La Procuraduría General de la República (PGR) levantó el embargo judicial que pesaba sobre las cuentas bancarias de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco). Los juicios promovidos contra la entidad fueron por incumplimientos que contempla el contrato colectivo.
El monto total en concepto de embargo es de más de G. 27.000 millones (por todas las demandas existentes). Al respecto, el titular de Copaco, Óscar Stark, celebró la decisión de la Procuraduría ya que los bienes del Estado son inembargables por ley y Copaco es una empresa 100 % estatal.
“Es una muy buena noticia. Se levantó un embargo y tenemos también el dictamen del fiscal para ir en esa misma dirección. La idea es que a partir de estas acciones que está tomando la Procuraduría en los diferentes juzgados se vayan levantando otros embargos que generan un problema enorme para la compañía”, señaló Stark a la 650 AM.
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Mediante esta iniciativa, esperan que se levanten otros embargos que permitirá a Capaco acceder a los G. 27.000 millones embargados. Recordó que el ente viene sufriendo esto desde hace varios años y que es un logro en conjunto de la PGR con la asesoría jurídica de la compañía.
“El 100 % de las acciones son del Estado paraguayo, está clarísimo. En los juzgados civiles, donde tenemos las demandas de las empresas proveedoras, siempre se respetó esta inembargabilidad de los bienes. En los juzgados laborales es donde se embargaron algunos bienes, eso es lo que se está revirtiendo ahora gracias a un trabajo excelente que está haciendo el procurador”, enfatizó.
Salud financiera
Luego de haber asumido el cargo de presidente, Stark habló sobre la situación financiera de Copaco y subrayó que es bastante crítica, cuyo primer síntoma se evidencia con la deuda de G. 833 millones y se acumulan pérdidas estructurales cercanas a los G. 190.000 millones. Stark contó que la arrastrada situación se debe a que las recaudaciones de la compañía no son suficientes para cubrir los gastos demandantes, así como los mismos salarios o incluso liquidaciones por términos de contrato.
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Procurador destaca estabilidad monetaria e inflacionaria lograda con autonomía del BCP
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, propuesto para el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) por parte de la Presidencia de la República, resaltó la independencia técnica de la banca matriz y sostuvo que su éxito radica en una inflación y una devaluación controlada.
González, quien fue nominado para integrar el Directorio del BCP y cuya confirmación depende del Senado, destacó que la institución ejerce sus funciones con autonomía y con rigor técnico, lo que se traduce en niveles de inflación controlados y una moneda con leve devaluación.
“El Banco Central es un órgano constitucional autónomo, tiene independencia técnica. A los efectos de la estabilidad de la moneda tiene mucha más relevancia el BCP, algo muy importante a nivel país para la economía”, dijo este viernes a la 1020 AM.
Sobre su nominación, explicó que fue convocado por el presidente de la República tras recomendaciones del titular del BCP, Carlos Carvallo, quien sugirió la integración de un abogado en el Directorio de la banca matriz.
“Me comentó el presidente de la República que el presidente del BCP hace tiempo le pide un abogado en el Directorio, como era costumbre anteriormente y ahora no hay muchos desafíos regulatorios y que ambos confían en mi capacidad, yo soy de ahí, conozco el ambiente y creen que puedo aportar”, expresó.
De recibir luz verde en la Cámara de Senadores, González asumirá formalmente a partir del 15 de agosto, en reemplazo de Humberto Colmán, quien había sido designado durante el gobierno anterior y cuyo mandato vence en la mencionada fecha.
La nominación fue anunciada por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, quien aseguró que cuenta con el respaldo pleno del Poder Ejecutivo y de las máximas autoridades del BCP.
Durante la conferencia de prensa, el ministro Fernández Valdovinos resaltó el perfil técnico y académico de González, a quien describió como “una gran persona y un gran profesional, principalmente de la casa”, en alusión a su extensa trayectoria en la institución monetaria.
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Ley de APP es clave para la inversión en infraestructura ante restricciones fiscales
El papel crucial de la nueva Ley de Alianza Público Privada (APP) para el fomento de inversiones privadas en infraestructura pública fue resaltado en un conversatorio entre el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el exministro de Hacienda, César Barreto, quienes coincidieron en que esta normativa impulsará proyectos en sectores estratégicos de infraestructura.
La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un conversatorio sobre la Ley de APP en el que se deliberó en torno a los desafíos y eventuales ajustes para su implementación. El presidente de la Cámara, Rubén Jacks, explicó que la normativa promulgada en enero de este año busca modernizar la anterior ley para darle mayor agilidad. “Como país tenemos situaciones nuevas como el poco espacio fiscal que ya tiene el país para endeudarse, entonces, más que nunca necesitamos que el sector privado realice obras de infraestructura y realice servicios que el Estado quizá no pueda”, afirmó.
