Medidas para racionalizar el gasto público, orden de fortalecer la salud, la educación y la seguridad, recursos orientados a metas específicas, son algunos de los lineamientos que establece el nuevo decreto del Ejecutivo para los anteproyectos del presupuesto 2026 y el plurianual 2026-2028.

El decreto n.° 3813/2025 sienta las bases normativas para que los organismos y entidades del Estado elaboren sus presupuestos institucionales con criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad. Respecto a las medidas de racionalización del gasto público, se estipula que “no podrán incorporarse incrementos salariales”, salvo aquellos vinculados al salario mínimo legal.

La Administración Nacional de Electricidad (Ande) realizó este martes el lanzamiento de la promoción “Encendé la solución - Vuelve ñande ahorro”, que permitirá a clientes de baja y media tensión financiar deudas. La misma estará vigente del 29 de abril al 31 de mayo y permitirá además la exoneración de recargos por mora, actualización de nombre sin depósito de garantía y cambios de instalación sin costo.

El titular de la institución, Félix Sosa, indicó en conferencia de prensa que la tasa de morosidad actualmente está en 22 %, cifra que representa más de 390.000 clientes con cuatro o más facturas pendientes de pago. El financiamiento podrá extenderse hasta 48 meses y sin recargo, según se informó.

El presidente de la República, Santiago Peña, en su visita oficial a Estados Unidos, mantuvo un encuentro con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Manuel de Oliveira Guterres. En la ocasión, el economista ratificó el compromiso del Paraguay en la defensa de la paz y el respeto al derecho internacional.

“Mantuve una reunión en la sede de las Naciones Unidas con el secretario general António Guterres. Conversamos sobre los desafíos que enfrenta la comunidad internacional y la importancia de fortalecer el diálogo y la cooperación entre las naciones”, sostuvo Peña a través de sus redes sociales oficiales.

El Gobierno de Paraguay, con apoyo de la Itaipú Binacional, alcanzó un récord histórico en la entrega de mobiliarios escolares al distribuir 71.857 mesas y sillas pedagógicas en lo que va del 2025. Esta cifra supera ampliamente las adquisiciones realizadas por entidades públicas en los últimos tres años, según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Los nuevos conjuntos escolares fueron entregados a 277 instituciones educativas públicas de siete departamentos del país, priorizando zonas de alta necesidad como Ñeembucú, Caazapá, Caaguazú, Alto Paraná, Itapúa, San Pedro y Central. Solo en este último departamento, 139 centros educativos de Luque y Capiatá recibieron más de 50.000 muebles. Actualmente, la distribución continúa en la ciudad de Limpio.

El gestor de la red eléctrica española descartó este martes que un ciberataque esté detrás del masivo apagón que por horas sufrió el lunes la península ibérica.

“Podemos descartar un incidente de ciberseguridad”, dijo en rueda de prensa Eduardo Prieto, director de Red Eléctrica Española, quien agregó que en la mañana del martes “hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de red eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente”.

El contralor general de la República, Camilo Benítez, acudió este martes ante el Senado con la finalidad de profundizar sobre el informe emitido por su institución en torno a la ejecución del programa Hambre Cero en las escuelas. Durante la ocasión requirió al Congreso Nacional mayor presupuesto para garantizar los procesos de fiscalización.

“Que alguien te esté permanentemente vigilando hace que uno tenga la obligación mayor de comportarse de manera más decorosa. Nosotros estamos destinando mucho dinero en viáticos para hacer estos recorridos en el interior del país. Le ruego que nos siga apoyando desde el Congreso con la aprobación de recursos, la idea que tengo yo es que las fiscalizaciones se hagan todo el día del año escolar in situ de manera sorpresiva y aleatoria, solo que nuestro presupuesto ejecutado nos alcanza para unos meses más, después probablemente vamos a tener que solicitar una ampliación”, indicó.

Un nuevo récord se dio recientemente en el mercado de capitales a nivel local, con la emisión de bonos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por unos G. 125.000 millones (USD 15,6 millones).

