La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, habló este lunes acerca de la situación por la que atraviesa el sector de la construcción y dijo que es entendible que las finanzas de las constructoras están agravándose, pero que las deudas no pueden ser saldadas hasta que se apruebe la ley que prevé reordenar la economía del Estado, con la emisión de bonos.
“Es entendible el pedido de auxilio de las constructoras. Vamos a tratar de controlar con recursos de fondos externos. Para pagar los más de USD 400 millones debemos esperar hasta que se aprueben los bonos que emita el Ministerio de Economía”, expresó Centurión a la 1080 AM. Al respecto, resaltó que este pedido es una medida extrema, porque se trata de una situación que lo amerita.
Consultada sobre posibles pagos por adelantado para menguar la deuda, dijo que el Ministerio de Economía podría ir enviando un monto al MOPC, pero que todo dependerá de la disponibilidad de recursos. “Hemos instalado nuestra auditoría interna para ver la deuda”, aclaró.
Reconoció también que las constructoras están sufriendo grandes pérdidas que afectan a miles de trabajadores del rubro y que, a la par, los bancos están presionando a empresas contratistas para el pago de cuentas. Aseguró que es una cadena de valor la que está sufriendo daños y por eso esperan que se apruebe la ley.
Por otro lado, contó que cuando asumió el cargo en la institución, se encontró con un gran desorden administrativo y que por eso inició una auditoría para esclarecer todas las irregularidades. “Hay un desorden administrativo absoluto. Las ilegalidades e irregularidades son objeto de un análisis que se lleva adelante. Cuando llegué, el ministerio no tenía cuantificado ni estimado la deuda por intereses. ¿Cómo nos vamos a sentar en el Ministerio de Economía sin eso?”, manifestó.
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Bancada de Honor Colorado en Diputados ve viable la emisión de bonos ante crisis en el IPS
- Por Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
El líder de bancada del movimiento Honor Colorado en Diputados, Miguel Ángel del Puerto, aseguró que su sector respalda el análisis de nuevas alternativas de financiamiento para el Instituto de Previsión Social (IPS), incluyendo la emisión de bonos y créditos, actualmente en debate en el Senado.
A la vez, el parlamentario enfatizó la necesidad de saldar la “deuda histórica” del Estado con la previsional la cual treparía a aproximadamente a USD 800 millones, de acuerdo a lo informado desde la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP).
“Entendemos y compartimos la preocupación expresada por los jubilados. Es evidente que existe una deuda histórica del Estado con el IPS que debe ser atendida de manera responsable y progresiva. Todo mecanismo que permita fortalecer financieramente a la previsional, respetando el equilibrio de las cuentas públicas, merece ser analizado con seriedad, porque hoy lo más importante es garantizar medicamentos, insumos y una atención digna para los asegurados y jubilados”, comentó al diario La Nación/Nación Media.
Señaló también que “desde la Bancada Honor Colorado vemos con buenos ojos que el Senado esté analizando alternativas para darle al IPS el oxígeno financiero que necesita. Consideramos importantes tanto los mecanismos de financiamiento mediante bonos como las operaciones de crédito previstas en los proyectos, siempre que esos recursos estén destinados exclusivamente a garantizar el abastecimiento de medicamentos, insumos, equipamientos y el fortalecimiento de los servicios de salud".
Entre las propuestas presentadas en el Senado, figura la del senador Juan Afara, que declara en emergencia al Fondo de Enfermedad-Maternidad del IPS e incorpora mecanismos de financiamiento específicos, entre ellos, la emisión de bonos, empréstitos con organismos multilaterales y otros instrumentos financieros con el propósito exclusivo de adquirir medicamentos, insumos médicos, equipamientos y contratación de personal, sin usarse para el pago de deudas.
