Definen un aumento de G. 117.936 para el salario mínimo
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El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) definió este miércoles el reajuste del salario mínimo a G. 2.798.309 mensuales, con un aumento de G. 117.936. Mientras que el jornal mínimo será de G. 107.627, en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o la inflación que, según datos del Banco Central del Paraguay, ascendió a 4,4 % en mayo último.
Tras la reunión del consejo, el viceministro de Trabajo, César Segovia, señaló que el dictamen del reajuste se eleva ahora al Ejecutivo, y que fue elaborado de acuerdo a lo que establece la ley para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores conforme al aumento de precios de los productos de la canasta básica.
“Lo que hace el Consejo es validar lo que dice la ley y, a partir de julio, vamos a tener estos nuevos valores”, expresó Segovia. Según los datos que dio a conocer, unos 282.000 trabajadores serán beneficiados con el reajuste, que empezará a regir desde el próximo mes, una vez que el dictamen sea aprobado por el Gobierno.
En Paraguay, el salario mínimo se reajusta de manera anual desde el 2016. La consideración del reajuste es efectuada por el Poder Ejecutivo, con la propuesta del Conasam, con base en la variación interanual del IPC o la inflación y su impacto en la economía nacional. El vigente salario mínimo de G. 2.680.373 fue aprobado en junio del 2023 y puesto en vigencia desde julio del mismo año. El anterior reajuste fue un 5,1 % de los sueldos y jornales mínimos de trabajadores del sector privado.
Los integrantes de la Asociación de Rematadores del Paraguay no están de acuerdo con una nueva acordada que pretende ampliar el cupo de matrícula de rematador. Foto: Gentileza
Rematadores se manifiestan contra aumento de matrículas frente al Palacio de Justicia
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Los integrantes de la Asociación de Rematadores del Paraguay se manifestaron frente a la sede del Palacio de Justicia de Asunción para solicitar el rechazo de la decisión de la máxima instancia judicial, la cual pretende liberar las matrículas y ampliar la cantidad de rematadores en la capital y otras circunscripciones judiciales del país.
El titular del gremio, Atilio Estigarribia, señaló que buscan dignificar la profesión y aclaró que no se oponen a los concursos, siempre y cuando se utilicen las matrículas vacantes por fallecimiento o renuncia, sin habilitar nuevos cupos. El representante sostuvo que existe un bajo porcentaje de remates judiciales y que la mayoría de los procedimientos se suspende, lo que afecta directamente los ingresos de los profesionales.
“No estamos ajenos a que se haga un examen, pero que sea como el de los escribanos: con cupos limitados, basados en los fallecidos y en los que renunciaron”, manifestó Estigarribia.
Además, agregó que, de los 120 rematadores matriculados, entre el 50 % y el 60 % no tiene trabajo, una situación que, según advirtió, podría agravarse con la nueva acordada de la Corte Suprema de Justicia. En una nota presentada recientemente, la asociación solicitó revisar la normativa que regula el acceso a la matrícula de rematador público. El gremio cuestiona que se pretenda ampliar la cantidad de profesionales sin un análisis técnico previo sobre el volumen de remates judiciales realizados de manera mensual, trimestral, semestral o anual.
Ministerio Público opera con 50 % de los fiscales requeridos y solicita mayor presupuesto para 2027
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En el marco de la presentación de su plan financiero para 2027, el Ministerio Público detalló las prioridades estratégicas en recursos humanos, tecnología de investigación penal y obras edilicias. La institución fundamentó ante la Comisión Bicameral un requerimiento de G. 1.286 billones para el ejercicio fiscal de año que viene.
Durante la exposición ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional, las autoridades fiscales detallaron que los fondos serán destinados a cubrir necesidades críticas en tres áreas estratégicas:
infraestructura
tecnología de punta para el área forense
y el fortalecimiento del talento humano.
Como argumento central para justificar el incremento de 1.286 billones de guaraníes, la institución expuso una marcada diferencia acumulada entre los presupuestos que se solicitaron y los que finalmente aprobó el Poder Legislativo en los últimos años. Entre 2023 y 2026, el Ministerio Público requirió un total de G. 4.211 billones, pero solo recibió G. 2.867 billones.
Solo tienen 350 agentes fiscales para todo el país. Foto: Gentileza
Esta brecha histórica dejó un descalce financiero de G. 1.344 billones, lo que ha limitado la capacidad de respuesta de la Justicia penal. El reflejo más inmediato de esta situación se dio en el presupuesto de 2026, año en que la institución solicitó G. 1.056 billones y sufrió un recorte de G. 293.000 millones, percibiendo únicamente G. 763.000 millones.
Durante la exposición indicaron que Paraguay necesita al menos 700 unidades fiscales, con sus correspondientes agentes fiscales titulares, mientras que actualmente la institución cuenta con aproximadamente 350 agentes fiscales, según los datos presentados.
