Por Armando Giménez Larrosa

El mercado laboral paraguayo muestra señales positivas que van en sintonía con el dinamismo de la economía nacional, con un Indicador Mensual de Actividad Económica (Imaep) que evoluciona cerca del 5,7 %, ubicando la desocupación en niveles cercanos al teórico neutral. Sin embargo, detrás de las cifras de creación de puestos, el persistente peso de la informalidad continúa configurando una de las tareas pendientes más complejas para el desarrollo socioeconómico del país.

Durante una reciente entrevista en la 1020 AM, el investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), Rodrigo Ibarrola, analizó los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el tercer trimestre, los sectores que lideraron la creación de empleo fueron el comercio, restaurantes, hoteles y la industria manufacturera, registrándose un incremento de más de 100.000 asalariados privados frente al año anterior. En contrapartida, el sector primario (agricultura y ganadería) experimentó una contracción cercana al 11 %.

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Si bien la tasa de informalidad general logró descender gradualmente hasta situarse en torno al 56 %, la radiografía interna expone profundas disparidades según la modalidad ocupacional:

- Cuentapropistas: Concentran el mayor desafío estructural, alcanzando una tasa de informalidad del 76 %.

- Asalariados privados: Registran una informalidad del 54 %.

- Empleadores y empresas: Se ubican en mejores condiciones con un 25 %.

Ibarrola explicó que la decisión de formalizarse depende de factores multidimensionales e incentivos. En el caso de los independientes, las cargas impositivas y la exigencia de aportes elevados, que muchas veces no se traducen en beneficios directos atractivos o cobertura de salud, generan un freno natural para dar el salto a la formalidad.

A pesar de estas barreras, el ingreso real de los trabajadores mantiene una trayectoria de recuperación sostenida, aproximándose de manera paulatina a los picos históricos del 2018, lo que consolida un escenario de mayor dinamismo en el consumo interno de cara al tramo final del año.

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El anuncio del fenómeno El Niño de proporciones mayores a las habituales había generado cierta alarma en el sector productivo y económico hace unos meses, sin embargo la cuestión hasta pasó a un segundo plano, considerando que el desplome del dólar está siendo ahora la mayor amenaza, al menos al considerar las recientes declaraciones del presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo.

“Lo de El Niño todavía es difícil (dimensionar su impacto), en la parte agrícola estamos en pleno desarrollo del cultivo, faltan todavía dos meses y medio para el momento de las definiciones. La expectativa es que general con El Niño es que va a haber producción. En el peor escenario es la sequía, ahí no hay producción”, dijo al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970/Nación Media.

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Posteriormente, aludió a la cuestión cambiaria, factor que repercute directamente en los ingresos de los productores, considerando que los precios están fijados en moneda extranjera. “Entonces, podemos estar en la paradoja de tener muy buena producción, pero la facturación cae tanto que los números no dan para cerrar con los costos”, citó seguidamente.

El boletín informativo de la UGP reproduce las declaraciones de Hugo Franco, productor, exportador y representante de los productores de banana de Tembiaporã, del departamento de Caaguazú, quien advirtió que la pérdida de valor del dólar tiene un impacto significativo en toda la cadena productiva, especialmente en los pequeños productores. “Hay una diferencia del 30 % en la pérdida de valor del dólar con relación al año pasado. Esto es un impacto muy grande para los exportadores, para toda la cadena y por sobre todo para el pequeño productor”, señaló.

Según el material difundido, la preocupación también alcanza a los pequeños productores de granos. Alfonso Irala, productor de Maracaná, Canindeyú, explicó que la caída de la divisa compromete la rentabilidad de rubros como el sésamo y la chía, obligando a muchos agricultores a recurrir al endeudamiento para cubrir los gastos de cada campaña.

Cristaldo, en la entrevista con los medios citados, había indicado que el impacto agobia a unos 260.000 pequeños productores.

Para tener una idea de lo que está aconteciendo, el dólar comenzó el año por sobre los G. 6.600 y actualmente se encuentra en G. 5.900 y en algún momento llegó a ubicarse por debajo de los G. 5.700.

En la jornada del jueves, en horas de la tarde, alrededor de gremios productivos y empresariales se reunieron con el Equipo Económico Nacional para tratar la cuestión del tipo de cambio, que vive un fenómeno inédito a nivel local, con un inusitado fortalecimiento del guaraní.

El acuerdo al que se llegó en el encuentro consiste en conformar una mesa técnica para analizar medidas de manera a brindar un escenario de mayor previsibilidad a la cotización de la divisa norteamericana, considerando el peso que tiene en los ingresos de sectores que operan con la moneda extranjera.

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Paraguay alcanzó 48 de 100 puntos en el Índice de Desarrollo del Servicio Civil 2026, según el último estudio presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este resultado posiciona al país en un nivel de desarrollo medio y por encima del promedio de América Latina y el Caribe, consolidando un avance histórico frente a los 40 puntos registrados en 2017 y los 12 obtenidos en 2004.

