Expertos internacionales plasmaron las experiencias y desafíos de la región, y Paraguay debe achicar su esquema de diversas previsionales con beneficios muy distintos. Foto: Gentileza
Coinciden en necesidad de reducir fragmentación del sistema de jubilaciones y pensiones
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Expertos de la región coincidieron en que los principales desafíos del sistema de jubilaciones y pensiones del Paraguay radican en reducir la fragmentación, puesto que existen diferentes esquemas previsionales con beneficios muy distintos, al tiempo de destacar avances como la Ley de Superintendencia.
Fue en el seminario internacional sobre “Cómo mejorar la equidad, la gobernanza y sostenibilidad del Sistema de Jubilaciones y Pensiones”, que se llevó cabo este martes por la mañana, en el Salón Presidencial del Hotel Guaraní. Estuvo organizado por el por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial (BM).
Los referentes fueron Fabio Bertranou, director de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina; Ignacio Apella, economista senior para Protección Social de América Latina y el Caribe del Banco Mundial; Jorge Mastrangelo, ex superintendente de Pensiones de Chile; y Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social de Uruguay.
Durante un panel, compartieron las experiencias y desafíos de sus respectivos países, para posteriormente encarar un espacio de diálogo con representantes tanto de los trabajadores, de los empleadores y del sector de los jubilados.
El evento contó a la vez con la directora para Argentina, Paraguay y Uruguay del Banco Mundial (BM), Marianne Fay, quien destacó los avances como el aumento de la cobertura y la creación de la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, como una oportunidad de “crear acuerdos sobre un tema complejo para la ciudadanía”.
A esto sumaron que también se debe asegurar la sostenibilidad del sector, de modo a que los beneficios no sean sólo económicos, sino también sociales. Es así que el país tiene el gran desafío de reducir la inequidad, la disminución de la informalidad y la generación de prestaciones suficientes y sostenibles adaptados al Paraguay.
También estuvo el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, quien indicó que el bono demográficodel que gozó el país por varios años se está agotando. Esto implica repensar la sostenibilidad de los sistemas jubilatorios, atacar la informalidad y tomar decisiones con la participación de los actores involucrados, dijo.
Experto en economía agrícola, Carlos Ludeña, resaltó el esfuerzo que encara el Indert para la titulación masiva de tierras que trae importantes beneficios económicos y sociales. Foto: Gentileza
Titulación masiva del Indert: experto en economía agrícola destaca beneficios de la formalización
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Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) desarrolló en la fecha un Seminario Internacional en el que se abordaron los desafíos del crecimiento económico y el desarrollo rural a partir de la titulación masiva de tierras. Durante el evento, los disertantes ofrecieron una mirada crítica sobre las reformas estructurales, el acceso al capital y la equidad en el mundo rural.
El evento estuvo encabezado por su titular, Francisco Ruiz Díaz, y la disertación del experto ecuatoriano en Economía Agrícola, Carlos Ludeña, quien resaltó durante una entrevista con La Nación/Nación Media, el esfuerzo que está llevando adelante el Gobierno de Paraguay, por reducir ese déficit del acceso a la tierra que lleva atrasado varios años.
Indicó que de acuerdo al registro que maneja en el Indert, serían unos 130.000 inmuebles cuya titulación faltan por regularizar, por lo que el Gobierno encabezado por Santiago Peña, ha fijado como meta llegar a las 50.000 titulaciones al término de su mandato.
Explicó que todo este trabajo que ha encarado desde el gobierno, y de acuerdo a las experiencias que se tiene en otros países, la titulación de la tierra es solo un medio para generar otros impactos importantes en varios aspectos económicos, como ser la productividad agrícola, el impacto en cuanto al acceso a créditos, así como la reducción de conflictos por la tenencia de la tierra y sobre todo la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias.
“Se han realizado cambios importantes en el Indert, justamente para poder lograr esa titulación masiva. Obviamente hay un antes y un después, de lo que ha sido la aplicación del método de Barrido Predial Masivo (BPM) durante este proceso”, destacó.
Notorios cambios en la gestión
Mencionó que antes del uso del método BPM se realizaba un promedio de 900 titulaciones por año, pero en la presente gestión del Indert se ha logrado a saltar a más de 9.000 titulaciones en el último año, lo que hará que se logre la meta de 50.000 títulos entregados al término del mandato del gobierno de Santiago Peña.
