Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Enrique Bogarín González, presidente; César Emilio Rossel, vicepresidente, y Jaime Bestard, miembro, se reunieron con integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones, con el objetivo de coordinar acciones estratégicas, realizar un seguimiento detallado y evaluar las tareas que se ejecutan en el marco del proceso electoral para las Elecciones Municipales de 2026.

Desde la institución electoral informaron que dentro del orden del día, las autoridades abordaron temas fundamentales sobre cuestiones técnicas y logísticas, diseñadas para garantizar un desarrollo óptimo en cumplimiento del Cronograma Electoral.

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Explicaron que esta mesa de trabajo permitió un intercambio directo entre los ministros y los representantes de la referida comisión, con un enfoque prioritario en protocolos de control y seguridad para los próximos comicios.

Destacaron que con estas jornadas de coordinación, la Justicia Electoral reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y el absoluto resguardo de la voluntad popular, así como la planificación busca consolidar la transparencia y la eficiencia en cada una de las etapas del proceso electoral, brindando previsibilidad tanto, a las organizaciones políticas como a la ciudadanía en general.

La Comisión Nacional de Elecciones está integrada por el director de Comisiones Electorales, Luis Alberto Mauro; el director de Procesos Electorales, Carlos María Ljubetic; el director de Financiamiento Político, Christian Ruiz Díaz; el director del Registro Electoral, Benjamín Díaz Valinotti; el director de Recursos Electorales, Francisco Olmedo.

Igualmente, forman parte de esta mesa de trabajo el director y vicedirectora de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), Fausto Von Streber y Dominick Ramírez, respetivamente; la directora de Logística Electoral, Victorina Fretes; el director de Partidos y Movimientos Políticos, Silvio Ortiz; la directora del Centro de Información Documentación y Educación Electoral (CIDEE), Cynthia Pereyra.

Además, estuvieron presentes, el director general de Administración y Finanzas, Daniel Echagüe los directores de Gabinete de presidencia y miembro, Rocío Frutos y Emanuel Gorman respectivamente; la secretaria Judicial del TSJE, Lourdes Rojas y el coordinador general de TIC, Miguel Duarte.

Cabe resaltar que los trabajos que están enfrentando es con vista a las próximas Elecciones Internas Simultáneas de las organizaciones políticas tendrán lugar el domingo 7 de junio y las Elecciones Municipales propiamente dichas el domingo 4 de octubre del corriente.

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El Ministerio de Trabajo avanza en la revisión del mecanismo de ajuste del salario mínimo, con el objetivo de reflejar mejor el costo de vida real de los trabajadores. El viceministro de Trabajo, César Segovia, confirmó que en abril se convocará al Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) y al consejo tripartito para analizar nuevas fórmulas.

Actualmente, el reajuste se basa únicamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP). Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo reconocen que este indicador no representa con precisión la realidad de quienes viven con ingresos mínimos.

“El IPC es un instrumento de política monetaria, pero no es la fórmula más ideal para recuperar el poder adquisitivo del trabajador”, dijo Segovia en conversación con Universo 970 AM/Nación Media.

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El principal cuestionamiento es que el IPC incluye una canasta amplia de unos 450 productos, muchos de los cuales no forman parte del consumo cotidiano de los sectores más vulnerables. Esto provoca que el ajuste salarial no acompañe el aumento real de los gastos básicos, especialmente en alimentos.

Segovia adelantó que ya existen varias propuestas. Desde el sector sindical plantean, por un lado, un reajuste del 20 %, argumentando una pérdida acumulada del poder adquisitivo en los últimos años. Por otro lado, se analiza incorporar nuevas variables a la fórmula.

Una de las alternativas es incluir el crecimiento del producto interno bruto (PIB) como referencia. La propuesta sugiere que, si el PIB supera al IPC, se utilice ese indicador para definir el aumento. En 2025, la economía paraguaya creció 6,6 %, lo que implicaría ajustes mayores a los actuales.

Otra opción en debate es considerar el índice de alimentos, que refleja de forma más directa el gasto de las familias que perciben salario mínimo. Este componente tendría mayor peso en la definición del reajuste.

Segovia indicó que las propuestas del sector sindical ya están definidas y serán formalizadas en la próxima reunión. El sector empresarial, en tanto, aún no presentó una postura concreta. No obstante, el viceministro adelantó que, si no hay consenso, el gobierno tomará una decisión.

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El director ejecutivo de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia, Héctor Cárdenas, se refirió al impacto que genera la instalación de las mesas de protección social en la lucha contra la pobreza bajo el gobierno de Santiago Peña. Los trabajos en terreno comenzaron en abril de 2024 mediante la articulación de 28 ministerios y secretarías de Estado.