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) emitió bonos por USD 15,6 millones, que en guaraníes es 125.000 millones a un plazo de 5 años con un interés anual del 6,65 %, y fue considerado como récord al ser la emisión con mayor plazo realizada en el mercado bursátil local. Los recursos financiarán a mipymes del ámbito agropecuario y agroindustrial específicamente.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, destacó que se trata de una emisión con un plazo histórico en el mercado paraguayo, lo cual refleja la creciente confianza de los inversionistas en tanto en el organismo multilateral como en el país. “Demuestra nuestro firme compromiso con la profundización del mercado de capitales local y el fortalecimiento a largo plazo del sector productivo del país”, expresó.

Aseguró que a través de esta colocación con plazo récord, continúan consolidando la presencia en Paraguay y ampliando el horizonte de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, consideradas actores fundamentales para el crecimiento económico sostenible e inclusivo de la región.

Se trata de la segunda emisión que CAF realiza en menos de 6 meses, y la tercera bajo su programa registrado de emisión de deuda pública en guaraníes, siendo la anterior por un monto total de G. 197.500 millones.

Los recursos obtenidos serán destinados a financiar iniciativas estratégicas de pequeñas y medianas empresas que se desenvuelven en el ámbito agropecuario y agroindustrial, con el objetivo de que las mismas mejoren su competitividad en sectores productivos de la economía paraguaya.

La emisión fue acogida con gran interés por los inversores institucionales, se realizó en un contexto económico favorable para el país, lo que resalta el creciente dinamismo y confianza en el mercado financiero de Paraguay.

Con esta colocación, el CAF afirma que continúa canalizando recursos para promover el desarrollo sostenible y la integración regional para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privados de sus países miembro.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) es una institución pública de carácter autónomo y autárquico, además, tiene la capacidad de administrarse y financiarse conforme a la ley por la cual fue creada, recordó en un video institucional el gerente de Impuestos Internos, Ever Otazú.

Sostuvo que el reciente rechazo del proyecto de ley que pretendía modificar la distribución de ingresos para financiar el presupuesto de Ingresos Tributarios era de “tinte populista”. “Porque bajo supuestamente la premisa de que se iban a eliminar ciertos beneficios para los funcionarios, que de hecho ya no se encuentran así como tales en la ley de creación de la DNIT, lo que realmente pretendía este proyecto era desfinanciar a la institución”, expresó Otazú.

Mencionó que esta institución no solamente actúa como ente recaudatorio sino también es base para la lucha contra el contrabando que está directamente relacionado con el crimen organizado, y que el sistema legal que lo avala permite que se trabaje contra el comercio ilícito.

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“Se están cumpliendo los objetivos y el desarrollo institucional está permitiendo que tengamos todos los resultados actuales. No solamente en relación al aumento de las recaudaciones, sino también en la lucha contra el contrabando, contra el comercio ilícito y todos los delitos y crímenes que son conexos a los mismos. Por eso, rechazamos todos aquellos proyectos que pueden poner ciertos obstáculos contra las actuaciones de la dirección”, finalizó.

El proyecto de ley tenía como fin modificar el artículo 17 de la Ley 7.143/23 que crea la DNIT. En ella se indica que para financiar sus gastos previstos en el Presupuesto General de la Nación (PGN), constituirán ingresos institucionales el 0,7 % de la recaudación de los tributos cuya recaudación estén bajo su competencia; y la tasa del 0,5 % sobre el valor en aduana de las mercaderías importadas.

Además, el 50 % del producto de las multas por falta aduanera por diferencia y de las multas por defraudación y omisión de pago de tributos internos; el 50 % restante será remitido al Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como Fuente de Financiamiento 10, para solventar el PGN, y el 50 % del producto del remate de las mercaderías caídas en comiso por causa de contrabando.

El cambio planteado fue que todos los ingresos que hoy financian el funcionamiento de la DNIT vayan directamente al MEF y que la DNIT sea solventada por el PGN.

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Por Sofía Céspedes (sofia.cespedes@nacionmedia.com)

Los cambios hechos a la ley de Alianza Público Privada (APP) contribuirán a captar las inversiones que el país precisa en infraestructura, así como a generar mayor eficiencia para el sector privado, que se reflejará en una mejora del gasto público. Así lo destacaron representantes de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y el Club Ejecutivos a La Nación/Nación Media.

La norma es un paso clave para el crecimiento económico del país, sostuvo el presidente de la República, Santiago Peña, al promulgar la Ley 7452 “de modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”.

