El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, recorrió el fin de semana comunidades rurales de la frontera con Bolivia, para conocer las necesidades de las familias campesinas y avanzar en una estrategia de relevo generacional que busca incorporar a los jóvenes a la producción rural, con acceso a tierra, financiamiento y seguridad jurídica.

La nueva jornada de trabajo en colonias ubicadas en la zona fronteriza con Bolivia es en el marco de las acciones impulsadas por el gobierno de Santiago Peña y Pedro Alliana, para consolidar una “Nueva Ruralidad” en Paraguay, brindando incentivos a los jóvenes como el cero por ciento de interés por el precio de un inmueble de la reforma agraria, créditos e infraestructura, para producir y lograr el bienestar en su propia tierra.

La presencia del titular del Indert en estas comunidades busca acercar la institución a las familias rurales, conocer las condiciones en las que desarrollan sus actividades productivas y evaluar, en territorio, las acciones necesarias para fortalecer el arraigo, la producción y el acceso a la seguridad jurídica sobre la tierra.

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La agenda forma parte de la visión de desarrollo rural promovida por el Gobierno, que plantea una transformación del campo paraguayo basada en el fortalecimiento de la productividad, la formalización de la tenencia de la tierra, el acompañamiento a las familias rurales y la generación de mayores oportunidades para las comunidades.

En este proceso, el Indert cumple un papel estratégico, especialmente en la regularización y titulación de tierras, como herramienta fundamental para brindar certeza jurídica a los productores y convertir la tierra en un verdadero activo para el desarrollo.

La presencia institucional en las colonias fronterizas adquiere especial relevancia por tratarse de territorios donde el fortalecimiento del arraigo y de las actividades productivas contribuye también a consolidar la presencia del Estado y las oportunidades para las familias paraguayas.

Ruiz Díaz viene impulsando una gestión con mayor presencia territorial, orientada a que las políticas de desarrollo rural lleguen directamente a las comunidades. Durante la jornada, el titular del Indert mantuvo contacto directo con pobladores y referentes de las colonias, recogiendo sus inquietudes y evaluando las alternativas institucionales para acompañar el crecimiento de estas comunidades.

Con este tipo de recorridos, el Gobierno busca fortalecer una política rural que tenga como protagonista a la familia paraguaya asentada en el campo, promoviendo condiciones para producir, crecer y permanecer en sus comunidades con dignidad y seguridad jurídica.

La Nueva Ruralidad apunta a que la tierra deje de ser solamente un espacio de asentamiento y se convierta en la base de un proceso sostenible de desarrollo, producción y arraigo, en el marco de un relevo generacional que otorgue a los jóvenes las condiciones adecuadas para trabajar y asentarse en su propia tierra.

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Después de dos años de trabajo, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) culminó un proceso histórico de digitalización y georreferenciación de aproximadamente 7.000 expedientes correspondientes a trámites de tierras en el Chaco paraguayo. De este modo se permite construir por primera vez una cartografía digital con dichos expedientes, logrando fortalecer la seguridad jurídica y transparentar los trámites de tierras.

El presidente del ente agrario, Francisco Ruíz Díaz, destacó la importancia de haber logrado culminar este trabajo, que permitirá integrar esos 7.000 expedientes a la cartografía digital de tierras del Chaco.

Explicó que el proceso permitió ordenar la documentación acumulada durante aproximadamente cuatro décadas y vincular la información contenida en los expedientes con su correspondiente ubicación geográfica. Señaló que para ello, se trabajó con la información alfanumérica y cartográfica disponible, construyendo un sistema que permite visualizar los antecedentes de cada lote.

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Ruiz Díaz explicó que el trabajo surgió ante la necesidad de poner orden en una situación caracterizada por la superposición de solicitudes y antecedentes. En algunos casos, incluso, se encontraron más de 30 solicitudes que correspondían a un mismo lote.

Con la nueva cartografía digital, el Indert puede determinar con mayor precisión si un inmueble registra solicitudes o pretensiones anteriores cuando se presenta un nuevo trámite. “Cuando se solicita un lote en tal distrito, sabemos ya si ese lote tiene o no pretensiones anteriores”, explicó el titular de la institución.

Ruíz Díaz destacó que la construcción de esta base cartográfica constituye una herramienta fundamental para prevenir nuevas superposiciones, reducir conflictos y brindar mayor seguridad jurídica a los trámites de tierras.

“El sistema también permitirá contar con información territorial ordenada y verificable para el análisis de los expedientes, facilitando la toma de decisiones y contribuyendo a una gestión más transparente”, comentó.

El presidente del Indert señaló que este proceso representa una de las primeras medidas adoptadas para transparentar los procedimientos relacionados con la tierra en el Chaco, donde durante décadas se fueron acumulando expedientes y solicitudes sin una integración completa de la información documental y cartográfica.