El ministro Fernández Valdovinos resaltó que esta nueva ley es fundamental para el impulso de proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía, agua y saneamiento, en un contexto de restricciones fiscales. Mencionó que el financiamiento de estas obras se complementaría con fondos obtenidos por la renegociación de Itaipú, que aportarán USD 650 millones a las arcas del Estado.
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Inversiones en infraestructura
Asimismo, resaltó que obras como la ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP y que se busca replicar ese mismo modelo en proyectos como la ruta PY01, cuya adjudicación señaló que debería definirse en las próximas semanas. El ministro de Economía agregó que se están ajustando los requisitos financieros para la participación de empresas, reduciendo la exigencia de capital mínimo con el fin de promover mayor participación en las licitaciones.
“La cuestión de la APP va a ser fundamental para proveer de infraestructura al país dadas las restricciones fiscales que vamos teniendo. Entonces, es uno de los instrumentos pensados por el Gobierno de manera a seguir mejorando no solo nuestras rutas sino también la transmisión de energía, agua y saneamiento. Complementa muy bien el presupuesto que se tiene cada año dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación y también complementa muy bien los recursos que van a venir después de la renegociación de Itaipú”, destacó.
Por su parte, el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionó que el espíritu del mecanismo de las APP es que exista también mayor participación privada en las inversiones en infraestructura, atendiendo a que los recursos son escasos y la reducción en inversión pública en los últimos años en proporción del producto interno bruto (PIB). “Todos aquellos proyectos que puedan generar ingresos vía tarifas, precios o peajes, para financiar por lo menos una parte importante de los proyectos, creo que deberían encararse bajo la Ley de APP. Faltan proyectos y hay que avanzar en esa línea lo más rápido posible”, explicó el economista.
Mecanismos para resolución de conflictos
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que la nueva ley establece mecanismos de resolución de controversias para evitar que los proyectos queden estacados por incumplimientos. Detalló que los conflictos se resolverán en primera instancia a través de un arbitraje que ya estará estipulado en los pliegos de bases y condiciones de cada contrato.
Mencionó que si una empresa incumple sus obligaciones, los financistas del proyecto podrán sustituir al contratista, a fin de que las obras no se paralicen. “La finalidad es que el proyecto culmine y avance a pesar de las dificultades y los incumplimientos que se puedan dar en el camino”, precisó.
González señaló que el Estado ofrece garantías tanto para los contratistas como para los inversores, pero que también cuenta con formas de asegurar el cumplimiento de las obras como, por ejemplo, la posibilidad de volver a licitar la obra en caso de que la firma seleccionada no pueda continuar con los trabajos. “La seguridad para el financista es que puede prendar o fideicomitir a su favor los derechos presentes y futuros, incluso del flujo de caja de los contratos públicos-privados de las prestaciones o los derechos que tenga el contratista”, ejemplificó.
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PGR impulsó por primera vez demandas por reparación del daño bajo gestión de Peña
- Por Juan Marcelo Pereira
“Es nuestra obligación resguardar y recuperar el dinero público. Existe una firme indicación del gobierno para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras detallar que bajo la administración presidencial de Santiago Peña, su institución impulsó por primera vez cuatro demandas de reparación del daño por hechos punibles cometidos contra el patrimonio del Estado.
A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, González detalló que el mecanismo permite una recuperación más expedita de los fondos públicos malversados, en comparación con un juicio civil ordinario de indemnización.
“Es la primera vez e iniciativa nuestra. La vía penal es más rápida y más segura. Si planteáramos en el fuero civil, se podría plantear que primero debe terminar el proceso penal. Y si se planteara en lo civil después de quedar firme el proceso penal, hay tesis que sostienen que ya operó la prescripción (2 años a contar desde el ilícito y un proceso penal suele durar mucho más). Entonces, para no correr ese riesgo”, manifestó.
El funcionario de Estado detalló que entre las demandas de reparación del daño se encuentra la impulsada contra el exministro de la Niñez y Adolescencia, José Orué Rolandi, quien fue hallado culpable por el delito de lesión de confianza junto con Carlos Centurión, Laura Gamarra, Gloria Arroyo y Araceli Cotillo, en la causa por el desvío de dinero perteneciente al programa de vaso de leche.
Otra de las demandas guarda relación con el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo y la exdirectora administrativa de la cartera estatal, Maristela Azuaga, quienes fueron condenados por lesión de confianza en el desvío de fondos públicos mediante proyectos ficticios y documentos falsos en connivencia con directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay.
En la nómina se encuentra la demanda promovida contra el exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Froilán Peralta y su exdirectora de Recursos Humanos, María del Carmen Martínez, conocida como “La comepapeles” quienes fueron condenados por lesión de confianza y estafa tras la designación irregular de personal y malversación de fondos universitarios.
