El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), dependiente del Poder Judicial, desde la entrada en vigencia en el año 2022 hasta el 2025, cuenta con 1.526 personas morosas que no pueden realizar transferencias de compraventas de inmuebles o rodados, así como no pueden renovar sus licencias de conducir, entre otros. Así revela un informe de la Dirección de Estadísticas del Poder Judicial.

Según los datos obtenidos, en el año 2022 se tuvo a 147 personas inscriptas, luego en el año 2023 la cifra aumento a 706, en el año 2024 a 1.417 y hasta el mes de abril de este año se tiene un total de 1526 personas inscriptas en el Redam.

De acuerdo a la normativa, para que una persona pueda salir del registro debe abonar las cuotas atrasadas de la asistencia alimentaria de sus hijos y luego será sacado de la lista. El registro se realiza en cumplimiento de la Ley Nº 6506/2020, que amplía y modifica la Ley Nº 5415/2015 por la cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Las personas que quieran que el padre o la madre ingrese a la nómina del Redam deben recurrir al Juzgado de la Niñez y Adolescencia donde radica el expediente de prestación alimentaria, una vez que se incurre en mora en el pago será declarado como deudor y por ende se agrega a la lista de deudores.

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Desde abril del 2024, los deudores de prestación alimentaria ya no podrán registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros Públicos. El 11 de abril del 2024, el Poder Judicial implementó la medida que prohíbe que los morosos accedan al registro de conducir otorgado por las autoridades municipales.

Las oficinas de Registro de la Propiedad Inmueble, Registro del Automotor y Registro de Bienes No Inmobiliarios en toda la República requieren a los escribanos públicos tener a la vista el Certificado de Antecedentes de Deudores Alimentarios Morosos (Certificado Redam) como requisito para la gestión registral de escrituras públicas de compraventa de bienes registrables.

Los notarios tendrán la obligación de contar a la vista con el Certificado Redam de las partes contratantes, vigente y sin que estos figuren en dicho registro, debiendo mencionar expresamente en el cuerpo de la escritura los datos completos de expedición de los certificados, al igual que otros certificados preescriturarios. Sin el Certificado Redam vigente, los Registros Públicos no podrán avanzar en los trámites notariales propios de inscripción de las escrituras de compraventa de bienes registrables.

Si una persona figura en el Redam no podrá renovar su registro de conducir hasta tanto que cumpla con la obligación correspondiente y abandone el listado de deudores. Desde la Corte Suprema de Justicia en su momento recordaron que la creación de este listado es considerada una herramienta para poner en marcha el mecanismo de control del incumplimiento del deber legal alimentario, obligando a deudor alimentario moroso a cumplir con sus obligaciones.

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La Cámara de Diputados tiene prevista llevar adelante su sesión ordinaria este martes 1 de abril, para ello, la mesa directiva estableció un orden del día que incluye un total de 19 puntos a ser tratados desde las 09:00. Entre ellos se destaca el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. Asimismo, tienen previsto analizar una propuesta que prohíbe el ingreso de equipos celulares en los centros penitenciarios y educativos del país.

De acuerdo al orden del día, el plenario dará continuidad al estudio sobre la propuesta de “Protección de datos personales en Paraguay”, que se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con aprobación en general y deberán avanzar en su estudio en particular.

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Al respecto, la exposición de motivos señala que el proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Paraguay es parte.

Recuerdan que esta propuesta cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública, entre otros.

Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.

Por otra parte, el plenario tiene en agenda la consideración del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país”. El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.

Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y hasta riesgo de planificación de fugas. El proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.

Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta 7 años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.

El documento también resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.

“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.

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• México. AFP.

El Congreso de México aprobó ayer miércoles una reforma constitucional que prohíbe el cultivo de maíz transgénico y protege las variedades nativas del grano originario de ese país. La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobada este miércoles con 97 votos a favor y 16 en contra en el Senado, una semana después de que la Cámara de Diputados le diera luz verde.

La normativa deberá ahora ser avalada por los congresos locales de al menos 17 de los 32 estados del país, donde el oficialismo cuenta con mayoría. La reforma fue propuesta por Sheinbaum luego de que en diciembre pasado México perdiera una disputa comercial contra Estados Unidos en el marco del tratado comercial T-MEC, que mantiene con ese país y Canadá.