“Este trabajo que hemos desarrollado durante dos años permite al Indert contar por primera vez con una cartografía digital de aproximadamente 7.000 expedientes del Chaco, integrando la información histórica de los trámites con su ubicación territorial”, remarcó Ruíz Díaz.

Finalmente, remarcó que la digitalización y georreferenciación de estos expedientes marca un antes y un después en la gestión de tierras del Chaco, al proporcionar una herramienta tecnológica destinada a ordenar los antecedentes, prevenir superposiciones y fortalecer la seguridad jurídica.

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• Por: Sofía Céspedes
• sofia.cespedes@nacionmedia.com

La expansión de la inteligencia artificial (IA), la computación en la nube y los servicios digitales está cambiando la forma en que los países compiten por atraer inversiones. Detrás de cada aplicación de IA, plataforma de streaming o servicio financiero digital existe un data center o centro de datos, enormes infraestructuras que almacenan y procesan información las 24 horas del día.

En los últimos meses, en Paraguay el rubro comenzó a tomar más protagonismo gracias a uno de sus principales activos, la disponibilidad de energía renovable. Sin embargo, especialistas coinciden en que la electricidad, aunque indispensable, representa apenas una parte de una ecuación mucho más amplia.

En conversación con La Nación/Nación Media, Bruno Vaccotti, director de la Cámara Paraguaya de Fintech y accionista de Penguin Group, dijo que la discusión sobre los centros de datos no debe limitarse al consumo eléctrico, sino al impacto económico que pueden generar.

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Explicó que estas instalaciones forman parte de las denominadas industrias electrointensivas, que utilizan grandes cantidades de energía, pero cuya principal característica es la generación de empleo altamente calificado. A diferencia de otras industrias manufactureras, los centros de datos no requieren miles de trabajadores, aunque sí demandan perfiles técnicos especializados, con salarios muy por encima del promedio.

Vaccotti sostuvo a LN que Paraguay atraviesa un momento particular. Mientras el consumo eléctrico interno crece alrededor de un 12 % anual, el país deberá realizar importantes inversiones en infraestructura energética durante los próximos años para evitar un déficit de generación.

En ese contexto, consideró que atraer industrias electrointensivas forma parte de la solución y no del problema. Según explicó, actualmente la energía excedente cedida al Brasil genera ingresos considerablemente menores que la electricidad consumida por industrias instaladas en Paraguay.

Mientras la compensación por cesión ronda los USD 18 por megavatio, las empresas electrointensivas pagan entre USD 48 y USD 52 por la misma cantidad de energía.

Ese mayor ingreso fortalece financieramente a la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y permite financiar nuevas obras para el Sistema Interconectado Nacional. Incluso, afirmó que cerca del 60 % de los ingresos actuales de la estatal eléctrica provienen de industrias electrointensivas, principalmente la minería de bitcoin.

Otro de los puntos que destacó es el esquema de créditos energéticos que actualmente analiza el Gobierno junto con el sector privado. La propuesta busca que las empresas que demanden grandes bloques de energía también inviertan en nueva capacidad de generación, por ejemplo mediante plantas fotovoltaicas, permitiendo que el crecimiento industrial contribuya al fortalecimiento del sistema eléctrico nacional.

La magnitud económica de estos proyectos también resulta significativa. Como referencia, Vaccotti recordó que Penguin construyó en Hernandarias, en 2021, un centro de datos de 100 megavatios con una inversión estimada entre USD 120 millones y USD 140 millones, considerado el primero de esa capacidad en América Latina.

Aunque actualmente está orientado al procesamiento para minería de bitcoin, explicó que comparte buena parte de la infraestructura utilizada por los centros destinados al procesamiento de IA.

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Si bien Paraguay reúne condiciones naturales difíciles de igualar, los especialistas coinciden en que atraer inversiones de gran escala exige mucho más que energía disponible.

Vaccotti consideró que uno de los principales desafíos es generar confianza para inversiones que suelen proyectarse a diez o más años. Para ello, sostiene que el país necesita fortalecer la seguridad jurídica, garantizar reglas estables y evitar modificaciones contractuales imprevistas que puedan afectar la previsibilidad de los proyectos.

A ello, sumó un aspecto cada vez más determinante: la ciberseguridad. El director del gremio advirtió que Paraguay todavía debe fortalecer significativamente la protección de datos y la seguridad informática, especialmente, considerando los ataques que afectaron a distintas instituciones públicas.

En su opinión, la protección de la infraestructura digital debería convertirse en una política estratégica del Estado para brindar mayor confianza a los inversionistas internacionales.