“Este proceso tiene importantes cambios a nivel institucional, no solo visto desde el aspecto legal, sino que está en coordinación con las demás agencias del Estado como Catastro, y otras instituciones. Además, se puede resaltar el cambio de liderazgo dentro de la institución que ha facilitado la gestión y puso al servicio de la gente el Indert. Lo que ha demostrado que cuando se quiere se pueden hacer esos cambios importantes”, resaltó.
Remarcó que este proceso que ha iniciado hace más de 18 meses, es muy importante, porque existe una deuda histórica de titulaciones en el Paraguay.
La titulación de la tierra es solo un medio para generar otros impactos importantes en varios aspectos económicos, como la productividad agrícola, el acceso a créditos, así como la reducción de conflictos, entre otros. Foto: Gentileza
Señaló que de acuerdo a los registros del Indert, solo el 5 % de la Reforma agraria ha sido tituladas en más de 80 años. Por lo que resaltó que a la fecha aún existen aproximadamente 130.000 inmuebles que necesitan ser formalizados en el país.
Añadió, que si es que se seguía con el mismo ritmo de titulación que por décadas se tuvo en el Indert, se hubiera requerido unos 140 años, para lograr la titulación de esos 130 mil inmuebles que están de manera informal.
“Lo que se busca ahora con este proceso es formalizar todos esos inmuebles que ahora están de manera informal, lo que a su vez traerá seguridad jurídica y seguridad de inversión a sus propietarios. Además de todos los impactos ya señalado anteriormente, sobre productividad, reducción de conflictos, y otros; traerá un gran beneficio que se podrá obtener a corto y mediano plazo una vez que se logre la formalización de los títulos”, explicó.
Otros beneficios
Remarcó que ahora, que el Indert cambió su forma de trabajo aplicando el método BPM, es que se puede asegurar llegar a la meta establecida por el gobierno de Santiago Peña, de cerrar su gobierno entregando 50.000 títulos de propiedad, lo que permitiría elevar el porcentaje de titulación a cerca del 40 % al final del periodo presidencial.
“De acuerdo al tamaño del productor, en otros países se ha visto un aumento en la productividad entre el 40 y el 80 por ciento de su producción. En este caso, lo que se espera con la titulación de esos 50.000 inmuebles durante este gobierno, es que se logre un incremento en la productividad, sobre todo de esa agricultura familiar campesina”, explicó.
Además, el beneficio del acceso al crédito, así como se han observado en otros países, al contar con el título de propiedad el productor ha tenido mayores accesos a créditos, y no solo el acceso a créditos formales, sino que también se observa un mayor monto de los préstamos, a tazas de intereses más baja,dejando de lado aquellos préstamos informales de altos costos que rayan la usura.
Resaltó que al contar con el título de propiedad se brinda una mayor seguridad jurídica, permite la inversión en el inmueble, así como un aumento significativo en materia de conservación del medio ambiente.
Reiteran a jubilados y pensionados obligatoriedad del censo para desbloqueo de tarjetas
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Desde la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), reiteraron a los beneficiarios de la Caja Fiscal que aún no se censaron a que puedan completar el trámite, teniendo en cuenta que se trata de una condición obligatoria para desbloquear sus respectivas tarjetas.
Así lo informó la dependencia que forma parte del Viceministerio de Administración Financiera (VAF) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), señalando la importancia de ese paso para los beneficiarios. Igualmente, los nuevos jubilados y pensionados deberán actualizar sus datos en el marco del censo digital que lleva adelante el MEF.
“Es importante mencionar que independientemente a que hayan ingresado recientemente a ser beneficiarios de la caja, deben realizar el proceso de censo, de manera a completar informaciones de sus contactos de confianza, mismo requerimiento establecido a todos los beneficiarios pensionados que cobran a través de la Caja Fiscal”, indicaron.
La primera etapa del censo finalizó el 3 de mayo pasado, y posterior a ello las tarjetas de las personas no censadas fueron bloqueadas. En ese sentido, la institución recordó que la plataforma sigue habilitada para realizar el trámite de registro, tras lo cual se procederá al desbloqueo y la actualización de la planilla de pagos en un plazo de 24 a 48 horas. Los jubilados que ya realizaron el procedimiento podrán verificar su registro en este link.
De acuerdo a los datos más recientes, al cierre del 26 de mayo se registraron 72.759 censados. Dicha cantidad representó el 95 % del total de beneficiarios, que ascendió a 76.798. El 5 % faltante corresponde a unas 4.039 personas que aún deben realizar la actualización de información.
