El gobierno de Santiago Peña emprendió un cambio de paradigma en el sector energético, con la puesta en marcha de dos proyectos cruciales, como el de la conformación del ente regulador para el mercado local y la elevación del Viceministerio de Minas y Energía a Ministerio. Se espera que esta decisión tenga un impacto de amplia relevancia en el futuro, transformando el mercado local y siendo un factor de desarrollo económico.

“Es un paso relevante, fundamental, que hasta considero más importante que el resultado de la revisión del Anexo C (de Itaipú), porque estos pasos hacen a la vida diaria, cotidiana de la sociedad paraguaya entera, para el presente y el futuro, es un cambio paradigmático”, afirmó el consultor Guillermo López Flores, en conversación mantenida con La Nación Media.

Entre otras cosas, de acuerdo a sus consideraciones, dijo que hay un cambio en el enfoque del ámbito energético, orientando los esfuerzos a la generación de desarrollo. “Este planteo del Gobierno dice la energía eléctrica prioritariamente tiene que destinarse al desarrollo de la industria y la economía paraguaya y lo que sobre podemos sacar la mayor renta posible”, sostuvo.

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Otro punto importante abordado por el especialista corresponde a las inversiones para seguir brindando servicios de calidad. “Se asume la realidad presente, el Estado, la Administración Nacional de Electricidad (Ande), ya no tienen condiciones de financiar las principales obras de expansión para atender la demanda futura, hay que encargar esa tarea al sector privado”, indicó.

Por su parte, Eduardo Viedma, presidente de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables (Aper), consideró importantes las iniciativas emprendidas desde el Gobierno, sobre todo la existencia de un organismo que vele por las condiciones de compra y venta de energía. En este sentido, manifestó que debe ser una institución que opere sin injerencias políticas ni intereses empresariales.

“El regulador tiene que ser básicamente un ente conformado por el sector público y privado, principalmente con los mejores técnicos, con mayor relevancia, en lo posible sin intereses políticos y mucho menos empresariales, tiene que ser un ente eminentemente técnico”, analizó, entre otras cosas, en contacto con La Nación/Nación Media.

Sobre las funciones de ambos organismos proyectados, explicó que “necesitamos un ente que regule la política energética del país, que sería el Ministerio de Energía y un ente regulador que estipule condiciones de compra, de venta, de instalación y también de las condiciones de prestación y servicio del sector privado y la generación y venta a la Ande de energía”.

Con relación a la preponderancia que puede tener un Ministerio de Minas y Energías, explicó que en este sentido el país tiene una materia pendiente. “Un déficit de nuestro país es la prospección minera, prospección petrolera, inclusive energética, porque hay que hacer primero una inversión importante en eso para poder estimar la cantidad que tenemos y si es realmente rentable”, dijo.

En cuanto a los plazos que manejan, precisó que en las próximas semanas se debe contar con los aportes para los proyectos para luego ponerlos a consideración del Poder Legislativo, a través del Ejecutivo.

Cecilia Llamosas, investigadora y doctora en política energética, mencionó a LN/NM que el principal beneficiario tiene que ser el usuario, porque la misión de un regulador es justamente mejor calidad de servicio, tarifas transparentes y reglas claras.

“El sector cambió y necesita inversiones importantes, tanto en financiamiento como en capacidad de ejecución. Hoy Ande carga con funciones que exceden su rol natural: opera, planifica y además ejerce en la práctica funciones regulatorias”, dijo y agregó que la propia institución planteó la necesidad de un ente regulador, por lo que separar esas funciones no la debilita, sino que la fortalece porque le permite dedicarse plenamente a operar e invertir.

Sobre su conformación, consideró que debe ser un organismo eminentemente técnico, con estabilidad, autonomía, capacidad de gestión. Sus objetivos deben apuntar fundamentalmente, darle al Paraguay capacidad real de conducir su política energética.

