La ejecución del Gasto Social ascendió a G. 7,6 billones en marzo último, que equivale al 20 % del presupuesto realizado por las entidades de la Administración Central, y al cierre del primer trimestre alcanzó G. 37,8 billones, monto que implicó un incremento del 1 % respecto del presupuesto inicialmente aprobado.
La Dirección General de Presupuesto del Viceministerio de Administración Financiera (VAF), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), explica que este aumento impactó en la función de salud, donde se incrementó más de G. 1 billón, atribuido principalmente para la adquisición de productos e instrumentos químicos y medicinales, demandados por hospitales, laboratorios, centros y puestos de salud.
La estructura del Gasto Social se compuso en un 31 % por recursos para el sector de Salud Pública, lo que en términos nominales representó G. 2,3 billones, en tanto que el 30 % fue para Educación con desembolsos que totalizaron G. 2,2 billones. En tanto, el rubro de Promoción y Acción Social, como Seguridad Social, obtuvieron una participación del 18 %, respectivamente, y con el 3 % se reportan otros gastos.
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De G. 100 ejecutados, G. 57 fueron destinados para programas de servicios sociales, destaca el informe de Presupuesto sobre la prioridad fiscal, que en marzo fue del 57 %. El promedio de prioridad fiscal del Gasto Social en los últimos diez años fue del 55 %, respecto a los demás servicios de la clasificación funcional del gasto.
Entre los principales programas que se encuentran dentro de los servicios sociales se se encuentran: Servicio Educativo 1.° y 2.° Ciclo de la Educación Escolar Básica (EEB) con una inversión de más de G. 1 billón; así también Programa de Pensión para Adultos Mayores con G. 628 mil millones; Atención Integral de la Salud con G. 595 mil millones, entre otros.
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Un chatbot busca transformar acceso a la salud en Paraguay
El proyecto “Rompiendo cadenas: efectividad de estrategias innovadoras para contribuir a la eliminación de la tuberculosis, VIH y otras ITS en poblaciones vulnerables de Paraguay” fue adjudicado con un financiamiento de G. 9.500.000.000 por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
La iniciativa es liderada por la doctora Gloria Aguilar, en conjunto con un equipo orientado a generar soluciones innovadoras con impacto directo en la salud pública nacional.
El proyecto tiene como eje central la implementación de una estrategia digital innovadora basada en un chatbot, integrado a plataformas de uso cotidiano como WhatsApp.
Esta herramienta permitirá ofrecer orientación, responder dudas frecuentes, brindar información confiable y acompañar procesos preventivos y terapéuticos durante varios meses.
Con la iniciativa se generará un vínculo más cercano, continuo y privado con los usuarios, especialmente en temas sensibles como la salud sexual y las enfermedades infecciosas.
GRUPOS ESTRATÉGICOS
El proyecto prioriza dos grupos poblacionales estratégicos, que son los jóvenes de Asunción y el Área Metropolitana, y personas adultas que viven con VIH y presentan dificultades en la adherencia al tratamiento antirretroviral. Esta selección responde a criterios epidemiológicos y sociales, considerando tanto la necesidad de adaptar los canales de comunicación a los hábitos reales de los jóvenes, como la importancia de fortalecer el acompañamiento en pacientes que enfrentan barreras sostenidas para mantener sus tratamientos.
El proyecto “Rompiendo cadenas” incorpora un enfoque basado en derechos humanos y equidad en salud, lo que implica garantizar confidencialidad, respeto por la autonomía, consentimiento informado y un lenguaje no discriminatorio, evitando cualquier forma de estigmatización asociada a la enfermedad, la sexualidad o las condiciones socioeconómicas.
La investigación también contempla el abordaje de la tuberculosis en contextos de alta vulnerabilidad, como los establecimientos penitenciarios. En estos espacios, condiciones como el hacinamiento, la ventilación insuficiente y las dificultades para sostener tratamientos completos favorecen la transmisión de la enfermedad.
CANAL CONFIDENCIAL
El chatbot busca reducir la dificultad de dar el primer paso, que es animarse a consultar, por lo que, al ofrecer un canal confidencial desde el teléfono personal, el proyecto facilita el acceso a información sin exposición inicial, lo que puede dar paso a una mayor predisposición al testeo temprano y al inicio oportuno del tratamiento.
Detectar antes implica tratar a tiempo, cortar cadenas de transmisión y reducir complicaciones tanto individuales como colectivas. La doctora Gloria Aguilar explicó que la innovación no consiste en reemplazar el vínculo humano en salud, sino en abrir una puerta más accesible, confidencial y cercana para personas que muchas veces quedan fuera del sistema.
Con esta iniciativa, Paraguay avanza hacia un modelo de salud más inclusivo, preventivo y centrado en las personas, incorporando tecnología con sentido social para enfrentar desafíos sanitarios persistentes.
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Caja Fiscal: MEF dispone ajustes en liquidaciones y define sectores con superávit y déficit
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), emitió el Comunicado N.° 1/2026, en el que dispone ajustes en los sistemas de liquidación de pagos de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), en el marco de la implementación de la reforma de la Caja Fiscal. La medida regirá desde abril y apunta a aplicar la nueva tasa de aporte jubilatorio.
Según el documento oficial del MEF, los OEE deberán realizar adecuaciones en sus sistemas internos para prever la correcta aplicación del aporte establecido en la Ley N.° 7633/2026, que introduce cambios en el sistema de jubilaciones del sector público. Además, se instruye mantener actualizados los registros de cada cotizante y su sector de afiliación, conforme a lo dispuesto en el Presupuesto General de la Nación vigente.
El comunicado también presenta una radiografía financiera de la Caja Fiscal al cierre del ejercicio 2025, clasificando a los sectores entre superavitarios y deficitarios, un dato crucial para entender el equilibrio del sistema previsional.