Vaccotti también puso en contexto de los argumentos más repetidos sobre los data centers, el elevado consumo de agua. Explicó que muchas instalaciones modernas ya utilizan tecnologías de refrigeración por inmersión en aceite dieléctrico, reduciendo considerablemente esa necesidad. Incluso, señaló que, según estudios realizados para el sector, este tipo de infraestructura ni siquiera figura entre las actividades industriales con mayor consumo hídrico del país.

Mientras el sector privado analiza oportunidades de inversión, el Gobierno impulsa su propio proyecto de infraestructura tecnológica.

El asesor técnico del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Horacio Caniza Vierci, afirmó a LN que Paraguay reúne varias condiciones favorables para desarrollar esta industria. Una matriz energética limpia y estable, disponibilidad de agua para sistemas de refrigeración y experiencia técnica acumulada en grandes organizaciones como bancos y empresas de telecomunicaciones.

Reconoció que el país todavía necesita formar una mayor cantidad de profesionales especializados, aunque sostiene que esa oferta surgirá conforme aumente la demanda del mercado.

“Antes de que exista la demanda es muy difícil que exista la oferta”, resumió al explicar por qué considera que la llegada de nuevos proyectos impulsará también la capacitación del talento local.

Para Caniza, un data center puede entenderse como una gran computadora compartida. Mientras un usuario utiliza una computadora personal para sus tareas diarias, un centro de datos concentra una enorme capacidad de procesamiento que puede ser utilizada simultáneamente por miles de personas y empresas.

Esa lógica, explicó, permite optimizar el uso de los recursos informáticos, reducir tiempos de procesamiento y ofrecer servicios digitales desde un mismo punto hacia distintos usuarios e incluso otros países.

Señaló que la ubicación de un data center responde a criterios técnicos específicos. Además de requerir una conexión cercana a una fuente de energía para evitar elevados costos de infraestructura, estas instalaciones necesitan disponibilidad de agua para los sistemas de refrigeración y suficiente espacio para futuras ampliaciones.

A ello se suma que, por el ruido que generan los equipos de procesamiento y enfriamiento, normalmente se instalan fuera de los centros urbanos.

En paralelo, el Mitic avanza con la construcción del Data Center del Estado, que estará ubicado en Chaco’i. El contrato con la empresa adjudicada ya fue firmado y la obra deberá ejecutarse en un plazo aproximado de dos años.

El objetivo del proyecto no es ofrecer servicios al sector privado, sino centralizar la infraestructura tecnológica del Estado paraguayo. Allí se alojarán plataformas utilizadas diariamente por las instituciones públicas y servicios dirigidos a la ciudadanía, como Portal Paraguay, la identidad electrónica y la nube gubernamental, buscando mejorar la seguridad, disponibilidad y eficiencia de los sistemas digitales públicos.

La apuesta, sin embargo, trasciende la construcción de un edificio. Tanto desde el sector público como desde el privado coinciden en que el verdadero desafío consiste en aprovechar la ventaja energética del país para desarrollar una nueva industria basada en servicios digitales de alto valor agregado.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó este viernes el traspaso del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Registro Unificado Nacional (RUN) a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como parte del proceso de consolidación del nuevo sistema que integra el Catastro y el Registro de Inmuebles bajo una administración unificada.

El acto fue encabezado por el ministro de Economía, Óscar Lovera, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, quienes coincidieron en que el RUN constituye una de las principales reformas institucionales para modernizar la gestión de la propiedad inmobiliaria y fortalecer la seguridad jurídica en el país.

La transferencia forma parte del proceso iniciado en enero de este año, cuando las funciones relacionadas con el Catastro comenzaron a pasar al Poder Judicial tras la creación del Registro Unificado Nacional.

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Durante el encuentro también participaron autoridades del MEF, representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y funcionarios de las instituciones involucradas en la implementación del proyecto.

Lovera destacó que el funcionamiento del RUN tendrá un impacto que trasciende el ámbito administrativo. “En economía mucho se mueve por expectativas. Cuando empecemos a dar señales de que el sistema está funcionando, de que la decisión fue la correcta y que el proceso de gestión unificado comienza a mostrar resultados, se generará un cambio importante, tanto para la ciudadanía como para quienes buscan invertir en Paraguay”, afirmó.

Creado mediante la Ley N.º 7.424/2025, el RUN unifica en una sola plataforma la información catastral y registral de los inmuebles, con el objetivo de simplificar los trámites relacionados con la propiedad, mejorar la calidad y confiabilidad de los datos y reducir los tiempos de gestión.

Desde el Gobierno sostienen que esta transformación permitirá brindar mayor previsibilidad al mercado inmobiliario, fortalecer la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad y mejorar el clima de negocios.

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