La localidad de Tembiaporã es uno de los 22 distritos en 6 departamentos del país escogidos estratégicamente para erradicar la pobreza, mediante la instalación de una Mesa de Trabajo de Protección Social, que prevé una serie acciones para el efecto.
La propuesta es ejecutar un trabajo integral y coordinado, que se enfocará en tres pilares cruciales como lo son la integración social, la inserción laboral y productiva, y la previsión social, desplegando así el Sistema de Protección Social del país.
“Hoy nos llena de satisfacción anunciar la llegada de un proyecto transformador al distrito de Tembiaporã en Caaguazú, con la instalación oficial de la Mesa de Trabajo de Protección Social, esfuerzo que representa un firme compromiso del Gobierno”, expresan desde el Ministerio de Trabajo.
Generación de empleo digno
Con la instalación de esta mesa de trabajo, se pretende elevar las condiciones de vida de los pobladores, articulando el acceso a empleos dignos como eje central en la lucha contra la pobreza, remarca la cartera laboral.
La iniciativa es encarada por el Gabinete Social, integrada por el viceministro de Trabajo, César Segovia; junto con el titular del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), Alfredo Mongelós.
Las mesas funcionarán en los departamentos de San Pedro, distritos de Yrybucua, Capiibary y Santa Rosa. Caaguazú en los municipios de RI 3 Corrales, Yhu además de Tembiaporã. En Caazapá, General Higinio Morínigo y San Juan Nepomuceno.
En el sur, en Itapúa serán instaladas en Alto Vera y San Pedro del Paraná. En Alto Paraná estarán activas en Itakyry y Juan E O’Leary; mientras que en Ñeembucú, se habilitarán en los municipios de Pilar, Villa Oliva, Villa Franca y Alberdi. En tanto que en Central, las ciudades de Limpio, Capiatá, San Antonio, Ñemby, Itá y Luque.
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Senado rinde homenaje a Serafina Dávalos, con llamado a preservar su legado histórico
Con un homenaje a Serafina Dávalos y un llamado a preservar su legado, la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, presidida por la senadora Lizarella Valiente, celebró el Día del Abogado (conmemorado el 1 de agosto) con el conversatorio “Mujeres políticas y humanismo”, realizado en la sala de sesiones del Congreso Nacional. La actividad propició un espacio de reflexión sobre el liderazgo femenino, la participación política y la defensa de los derechos de las mujeres.
Durante la apertura del encuentro, Valiente explicó que la iniciativa surgió con el propósito de mantener viva la memoria de Serafina Dávalos, a quien definió como una luchadora incansable por los derechos civiles y políticos de las mujeres.
La legisladora afirmó, además, que su legado constituye un ejemplo para las nuevas generaciones y un símbolo de la participación femenina en la vida cívica y política del país. “Su lucha permitió conquistar importantes derechos civiles y políticos”, expresó.
Seguidamente, la senadora Esperanza Martínez destacó el papel transformador de la participación femenina en la vida política. En ese sentido, sostuvo que “una mujer que hace política le cambia la vida a otra mujer, pero muchas mujeres que hacen política cambian la política”, al señalar que la presencia femenina aporta una perspectiva distinta en la toma de decisiones.
Visión integral y múltiples roles
Asimismo, afirmó que las mujeres poseen una visión integral de la realidad debido a los múltiples roles y responsabilidades que asumen en los distintos ámbitos de la vida. “Las mujeres somos multifacéticas, porque eso es lo que nos obliga la sociedad”, manifestó.
Durante el conversatorio, la jueza de la Niñez y la Adolescencia, Pili Rodríguez, resaltó la importancia de conocer la historia y el legado de Serafina Dávalos, destacando su aporte a la defensa de los derechos de las mujeres y su influencia en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Por su parte, Rosmary Dávalos, sobrina-nieta de Serafina Dávalos, agradeció el homenaje brindado a la destacada jurista y expresó su deseo de que las nuevas generaciones continúen inspirándose en su ejemplo. “Ojalá que las mujeres aquí presentes sigan los pasos de Serafina para continuar el proceso de defensa de los derechos de la mujer”, manifestó.
