Desde la UIP que nuclea a industrias y emplea a 650.000 personas, aseguran que no jugarán en contra de los intereses transversales de los empleados y que transmiten esa tranquilidad a los asegurados. Foto: Archivo
Proyecto de superintendencia quiere proteger inversiones jubilatorias, afirman
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El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, aseguró que por mandato constitucional, las cajas de jubilaciones no pueden prestar dinero al Estado ni a los municipios. Al hacer mención de esto, el titular de la UIP se remontó a los inicios del proyecto de ley de la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y reiteró que los fondos jubilatorios, por mandato constitucional, no están obligadas a prestar al Estado.
Mencionó que ya en el año 2015, se comenzó a hablar de este proyecto, que es un mandato constitucional, y para el 2017, casi se llegó a un acuerdo en dos puntos; uno sobre la gobernanza y otro sobre los límites de las inversiones de las cajas, pero allí quedó varado y se volvió a retomar ahora.
“En la propia Constitución Nacional se establece que el Estado debe regular y controlar el funcionamiento del sistema de seguridad social, y no es cierto que las cajas, ninguna está obligada a prestarle recursos al Estado, eso no está en la ley”, expresó en entrevista con La Nación/ Nación Media.
Aseveró que todas las acciones y versiones que se están dando en contra, son gestiones interesadas con una visión política, puesto que la superintendencia no tendrá la finalidad de decidir por ninguna caja, sino verificar el accionar para cuidar los fondos de los aportantes y de los jubilados.
Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP). Foto: Jorge Jara
Solo por citar uno, puso como ejemplo al Instituto de Previsión Social (IPS), que en su Artículo 27 de la Ley 98/92, la que modificó varios artículos de la 1.560/54, en su tercer párrafo, establece taxativamente que no puede prestarle fondos ni al Estado ni a los municipios.
“Así que esas ideas de que se va a usar los recursos son todas historias, no es real y la gente tiene que estar segura porque esto viene para proteger sus inversiones, sobre todo, sus inversiones jubilatorias”, remarcó el titular de la UIP.
Como presidente de uno de los gremios más representativos del país, que nuclea las industrias y a la vez emplea a unas 650.000 personas, aseguró que nunca jugarán en contra de los intereses transversales de los empleados y colaboradores. Es más, aseguró que apoyan el proyecto y transmiten esa tranquilidad a los asegurados.
El proyecto remitido al Congreso para su estudio tuvo un arduo trabajo previo de análisis entre la UIP, la Feprinco y todas las centrales obreras, logrando un acuerdo que fue igualmente consensuado con el Poder Ejecutivo y las asociaciones formales de jubilados. Esto consta con las rúbricas de los representantes, indicó Duarte.
La UIP pretende expandirse con una mayor presencia institucional hacia el interior del país, especialmente en las principales cabeceras, y la zona del Alto Paraná se perfila como foco para fortalecer la industria nacional.
Desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP) se encuentran impulsando una estrategia de expansión y reactivación institucional en el interior del país, con especial atención en la zona este, particularmente en departamentos como Alto Paraná.
Es lo que comentó Massimiliano Corsi, ejecutivo de Relaciones Corporativas y Gremiales de la UIP, sobre la estrategia gremial que están llevando a cabo en el interior del país, que incluye no solo a Alto Paraná, sino también otros departamentos como Canindeyú, Itapúa, Guairá, Caaguazú y Caazapá.
“Históricamente, la UIP se ha concentrado en el área central, pero reconocemos la necesidad urgente de fortalecer nuestra presencia donde hoy se está dando un crecimiento industrial exponencial como está pasando en Alto Paraná, hacia el este de Paraguay”, expresó Massimiliano a FOCO.
El objetivo es fidelizar a los socios actuales, captar nuevos miembros y construir una representación gremial más integrada y equitativa a nivel país. Foto: Gentileza
Detalló que, en esta zona, se cuenta con un gran número de industrias y empresarios que enfrentan desafíos que deben ser acompañados y canalizados por un gremio fuerte, representativo y con llegada a las decisiones nacionales.
Representación integrada. En ese sentido, la UIP, como gremio de cúpula con más de 100 gremios asociados, tiene esa capacidad y responsabilidad, dijo. “Nuestro objetivo es fidelizar a los socios actuales, captar nuevos miembros y construir una representación gremial más integrada y equitativa a nivel país”, remarcó.
Respecto a este proceso, indicó que ya iniciaron visitas a Ciudad del Este con toda la comisión directiva, ocasiones en las que mantuvieron encuentros con cámaras locales, industrias y municipios.
La propuesta es generar sinergia entre departamentos, unir regiones productivas y romper con la desconexión histórica que existe entre eventos y actores industriales de distintas zonas, aseguró el referente.
