La situación fiscal de Paraguay exige revisar la estructura del gasto público y priorizar el uso de los recursos, ante un presupuesto descalzado y perspectivas de menores ingresos. El análisis fue realizado por la economista senior de Mentu, Martha Coronel, y el economista y exministro de Hacienda, Manuel Alarcón, durante una entrevista en el programa “Fuego cruzado” de canal GEN/Nación Media.

Coronel señaló que el descalce presupuestario para 2026 no responde únicamente al comportamiento del tipo de cambio. A su criterio, también debe revisarse la política de contratación del Estado y el crecimiento de las remuneraciones, además de la eficiencia de las compras públicas.

La economista cuestionó que continúe la incorporación de funcionarios sin que necesariamente se traduzca en mejores capacidades para prestar servicios públicos y ejecutar proyectos de infraestructura e inversión en capital humano. También planteó revisar los posibles sobrecostos derivados de los atrasos del Estado en sus pagos.

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En cuanto a los programas sociales, Coronel sostuvo que existen políticas que deben mantenerse, pero que su sostenibilidad depende de que puedan ser financiadas con los recursos disponibles. Ante un escenario de menores ingresos y obligaciones que ya forman parte del gasto corriente, consideró necesario modificar el enfoque y avanzar hacia una focalización de las políticas sociales.

Alarcón coincidió en la necesidad de racionalizar el uso de los recursos públicos y advirtió que la sostenibilidad debe ser el eje de las decisiones. Señaló que, cuando los recursos son escasos, el Estado debe identificar previamente a los sectores más vulnerables para dirigir hacia ellos la asistencia.

El exministro sostuvo que esta focalización puede ser necesaria mientras los ingresos permanezcan limitados, con la posibilidad de ampliar nuevamente las políticas a medida que la economía crezca, aumenten las inversiones y mejoren los ingresos tributarios.

Ambos planteamientos apuntan a una misma necesidad, la de mejorar la calidad y eficiencia del gasto antes de comprometer nuevas obligaciones. Alarcón advirtió que si los programas sociales no cuentan con una fuente de financiamiento sostenible, el riesgo es que, a futuro, el Estado termine sin capacidad para mantenerlos.

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Por Melissa Palacios y Luis Noguera

El gobierno de Santiago Peña cerró su tercer año con importantes avances en términos económicos, sobre todo lo medible en el ámbito social, la expansión económica y la obtención del doble grado de inversión. Desde el sector productivo, en cambio, valoraron el crecimiento sostenido, el dinamismo aplicado a la entrega de títulos, la apertura de mercados premium, así como la continuidad del proceso de formalización y apertura comercial.

La Nación/Nación Media consultó a referentes de varios sectores sobre el desempeño en la administración del país y el progreso registrado hasta el momento en el actual periodo. Sobre el punto, Daniel Correa, economista y director de DCR Consultora, resaltó que “el logro más importante es social, y es medible: la pobreza total cayó de 19,6 % a 16,0 % entre 2024 y 2025 —213.000 personas menos— y la pobreza extrema pasó de 3,7 % a 2,4 %. El Instituto Nacional de Estadística (INE) es explícito: sin las transferencias, la pobreza habría sido 19,9 %; unas 239.000 personas no cayeron bajo la línea gracias a esos programas”.

Además de lo mencionado, el especialista también citó el éxito registrado en el programa de alimentación escolar denominado Hambre Cero, “que alcanzó cobertura total con más de 1.000.000 de estudiantes, con impacto en nutrición, permanencia escolar y economía local”. Adicionalmente, enumeró cifras en Tekoporã Mbareté, que aumentó 25 % sus transferencias y llega a cerca de 195.000 familias, y la pensión de adultos mayores supera los 360.000 beneficiarios. Esa ampliación simultánea es lo que explica que la caída de la pobreza haya sido más fuerte en el área rural, donde la extrema bajó de 8,2 % a 5,5 %.

También habló de avances en la inversión en infraestructura sanitaria y de servicios básicos: agua potable, saneamiento, atención primaria y vivienda a través de Che Róga Porã. Todo lo mencionado, fue posible gracias a que “la macroeconomía la financió sin desequilibrios” y sobre el punto recordó el “grado de inversión de Moody’s (Baa3) en 2024 y BBB- estable de S&P en diciembre de 2025, inflación de 3,1 % en 2025 frente a niveles superiores al 10 % años antes, crecimiento del 6 % y deuda pública en torno al 40 % del PIB, con el déficit anclado en 1,5 %”.

