En medio del enorme impacto que dejó la caída de Ueno Bank, y que aún se torna difícil determinar su alcance, hay un aspecto que merece atención: pese a los cuestionamientos el sistema de justicia está haciendo su trabajo. Hay que recordar que la denuncia se recibió el 3 de noviembre. En apenas diez días, el Ministerio Público logró la captura e imputación de 33 personas, entre ellas un expresidente de la República y la anterior cúpula del Banco Central del Paraguay (BCP)
Compelidos a actuar por una ciudadanía indignada por el latrocinio cometido, los agentes fiscales asignados realizaron una labor ciclópea y minuciosa: imputar a 33 personas en diez días supone haber reunido, en tiempo récord, documentos, testimonios y registros que justifiquen cada una de esas sospechas ante un juez, que también obró de acuerdo a lo que marca la ley.
En este trabajo intenso y extendido, que se enmarcó en distintos operativos y allanamientos que llegaron incluso, y de manera inédita, hasta la misma residencia presidencial Mburuvichá Roga, hay una tarea poco visible. Los allanamientos, es decir, las inspecciones de domicilios y oficinas autorizadas por orden judicial, permitieron incautar documentos, certificados de depósito, vehículos y propiedades. Dos estancias vinculadas al grupo propietario ya fueron entregadas a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), que las custodia mientras dura el proceso. Al mismo tiempo, la Fiscalía activó pedidos de cooperación internacional con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear fondos que pudieron salir del país. En este caso, no solo por el clamor de una población indignada, sin dudas que rastrear la ruta del dinero es, en causas financieras, tan importante como identificar a los responsables. Hay que recordar que las diligencias -locales y extranjeras- revisten una importancia vital ya que de ello depende que el Estado pueda recuperar lo perdido o recobrarlo parcialmente.
Con el correr de los días, y más allá de la sorpresa de algunos incrédulos, las figuras penales o hechos punibles apuntados también señalan el rumbo de la investigación. La lesión de confianza castiga a quien, con el deber de cuidar un patrimonio ajeno, lo perjudica. En el caso de la asociación criminal sanciona a quienes integran una estructura organizada para cometer delitos y es por esta razón que los agentes fiscales hayan sumado esta última figura indica que no ven hechos aislados, sino un engranaje, un esquema diseñado y jerarquizado para atentar contra los recursos del Estado.
El daño causado fue enorme. Millones de clientes vieron congelados sus ahorros, los fondos públicos quedaron expuestos, la confianza en instituciones que otrora eran fuente de credibilidad absoluta como el BCP, o el impacto en el comercio que tuvo –aún por determinar– sin dudas que hacen comprensible la indignación de la ciudadanía que en un momento dado incluso criticaron al equipo de fiscales que trabaja día y noche para acelerar la investigación. Sin embargo, este enojo entendible no debería volverse contra quienes, precisamente, están tratando de esclarecer lo ocurrido. Criticar a los fiscales por no haber actuado antes confunde los papeles: el Ministerio Público no supervisa bancos; esa tarea correspondía a la Superintendencia de Bancos, cuyos antiguos responsables hoy figuran entre los imputados. La Fiscalía interviene cuando hay una denuncia o indicios de delito.
Si bien el trabajo para reunir evidencias y convertir indicios en pruebas llevará aún su tiempo, nada de los avances hechos hasta significan que el trabajo esté concluido. Hubo palabras y discursos desde los partidos de oposición e incluso de grupos de comunicación que cuestionaron la actuación de los fiscales, y la prensa debe seguir vigilando que no haya favoritismos ni excesos. La rapidez es una virtud solo si va acompañada de solidez: una causa mal armada se cae en el juicio oral, y entonces la impunidad llega por la vía técnica. Por eso es clave que las pruebas se obtengan respetando el debido proceso, y que cada imputado conserve su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.
Esta primera etapa investigativa y de actuaciones muestra algo que los incrédulos paraguayos necesitaban ver: que por fin, frente a las personas con poder político y económico, las instituciones pueden funcionar y actuar conforme a la ley. Más de uno se pellizcó la piel cuando vio como el exjefe de Estado era llevado por la Policía hasta su declaración ante el Ministerio Público. Nunca antes un expresidente había llegado a esa instancia. Es por eso que la mejor forma de honrar a los ahorristas afectados es permitir que la justicia llegue hasta el final.