Oscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), habló sobre el impacto del Corredor Bioceánico que está en construcción y detalló que se proyecta aplicar controles integrados con Brasil, Argentina y Chile. Aseguró que los camiones ingresados al país serán seguidos vía GPS, teniendo una detallada radiografía de lo que pasa por el territorio nacional.

El alto funcionario destacó la relevancia que tendrá la conexión regional en la economía local. “El impacto económico va a ser fundamental en el sentido de que va a tener un impacto positivo muy grande, porque toda la producción de Brasil ya no va a salir por el Atlántico, va a salir por el Pacífico, va a ahorrar en costos, en tiempo”, vaticinó. No quiso entrar en detalles, considerando que no dispone de las cifras para estimar, sin embargo lanzó un pronóstico más que alentador al indicar que “va a ser un Canal de Panamá, pero a nivel de transporte terrestre”.

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Con relación a los controles a ser ejecutados, apuntó que se tiene proyectado trabajar de cerca con los demás países afectados al proyecto. “Ya tenemos un acuerdo por escrito con la Receita Federal, con Brasil, donde nuestro control va a ser integrado en la zona de Brasil. Los funcionarios de la DNIT van a pasar al lado brasileño para hacer un control integral, entre los funcionarios de la Receita y la DNIT, de hecho, hoy tenemos control integrado con Argentina, por ejemplo”, explicó sobre lo que se está planificando.

Recordó que recientemente se reunió con autoridades chilenas, sobre el mismo tema, “porque vamos a hacer un control integral, Chile, Argentina Paraguay y Brasil, para toda esa Bioceánica”, amplió.

En cuanto al tránsito por el territorio nacional, citó que están preparados con un sistema que permite el seguimiento de los camiones, vía GSP. “Los controles nosotros ahora tenemos totalmente por GPS, de todos los camiones, de hecho tenemos un centro de monitoreo 24/7, que invertimos USD 11 millones ahí con un proyecto Koica, en el cual, por ejemplo, entra el camión, nosotros normalmente cuando entra le ponemos como una especie de candado y el vehículo queda más de 10 minutos y ya sale una alerta a nuestro control”, especificó en conversación con la 1020 AM.

Recordó también otros mecanismos de monitoreo, como control de matrícula, pesaje del camión y los escáneres aplicados al salir de Brasil, por mencionar algunos.

La obra del Corredor Bioceánico, que principalmente se basa en una ruta que cruza el Chaco paraguayo de este a oeste, está en plena marcha. En este contexto, quizás la infraestructura más emblemática es el puente entre las localidades de Carmelo Peralta (Paraguay) y Puerto Murtinho (Brasil). Durante la semana pasada, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que el paso se encuentra a 21 metros de completarse.

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El régimen excepcional de regularización de deudas impulsado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) registró una alta participación de pequeños contribuyentes, que representan cerca del 70 % de las adhesiones. Según explicó el director nacional de la DNIT, Óscar Orué a La Nación/Nación Media, este comportamiento refleja una respuesta del segmento con menor capacidad financiera ante un esquema diseñado para facilitar el cumplimiento tributario.

Orué señaló que el régimen busca ofrecer una vía de regularización para contribuyentes que, en muchos casos, no incurrieron en incumplimientos por evasión deliberada, sino por restricciones de liquidez, ingresos irregulares, dificultades administrativas o acumulación de obligaciones. Ya que el esquema contempla recargo del 0 %, una entrega mínima del 10 % y financiamiento en cuotas, lo que reduce barreras de acceso para ponerse al día con el fisco.

Añadió que la concentración de adhesiones entre pequeños contribuyentes evidencia voluntad de formalización y cumplimiento cuando existen mecanismos considerados viables desde el punto de vista financiero y operativo.

En cuanto a los niveles de incumplimiento tributario, Orué indicó que históricamente los principales desafíos se concentran en sectores con uso intensivo de efectivo, alta fragmentación empresarial y mayores niveles de informalidad operativa.

Entre ellos mencionó actividades comerciales minoristas, algunos segmentos de servicios, operaciones con fuerte movilidad de mercaderías y rubros donde la facturación no siempre refleja la actividad económica real.

En ese contexto, explicó que la DNIT evolucionó hacia un modelo de fiscalización basado en cruces de información, analítica de riesgo, trazabilidad de operaciones mediante herramientas digitales, fortalecimiento del control documental y seguimiento a contribuyentes reincidentes. Asimismo, recordó que el régimen excepcional también permite regularizar contingencias tributarias ya identificadas, incluyendo deudas firmes y procesos administrativos o judiciales con aceptación expresa del contribuyente.

Sobre los niveles de informalidad en Paraguay, el titular de la DNIT sostuvo que uno de los principales obstáculos para los pequeños negocios es la percepción de que formalizarse implica un aumento inmediato de costos sin beneficios visibles en el corto plazo.