La propuesta plantea que el Estado honre su aporte pendiente al sistema de salud, equivalente al 39 % de los recursos, unos USD 304 millones. El proyecto de ley propone obtener esos fondos mediante emisión de bonos u otros mecanismos gestionados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“Nuestro acompañamiento a estas iniciativas comenzó desde la Cámara de Diputados. Aprobamos la declaración de emergencia sanitaria del IPS como una herramienta para dar una respuesta inmediata a la crisis que atraviesa la previsional“, refirió del Puerto.
Fretes goza del voto de confianza
Asimismo, del Puerto aseguró que el titular de la previsional, Isaías Fretes, también goza de la total confianza de su bancada ante los cuestionamientos provenientes principalmente de los sectores de la oposición en contra de la gestión del médico.
“Le damos nuestro voto de confianza al doctor Fretes. Valoramos que el Poder Ejecutivo haya iniciado un proceso de reingeniería institucional orientado a transparentar la gestión, ordenar las finanzas, fortalecer los controles, modernizar los sistemas, optimizar las compras, digitalizar procesos y combatir la corrupción", dijo.
Añadió que “como líder de la Bancada de Honor Colorado reafirmo nuestro compromiso de acompañar todas las medidas impulsadas por el Gobierno que beneficien a los asegurados y jubilados, pero también de ejercer el control que corresponde para que los recursos públicos sean utilizados con responsabilidad, eficiencia y total transparencia".
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Gremio insiste en bonos y rechaza el factoraje: “No genera liquidez real para las constructoras”
La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) considera que la emisión de bonos representa una alternativa más viable para atender la deuda del Estado con el sector vialero, que el mecanismo de cesión de créditos o factoraje impulsado por el Gobierno.
Así lo señaló Raúl López, miembro titular del directorio del citado gremio, quien advirtió que las condiciones financieras actualmente planteadas hacen que esta herramienta no resulte atractiva ni para las empresas constructoras ni para el sistema bancario.
Según explicó la 1080 AM, si bien existe voluntad institucional para encontrar una salida a la situación, el factoraje no logró avanzar porque las tasas y los plazos propuestos terminan convirtiendo la operación en un financiamiento comercial que recae nuevamente sobre las empresas. El esquema obliga a las constructoras a resignar una parte importante del valor de sus certificados de obra para acceder a liquidez inmediata.
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López detalló que actualmente la deuda acumulada con el sector ronda los USD 360 millones. De ese monto, aproximadamente USD 250 millones corresponden a certificados de obras ejecutadas y pendientes de pago, mientras que otros USD 110 millones corresponden a intereses generados por atrasos en las cancelaciones.
Desde la perspectiva de Capaco, el principal problema del factoraje es que el Estado propone cancelar las obligaciones en un plazo cercano a tres años, lo que incrementa significativamente el costo financiero para las empresas. Sostuvo que los descuentos aplicados por las entidades financieras terminan reduciendo de forma considerable los ingresos que deberían percibir las constructoras por trabajos ya ejecutados.
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A ello se suma otro factor de riesgo, que si el Estado no cumple con el cronograma previsto, las empresas quedan expuestas frente a los bancos. “El empresario termina sosteniendo la deuda”, dijo López.
Por este motivo, el gremio plantea avanzar en mecanismos alternativos, entre ellos una eventual emisión de bonos especiales que permita reconocer y cancelar las obligaciones pendientes sin trasladar costos adicionales a las constructoras. La propuesta, indicó, deberá ser analizada por el Congreso junto con el Poder Ejecutivo.
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Por menor disponibilidad de recursos, MEF ajusta compromisos para priorizar servicios esenciales
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) avanza en la reducción de las deudas acumuladas con proveedores del Estado, especialmente con los sectores farmacéutico y de la construcción, en un contexto marcado por una menor disponibilidad de recursos respecto a las proyecciones iniciales del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026.
Así lo señaló el ministro Óscar Lovera, quien explicó que el Gobierno viene priorizando la cancelación de obligaciones pendientes para mejorar la liquidez de las empresas que trabajan con el sector público y normalizar gradualmente la situación financiera del Estado.
