La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) emitió una declaración desde Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), en que solicitaron un trabajo en conjunto entre el sector público y privado en los países de la región para trabajar por la seguridad jurídica, alimentaria y sanitaria.
“La FARM considera que la reducción de la pobreza, seguridad alimentaria, ganadería y agricultura están estrechamente vinculadas, por lo tanto, merecen un tratamiento adecuado cuando se trata de producción, seguridad jurídica y sanidad”, expresa el comunicado.
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En ese marco, recuerdan que la FARM promueve que los sistemas sanitarios de los países miembros actúen eficientemente para garantizar la seguridad alimentaria, generando excedentes, fortaleciendo la economía de cada país.
“Hacemos notar que los productores movemos la producción sostenible y amigable con el medioambiente. En ese marco, reiteramos nuestra preocupación sobre la postura de la Unión Europea (UE), por la imposición unilateral de restricciones sin respetar las legislaciones propias de cada país”, remarcan.
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Finalmente piden que los gobiernos fortalezcan el sistema sanitario y las demandas que existen a fin de generar mejores condiciones para el sector productivo. También mencionan la necesidad de que el productor acceda a la tecnología para generar una mejor, eficaz y mayor productor.
Los países firmantes fueron: Paraguay (Asociación Rural del Paraguay), Chile (Sociedad Nacional de Agricultura de Chile), Argentina (Confederaciones Rurales Argentinas), Bolivia (Confederación Nacional de Agricultura de Bolivia), Brasil (Confederación Nacional de Agricultura y Pecuaria), Uruguay (Asociación Rural del Uruguay) y Colombia (Federación Colombiana de Ganaderos”.
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Ambiente y producción, ejes de la estrategia para captar inversiones
El ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Rolando De Barros, participó del Encuentro Empresarial Internacional realizado en el marco de la Expo Canindeyú, donde se debatieron oportunidades de crecimiento productivo con énfasis en inversiones sostenibles y seguridad jurídica.
El evento reunió a autoridades nacionales, empresarios e inversionistas interesados en conocer el marco normativo y las condiciones que ofrece Paraguay para la instalación de nuevos proyectos.
Durante la jornada se analizaron herramientas clave como la ley de maquila, la ley 6090 de incentivos a la inversión, la ley de mipymes y aspectos vinculados a inmigración y habilitación de empresas.
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Desde el Ministerio del Ambiente se destacó que el país avanza en la simplificación de procesos administrativos y en la reducción de trámites, con el objetivo de facilitar la llegada de capitales sin descuidar el cumplimiento de las normativas ambientales.
El ministro señaló que el Gobierno impulsa una política orientada a agilizar procedimientos y brindar mayores garantías a los inversionistas, posicionando a Paraguay como un destino competitivo en la región.
El enfoque, según explicó, apunta a consolidar un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico con sostenibilidad. Esto implica que los proyectos productivos que se instalen en el país deberán cumplir estándares ambientales, pero al mismo tiempo contar con un Estado que acompañe y dé previsibilidad.
En un contexto donde la inversión extranjera busca mercados con estabilidad macroeconómica y reglas claras, la articulación entre sector público y privado se vuelve estratégica.
La Expo Canindeyú se convirtió en un espacio de diálogo para mostrar las ventajas comparativas del país: energía competitiva, régimen de incentivos, costos operativos atractivos y un marco legal en proceso de modernización.
La participación del Mades en este tipo de encuentros refuerza la idea de que la agenda ambiental no está separada de la agenda económica. Por el contrario, el desafío es integrar ambas dimensiones para atraer inversiones responsables, generar empleo formal y fortalecer el desarrollo regional.
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Sedeco impulsa el primer Código de Defensa del Consumidor
En conversación con La Nación/Nación Media, la ministra de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irún, anunció que la institución avanza en la elaboración del primer Código de Defensa del Consumidor del Paraguay, una reforma estructural que busca modernizar el sistema vigente y adecuarlo a un mercado cada vez más digital, financiero e interconectado.
La iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, celebrado cada 15 de marzo, y apunta a transformar el modelo de protección actual. “No se trata solo de actualizar normas, sino de modernizar el sistema de protección. Hoy el mercado es digital, financiero y altamente interconectado. Necesitamos un enfoque más preventivo, que reduzca asimetrías de información y fortalezca la seguridad jurídica, como instruyó el presidente Santiago Peña”, expresó Irún.
Reglas claras para el comercio digital y fintech
La ministra explicó que el anteproyecto incorpora disposiciones específicas para la contratación digital, el deber de información reforzado y la trazabilidad en transacciones electrónicas, en línea con el crecimiento del comercio electrónico y los servicios fintech. Además, contempla mecanismos para abordar el sobreendeudamiento y las nuevas modalidades de financiamiento digital.
Según sostuvo, un marco jurídico claro reduce la litigiosidad y los costos derivados de la incertidumbre, fortaleciendo la competitividad y sostenibilidad del mercado.
Equilibrio regulatorio y seguridad jurídica
Irún destacó que el proceso de redacción incluyó espacios de diálogo con el sector privado y expertos nacionales e internacionales, con el fin de alcanzar un equilibrio regulatorio que evite la sobrerregulación y promueva reglas claras para consumidores y proveedores responsables.
“Esto impacta positivamente en la confianza, tanto del consumidor como del inversor”, indicó, al señalar que la protección al consumidor no debe verse como un obstáculo para las empresas, sino como una condición para mercados más transparentes y competitivos.
Digitalización y sectores con más reclamos
En cuanto a la simplificación de denuncias, la titular de Sedeco adelantó que la reforma prevé la digitalización integral de los procedimientos y mecanismos más ágiles de conciliación.