El objetivo principal es actualizar los datos de todos los beneficiarios, evitar cobros indebidos y depurar la planilla mediante la confirmación de la vivencia. “El procedimiento es ágil, completamente en línea y solo requiere datos básicos, lo que permite ahorrar tiempo, evitar desplazamientos y garantizar la seguridad de la información”, añadieron.
El proyecto fue entregado al presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, como parte del trabajo coordinado con la Defensa Pública. Foto: Gentileza
Mafia de pagarés: plantean ante el Senado la inembargabilidad de jubilaciones y pensiones
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El titular de la Defensoría del Pueblo, Rafael Ávila Macke, presentó este martes a la Cámara de Senadores el anteproyecto de ley que propone la modificación de la normativa 2345/03 con el fin de resguardar a los jubilados y funcionarios públicos víctimas de la mafia de los pagarés y evitar futuros abusos que afecten su patrimonio.
La iniciativa plantea la inembargabilidad de las jubilaciones y pensiones del sector público, salvo por obligaciones alimentarias. El documento fue entregado al presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, como parte del trabajo coordinado con la Defensa Pública.
“Es un paso concreto en defensa de los derechos fundamentales de quienes han sido injustamente despojados”, sostuvo el abogado a los medios de comunicación.
Desde la institución refieren que de sancionarse la propuesta en el Legislativo y promulgarse en el Ejecutivo beneficiaría a sectores como la administración pública, el magisterio nacional, los docentes de universidades nacionales, los magistrados judiciales, los empleados gráficos del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Antecedentes
La Cámara de Senadores había aprobado días atrás la creación de una comisión especial de carácter transitorio para investigar los hechos relacionados con la trama delictiva denominada mafia de pagarés, causa que derivó en la imputación de 63 personas el pasado 21 de marzo.
Entre los indagados se encuentran jueces, actuarios y abogados, quienes aplicaron demandas ejecutorias sobre supuestas deudas promovidas mediante pagarés ya cancelados o de contenido falso para estafar a cientos de trabajadores.
El espíritu de la Superintendencia de Jubilaciones es evitar la dilapidación de fondos, recalcan
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El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte ratificó que el origen de la ley mediante la cual fue creada la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones es evitar la mala utilización de recursos dentro de las diversas cajas y así precautelar el aporte de los trabajadores de los distintos sectores.
“Lo que busca esta ley es evitar la lapidación de los fondos, no solo de la previsional, sino de cualquier fondo que exista en el país a través de un Consejo que es multidisciplinario en donde están los representantes del Estado y de los jubilados, trabajadores y empleadores. Esa fue la intención y el espíritu de la ley, lo cual está bien plasmado en varios principios que la rigen”, expresó.
Duarte manifestó que en la redacción de dicha ley participaron tanto los empleadores como las centrales obreras y lo que se busca es contar con un organismo regulador que pueda proteger las inversiones de los diversos fondos de pensión que existen en el país, y esto teniendo en cuenta que actualmente varias entidades como la Caja Municipal, atraviesan por complicadas situaciones financieras.
“Lo que se busca es una diversificación de la cartera, pulverizar el riesgo en varios tipos de instrumentos financieros. Entendamos que la ley del Instituto de Previsión Social (IPS) ya data de los años 50 y ya le falta bastante modernidad para poder actualizar a las condiciones del mercado y los instrumentos financieros”, explicó a la 1020 AM.
La salud financiera de las diversas cajas es el objetivo de esta ley y uno de los logros de la misma es la creación de un Consejo de Seguridad Ejecutivo, que es el que va a proponer al superintendente y va a aprobar todas las gestiones de las entidades jubilatorias, indicó Duarte. Cabe resaltar que la Superintendencia aún no ha empezado a operar oficialmente, debido que la propia ley establecía un periodo para su implementación.
“En este momento está muy mediatizado el tema y dentro de lucha de sectores, me apena que esto ocurra porque entre todos estamos preocupados por la salud del IPS, que tenía dinero a la vista y eso no nos sirve para los diversos fondos, el dinero tiene que estar aplicado para poder sostener los fondos jubilatorios. Debemos aprender a discutir, a cuestionar lo que realmente es serio y no estar utilizando este tipo de situaciones de un lado ni del otro para descalificar acciones”, aseveró.