”La solicitud presupuestaria para 2027 plantea la necesidad de contar con recursos que permitan ampliar la cobertura institucional, modernizar los servicios de investigación científica y mejorar las condiciones de atención a la ciudadanía", apuntaron.
Entre los proyectos mencionados se encuentra la conclusión de la sede del Ministerio Público en Encarnación. Foto: Gentileza
El Ministerio Público necesita laboratorios forenses, morgues judiciales, cámaras Gesell y depósitos de evidencias. Además de incorporar tecnología para el procesamiento de escenas del crimen, la identificación de personas y la preservación de los elementos probatorios.
Identificó limitaciones en infraestructura y disponibilidad de profesionales especializados, aspectos que requieren atención para fortalecer las investigaciones sustentadas en evidencia científica. Entre los proyectos mencionados se encuentra la conclusión de la sede del Ministerio Público en Encarnación.
“El fortalecimiento de la infraestructura, la tecnología y los recursos humanos constituye una prioridad expuesta por la institución para avanzar hacia una mayor capacidad de respuesta frente a los hechos punibles denunciados en todo el territorio nacional”, resaltaron.
Buscan incorporar tecnología para el procesamiento de escenas del crimen, la identificación de personas y la preservación de los elementos probatorios. Foto: Gentileza
Bioquímicos mantienen huelga de tres días desde el lunes en reclamo por reajuste salarial
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La Unión de Bioquímicos del Paraguay confirmó una huelga nacional de tres días, desde el lunes 26 hasta el miércoles 28 de octubre, tras fracasar la mesa tripartita con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. El paro afectará los análisis ambulatorios en hospitales públicos.
El gremio reclama reajuste salarial, mejores condiciones de trabajo, mayor incorporación de personal y nombramientos en el Ministerio de Salud. Asimismo, exige el abastecimiento de reactivos en los hospitales para garantizar la realización de estudios laboratoriales.
La falta de consenso entre los representantes de los bioquímicos y las autoridades estatales mantiene vigente la medida. En ese sentido, Natalia Zarza, vocera sindical, confirmó que la protesta se desarrollará en las fechas previstas y estiman que más de 1.500 profesionales podrían adherirse a la medida de fuerza.
La falta de avances deja sin resolver las reivindicaciones del sector y mantiene la amenaza de una interrupción parcial de los servicios laboratoriales en todo el país.
Por dicho motivo, la gremialista recomendó a los pacientes que necesiten análisis clínicos realizarse los estudios durante esta semana. Durante los tres días de huelga no se recibirán solicitudes de análisis ambulatorios, aunque se mantendrá la atención de urgencias, pacientes internados y personas en terapia intensiva.
Hace dos semanas ya se había realizado una primera reunión tripartita entre autoridades y personal de salud, la cual también acabó sin resultados. La segunda reunión, llevada a cabo ayer, con autoridades de Salud y del Mtess resultó igualmente infructosa.
Jubilados rechazan reajuste del 2 % proyectado por el IPS y exigen un mínimo de 5,5 % para 2027
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Este jueves, la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay se declaró en estado de alerta ante las proyecciones económicas para el próximo año y rechaza rotundamente el incremento del 2 % propuesto por la previsional. Los jubilados entregaron un estudio técnico solicitando que el reajuste sea un 5,5 % desde enero del 2027.
Elvio Brun, portavoz de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, explicó porque rechazan la proyección oficial de reajuste del 2 % para los haberes del 2027 y entre las justificaciones indicó que está totalmente alejada de la inflación real.
“Estamos totalmente en desacuerdo con ese ajuste del 2 %. El IPC es un índice para inversionistas, para mostrar una supuesta estabilidad económica, pero está muy alejado de la realidad del supermercado. La inflación real está en un 20 %”, agregó Brun, en entrevista con La Nación/Nación Media.
La semana pasada el gremio entregó un estudio técnico al doctor Derlis León solicitando que el reajuste de los haberes que sean justos para los jubilados. Aclaró que la Carta Orgánica del IPS faculta al Consejo a otorgar un aumento que tome como base el IPC, pero sumándole un porcentaje adicional adaptado al costo de vida real.
Ante este rechazo las autoridades del IPS propusieron convocar a una mesa técnica para evaluar los estudios económicos de los jubilados, el gremio exige que las reuniones inicien esta misma semana. “Nos habían fijado una primera fecha el jueves pasado que se suspendió, lo cual nos dejó preocupados”, resaltó.
Aseguró que los tiempos administrativos urgen, ya que el impacto debe verse reflejado en las liquidaciones del primer mes del próximo año. “Estamos esperando e insistiendo para que se realice esa mesa técnica cuanto antes, porque no se va a resolver en una sola reunión. Van a tener que ser varias reuniones para determinar eso”, puntualizó.