Mesa de trabajo
En otro momento del conversatorio, la senadora Lizarella Valiente anunció la conformación de una mesa de trabajo para impulsar la puesta en valor de la vivienda de Serafina Dávalos, iniciativa que será impulsada por la Secretaría Nacional de Cultura.
Explicó que el objetivo es restaurar y acondicionar este inmueble de importante valor histórico y arquitectónico, para convertirlo en un espacio destinado al encuentro ciudadano, el debate, la promoción cultural y las expresiones artísticas.
Por su parte, el actor Gustavo Ilutovich valoró la iniciativa de restaurar la vivienda, al considerar que su recuperación permitirá preservar el legado de una figura fundamental en la historia del Paraguay.
¿Serafina dónde estás?
Como parte de la programación, se presentó el monólogo “Serafina, ¿dónde estás?”, escrito e interpretado por el actor Gustavo Ilutovich y dirigido por el maestro Agustín Núñez. La puesta en escena ofreció un recorrido por la vida y el legado de quien fue la primera mujer abogada del Paraguay y una de las primeras profesionales del derecho en la región.
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Adultos mayores: extranjeros con residencia permanente también pueden acceder a la pensión
La ampliación de la pensión universal para adultos mayores no solo beneficia a ciudadanos paraguayos, ya que la legislación vigente también contempla la incorporación de extranjeros residentes en el país, siempre que cumplan una serie de requisitos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS).
De acuerdo con la Ley N.º 7.322, promulgada en diciembre de 2024, los ciudadanos extranjeros pueden acceder al beneficio económico estatal si acreditan al menos 30 años de residencia permanente en Paraguay, certificada por la Dirección Nacional de Migraciones. Este requisito se suma a las condiciones generales exigidas para el ingreso al programa.
Actualmente, la pensión universal forma parte de una de las principales políticas de protección social del Estado y busca garantizar un ingreso mínimo para personas mayores que no cuentan con cobertura jubilatoria ni otras fuentes formales de ingresos.
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La edad mínima para acceder al beneficio es de 65 años, aunque el proceso de incorporación se realiza de manera gradual. La última etapa ejecutada por el Gobierno incluyó a personas de 68 años cumplidos hasta junio de este año, mientras continúa avanzando el cronograma para abarcar progresivamente a los demás grupos etarios.
Entre los requisitos establecidos se encuentra no percibir salario en el sector público o privado, no ser aportante activo del Instituto de Previsión Social (IPS) y no figurar como contribuyente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). En los casos de personas que anteriormente fueron contribuyentes, deberán presentar la certificación correspondiente que acredite la baja de dicha condición.
Asimismo, los potenciales beneficiarios no pueden poseer más de 30 cabezas de ganado, criterio utilizado por el Estado para focalizar el programa en sectores con menores recursos económicos.
El monto de la asignación equivale actualmente al 25 % del salario mínimo legal vigente hasta junio, lo que representa G. 724.762 mensuales. Este valor será ajustado el próximo año conforme al nuevo salario mínimo que comenzó a regir desde el 1 de julio.
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El Gobierno y sector financiero sellan alianza táctica frente a las amenazas delictivas
Ante nuevas amenazas y desafíos del crimen organizado y la necesidad de blindar las infraestructuras estratégicas del país, el Gobierno avanza en una agenda conjunta con el sector financiero para fortalecer la seguridad de los bancos, cajeros automáticos, transportadoras de caudales y otros puntos sensibles del sistema económico.
Por ello, el ministro del Interior Enrique Riera, encabezó una reunión en la cual se impulsa una mesa de coordinación con el sector financiero para fortalecer la seguridad nacional.
En este encuentro, además participaron autoridades de la Comandancia de la Policía Nacional, y representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), del Banco Central del Paraguay (BCP), Prosegur, y otras instituciones vinculadas al sistema financiero.
A través de las redes sociales, el Ministerio del Interior informó que esta mesa de trabajo se instaló con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional en materia de seguridad.
En el informe oficial destacaron que durante el encuentro fueron analizadas estrategias de prevención, cooperación e intercambio de información para reforzar la protección de entidades bancarias, bóvedas, cajeros automáticos y demás infraestructuras críticas del sistema financiero.