En esa línea, el MEF señala que el único sector con superávit corresponde a la administración pública y sus regímenes especiales. En contrapartida, los sectores deficitarios incluyen a magistrados judiciales, el magisterio nacional, docentes universitarios, fuerzas armadas y fuerzas policiales.
Desde la cartera económica indicaron que estas medidas forman parte del proceso de ajuste estructural del sistema previsional, con el objetivo de mejorar su sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo.
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Deuda pública condiciona la actividad y exige mayor previsibilidad fiscal, según economista
La acumulación de deudas del Estado con empresas vialeras y farmacéuticas afecta la dinámica económica y plantea riesgos para la sostenibilidad fiscal, según advirtió el economista Daniel Correa, en conversación con La Nación/Nación Media.
Correa explicó que los atrasos en los pagos públicos dejaron de ser un problema sectorial para convertirse en un factor que incide en la cadena económica. “Cuando el Estado se atrasa, las empresas también retrasan pagos, frenan inversiones y se vuelven más cautelosas”, afirmó. En el caso de las empresas viales, esto impacta directamente en la ejecución de obras, el empleo y la actividad de proveedores, mientras que en el sector farmacéutico incluso podría afectar el abastecimiento.
El economista sostuvo que este escenario no deriva en una crisis inmediata, pero sí genera un enfriamiento progresivo de la economía. “Es una pérdida de dinamismo que no siempre se refleja en los números agregados, pero se siente en sectores específicos”, indicó.
En paralelo, advirtió sobre el deterioro de la credibilidad fiscal en un contexto de menor recaudación. Señaló que Paraguay históricamente mantuvo una gestión ordenada, pero que la acumulación de compromisos impagos puede erosionar esa reputación. “No es solo cuánto se debe, sino qué señal se está dando. Es un tema de confianza”, subrayó.
Menor recaudación
Respecto a la caída de ingresos, Correa destacó el efecto del tipo de cambio, especialmente en Aduanas. Explicó que, aunque el volumen de importaciones no haya caído significativamente, la baja del dólar reduce el valor en guaraníes sobre el cual se calculan los impuestos, afectando directamente la recaudación. “Es un impacto silencioso: la economía no se ve mal, pero el Estado recauda menos”, apuntó, sugiriendo que el ajuste debe enfocarse en el gasto.
Fatoraje surge como herramienta de corto plazo
Sobre el mecanismo de factoraje impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), consideró que puede ser una herramienta útil para aliviar la liquidez de los proveedores en el corto plazo, pero advirtió que no resuelve el problema estructural. Mencionó, además, riesgos asociados a demoras, requisitos poco claros y posibles discrecionalidades que podrían limitar su efectividad.
Asimismo, explicó que la incertidumbre en los pagos encarece el financiamiento para las empresas, un costo que finalmente se traslada al Estado a través de precios más altos o menor competencia en licitaciones. “Se puede terminar pagando más adelante lo que hoy se intenta aliviar”, afirmó.
Como alternativas, planteó la necesidad de ordenar las prioridades del gasto público, postergar erogaciones no críticas y establecer calendarios de pago previsibles. “El problema no es solo de caja, es de consistencia”, remarcó.
Finalmente, consideró que la situación actual responde tanto a menores ingresos como a una creciente rigidez del gasto, aunque enfatizó que el desafío principal está en la calidad de las decisiones. En ese sentido, interpretó el concepto de “economía de guerra” como una señal de ajuste interno del Estado más que de crisis económica, orientada a preservar el margen fiscal en un escenario más restrictivo.
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Farmacéuticas: impulsan proyecto de ley para destrabar pagos
La Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa) presentó un proyecto de ley que busca ampliar los mecanismos de pago del Estado para cubrir deudas acumuladas con proveedores del sistema de salud, en un contexto en el que el sector reporta compromisos por encima de los USD 1.200 millones, según declaraciones de su representante, Rocío Figueroa, en comunicación con la 650 AM.
De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, la deuda oficial asciende a USD 1.027 millones, aunque los proveedores del gremio estiman un monto mayor, lo que evidencia una brecha que presiona la sostenibilidad financiera de las empresas del sector.
Restricciones normativas y freno a licitaciones
El principal obstáculo radica en la normativa vigente, que limita la cesión de créditos exclusivamente al rubro 350, correspondiente a medicamentos. Esta restricción deja fuera 102 objetos de gasto vinculados al sistema sanitario, afectando la capacidad de recuperación de capital por parte de las empresas.
Como consecuencia, varias compañías han optado por suspender su participación en licitaciones públicas, lo que compromete la provisión de insumos y medicamentos, especialmente en casos sensibles como tratamientos bajo orden judicial.
El proyecto de ley, que ingresará al Congreso para su estudio inmediato, busca corregir estas limitaciones y habilitar mecanismos más amplios que permitan a los proveedores acceder a sus pagos en condiciones más ágiles.
Impacto financiero y presión a suministro
La acumulación de deuda, sumada a la emisión de nuevas órdenes de compra, profundiza la brecha financiera del sector, generando un efecto dominó en la cadena de suministro sanitario.
En este contexto, la Cripfa ya remitió la documentación técnica al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su validación formal, en busca de acelerar una solución estructural.
Además, los gremios solicitaron un tratamiento legislativo urgente tras la Semana Santa, considerando el riesgo creciente de interrupciones en el abastecimiento hospitalario.
Próxima reunión para definir salida financiera
Como parte de la hoja de ruta, las autoridades nacionales convocaron a una reunión para el próximo 7 de abril, cuando se analizará el impacto financiero real de la deuda en la provisión de servicios de salud.
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