El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicó el Informe de las Finanzas Públicas 2026, con datos económicos y fiscales del 2025, evaluación del año y proyecciones al 2031. Según destacaron en el informe, la economía paraguaya crecería más de lo previsto, mientras aumentará el gasto público.

El escenario central, según indicó la cartera, combina un desempeño económico favorable con una etapa fiscal excepcional en 2026-2027, asociada a la regularización de obligaciones acumuladas y a la necesidad de compatibilizar su atención con la continuidad de los servicios públicos, la inversión y la protección social. La estrategia prevé retornar en 2028 al límite de déficit de 1,5 % del PIB establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal y mantenerlo durante el resto del horizonte de proyección.

“Paraguay llega al 2026 sobre fundamentos macroeconómicos sólidos y con una estructura productiva más diversificada. Tras un crecimiento real de 6,6 % en 2025, el escenario actualizado proyecta una expansión de 4,5 % para 2026, por encima del 3,8 % contemplado originalmente en el PGN 2026”, mencionaron.

La revisión refleja además el dinamismo previsto en los distintos sectores de la economía con aportes relevantes de los servicios, la manufactura, la agricultura y electricidad y agua. Por el lado de la demanda, se espera que el consumo privado continúe creciendo y que la inversión privada mantenga su dinamismo.

Asimismo, indicaron que el escenario incorpora una inflación de 3,3 % al cierre del 2026, inferior al 3,5 % previsto en el PGN, y un crecimiento nominal del PIB de 7,9 %, mientras que para el periodo 2027-2031 se proyecta un crecimiento real de 4,2 % anual, acompañado de una inflación de 3,5 %.

En tanto, a mediano plazo se apoya en la acumulación de capital, el crecimiento del empleo ajustado por capital humano y la productividad. “Este desempeño se produce en un entorno internacional más desafiante, caracterizado por menor crecimiento mundial, condiciones financieras todavía exigentes y mayores riesgos geopolíticos”, agregaron.

No obstante, advirtieron que la economía paraguaya, por su condición de economía pequeña y abierta, permanece expuesta a cambios en la demanda de los socios comerciales, los precios internacionales, las tasas de interés y el tipo de cambio.

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Para el 2026 y el 2027, la actualización de la trayectoria fiscal responde a la necesidad de atender obligaciones acumuladas de ejercicios anteriores, principalmente en los sectores de salud e infraestructura, así como a la revisión de los ingresos previstos y a la asignación de recursos adicionales para atender compromisos corrientes y prevenir la generación de nuevos atrasos.

Este nuevo escenario supone mayores necesidades transitorias de financiamiento y modifica la trayectoria de convergencia contemplada anteriormente. Por ello, la estrategia establece el retorno al límite de déficit fiscal de 1,5% del PIB en el 2028, sujeto al cumplimiento de la programación fiscal y de las medidas orientadas a fortalecer el control de los compromisos, mejorar la previsibilidad financiera y evitar nuevas acumulaciones de obligaciones.

Este proceso busca compatibilizar la transparencia y regularización de las obligaciones públicas con la sostenibilidad fiscal de mediano plazo, preservando la continuidad de los servicios esenciales y las prioridades de desarrollo, según indicaron.

En cuanto al Proyecto de PGN 2027,explicaron que constituye un componente central de la estrategia de regularización y consolidación. La programación total asciende a G. 166,3 billones, 11,2 % por encima del PGN 2026 aprobado, y equivale a 38,4 % del PIB estimado para el 2027.

“El incremento responde tanto a la atención de compromisos pendientes con proveedores de medicamentos y contratistas de obras como a la continuidad de servicios esenciales, programas de protección social e inversiones”, remarcaron.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) analizaron los desafíos para mejorar la ejecución de la inversión pública en Paraguay, durante la Jornada Operativa BID Paraguay, edición 2026.

En el panel “El termómetro de la ejecución en Paraguay”, las autoridades abordaron aspectos relacionados con la planificación, la gestión financiera y la ejecución de proyectos con una mirada centrada en los resultados para la ciudadanía.

Durante el encuentro, la viceministra de Administración Financiera, Teodora Recalde, destacó la importancia de avanzar hacia una gestión de las finanzas públicas más integrada, interoperable y trazable, mediante la articulación del presupuesto, los bienes y servicios, la contabilidad, las compras públicas y la tesorería.

Asimismo, señaló que el objetivo no es únicamente incorporar tecnología, sino también mejorar la gestión de los recursos a través de información y controles que permitan anticipar situaciones, corregir desvíos y tomar decisiones oportunas.

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de considerar la operación y el mantenimiento de las inversiones públicas desde la formulación de los proyectos. Recalde sostuvo que la ejecución no debe medirse solo por el nivel de recursos utilizados, ya que una obra no termina con su construcción ni con el financiamiento.

En ese sentido, indicó que la planificación debe contemplar los costos asociados al funcionamiento de las inversiones durante toda su vida útil, así como la capacidad del Estado para sostenerlas en el tiempo, de manera que el esfuerzo fiscal se traduzca en servicios que efectivamente lleguen a la población.

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Por su parte, el director general de política macrofiscal de la cartera económica, Marcelo Rodríguez, explicó que la inversión pública debe insertarse en una trayectoria fiscal que preserve la estabilidad macroeconómica, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el desarrollo económico.