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Estados Unidos impugnó una norma mexicana adoptada por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que restringía las importaciones de maíz genéticamente modificado. El panel de resolución de controversias falló a favor de Estados Unidos y el gobierno de Sheinbaum dejó sin efectos la norma.

La modificación constitucional aprobada este miércoles no alude a las importaciones, sino que establece que el cultivo de maíz en México “debe ser libre” de cambios genéticos realizados “con técnicas que superen las barreras naturales”. Esto permite la siembra de granos mejorados mediante métodos de reproducción basados en prácticas tradicionales, mientras que impide el cultivo de maíz alterado con “técnicas de biotecnología moderna”, indica la iniciativa.

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Otros usos del maíz genéticamente modificado deben ser evaluados para evitar “amenazas para la bioseguridad” y la salud, añade. México es el segundo comprador mundial de maíz, principalmente amarillo, y el 95 % procede del mercado estadounidense, cuya producción es, a su vez, 93 % transgénica.

Esta variedad es usada para forraje, así como insumo de alimentos industrializados para consumo humano. Al mismo tiempo, el país latinoamericano es autosuficiente en la producción de maíz blanco, base de la dieta de sus 129 millones de habitantes. La aprobación de esta reforma, que reconoce a México como “centro de origen y diversidad del maíz”, ocurre en plenas tensiones comerciales con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien impuso aranceles del 25 % a Canadá y México la víspera.

El senador Derlis Maidana, representante de la Cámara Alta ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), confirmó que la próxima semana se tratará el proyecto que plantea poner fin a las comunicaciones privadas entre enjuiciados e integrantes del organismo extrapoder, debido a que existe un gran interés en devolver la credibilidad ciudadana a esta institución.

“Se postergó por 7 días la aprobación en general en razón de que se va a remitir el proyecto a cada miembro del Jurado para que puedan hacer aportes, pero en líneas generales, estamos de acuerdo en que quienes tengan litigios de emergencia, ya sean abogados defensores, jueces, fiscales y abogados que hagan su descargo o presentaciones en forma pública, que se les prohíba a los miembros tener audiencias privadas con las partes litigantes”, explicó.

En contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el legislador detalló que el proyecto fue presentado por la doctora Alicia Pucheta en la sesión de este jueves 27 de febrero, pero se decidió postergar el estudio y aprobación de modo a que cada uno de los miembros pueda analizar en profundidad y realizar correcciones o introducir elementos si así lo considerasen pertinente.

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“Eso está para ser aprobado el próximo jueves en general y en particular y será de implementación inmediata para secundar también lo que dijo el presidente electo del JEM, de que va a limpiar la institución. Sabemos que otorgarle credibilidad al JEM va a tener su proceso, pero la tarea se comienza de la mejor manera y es poniéndole al frente a un magistrado de larga lucha en el ámbito de la Justicia”, refirió Maidana sobre la nueva elección del organismo.

Este cambio que realizará el JEM en torno a las comunicaciones entre los integrantes y los enjuiciados, responde a la recomendación de la última Cumbre de Poderes, instancia donde se instó implementar la iniciativa 28 de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción, a través de la cual exhortan a la activación de mecanismos para restringir las comunicaciones privadas entre miembros y procesados, apuntando a que estas sean oficiales y públicas.

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El doctor César Garay, ministro de la Corte Suprema de Justicia, fue electo como nuevo presidente del JEM, mientras que Alicia Pucheta y Derlis Maidana fueron electos como vicepresidente primero y segundo respectivamente. El parlamentario resaltó la elección realizada por el organismo extrapoder y la importancia de que un perfil como el de Garay sea quien dirija en estos momentos la institución.

“Yo creo que es el hombre indicado, por su trayectoria y por el conocimiento del derecho, por toda su lucha, es el doctor César Garay quien debe presidir el Jurado en estos momentos y le acompañamos como vicepresidentes con la doctora Alicia Pucheta. La bomba estalló en su tiempo, pero creo que nadie puede dudar de la integridad”, aseveró.