“Esta no es una discusión nueva. Solamente en los últimos 10 años hubo mas de cinco intentos de crear un Ministerio de Energía. Es decir, hace décadas que venimos identificando problemas de fragmentación y coordinación en el sector”, agregó.

A su vez, dijo que no se trata simplemente de crear otro casillero en el organigrama, si no de “construir una verdadera rectoría y tener capacidad para planificar, fijar objetivos comunes y coordinar”.

La separación de funciones debería ser bastante sencilla: el Ministerio hace política y planifica; el regulador establece y fiscaliza las reglas; Ande opera y ejecuta; y las empresas invierten. Según Llamosas, si cada institución puede hacer bien lo que le corresponde, se fortalece todo el sistema y finalmente quien recibe el beneficio es el usuario.

“Estamos en un punto de inflexión. El desafío es que la demanda crece y necesitamos tener la capacidad y la infraestructura para atenderla. La infraestructura energética toma años. Lo que vamos a necesitar dentro de cinco o diez años tenemos que decidirlo hoy. Entonces, ni alarmismo ni complacencia, pero la ventana para tomar decisiones es ahora”, subrayó.

Como reflexión final, explicó que hace años Paraguay necesita fortalecer su arquitectura institucional energética pero lo difícil ha sido transformar ese diagnóstico en cambios que se sostengan en el tiempo. Todo ello, a fin de que la energía se traduzca en mejor servicio para la gente, más inversión, más industria, tecnología y empleo.

• El cambio en la política energética permitirá orientar la potencia hacia el desarrollo de la industria y la expansión económica.
• El ente regulador del mercado energético se ocupará de generar condiciones propicias para la compra, venta, condiciones de prestación, entre otros aspectos.
• La política energética del país será regida por el Ministerio de Minas y Energía, permitiendo rentabilizar los recursos disponibles.

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Se espera que amplíe relevancia en el futuro, transformando el mercado local y siendo un factor de desarrollo económico.

El gobierno de Santiago Peña emprendió un cambio de paradigma en el sector energético, con la puesta en marcha de dos proyectos cruciales, como el de la conformación del ente regulador para el mercado local y la elevación del Vice­ministerio de Minas y Ener­gías a Ministerio. Se espera que esta decisión tenga un impacto de amplia rele­vancia en el futuro, trans­formando el mercado local y siendo un factor de desa­rrollo económico.

“Es un paso relevante, fun­damental, que hasta consi­dero más importante que el resultado de la revisión del Anexo C (de Itaipú), por­que estos pasos hacen a la vida diaria, cotidiana de la sociedad paraguaya entera, para el presente y el futuro, es un cambio paradigmá­tico”, afirmó el consultor Guillermo López Flores, en conversación mantenida con La Nación Media.

Entre otras cosas, de acuerdo a sus consideracio­nes, dijo que hay un cam­bio en el enfoque del ámbito energético, orientando los esfuerzos a la generación de desarrollo. “Este planteo del Gobierno dice la ener­gía eléctrica prioritaria­mente tiene que destinarse al desarrollo de la industria y la economía paraguaya y lo que sobre podemos sacar la mayor renta posible”, sos­tuvo.

Otro punto importante abordado por el especialista corresponde a las inversio­nes para seguir brindando servicios de calidad. “Se asume la realidad presente, el Estado, la Administración Nacional de Electricidad (Ande), ya no tienen condi­ciones de financiar las prin­cipales obras de expansión para atender la demanda futura, hay que encargar esa tarea al sector privado”, indicó.

Por su parte, Eduardo Viedma, presidente de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables (Aper), consideró importantes las iniciativas emprendidas desde el Gobierno, sobre todo la existencia de un orga­nismo que vele por las con­diciones de compra y venta de energía. En este sentido, manifestó que debe ser una institución que opere sin injerencias políticas ni inte­reses empresariales.