“Está demostrado que los trabajos deben ser focalizados en los territorios, en las familias, para que el impacto sea mayor porque si cada uno va por su cabeza y no definimos una agenda de trabajo, todo esfuerzo se diluye”, manifestó al diario La Nación/Nación Media.

Las mesas de protección social, mediante un trabajo coordinado y territorializado, acerca los servicios del Estado a las comunidades más vulnerables como salud, educación, infraestructura, seguridad alimentaria. El trabajo se concreta con el respaldo de los gobernadores e intendentes, sin distinción de banderías políticas, y de esta forma se evita la duplicación de esfuerzos y se optimizan recursos.

“La pobreza hay que abordarla de forma conjunta, con el Gobierno se empezó a tener una visión ampliada, no reduccionista como por ejemplo la realización de transferencias, ahí empezó el gran cambio”, manifestó.

Las afirmaciones de Cárdenas surgieron tras el anuncio dado por el Gobierno el pasado 27 de marzo referente a la reducción de la pobreza total en un 16 % en 2025, una disminución histórica de 3,6 puntos porcentuales desde el 19,6 % en 2024.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), esta reducción impulsada por el crecimiento económico, programas e iniciativas sociales como la instalación de las mesas de protección social en 10 de los 17 departamentos permitió que más de 213.000 paraguayos superaran la pobreza.

A la vez se puntualizó que la pobreza extrema bajó al 2,4 %, el nivel más bajo registrado. “Estas disminuciones no son fortuitas, pienso acompañado por un trabajo ordenado de muchas instituciones que están dando resultados”, dijo.

Cárdenas manifestó que en San Pedro las mesas de protección social fueron instaladas en las ciudades de Yrybucuá, Capiibary, Santa Rosa del Aguaray, San Vicente Pancholo y Antequera; en Caaguazú en los distritos de R.I. 3 Corrales, Yhú, Tembiaporã, Santa Rosa del Mbutuy y San Joaquín.

En Caazapá fueron instaladas en las ciudades de General Higinio Morínigo, San Juan Nepomuceno, Doctor Moisés Bertoni, 3 de Mayo y Tabaí; en Itapúa fueron ubicadas en las zonas de Alto Vera, San Pedro del Paraná, Jesús y Mayor Julio Dionisio Otaño; en Alto Paraná en los distritos de Itakyry y Juan E. O’Leary.

La lista sigue con Central cuyas ciudades beneficiadas son Ñemby, Capiatá, Limpio, Luque, San Antonio e Itá; en Ñeembucú fueron instaladas en Pilar, Villa Franca, Villa Oliva y Alberdi; en Canindeyú fueron priorizadas las zonas de Itanará, Laurel, Yasy Kañy y Villa Ygatimí.

En Concepción fueron ubicadas en Paso Barreto, Itacuá, San Alfredo, Sargento José Félix López, mientras que en Itapúa las ciudades priorizadas son General Eugenio A. Garay, Doctor Bottrel y Paso Yobai, alcanzando de esta forma un total de 42 municipios con la incorporación de 16 localidades a comienzos de este 2026.

No obstante, Cárdenas indicó que se evalúa agregar otras ciudades más a finales del año con la principal meta de llegar a alcanzar una cobertura nacional. “Desde el gobierno central buscamos construir una agenda de prioridades con las gobernaciones y municipios, nos comprometemos con el desarrollo de sus comunidades”, afirmó.

La selección de las ciudades priorizadas para las mesas de protección social se basa en un análisis técnico y estadístico liderado por el Gabinete Social, usando principalmente indicadores de vulnerabilidad extrema.

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, afirmó que la formalización de la propiedad es la herramienta para erradicar la pobreza.

Es por ello que el ente está abocado a la titulación masiva de inmuebles a favor de las familias que llevan varios años luchando por la legalización de sus terrenos donde están asentados sus hogares.

“La mejor forma de combatir la pobreza es titulando. Es una política del presidente Santiago Peña que bajó a 50 % el valor de los lotes en beneficio de la mujer”, señaló Ruiz Díaz en un vídeo socializado en redes sociales.

Sobre el punto, el titular del Indert explicó que con la reducción del precio a la mitad del valor real “hoy seis de cada diez títulos se están entregando a favor de las mujeres”.

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Un acontecimiento histórico que se dio a conocer recientemente es precisamente la titulación masiva en la colonia Araújo Cué, en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú.

Luego de 37 años de espera y lucha silenciosa, los pobladores de este asentamiento rural transformaron sus ilusiones en esperanza.

Ese sueño de acceder a un lote donde construir un hogar se concretó en este gobierno, tras una larga postergación que afectó a varias generaciones.

Las autoridades del Indert manifestaron que no solo se trata de la titulación, sino de “devolver tranquilidad, dignidad y heredar seguridad a los hijos” de estas familias solicitantes.

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