Igualmente figura la demanda contra la exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Gladys Cardozo y su exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Aníbal Benítez, quienes fueron condenados por lesión de confianza por el millonario desvío en la adquisición de víveres para enviar a tres departamentos del Chaco, entre los meses de marzo y abril del 2012.
La Ley 6837/2021, en su artículo 23, proporciona a la Procuraduría la facultad de intervenir en calidad de víctima en los procesos penales por delitos contra el patrimonio estatal. Asimismo, le confiere la atribución de ejercer la acción civil para la reparación de los daños causados, permitiéndole representar a organismos y entidades públicas sin personería jurídica y asistir, a solicitud, a aquellas con autonomía legal.
Desde la institución indicaron que tras sus últimas intervenciones en los procesos penales en calidad de víctima, ha aumentado la cantidad de notificaciones de oficio de los juzgados para intervenir en salidas alternativas que incluyan reparación del daño, en audiencias preliminares y juicios orales.
Señalaron también que los jueces de garantía solicitan la postura de la Procuraduría General de la República, en estos procesos para asegurar que la posición del Estado sea considerada al evaluar acuerdos de reparación y decisiones sobre hechos punibles que afectan el patrimonio público.
Detallaron además que se ha identificado que, en muchos casos, al momento de ejercer la acción de reparación del daño, los condenados por corrupción ya no poseen bienes registrables a su nombre, con el objetivo de mitigar este problema, la institución se encuentra trabajando en conjunto con el Poder Judicial y la Fiscalía en la implementación de medidas cautelares preventivas, como la prohibición de innovar sobre bienes al dictarse sentencias condenatorias. Este enfoque apunta a garantizar la efectividad de las sentencias de reparación del daño.
Caso José Orué Rolandi
Monto demandado: G. 3.010.768.440
Estado procesal: la PGR obtuvo sentencia de reparación del daño; apelada, en estudio en el Tribunal de Alzada
Caso Enzo Cardozo
Monto demandado: G. 68.965.418.419
Estado procesal: audiencia de conciliación fijada para el 25 de marzo de 2025, tras múltiples recusaciones
Caso Froilán Peralta y María del Carmen Martínez
Monto demandado: G. 958.785.549 (Peralta) y G. 248.089.375 (Martínez)
Estado procesal: pendiente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la resolución de una contienda de competencia; embargos preventivos ya ordenados
Caso Gladys Cardozo
Monto demandado: G. 2.482.950.000
Estado procesal: presentada la demanda con una recusación en trámite, con embargos preventivos ordenados
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Copaco inicia proceso de retiro voluntario para ahorrar G. 3.500 millones al mes
La Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco) dio un avance dentro de su plan para recuperar la estabilidad de la estatal. En este sentido, dio inicio al proceso de retiro voluntario de sus funcionarios, a través del cual buscan reducir el número de trabajadores y generar un ahorro ya que la estatal cuenta con un número de recursos humanos mayor al que necesita.
“La semana pasada empezó la inscripción para el retiro voluntario y en esta etapa, son unos 250 más o menos los elegibles. En pocos días se inscribieron más de 100 para este programa, lo que es una muy buena noticia para nosotros porque nos va a permitir reducir los gastos salariales”, explicó Óscar Stark, presidente de Copaco.
El objetivo es que en total puedan acogerse a este programa unas 600 personas y así, lograrían ahorrar alrededor de G. 3.500 millones de manera mensual en pago de salarios, ítem que se lleva el mayor porcentaje de las recaudaciones de la institución, que de por sí ya son deficientes, expuso Stark ante la 920 AM.
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“Con estos recursos también vamos a hacer unas inversiones súper urgentes que deben hacerse para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones porque en Copaco hace 15 o 20 años no se hacen inversiones, y las que se hicieron, no eran las más razonables ni las más rentables en términos financieros. Además vamos a comprar algunos equipos que nos permitan crecer en la provisión de servicio de internet y vamos a pagar a algunos proveedores para ir reduciendo la deuda que está alrededor de USD 110 millones.
El retiro voluntario, las inversiones y el pago a proveedores será posible gracias a la transferencia de un inmueble de 13 hectáreas que era propiedad de Copaco a favor del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), que pretende realizar un desarrollo habitacional social y lo cual permitirá acceder a estos ingresos entre fines de marzo y principios de abril.
“Este año comienza una nueva etapa para Copaco con este proceso de depuración y seguimos trabajando con la posibilidad de tener un socio estratégico, un inversionista que inyecte recursos a Copaco y una nueva forma de trabajar que es lo que necesita la compañía para volverse sostenible”, refirió Stark.