“La estabilidad no es el logro; es la condición que permitió sostener el gasto social”, concluyó sobre lo mencionado anteriormente, sin dejar de resaltar que la atracción de inversiones es el punto más visible dentro de la gestión del presidente Peña. “El activo más considerable del período es la credibilidad macroeconómica: sin grado de inversión, sin inflación de un dígito bajo y sin regla fiscal creíble, ningún régimen de incentivos atrae capital de largo plazo. La inversión llegó porque el marco se volvió previsible”, afirmó, entre otras cosas.

Desde la Unión de Gremios de la Producción (UGP), el presidente del gremio, Héctor Cristaldo, señaló en cuanto a los avances registrados para el rubro durante este periodo de gobierno, el crecimiento sostenido durante tres años consecutivos, con el cual Paraguay lidera en la región.

Asimismo, resaltó la continuidad del proceso de disminución de la pobreza, que lleva varios años con una tendencia descendente. Recordó que en 2002 la pobreza en Paraguay se situaba en 57 %, mientras que el último año se ubicó en 16 %.

Otro de los aspectos destacados por el titular de la UGP fue el impulso al proceso de arraigo de los pequeños productores, mediante la dinamización de la entrega de títulos de propiedad a los beneficiarios. Explicó que contar con el título de la tierra permite a los productores formalizarse e integrarse a la economía real y a las cadenas de valor.

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De cara al último tramo de mandato, las medidas o prioridades que debería impulsar el Gobierno para mejorar la competitividad, la inversión y las condiciones de desarrollo del sector, apuntan a desburocratizar y simplificar trámites en las instituciones. “Normativas que no sean un freno al desarrollo sino más bien lo promuevan”, dijo Cristaldo.

A su vez, una política energética previsible y trabajar en la infraestructura que asegure el acceso y la disponibilidad de energía para los emprendimientos de los inversionistas nacionales y extranjeros.

La infraestructura vial será fundamental para dinamizar el flujo de personas, mercaderías y romper con el aislamiento de regiones con alto potencial productivo, acelerar las obras de acceso al Puente de la Integración para dinamizar el comercio con Brasil, y terminar con las demoras que frenan la posibilidad de aumentar nuestras exportaciones.

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Daniel Prieto, destacó como uno de los principales logros del Gobierno de Peña la apertura de nuevos mercados premium para la carne paraguaya, entre ellos Estados Unidos, Canadá y países del Sudeste Asiático, como Filipinas e Indonesia. La gestión realizada por el presidente de la República, junto con el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), fue lo más importante para el sector, al tratarse de un punto muy anhelado.

“Ese era un tema muy anhelado y lo logramos, y eso es lo que más rescatamos ahora”, afirmó Prieto, al referirse a la apertura de estos mercados.

En cuanto a las necesidades del sector, uno de los principales requerimientos es contar con previsibilidad y, sobre todo, transparencia en toda la cadena de valor, tanto en la industria como en el productor y el consumidor. En ese sentido, recordó que desde el gremio habían reclamado la concentración existente en la industria.

Prieto señaló que actualmente ese escenario está cambiando con la incorporación de nuevos capitales paraguayos y la instalación de tres nuevas plantas, mientras que ahora se anuncia una cuarta, aunque en este caso de capital brasileño, y consideró que el aumento de la competencia beneficia a todo el sector.

Asimismo, planteó la necesidad de seguir aumentando la transparencia en la cadena comercial e implementar determinadas normativas que puedan contribuir al beneficio de todos los actores del sector.

Por otra parte, el presidente de la ARP pidió a los productores tomar las precauciones necesarias ante el fenómeno de El Niño que se viene anunciando. También instó al Gobierno a insistir con la seguridad en el campo, al igual que el apoyo a la infraestructura.

Luis Tavella, presidente de la Federación de micro, pequeñas y medianas empresas (Fedemipymes), consideró que estos tres años fueron positivos para su sector ya que el trabajo en conjunto fue fundamental para la aprobación de la modificación de la Ley de Mipymes.

“Hemos conseguido la aprobación de la ley, no fue fácil, comenzamos todo el proceso de reglamentación y hoy estamos en la parte de implementación en instituciones y algunos municipios. Todavía queda un camino de socialización”, dijo a LN/NM. Además, señaló que es prioridad avanzar en la formalización y bancarización de las empresas, condiciones fundamentales para seguir creciendo.