“Apuntamos a consolidar una agenda conjunta entre el Estado y el sector privado que contribuya a la seguridad, la confianza ciudadana y la capacidad de respuesta ante los desafíos actuales”, menciona el informe en redes sociales.
De esta forma, el Gobierno busca tomar acciones concretas, teniendo en cuenta el reciente asalto tipo comando en Santa Rita (Alto Paraná), en que más de 20 delincuentes atacaron simultáneamente varias entidades financieras utilizando explosivos, armas largas y una logística propia del crimen organizado.
El hecho afectó a tres bancos y una casa de cambios, generando preocupación sobre la protección de infraestructuras críticas del sistema financiero.
Sumado además, al llamativo aumento de denuncias por vaciamiento de cuentas bancarias tras robos de teléfonos celulares, una modalidad que combina delincuencia común con ciberdelito y que ha motivado cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad digital de las entidades financieras.
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Senado abre investigación sobre emisión de títulos superiores presuntamente falsos
El senador Basilio Núñez, presidente de la Cámara de Senadores, encabezó la instalación de la Comisión Especial de Investigación de carácter transitorio para el estudio de los hechos relacionados con la emisión, comercialización y utilización de títulos, diplomas y certificaciones de educación superior, formación técnica, profesional y de posgrado, presuntamente falsos o irregulares, que se llevó a cabo este lunes en la Cámara Alta.
Como primera medida, se conformó la mesa directiva, que quedó integrada por el senador Patrick Kemper, como presidente; la senadora Esperanza Martínez, como vicepresidenta; y el senador Dionisio Amarilla, como relator.
Asimismo, integran la comisión los senadores Blanca Ovelar, Derlis Maidana, Lizarella Valiente, Juan Carlos Galaverna Ortega, Zenaida Delgado, Rafael Filizzola, Celeste Amarilla, Noelia Cabrera y Yolanda Paredes.
Ruta de Trabajo
Tras su designación como presidente de la Comisión, el senador Patrick Kemper explicó que durante la reunión se definieron los lineamientos iniciales de trabajo y los mecanismos que permitirán recepcionar denuncias ciudadanas.
“Conversamos sobre los canales que vamos a habilitar para que cualquier ciudadano pueda presentar denuncias, así como sobre una plataforma virtual que estaremos socializando próximamente. Básicamente, hemos definido la hoja de ruta del trabajo que desarrollaremos”, señaló.
Indicó además que la comisión convocará a representantes de las distintas instituciones vinculadas al ámbito educativo y desarrollará una labor investigativa con el objetivo de elaborar un informe final dentro del plazo inicialmente establecido de seis meses, periodo que podría ampliarse si las circunstancias así lo requieren. Adelantó que el informe incluirá recomendaciones y eventuales propuestas legislativas.
Entre las primeras convocatorias previstas figuran autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), así como representantes de universidades públicas y privadas. No obstante, aclaró que aún no se definieron los días ni los horarios de las reuniones de la comisión.
Por su parte, la senadora Esperanza Martínez sostuvo que uno de los primeros casos a ser investigados debería ser el de la Universidad Sudamericana, atendiendo a las denuncias que la involucran.
Según manifestó, dicha institución habría expedido alrededor de 2.500 títulos en un periodo de tres a cuatro años en unas veinte carreras, por lo que consideró necesario que sea uno de los primeros casos analizados para desarrollar una metodología de investigación.
Añadió que la comisión buscará identificar y exponer posibles mecanismos de corrupción que pudieran haberse instalado dentro del sistema de educación superior.
A su turno, el senador Dionisio Amarilla ratificó las expectativas generadas en torno a la comisión y destacó la importancia de profundizar las investigaciones.
Consideró que una de las primeras medidas debería ser solicitar al Ministerio de Educación y Ciencias un informe detallado sobre el registro de títulos de grado y posgrado expedidos en los últimos años.
La senadora Lizarella Valiente enfatizó que la situación resulta especialmente grave para quienes han obtenido sus títulos mediante años de esfuerzo, inversión y sacrificio personal.
Asimismo, advirtió que el uso de títulos presuntamente irregulares para el ejercicio profesional o para acceder a beneficios dentro de la función pública podría configurar un perjuicio para el Estado paraguayo, por lo que consideró necesaria la participación del Ministerio Público.