneras y puntos de ingreso al territorio nacional, con el objetivo de combatir el tráfico de drogas, el ingreso irregular de armas y el contrabando.
Dejanos tu comentario
Caso Ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
Lea también: Caso Ueno: Peña, Carvallo y exdirectivos del BCP, bajo la lupa de la Fiscalía
Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
Lea más: Fiscalía aguarda autorización judicial para peritaje al teléfono de Peña
Captación de depósitos pese a advertencias
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
Lea además: Jubilados impulsarán ley de emergencia financiera tras la crisis de Ueno Bank