Explicó que muchos emprendimientos operan con márgenes reducidos, ingresos variables y escasa planificación financiera, lo que convierte el cumplimiento de obligaciones tributarias periódicas en un desafío. A ello se suman el desconocimiento sobre procesos administrativos, obligaciones fiscales y herramientas digitales, además de factores estructurales como el acceso limitado al financiamiento, baja bancarización y reducida educación tributaria.

Según Orué, la formalización debe abordarse con medidas de simplificación, asistencia técnica, digitalización accesible y acompañamiento, de modo a incorporar sosteniblemente a más actores a la economía formal y facilitar el acceso a créditos, capacitaciones y mercados formales.

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Consultado sobre el desempeño del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), que fue uno de los pilares del aumento de recaudación en abril, Orué afirmó que aún existen contribuyentes en estado omiso, por lo que el tributo podría seguir siendo un componente relevante de los ingresos fiscales durante el segundo semestre.

En ese sentido, indicó que parte del crecimiento esperado provendría del fortalecimiento del cumplimiento tributario, recuperación de deudas, reducción de brechas de evasión y consolidación de contribuyentes formalizados. Agregó que el régimen excepcional genera un efecto transitorio positivo al facilitar la regularización de obligaciones acumuladas, mientras se trabaja en medidas con impacto permanente sobre el cumplimiento fiscal.

Respecto a la desaceleración de la recaudación aduanera en un contexto de presión cambiaria sobre el guaraní, Orué señaló que las medidas previstas para el segundo semestre incluyen fortalecer el control aduanero, combatir la subvaloración de mercaderías, mejorar la fiscalización posterior al despacho y reforzar la inteligencia de riesgo en operaciones de comercio exterior.

Añadió que el objetivo es compensar eventuales pérdidas de ingresos derivadas del contexto macroeconómico mediante una mayor calidad de control, sin incrementar cargas tributarias. También destacó el combate al contrabando y el cruce de información entre importaciones, facturación y declaraciones tributarias internas para detectar inconsistencias.

Al referirse al principal problema tributario del país, Orué consideró que la informalidad representa el desafío más estructural, debido a que limita la amplitud de la base tributaria y genera inequidad competitiva.

No obstante, indicó que tanto la evasión dentro del sistema como la incapacidad de pago requieren respuestas diferenciadas. Mientras la evasión deliberada demanda controles y sanciones, la incapacidad financiera requiere herramientas de regularización, como el régimen excepcional actualmente vigente.

Finalmente, sostuvo que la DNIT trabaja en distintos frentes para fortalecer la eficiencia de la recaudación y canalizar los recursos hacia el financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN).

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Continúa la intensa búsqueda policial de los autores del asalto, robo y rapto de un menor, liberado poco después, que ocurrió esta madrugada en el centro de Itakyry. Algunos de los integrantes de la banda criminal fueron identificados por los agentes investigadores y habrían sido seis los involucrados en el hecho.

Es lo que manifestó a La Nación/Nación Media, el comisario José Martínez, jefe de Investigaciones de San Alberto, quien forma parte del contingente policial que está tras la detención de los autores del hecho. Indicó además que la banda criminal responsable sería de la zona con un amplio conocimiento del manejo de la familia que fue víctima del atraco.

El jefe policial dijo que los buscados no serían brasileños, sino paraguayos que querían hacerse pasar por brasileños, según los datos que están consiguiendo. “No pasan de 6 o 7 los que estuvieron involucrados, de los cuales son cuatro los que ingresaron al local”, dijo el comisario Martínez.

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“Así como va la investigación creemos que mañana ya tendríamos a algunos detenidos”, sostuvo. La identificación de las cuentas a las que fueron realizadas las dos transferencias bancarias, fue el dato inicial para avanzar en la investigación.

El caso tiene que ver con el asalto que sufrió la familia De Oliveira De Lima, propietaria del supermercado El Campo, ubicado en el centro de Itakyry. Desde las 02:00 hasta las 03:30 aproximadamente los delincuentes ingresaron a la vivienda ubicada en la parte posterior del local comercial.

La banda utilizó armas cortas y largas para reducir a la familia y apoderarse de un total de 50 millones de guaraníes, joyas y transferencia a dos cuentas por un total de 14 millones de guaraníes. Un adolescente de 15 años fue raptado con fines de escudo para luego ser liberado en un cultivo.

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El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de ejecutar un embargo preventivo sobre fondos de Banco Atlas, en el marco de la investigación de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.

La disposición judicial surgió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del proceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en investigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.

De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusación, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sostuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.

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El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.

Lovera, explicó que la apertura de la cuenta judicial constituye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser administrados en cuentas judiciales para garantizar su disponibilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.

El abogado querellante señaló que el ofrecimiento realizado días atrás por el banco Atlas de depositar voluntariamente el dinero reclamado en una cuenta propia demuestra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con operaciones desarrolladas dentro del banco.

“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean actividades relacionadas con el interior del banco. Esta presentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operaciones realizadas por la entidad”, manifestó.

Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito. Por ello se presentó la acusación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas.

Los fiscales de la causa consideran que existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz. Es por eso que, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.

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