“El regulador tiene que ser básicamente un ente confor­mado por el sector público y privado, principalmente con los mejores técnicos, con mayor relevancia, en lo posible sin intereses políti­cos y mucho menos empresa­riales, tiene que ser un ente eminentemente técnico”, analizó, entre otras cosas, en contacto con La Nación/Nación Media.

Sobre las funciones de ambos organismos proyec­tados, explicó que “necesi­tamos un ente que regule la política energética del país, que sería el Ministerio de Energía y un ente regula­dor que estipule condicio­nes de compra, de venta, de instalación y también de las condiciones de prestación y servicio del sector privado y la generación y venta a la Ande de energía”.

Con relación a la preponde­rancia que puede tener un Ministerio de Minas y Ener­gías, explicó que en este sen­tido el país tiene una mate­ria pendiente. “Un déficit de nuestro país es la pros­pección minera, prospec­ción petrolera, inclusive energética, porque hay que hacer primero una inver­sión importante en eso para poder estimar la canti­dad que tenemos y si es real­mente rentable”, dijo.

En cuanto a los plazos que manejan, precisó que en las próximas semanas se debe contar con los aportes para los proyectos para luego ponerlos a consideración del Poder Legislativo, a través del Ejecutivo.

Cecilia Llamosas, inves­tigadora y doctora en polí­tica energética, mencionó a LN/NM que el principal beneficiario tiene que ser el usuario, porque la misión de un regulador es justa­mente mejor calidad de ser­vicio, tarifas transparentes y reglas claras. “El sector cambió y necesita inver­siones importantes, tanto en financiamiento como en capacidad de ejecución. Hoy Ande carga con fun­ciones que exceden su rol natural: opera, planifica y además ejerce en la práctica funciones regulatorias”, dijo y agregó que la propia insti­tución planteó la necesidad de un ente regulador, por lo que separar esas funciones no la debilita, sino que la fortalece porque le permite dedicarse plenamente a ope­rar e invertir.

Sobre su conformación, consideró que debe ser un organismo eminentemente técnico, con estabilidad, autonomía, capacidad de gestión. Sus objetivos deben apuntar fundamentalmente, darle al Paraguay capacidad real de conducir su política energética.

“Esta no es una discusión nueva. Solamente en los últimos 10 años hubo mas de cinco intentos de crear un Ministerio de Energía. Es decir, hace décadas que venimos identificando pro­blemas de fragmentación y coordinación en el sector”, agregó.

A su vez, dijo que no se trata simplemente de crear otro casillero en el organigrama, si no de “construir una ver­dadera rectoría y tener capa­cidad para planificar, fijar objetivos comunes y coor­dinar”.

La separación de funciones debería ser bastante sencilla: el Ministerio hace política y planifica; el regulador esta­blece y fiscaliza las reglas; Ande opera y ejecuta; y las empresas invierten. Según Llamosas, si cada institu­ción puede hacer bien lo que le corresponde, se fortalece todo el sistema y finalmente quien recibe el beneficio es el usuario.

“Estamos en un punto de inflexión. El desafío es que la demanda crece y nece­sitamos tener la capacidad y la infraestructura para atenderla. La infraestruc­tura energética toma años. Lo que vamos a necesitar dentro de cinco o diez años tenemos que decidirlo hoy. Entonces, ni alarmismo ni complacencia, pero la ven­tana para tomar decisiones es ahora”, subrayó.

Como reflexión final, explicó que hace años Paraguay necesita fortalecer su arqui­tectura institucional ener­gética pero lo difícil ha sido transformar ese diagnós­tico en cambios que se sos­tengan en el tiempo. Todo ello, a fin de que la energía se traduzca en mejor servicio para la gente, más inversión, más industria, tecnología y empleo.

Permitirá mejorar caminos, proteger a las comunidades ante las riadas y ampliar el acceso al agua potable.

En zona de Emboca­dura, en el Chaco paraguayo, las tareas de limpieza y descolmatación se desarrollan en un tramo de aproximadamente 12 kiló­metros del río Pilcomayo, con el objetivo de garantizar el ingreso de agua al territorio nacional, mejorar caminos, proteger a las comunidades ante las riadas y ampliar el acceso al agua potable.