En el caso de las farmacéuticas, indicó que entre abril y mayo se desembolsaron alrededor de USD 180 millones, mientras que durante junio se pagaron otros USD 82 millones, lo que permitió reducir significativamente la deuda acumulada con el sector.
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Según detalló, el saldo pendiente actualmente se encuentra entre USD 100 millones y USD 150 millones, mientras que las propuestas de cesión de créditos en análisis rondan entre USD 400 millones y USD 450 millones. La intención del Gobierno es concluir este mes las autorizaciones correspondientes para avanzar con estos mecanismos y acelerar los pagos a proveedores del sistema de salud.
Respecto al sector de la construcción, Lovera recordó que el Estado cerró el 2025 con una deuda cercana a USD 220 millones. Gracias a los desembolsos realizados en los últimos meses, el pasivo correspondiente a ejercicios anteriores se redujo a entre USD 50 millones y USD 60 millones.
No obstante, aclaró que las obras públicas continuaron ejecutándose durante el presente ejercicio, por lo que actualmente las obligaciones vigentes con constructoras se sitúan entre USD 160 millones y USD 180 millones. El objetivo, sostuvo, es cerrar el año con una situación financiera considerablemente más ordenada que la heredada al inicio de la administración.
El avance en la cancelación de deudas se da en un escenario de menor disponibilidad de recursos para financiar el presupuesto. Lovera reconoció que los ingresos registrados durante el primer semestre estuvieron por debajo de las expectativas iniciales, lo que llevó al Poder Ejecutivo a implementar medidas de optimización del gasto.
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Cesión de créditos: cómo funciona la herramienta que plantea el Gobierno para cancelar deudas
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) impulsa un mecanismo de cesión de créditos para avanzar en la cancelación de las deudas que el Estado mantiene con constructoras y empresas proveedoras de medicamentos. La herramienta fue presentada inicialmente como un esquema de factoraje, aunque especialistas aclaran que, jurídicamente, se trata de una figura diferente.
La medida apunta principalmente a obligaciones pendientes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), sectores que concentran una parte importante de los compromisos acumulados por el Estado con proveedores.
Aunque el término “factoraje” fue utilizado en las primeras presentaciones oficiales, el mecanismo previsto corresponde en realidad a una cesión de créditos, explicó a La Nación/Nación Media un experto y consultor en derecho económico y tributario.
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En la práctica, esto significa que las empresas que poseen créditos pendientes de cobro contra el Estado podrán transferir esos derechos a una entidad financiera. A cambio, recibirán un pago inmediato, aunque por un monto inferior al valor total de la deuda.
Posteriormente, será el banco quien pase a ocupar el lugar del acreedor y cobre directamente al Estado en los plazos establecidos. El procedimiento prevé que cada empresa negocie individualmente con una entidad financiera interesada en adquirir el crédito.
Por ejemplo, si una empresa tiene pendiente el cobro de G. 100 millones, el banco podría adquirir ese derecho de cobro entregándole G. 93 millones. La diferencia corresponde al descuento aplicado por la entidad financiera para asumir la operación.
De esta manera, el proveedor obtiene liquidez inmediata y deja de esperar el pago estatal, mientras que el banco pasa a ser el nuevo acreedor.
Según el especialista, este esquema no constituye una novedad absoluta en el país. Antecedentes similares fueron aplicados anteriormente por el Instituto de Previsión Social (IPS) y también se habrían utilizado en otros organismos públicos para atender compromisos pendientes con proveedores.
Sin embargo, la propuesta actual incorpora una característica adicional: la emisión de certificados digitales vinculados a los créditos cedidos. Uno de los aspectos novedosos del mecanismo es que los créditos cedidos estarán respaldados por certificados registrados en la depositaria de valores del Banco Central del Paraguay (BCP).
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