Esta nueva ley, cuya iniciativa nació del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reemplaza a la anterior (5102/2013) tras los cambios. Entre ellos, el incremento del límite del aporte financiero del Estado a los proyectos, anteriormente del 10 % y actualmente al 25 %, del costo total de la obra. Este porcentaje podría aumentar, según lo que disponga el MEF.

También el aumento del tope de la cantidad de proyectos que se pueden financiar con esta modalidad del 2 % al 4 % del producto interno bruto (PIB), es otro de los cambios. Este 4 % representa en números, USD 1.700 millones, y permite al Estado financiar más de dos proyectos de gran envergadura.

Esta normativa estipula un monto mínimo de inversión para que un proyecto pueda ser considerado para una Alianza Público-Privada (APP), equivalente a 12.500 salarios mínimos. Es decir que, el proyecto debe ser lo suficientemente grande como para justificar esta modalidad de financiamiento.

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El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), ingeniero Paul Sarubbi, dijo que están contentos de que se haya trabajado para perfeccionar la ley de APP a fin de conseguir más inversiones que el país necesita. Al respecto, señaló Paraguay tiene producción, energía y mucha mano de obra, pero por falta de condiciones, muchas veces no se obtienen inversiones acorde a sus necesidades.

“En nuestro país hay mucha infraestructura para poder invertir, pero no menos de USD 1.500 o USD 1.800 millones, que es el 4 % del PIB. Y estamos lejos de poder llegar a eso. Entonces, este tipo de leyes creo que pueden compensar lo que el Estado no puede invertir por falta de recursos”, manifestó Sarubbi a La Nación.

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El representante del gremio aseguró que Paraguay tiene un futuro muy prometedor, pero el Estado también debe seguir mejorando en el gasto público, y tener en orden las finanzas, sin descuidar la inversión pública, ya que actualmente existe un déficit importante.

“Se tienen que bajar los gastos corrientes e invertir en más infraestructura para que vaya menguando este déficit de infraestructura”, enfatizó. Cavialpa junto con otros gremios de la construcción trabajaron en las modificaciones de la ley y lo seguirán haciendo para su reglamentación.

La directora del Club de Ejecutivos, Laura Ramos King, dio su parecer respecto a la ley de APP. Afirmó a La Nación que todas las mejoras que se realicen son cambios que generan mayor eficiencia para el sector privado y por ende una mejora en el gasto público.

“Esto es porque en la normativa se modificó la ampliación de los plazos para las licitaciones, lo que permitirá diluir los costos de las obras a lo largo del tiempo, y así evitar que resulten demasiado onerosas para el sector privado y por lo tanto para el sector público”, expresó.

Teniendo en cuenta lo que contribuirá la modalidad al desarrollo del país, Ramos King señaló que una ley que facilita el proceso de contratación de obras, dando facilidades al sector privado, incentiva sustancialmente el desarrollo del país. Según su apreciación, es fundamental para toda economía tener una infraestructura acorde a los nuevos tiempos, pero que, sin el impulso y mejora continua a esta unión de ambos sectores no sería posible.

“Además de esta ley, si logramos dar seguridad jurídica a los inversores, ya sean estos nacionales o extranjeros, lograríamos crecer aún más con todo el potencial que tenemos por la confianza generada, así como tener credibilidad, las cuales son cruciales. Como podemos observar en países más desarrollados, si no se ven las consecuencias ante una transgresión de las normas no habrá respeto a las mismas, y por lo tanto, no tendremos oportunidad de ser hub regional”, aseveró.

Hay que señalar que la duplicación y ampliación de la ruta PY02 es el primer contrato ejecutado en el país bajo la modalidad de Alianza Público Privada. Los trabajos iniciaron en agosto de 2019. Fueron empleadas de forma directa 1.400 colaboradores y de forma indirecta 4.000, según datos de las constructoras encargadas Sacyr Concesiones y el consorcio Rutas del Este.

Esta vía tiene un impacto sobre nueve municipios de tres departamentos del país y renovó el corredor logístico hacia Brasil, por donde se mueve más del 60 % de la actividad económica de Paraguay. Además de la reducción del tiempo de desplazamiento, existe mayor estándar de seguridad para los 20.000 usuarios que la utilizan diariamente.

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