Sostuvo que el principal avance fue el reconocimiento del Estado hacia el sector y su importancia en la economía. “Hoy hay un reconocimiento al sector, el 98 % son mipymes, el 75 % de la fuerza laboral viene de este sector también, pero el aporte al Producto Interno Bruto no llega ni al 15 %”, agregó.

“Para la última etapa del Gobierno queda terminar de implementar la nueva Ley de Mipymes y su socialización a nivel país, además de la puesta en marcha de los proyectos de Fonamipymes”, dijo.

Asimismo, pidió agilizar la transferencia de los recursos previstos para el sector al Fondo Nacional de las Micro, Pequeñas, y Medianas Empresas (Fonamipymes), que incluyen aquellos fondos establecidos por ley y las donaciones del Gobierno de Taiwán, para fortalecer y ejecutar los proyectos destinados al rubro. También consideró necesario fortalecer el Viceministerio de Mipymes, que actualmente cuenta con 25 funcionarios para atender a un sector que representa el 98 % de las empresas del país.

Marco Panciotto, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores (Appec), señaló que el Gobierno logró avances importantes en materia de estabilidad macroeconómica, posicionamiento internacional del país, grado de inversión y apertura de mercados. “En el sector pecuario valoramos el trabajo realizado en materia sanitaria, trazabilidad y acceso a nuevos destinos para nuestra producción”, comentó.

Sin embargo, la ganadería paraguaya atraviesa problemas estructurales que requieren atención. “Hemos perdido stock ganadero, disminuyó la faena y en 2026 estamos exportando menos volumen de carne, aunque afortunadamente a mejores precios”, mencionó.

Sostuvo que el balance es positivo en varios aspectos, pero todavía insuficiente desde la perspectiva del productor. “El gran desafío es conseguir que las buenas condiciones del país se traduzcan en más inversión, más producción y mayor rentabilidad en el campo”, acotó.

A su vez, reconoció los trabajos en defensa de los intereses paraguayos dentro del Mercado Común del Sur, particularmente en la discusión sobre una distribución más equitativa de las cuotas de acceso a mercados internacionales.

“Estos avances son importantes porque Paraguay necesita vender su carne en más mercados, con mayor poder adquisitivo y dispuestos a reconocer la calidad de nuestro producto”, aseveró.

Con miras a los últimos años del Gobierno, dijo que comienza una etapa decisiva en la que la prioridad debería ser recuperar la confianza del productor para que vuelva a invertir. Esto implicará mayor previsibilidad en las reglas de juego, estabilidad sanitaria, financiamiento de largo plazo a tasas competitivas, continuar agresivamente con la apertura de mercados, infraestructura, seguridad jurídica y políticas que estimulen la tecnología, nutrición y mejores sistemas de cría y recría.

“Paraguay necesita algo todavía más importante: una estrategia ganadera de largo plazo construida entre el sector público y los productores”, añadió. En tanto, el desafío para los próximos años debería ser recuperar el crecimiento del hato, aumentar la productividad, producir más kilos de carne por hectárea y por animal y lograr que esa mayor productividad se transforme en prosperidad para el productor.

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Alonso Chaverri-Suárez, representante del Grupo BID en Paraguay

Las contrataciones públicas son una herramienta central para transformar los recursos del Estado en infraestructura, servicios y resultados concretos que ayuden a mejorar la vida de las personas.

Por eso, un fortalecimiento del sistema de compras públicas no significa únicamente mejorar normas o procedimientos, sino que también contribuye a una mayor eficiencia, transparencia y competencia en las adquisiciones estatales para lograr resultados con impacto. Y Paraguay está dando un paso relevante en este contexto.

Es así como bajo el liderazgo de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aplicará en Paraguay la “Metodología para la Evaluación de los Sistemas de Contratación Pública”, conocida como “MAPS”.

Este es el estándar internacional para evaluar sistemas de contratación pública utilizado por gobiernos y organismos multilaterales en todo el mundo. Su valor radica en que permite mirar el sistema de manera integral: el marco legal, las instituciones, las capacidades de gestión, las prácticas del mercado, la transparencia, la integridad y, especialmente, la forma en que las reglas se aplican en la práctica. Más que una auditoría, es una herramienta para identificar fortalezas, detectar oportunidades de mejora y construir una hoja de ruta para reformas sostenibles.

La evaluación MAPS también se conecta con la agenda de modernización institucional de Paraguay y de convergencia con buenas prácticas internacionales. La nación viene fortaleciendo políticas públicas alineadas con estándares promovidos por la OCDE, buscando instituciones más eficaces, transparentes, exigentes y orientadas a resultados.