Esta intervención es impul­sada por la Comisión Nacio­nal de Regulación y Apro­vechamiento Múltiple de la Cuenca del Río Pilcomayo (CNRP), encabezada por el exgobernador de Boquerón Darío Medina, y continuará en el sistema denominado “espina de pescado”, utilizado para la retención de sedimen­tos.

Este frente corresponde al Lote 1, adjudicado a Tocsa SA, desde Hito 1 hasta Mis­tolar y el contrato incluye limpieza de cauces y paleo­cauces, construcción de puen­tes y alcantarillas, muros de protección y mejoramiento de caminos. El Lote 2, el sec­tor entre Mistolar y Fortín Caballero, fue adjudicado al Consorcio Fortín General Díaz y prevé la ampliación, profundización e interco­nexión de canales, acompa­ñadas de otras obras comple­mentarias.

Medina explicó que una vez concluida, la estructura per­mitirá evitar que la locali­dad vuelva a quedar aislada durante las riadas del río Pilcomayo. Anunció que las intervenciones continua­rán en los distintos secto­res previstos, combinando tareas hidráulicas, viales y de protección, para sostener el flujo del Pilcomayo y redu­cir el impacto de las crecidas sobre las comunidades asen­tadas en su zona de influen­cia. También en la comuni­dad de Margariño avanza la construcción de un puente solicitado por los pobladores desde hace más de 10 años. La obra corresponde al Lote 3, a cargo de Hugo Navarro SA, que también ejecuta el Plan de Contingencia con tareas de mantenimiento estraté­gico, construcción de pozos, limpieza de cauces durante las riadas y obras de protec­ción en sectores considera­dos críticos.

En zona de Embocadura, en el Chaco paraguayo, las tareas de limpieza y descolmatación se desarrollan en un tramo de aproximadamente 12 kilómetros del río Pilcomayo, con el objetivo de garantizar el ingreso de agua al territorio nacional, mejorar caminos, proteger a las comunidades ante las riadas y ampliar el acceso al agua potable.

Esta intervención es impulsada por la Comisión Nacional de Regulación y Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca del Río Pilcomayo (CNRP), encabezada por el exgobernador de Boquerón, Darío Medina; y continuará en el sistema denominado “espina de pescado”, utilizado para la retención de sedimentos.

Este frente corresponde al Lote 1, adjudicado a Tocsa S.A., desde Hito 1 hasta Mistolar y el contrato contrato incluye limpieza de cauces y paleocauces, construcción de puentes y alcantarillas, muros de protección y mejoramiento de caminos. El Lote 2, el sector entre Mistolar y Fortín Caballero, fue adjudicado al Consorcio Fortín General Díaz y prevé la ampliación, profundización e interconexión de canales, acompañadas de otras obras complementarias.

Medina explicó que una vez concluida, la estructura permitirá evitar que la localidad vuelva a quedar aislada durante las riadas del río Pilcomayo. Anunció que las intervenciones continuarán en los distintos sectores previstos, combinando tareas hidráulicas, viales y de protección, para sostener el flujo del Pilcomayo y reducir el impacto de las crecidas sobre las comunidades asentadas en su zona de influencia.

Así también, en la comunidad de Margariño avanza la construcción de un puente solicitado por los pobladores desde hace más de 10 años. La obra corresponde al Lote 3, a cargo de Hugo Navarro S.A., que también ejecuta el Plan de Contingencia con tareas de mantenimiento estratégico, construcción de pozos, limpieza de cauces durante las riadas y obras de protección en sectores considerados críticos.

Asimismo, en General Díaz, se llevan a cabo trabajos de mejoramiento de caminos vecinales. En esta misma comunidad fueron perforados tres pozos someros a través del Lote 3 y entregados en julio pasado para abastecer de agua potable a los pobladores.