El sector energético del país está atravesando constantes momentos de estrés, a causa de la creciente demanda, por la importante expansión económica de los últimos años y la incorporación de nuevas industrias que requieren grandes volúmenes de tensión. En ese sentido, Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energía, afirmó que hay varios proyectos en marcha que darán un cierto alivio en el corto y mediano plazo.

En muy poco tiempo, decretos darán reglamento a dos leyes importantes para la generación y comercialización de energía, explicó en diálogo con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Lo que nosotros estamos haciendo es modificar todo el sistema normativo como para que puedan introducirse esas nuevas fuentes, lo más certero y cercano que tenemos está en proceso último de aprobación la reglamentación, son las leyes energías renovables y la de pequeñas centrales hidroeléctricas, ambos decretos, el presidente (Santiago Peña) en muy breve tiempo estaría sacando”, explicó.

Indicó que paralelamente se está trabajando en los pliegos licitatorios para que la Ande pueda comprar energía, una vez completado el marco legal para tal cuestión; es decir la estatal podrá adquirir electricidad de una empresa privada, básicamente.

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De igual manera, se tiene prevista la creación de un ente regulador del sector energético, de manera a dar seguridad al sector privado en las inversiones realizadas en el sector y, además, fungir de árbitro en eventuales conflictos que se generen en las concesiones.

En el caso de la maquinización del brazo Aña Cuá, Bejarano manifestó que se espera que esté operando para finales de 2027. “Nos sumaría los 270 megavatios de firmeza”, destacó en este sentido y amplió señalando que se debe trabajar en el ámbito diplomático para efectuar obras complementarias como Corpus e Itatí.

Además de lo ya mencionado, el viceministro de Minas y Energía citó que se están manteniendo reuniones con Argentina, de manera a montar el gasoducto bioceánico, para disponer de gas natural del país vecino y, eventualmente, de una extracción local.

“Aparte del gas natural, de Aña Cuá que viene en construcción, de las pequeñas centrales hidroeléctricas y de la solar, entendiendo y sabiendo que ciertas horas van a estar comprometidas en no mucho tiempo más, además de eso estamos trabajando en conjunto con la Ande y ahora con el apoyo del gobierno japonés en breve tiempo, es buscar también medidas de eficiencia energética para que en esos horarios de punta que se va a ver comprometido el suministro de energía eléctrica no tengamos esos problemas y podamos llegar a tiempo con estas obras”, destacó.

Apuntó también que las empresas de criptominería finalizan sus contratos con la Ande en 2027 y que liberarán una importante cantidad de energía. Esas compañías, con el nuevo marco legal, podrán adquirir de otras fuentes.

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El viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, impulsa un proyecto de ley que busca crear un ente regulador del sector energético.

Explicó que el alcance de la iniciativa y dijo que la necesidad es imperiosa por varios motivos.

“Lo principal que nos impulsa para llevar esto es generar a partir del gasoducto bioceánico, que requiere de la implantación de estos ductos que requieren de nuevas leyes”, señaló al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Se precisa de un ente regulador que pueda dirimir los conflictos que puedan existir entre quienes instalan ese gasoducto y las condiciones técnicas dentro de las cuales se deben instalar.

“Entonces, esto nos llevó a que nosotros estemos en un proceso de reconversión de toda la ley de hidrocarburos. Eso lo venimos trabajando desde hace un buen tiempo y está financiado con la CAF como para poder generar una nueva ley de hidrocarburos y con su respectiva creación de ente regulatorio”, subrayó.

Dijo que se quiere dar tranquilidad a quienes inviertan en ese ducto.

“Y por otro lado, está el sector eléctrico, que genera una última ley que todos conocemos que se llama fomento de energías renovables en donde un espectro diferente y nuevo a lo que nosotros estamos acostumbrados. A partir de esta ley se abre la posibilidad de una compra de energía por parte de la Ande”, puntualizó.

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicacio­nes (MOPC) informó que avanza la construcción de la primera carretera de hormigón en la nueva ruta PY05, un corredor estra­tégico que conectará la región Occidental (Chaco) con la región Oriental a lo largo de 90 kilómetros y beneficiará directamente a unas 400.000 personas, consolidando un eje logís­tico clave para la produc­ción y el comercio.

Los trabajos se desarrollan en el tramo que une Pozo Colorado con el depar­tamento de Concepción, dividido en dos frentes de obra. El lote A abarca desde el km 318,9 al 372,2 y está a cargo del Consorcio Avanza Chaco, donde actualmente se ejecutan tareas de confor­mación de subrasante, colo­cación de subbase granular estabilizada con cemento y riego de curado, etapas esen­ciales antes de la pavimenta­ción rígida.