Esta visión está alineada con Procure+, iniciativa del BID para promover una nueva generación de reformas en la contratación pública de los proyectos que la institución financia en América Latina y el Caribe. De este modo busca que las compras públicas dejen de ser vistas como meros procesos administrativos y se conviertan en una herramienta estratégica para generar valor público, impulsar el crecimiento económico, fomentar la innovación y fortalecer la sostenibilidad.

El impulso dado a Procure+ fue afirmado durante la última Asamblea Anual del BID y BID Invest en Asunción, donde se destacó la importancia de contar con instituciones más modernas y eficientes para responder a los desafíos del desarrollo y mejorar la productividad de la región. Las contrataciones públicas, que representan una porción significativa del gasto público, son un componente central de esa agenda.

El trabajo conjunto entre la DNCP y el BID refleja esa visión de futuro. La evaluación MAPS permitirá contar con un diagnóstico independiente y basado en evidencia, construido con la participación de instituciones públicas, sector privado, sociedad civil y academia. Esta labor permitirá generar consensos para avanzar hacia un sistema más eficiente, competitivo y confiable. De esta forma, el país estará listo para avanzar en la transformación de la contratación pública en América Latina y el Caribe que el BID impulsa desde Procure+

Para las empresas paraguayas, especialmente para aquellas que participan o aspiran a concursar en mercados públicos, todo esto representa una señal positiva.

Un sistema de compras públicas fortalecido, más transparente, predecible y eficiente reduce costos de transacción, genera más oportunidades, fortalece la competencia y contribuye a crear un entorno de negocios más transparente y previsible. Y esa es una condición esencial para un Paraguay más competitivo.

En el marco del Día Internacional de las Mipymes, el presidente de la Federación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes), Luis Tavella, señaló que el sector aún no percibe un traslado del desempeño macroeconómico al consumo interno, escenario que mantiene una dinámica más lenta en la microeconomía, por lo que todavía requerirá tiempo para que impacte de manera concreta en la actividad cotidiana del rubro.

En ese contexto, indicó a La Nación/Nación media que actualmente también se está impulsando una estrategia de atracción de inversiones, aunque advirtió que este tipo de medidas tampoco genera efectos inmediatos sobre el movimiento económico. Sostuvo que, en el caso de las mipymes, el trabajo realizado durante los últimos cuatro años estuvo orientado principalmente a dar visibilidad al sector y avanzar en herramientas normativas que permitan mejorar sus condiciones de desarrollo.

“Este es un sector muy importante para la economía y hoy con el Ministerio de Industria y Comercio tenemos el mismo sentir de potenciar al sector, de potenciar, el consumo, y la calidad del empleo. Para eso tenemos muchas cosas que mejorar como la formalización, la digitalización, ya que ahí tenemos una brecha muy grande en la que vamos a empezar a trabajar”, dijo.

A su vez, sostuvo que hoy se están sentando las bases para una mejora de la competitividad y productividad del sector, pero aclaró que los resultados económicos no se observarán de manera inmediata. Los avances podrían verse en casos puntuales en el corto plazo, pero el verdadero impacto llegará en el mediano plazo mediante un trabajo conjunto entre el sector público, los gremios y las distintas instituciones.

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Entre los avances, Tavella mencionó la reserva del 20 % del mercado para las mipymes, medida que ya forma parte del marco legal, aunque aún resta reglamentar el capítulo específico correspondiente al sector. Asimismo, destacó las modificaciones introducidas en la Ley mipymes, que incorporan beneficios especialmente dirigidos a las microempresas, segmento donde se concentra gran parte de los problemas vinculados a la informalidad.

Dijo que será necesario continuar el trabajo de articulación y socialización para que exista una mejor comprensión de las dificultades que enfrentan las empresas más pequeñas en materia de formalización, acceso al crédito, acceso a mercados y digitalización.

Uno de los desafíos apunta a diferenciar la realidad de las microempresas respecto a las pequeñas y medianas y uno de los principales mensajes que buscan transmitir es que hoy la formalización puede convertirse en una oportunidad de crecimiento.

Por último, el titular del gremio afirmó que operar formalmente facilita el acceso al financiamiento, mejora las posibilidades de ingresar a mercados más exigentes, permite alcanzar mejores precios y fortalece las capacidades para seguir invirtiendo y expandiendo los negocios.

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