Actualmente, los sectores con mayor incidencia de reclamos son servicios financieros y seguros, telecomunicaciones, aparatos electrónicos y electrodomésticos, rodados y medicina prepaga. En este contexto, el nuevo Código incorporaría la obligación de garantía legal, una regulación más clara de prácticas de cobranza y la ampliación del concepto de relación de consumo, medidas orientadas a reducir conflictos recurrentes.
Conversatorio abierto al público
Como parte de las actividades conmemorativas, Sedeco organizará un conversatorio sobre la reforma del Código de Defensa del Consumidor el lunes 16 de marzo, de 08:30 a 12:00, en el salón auditorio del Ministerio de Industria y Comercio.
La ministra invitó a representantes del sector público y privado, así como a la ciudadanía, a participar del encuentro, que será un espacio de diálogo técnico sobre los principales lineamientos del anteproyecto. Las inscripciones estarán habilitadas a través del portal institucional de la entidad.
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Peña reglamenta nueva Ley de APP para impulsar inversión y modernizar infraestructura
El presidente de la República, Santiago Peña, anunció la firma del Decreto N° 5441, que reglamenta la Ley N° 7452/25, normativa que moderniza el modelo de participación público-privada (APP) con el objetivo de potenciar la cooperación entre el Estado y el sector privado, fortalecer la seguridad jurídica y dinamizar la inversión en infraestructura.
El Decreto N° 5441 reglamenta la Ley N° 7452/25, que actualiza el régimen de participación público-privada, amplía el espacio fiscal y busca atraer mayor inversión privada en proyectos de infraestructura y servicios públicos.
A través de su cuenta oficial en X, el mandatario destacó que la reglamentación incorpora los aprendizajes acumulados en los diez años de vigencia del modelo APP, así como la evolución de estas experiencias a nivel internacional. “Esta normativa moderniza nuestro modelo de inversión, integrando los aprendizajes ganados para garantizar seguridad jurídica y dinamismo”, expresó.
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Principales modificaciones
La ley incorpora ajustes relevantes para fortalecer la viabilidad financiera y operativa de los proyectos APP. Entre ellos, se amplía el espacio fiscal destinado a estos contratos del 2% al 4% del PIB, con la posibilidad de una ampliación adicional sujeta a evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En cuanto a las iniciativas privadas, se incrementa la participación del Estado hasta un 25% del valor presente del costo total del proyecto, permitiendo que los aportes públicos se apliquen tanto en la etapa de construcción como en la de operación y mantenimiento.
Otro punto clave es la incorporación del derecho de tanteo para los proponentes de iniciativas privadas, que podrán igualar la mejor oferta siempre que su propuesta original no haya sido materialmente más cara, dentro de un umbral que oscilará entre el 3% y el 10%, según lo establecido en los pliegos.
También se ajustan las incompatibilidades para ser oferente, estableciendo que no podrán participar quienes hayan sido condenados por incumplimiento de contrato con el Estado en los últimos cinco años.
Con esta reglamentación, el Gobierno busca fortalecer el atractivo del Paraguay para la inversión privada, acelerar el desarrollo de infraestructura estratégica y mejorar la provisión de bienes y servicios públicos, bajo un esquema de cooperación público-privada más moderno y previsible.
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Catastro se integra al RUN tras cerrar ciclo de modernización bajo el Ministerio de Economía
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacaron los avances y logros en la gestión del Servicio Catastro Nacional impulsados en el último año bajo su dependencia. Se llevaron a cabo inversiones estratégicas y modernización tecnológica, con el objetivo de optimizar la gestión y consolidar la seguridad jurídica en el país.
Desde mañana miércoles el Servicio Nacional de Catastro pasará a integrarse como dependencia del Registro Unificado Nacional (RUN), dejando de depender de la cartera económica. En ese sentido, se señaló que como resultado del proceso de modernización, los principales trámites catastrales tuvieron una significativa reducción de plazos.
Según indicaron, en marzo de 2024 procesos como fraccionamientos demandaban unos 77 días hábiles y a diciembre de 2025, el trámite se redujo a 20 días hábiles, es decir, unos 57 días menos.
A su vez, el proceso de certificado digital llevaba unos 24 días hábiles en marzo de 2024, pasó a demorar 10 días hábiles en diciembre del 2025, con una reducción de 14 días hábiles.
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Por otro lado, explicaron que el proceso de loteamiento demandaba 73 días hábiles en marzo del año pasado, y se redujo a solo 14 días hábiles para diciembre del 2025, unos 59 días hábiles menos. En tanto, el cotejo y registro de plano que llevaba 45 días hábiles, en diciembre de 2025 se redujo a 34 días hábiles, es decir, unos 11 días hábiles menos.
El proceso de propiedad horizontal que en marzo de 2024 demandaba 26 días hábiles, en diciembre de 2025 redujo su tiempo a unos 14 días hábiles, ganándose así 12 días hábiles. Asimismo, se realizó la actualización del parcelario nacional, incorporando 150.726 nuevas parcelas al sistema catastral durante el año pasado.
“En el marco de la modernización de la gestión pública promovida por el MEF, Catastro procesó 111.379 certificaciones catastrales, tanto en formato digital como en papel”, indicaron. Esto logró responder el 91 % de los expedientes tramitados, y evidenció una mayor capacidad operativa y una reducción efectiva de los plazos administrativos.
A su vez, se realizó la consolidación del modelo de tramitación digital, alineado con la estrategia de transformación digital del MEF, arrojando que el 70 % de los trámites catastrales se procesen por medios electrónicos, agilizando procedimientos esenciales para el mercado inmobiliario y la implementación de políticas públicas.
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