En tanto, el lote B, desde el km 372,2 al 409,1, está bajo la responsabilidad de Eco­mipa SA, con trabajos centra­dos en movimiento de suelos, conformación de terraplén, rellenos laterales con ripio, preparación de subrasante y subbase estabilizada con cemento.

Desde el MOPC explicaron que la elección del hormigón responde a su mayor resisten­cia al tránsito pesado, espe­cialmente relevante para la producción agrícola y gana­dera de la zona. Esta tecno­logía reduce la frecuencia de mantenimiento y prolonga la vida útil de la infraestructura, lo que se traduce en menores costos operativos y mayor efi­ciencia logística.

El proyecto contempla, ade­más, obras complementarias como sistemas de drenaje, alcantarillas de hormi­gón armado, adecuaciones hidráulicas y protección de taludes mediante revesti­miento y semillado, medi­das orientadas a garantizar la estabilidad y durabilidad del corredor vial.

Resaltan que la ruta PY05 apunta a fortalecer la conec­tividad entre ambas regiones del país, impulsar el desarro­llo productivo del Chaco y mejorar la circulación de bie­nes y personas en una zona considerada estratégica para la integración territorial.

Por: Sofía Céspedes

En 2025 el sector privado junto al público, celebró el primer Foro Energético Nacional, donde se expuso la realidad energética paraguaya y sobre todo, qué pasará en un futuro si no se toman medidas ni acciones claras ante la demanda de energía que crece año tras año.

En conversación con La Nación/Nación Media, el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Félix Sosa, precisó que a través del Plan Maestro de Obras se han trazado horizontes hacia el 2033 con la transmisión y distribución de energía y al 2043 con la generación de la misma.

Explicó que todo esto se centra en tres pilares estratégicos. Primero, la soberanía energética, para garantizar la capacidad técnica para retirar y distribuir el 100 % de la energía que corresponde al país en las binacionales Itaipú y Yacyretá.

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En segundo lugar, para diversificar y acompañar el crecimiento del consumo, integrando fuentes renovables no convencionales, con énfasis en energía solar, para reducir la vulnerabilidad ante la variabilidad del régimen hidrológico.

La seguridad y robustez es el tercer punto, porque busca fortalecer el sistema interconectado nacional mediante la expansión de la red de 500 y 220 KV.

Sosa abordó un tema crucial para que el plan maestro pueda llevarse a cabo: nuevas leyes. Mencionó que hoy Paraguay está comenzado su transición hacia una matriz mixta.

La ley 7452, que moderniza el régimen de Alianza Público-Privada (APP) y la recientemente promulgada ley 7599/25, de Modernización del Régimen de Generación de Energía Eléctrica a partir de Fuentes Renovables No Convencionales, buscan dinamizar la inversión en infraestructura, siendo probablemente esta última, el marco legal más transformador para el sector energético paraguayo en las últimas décadas.

“Acompañar el rápido crecimiento de la demanda eléctrica mediante un sistema modernizado y diversificado, garantizando la confiabilidad del suministro y tarifas competitivas, sin comprometer la sostenibilidad financiera del sector”, manifestó el titular de la Ande.

Dijo que para ello es fundamental continuar invirtiendo de manera sostenida en los sistemas de transmisión y distribución, con el objetivo de fortalecer la infraestructura, mejorar la calidad del servicio y reducir las pérdidas eléctricas.

“Resulta prioritario diversificar la matriz de generación de energía eléctrica para disminuir la exposición a riesgos climáticos y aumentar la resiliencia del sistema. Es necesario incrementar la capacidad de generación, para acompañar el crecimiento sostenido del consumo de energía eléctrica en Paraguay y asegurar el abastecimiento futuro”, finalizó.

Por su parte, el viceministerio de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, sostuvo en contacto con La Nación que este 2026 será un año clave desde el punto de vista regulatorio. El eje central estará puesto en ajustar y completar las normativas necesarias para acelerar la incorporación de nueva generación eléctrica, especialmente a partir de fuentes renovables no hídricas.

Entre ellas, se encuentra en etapa final la reglamentación de la ley de Fomento a las Energías Renovables no Hídricas, que permitiría dinamizar inversiones en solar fotovoltaica, así como la reglamentación de las pequeñas centrales hidroeléctricas y los permisos para productores de autoconsumo y cogeneración.

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Explicó que el objetivo es claro, facilitar la rápida instalación de nuevos megavatios, tanto para autoconsumo como para inyección de excedentes a la red, y acompañar los procesos licitatorios que llevará adelante la Ande. “Esto responde a una realidad concreta, la demanda eléctrica continúa batiendo récords y obliga a trabajar no solo sobre la oferta de energía, sino también sobre la gestión de la demanda”, expresó.