Fortalecer tejido industrial. Hoy más que nunca, creen que la UIP debe ser verdaderamente nacional, y eso implica dar voz, presencia y servicios concretos a los empresarios del interior, para ayudarlos a crecer y fortalecer el tejido industrial del Paraguay, aseguró.
El diputado Rodrigo Blanco explicó que contar con la Ley Mafe permitirá abordar la problemática social con herramientas adecuadas. Foto: Pánfilo Leguizamón
Proyecto de Ley Mafe permitirá visualizar la real problemática de personas desaparecidas
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La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.
En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.
La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.
El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.
Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.
“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.
El Dr. Rubén Riquelme señaló que contar con la normativa facilitará la búsqueda automática sin necesidad que se solicite una intervención judicial o fiscal. Foto: Pánfilo Leguizamón.
Protocolos de alertas inmediatas
El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.
“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.
Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.
“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.
Propuesta saludable y conveniente
A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.
“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.
Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.
Asignación presupuestaria
Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.
“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.
Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.
“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.
Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.
Anuncian proyecto de ley para regular el sector de hierbas naturales en Paraguay
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El senador Luis Pettengill anunció que se encuentra en marcha la elaboración de un proyecto de ley que establecerá un marco regulatorio para el sector de la herboristería y la medicina natural en Paraguay.
Según explicó, actualmente este ámbito carece de una legislación específica, lo que dificulta tanto la formalización de los productores como la posibilidad de exportar sus productos en cumplimiento con normas internacionales.
“La parte de herboristería en Paraguay no tiene una legislación, entonces se presentó una inquietud y nosotros vamos a transformar eso en un proyecto de ley”, manifestó el legislador. El objetivo es garantizar que quienes trabajan con hierbas naturales cuenten con una ley que respalde su actividad y les permita operar legalmente dentro del país.
Pettengill adelantó que el Ministerio de Salud Pública será el órgano de aplicación de la futura normativa, y que la institución ya manifestó su acuerdo con la propuesta. “Vamos a hacer una mesa técnica con todos los sectores involucrados y, por supuesto, el Ministerio de Salud participará activamente en el proceso”, agregó en conversación con varios medios de prensa.
Además de regular la producción, el proyecto también buscará proteger las especies silvestres que actualmente se extraen directamente de la naturaleza. “La producción que no es cultivada debe cuidarse. No queremos quedarnos sin estos recursos por una extracción excesiva”, advirtió.
El senador remarcó que el proyecto no encontró objeciones, ni siquiera por parte del Ejecutivo. “Todos están de acuerdo, inclusive los del Gobierno. Lo que queremos es ayudar para que este sector pueda formalizarse y trabajar libremente, con reglas claras”, concluyó.
El proyecto también contempla aspectos vinculados a la exportación. Pettengill explicó que muchos productos naturales, como infusiones con mezclas de yerbas, ya se exportan de forma incipiente, pero la falta de regulación nacional es un obstáculo. “No se puede exportar algo que no está reglamentado en el país. Eso vamos a cuidar”, remarcó.
No al trabajo infantil: lanzan concurso de dibujos dirigido a niños
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La Unión Industrial Paraguaya (UIP) presentó la novena edición del concurso de dibujo No al trabajo infantil. A través de esta iniciativa buscan promover la reflexión y el compromiso colectivo contra el trabajo infantil, apelando a la creatividad de niños de todo el país.
La competencia está dirigida a niños de 5 a 13 años, que podrán expresarse mediante el dibujo sobre esta causa: el derecho a una infancia libre, protegida y con oportunidades de desarrollo. Contará con tres categorías, niños de 5 a 7 años, de 8 a 10 años y de 11 a 13 años.
La actividad se llevará a cabo el sábado 19 de julio en la sede de la UIP y serán premiados el primer y segundo puesto de cada categoría, además de menciones especiales. La participación es gratuita y este año los premios incluirán bicicletas, tablets, notebooks, entre otros.
La edición anterior dejó en evidencia no solo la creatividad de los participantes, sino también su capacidad para interpretar con sensibilidad el mensaje del concurso. Los participantes deberán realizar sus dibujos en cartulina blanca tamaño A3, utilizando la técnica de su preferencia.
Los materiales serán provistos por la organización, aunque los niñosy niñas podrán traer también sus propios insumos si así lo desean. Las obras deberán ser realizadas de forma presencial, sin asistencia externa, y serán evaluadas por un jurado técnico conformado por referentes del ámbito artístico e institucional.
El juzgamiento de las obras está previsto para el miércoles 30 de julio, mientras que el acto de premiación se celebrará el miércoles 14 de agosto. Como novedad en esta edición, la organización habilitó un formulario digital de inscripción obligatoria, que debe ser completado por los padres, madres o tutores.
Esta herramienta permitirá estimar la cantidad de participantes y asegurar una planificación más eficiente. Las bases y condiciones completas están disponibles en el sitio web institucional: www.uip.org.py, donde también puede accederse al formulario de inscripción.