Rodríguez resaltó la importancia de contar con proyecciones técnicas y realistas, así como de incorporar los nuevos proyectos considerando su financiamiento, los compromisos existentes y los costos de mantenimiento. A su vez, añadió que uno de los desafíos es fortalecer la coordinación entre las unidades ejecutoras para lograr una inversión pública previsible y alineada con las prioridades de desarrollo del país.

Por último, Recalde remarcó que el desafío es integrar mejor toda la cadena de la gestión financiera pública, desde la planificación y el presupuesto hasta los registros y los pagos, mediante sistemas interoperables que permitan contar con información oportuna para tomar decisiones y corregir procesos cuando sea necesario.

Asimismo, enfatizó la importancia de avanzar hacia procesos administrativos más simples, sin perder de vista la trazabilidad y el control. “El objetivo no es gastar rápido, sino gastar o invertir en tiempo y en forma, de manera que esto realmente se sienta en quienes lo necesitan, que somos todos nosotros como ciudadanos”, enfatizó.

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La Administración Central ejecutó G. 53 billones al cierre de setiembre de 2026, equivalente al 62 % del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal. Los gastos se concentraron principalmente en remuneraciones y transferencias, que representaron los mayores componentes de la ejecución, según el informe de la Dirección General de Presupuesto (DGP), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El rubro de Servicios Personales registró una ejecución de G. 18 billones, equivalente al 35 % del total, destinados principalmente al pago de salarios de docentes, personal de blanco y fuerzas de seguridad. Por su parte, las Transferencias sumaron G. 15 billones, que representaron el 29 % y fueron destinadas a programas sociales, además del pago de jubilaciones y pensiones.

El Poder Ejecutivo concentró el 94 % de los recursos ejecutados, con G. 49 billones. Dentro de este monto, el Ministerio de Economía y Finanzas tuvo la mayor participación, con el 35 %, seguido del Ministerio de Educación y Ciencias, con el 17 %, y el Ministerio de Salud Pública, con el 14 %.

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También participaron el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con el 9 %, el Ministerio de Desarrollo Social, con el 8 %, y el Ministerio del Interior, con el 7 %. El 10 % restante correspondió a otros organismos y entidades del Poder Ejecutivo.

En cuanto a los programas sociales prioritarios, la Pensión Universal para Adultos Mayores recibió desembolsos por G. 2,4 billones, mientras que Tekoporã Mbarete contó con G. 415.000 millones. Ambos programas fueron financiados íntegramente con recursos del Tesoro Público.

Respecto a las fuentes de financiamiento, el 67 % de la ejecución, equivalente a G. 35 billones, provino del Tesoro Público. El crédito público aportó el 17 %, mientras que los recursos institucionales representaron el 16 %, de acuerdo con los datos del MEF.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), planteó ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la importancia de avanzar hacia una gestión fiscal multinivel más articulada, con mejores incentivos, mayores capacidades y decisiones orientadas a resultados, durante el Diálogo Regional de Políticas sobre Articulación Fiscal Multinivel, desarrollado en Buenos Aires.

El encuentro reunió a representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, con el objetivo de intercambiar experiencias y avanzar en una agenda compartida sobre coordinación fiscal y fortalecimiento institucional. El evento, enfocado en la sostenibilidad fiscal fue organizado por el BID.

En representación del MEF participaron la viceministra de Administración Financiera, Teodora Recalde, y la directora general de Departamentos y Municipios, María Mercedes Martínez. Durante la jornada, las representantes de Paraguay enfatizaron la necesidad de pasar de una mirada centrada principalmente en la transferencia de recursos a una gestión fiscal multinivel más articulada.

Durante su intervención, la viceministra Recalde contextualizó la situación del país en materia fiscal, teniendo en cuenta los tres niveles de gobierno, central, departamental y municipal, además de la ejecución de diferentes programas sociales con sus fuentes de financiamiento, puesta en vigencia por distintas normativas.

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En este contexto, explicó que las políticas cada vez más compartidas entre niveles de gobierno requieren también capacidades institucionales cada vez más sólidas. Señaló además que el desafío consiste en avanzar hacia una mayor integración e interoperabilidad de los sistemas existentes, con información más homogénea, oportuna y comparable, que fortalezca la gestión de los gobiernos subnacionales y la articulación con el Gobierno Central.

La viceministra de Administración Financiera resaltó igualmente la importancia de fortalecer la coordinación y cooperación entre los distintos niveles de gobierno, establecer responsabilidades claras, información compartida y espacios permanentes de articulación, además de acercar las decisiones nacionales a las necesidades y prioridades de los territorios.

Otro de los puntos abordados fue la revisión y profundización de los criterios de asignación de las transferencias de recursos, así como la generación de incentivos adecuados, evitando desincentivar el esfuerzo fiscal propio de los gobiernos subnacionales. También se planteó la realización de un análisis profundo del uso de las transferencias condicionadas y su vinculación con objetivos y resultados.

Recalde hizo hincapié, además, en la importancia de fortalecer las capacidades fiscales, institucionales, técnicas y de gestión, mejorar la generación de ingresos propios y la gestión de los recursos, reconocer la heterogeneidad entre territorios y acompañar de manera diferenciada.

Por último, señaló la necesidad de acercar el presupuesto a las prioridades territoriales, promover una mayor orientación del gasto hacia la inversión y mejorar la calidad del gasto y su impacto en los servicios a la ciudadanía. También destacó el avance hacia la transformación digital, la información y la inteligencia artificial, utilizando los datos no solo para rendir cuentas, sino también para planificar, anticipar riesgos y tomar decisiones.

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