En ese contexto, Bejarano identificó a la energía solar fotovoltaica como la tecnología con mayor potencial de crecimiento en el corto plazo, por las condiciones climáticas del país, la facilidad de instalación y el costo relativo de la tierra.

Dijo que la experiencia ya se extiende incluso a proyectos sobre embalses, como en Itaipú. No obstante, remarcó que todas las fuentes de generación serán necesarias para responder a una demanda que seguirá creciendo de manera sostenida.

Otro eje central que mencionó es el autoconsumo y la generación distribuida, que muestra un fuerte impulso, especialmente en el Chaco. Industrias y comunidades ya instalan capacidad propia, utilizan residuos para cogeneración y venden excedentes a la red.

A esto se suma el potencial de los techos solares en hogares, comercios e industrias. Para acelerar este proceso, el viceministerio trabaja en créditos blandos, ajustes tarifarios y mecanismos que permitan repagos en plazos de seis a siete años, haciendo del autoconsumo una inversión atractiva y, al mismo tiempo, un alivio para el sistema interconectado nacional.

En materia de biomasa y bioenergías, el foco está en la implementación plena de la certificación de biomasa, obligatoria desde este año. El objetivo es garantizar trazabilidad, uso de biomasa reforestada y protección de los bosques nativos.

La exigencia comenzará con un 30 % de uso de biomasa certificada y avanzará gradualmente hasta el 100 %. En paralelo, se impulsa el uso de biocombustibles, aumentando las mezclas y fortaleciendo la seguridad energética, al tiempo que se promueve la expansión de la masa forestal como nuevo motor económico.

Finalmente, el gas natural aparece como pieza estratégica de mediano plazo. Bejarano recordó que hoy se prioriza el impulso a los proyectos de gasoductos, oceánico y sur, como incentivo a la exploración local y como fuente energética para la industria y eventualmente para la generación eléctrica.

“Esto se complementa con el trabajo en la integración gasífera regional con el Mercosur y Chile y con la preparación de un marco normativo específico”, expuso.

Igualmente, hizo énfasis en que este entramado regulatorio apunta a un objetivo transversal: brindar estabilidad, previsibilidad y reglas claras para atraer capital privado. La actualización constante de leyes, decretos y reglamentaciones, sumada a las licitaciones de la Ande como comprador garantizado de energía, busca posicionar a Paraguay como un destino competitivo para la inversión energética de cara al 2030.

Desde el sector privado advierten que Paraguay atraviesa una ventana decisiva para sostener su crecimiento económico más allá del 2030. Así lo planteó el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, a La Nación. Enfatizó que las proyecciones coinciden en un punto crítico, si no se toman decisiones en el corto plazo, el excedente eléctrico podría agotarse entre 2030 y 2032.

Desde la óptica industrial el desafío ya no pasa solo por la disponibilidad de energía limpia, sino por asegurar nuevas fuentes de generación, transmisión y distribución que acompañen la transformación de la demanda.

“Paraguay está viviendo un cambio estructural, con menor peso relativo de la criptominería y mayor protagonismo de la industria, los centros de datos, la inteligencia artificial y la economía digital, sectores altamente intensivos en energía”, dijo Duarte.

Entre los principales cuellos de botella, el titular de la UIP identificó la falta de certezas sobre la futura generación, la necesidad de seguir invirtiendo en redes eléctricas y la urgencia de diversificar la matriz, hoy fuertemente dependiente de la hidroelectricidad y expuesta a riesgos climáticos y altos costos de implementación.

A esto se suma la necesidad de un marco regulatorio moderno, con un organismo regulador y un operador del sistema que generen transparencia y atraigan capital privado.

En cuanto a los proyectos a acelerar, el sector privado apuesta por energía solar a gran escala, por su rápida implementación y complementariedad con las hidroeléctricas, además de avanzar en acuerdos para el acceso al gas natural, reactivar pequeñas centrales hidroeléctricas, evaluar sistemas de bombeo e, incluso, analizar opciones de reactores nucleares modulares.

Duarte advirtió que la demora en las decisiones es costosa: algunos equipos para centrales a gas hoy tienen plazos de entrega globales de hasta siete años.

De cara a 2026, la UIP espera que el Estado consolide este impulso con políticas de largo plazo, cumplimiento del plan maestro de la Ande, tarifas que hagan viables las inversiones, esquemas de financiamiento y una definición clara sobre el uso del excedente eléctrico, priorizando industrias que generen empleo, tecnología y valor agregado.

Para el sector privado, la energía puede convertirse en la principal plataforma de desarrollo industrial del Paraguay, siempre que las decisiones lleguen a tiempo.

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