Como parte esencial de este progreso, el BID destaca la puesta en funcionamiento de la Ley N.º 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, la creación del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional (VCHGO) y la adopción de herramientas técnicas para planificar el personal público.

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Además, destaca el inicio de la implementación gradual de la nueva carrera administrativa en 12 instituciones piloto, que comprende a unos 12.000 funcionarios públicos.

“Paraguay mejoró de manera sostenida en el desarrollo de su Servicio Civil desde la primera medición, realizada en 2004. En aquel año obtuvo 12 puntos sobre 100; luego subió a 26 puntos en 2013 y a 40 en 2017, llegando ahora a los 48 puntos que le permite subir del nivel bajo al nivel de desarrollo medio, encontrándose por detrás de Costa Rica y Colombia (57 puntos cada uno) y Jamaica (51 puntos). Otros países de la región, ya alcanzan un nivel de desarrollo alto como Chile (73), Brasil (68) y Uruguay (60)”, destaca parte del informe.

Pese a los progresos, el organismo internacional identificó un total de once desafíos prioritarios para afianzar el nuevo modelo institucional. Entre las principales “tareas pendientes” figura extender la planificación de la fuerza laboral a las instituciones de mayor peso dentro del Poder Ejecutivo, modernizar e integrar los sistemas de información de recursos humanos y ampliar las descripciones y valoraciones de puestos a todas las instituciones comprendidas en el ámbito de la reforma.

También plantea fortalecer el sistema de directivos públicos y los mecanismos de selección por concurso, implementar el modelo completo de evaluación del desempeño y finalizar el diseño de una escala salarial única, cuya aplicación deberá ser gradual y fiscalmente sostenible.

Asimismo, señala la necesidad de reglamentar los ascensos y las promociones dentro de la carrera administrativa, implementar los planes institucionales de capacitación y extender las encuestas de clima laboral a las distintas dependencias públicas.

Paralelamente señalan que las unidades de gestión y desarrollo de las personas deben estar acompañadas de programas de formación, asistencia técnica y seguimiento de indicadores. A esto se suma la necesidad de institucionalizar un ciclo de monitoreo y evaluación de la reforma, con indicadores clave y mediciones periódicas de resultados.

Durante la presentación del documento, el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, explicó que la profesionalización “exige funcionarios idóneos y comprometidos con sus cargos” y que el objetivo final es transformar esta profesionalización en “bienes y servicios públicos oportunos y de calidad para la ciudadanía”, acotó.

Por el mismo lado, la viceministra de Capital Humano, Andrea Picaso, valoró el trabajo coordinado con las unidades de gestión humana y señaló que el éxito de la ley dependerá del fortalecimiento de las capacidades operativas.

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A más de 14 años del inicio del conflicto, la Justicia elevó a juicio oral y público la causa por la ocupación de tierras de Agroganadera Pindó, una decisión que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) calificó como un “avance significativo”.

El proceso penal afecta directamente a Jorge Mercado Méndez, imputado como uno de los principales dirigentes de la invasión de inmuebles de la firma agroganadera en el departamento de Canindeyú.

A través de un comunicado que dieron a conocer por redes sociales en la fecha, el gremio rural celebró la resolución del Juzgado de Garantías de Curuguaty que, tras un largo proceso de investigación iniciado en 2012, rechazó los incidentes planteados por la defensa y dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.

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“Esta decisión constituye un avance significativo en una causa iniciada en el año 2012, cuya prolongación durante más de 14 años evidencia la necesidad de fortalecer la protección efectiva de los derechos constitucionales”, remarca el comunicado.

Así también, la ARP instó a las autoridades a responder a las problemáticas sociales vía políticas públicas legítimas y no al margen de la ley. En el documento se señala que el artículo 109 de la Constitución Nacional establece categóricamente que “la propiedad privada es inviolable”.

Remarca que su respeto constituye “una garantía esencial del Estado de Derecho y una condición indispensable para la inversión, el trabajo y el desarrollo de la producción nacional”.

“Las reivindicaciones sociales deben encontrar respuestas mediante políticas públicas y procedimientos legítimos, sin que la ocupación de inmuebles o la comisión de hechos punibles puedan convertirse en mecanismos para adquirir o legalizar derechos de propiedad al margen de la Constitución y las leyes”, manifiesta una parte del escrito.

Asimismo, refiere que la seguridad jurídica exige mucho más que el reconocimiento formal de los derechos. “Requiere una actuación oportuna y eficaz de las instituciones del Estado, la prevención de hechos ilícitos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. La agricultura, la ganadería y la agroindustria necesitan estabilidad, previsibilidad y garantías para desarrollar inversiones que generan empleo, riqueza y oportunidades para el Paraguay”, expresa en su pronunciamiento.

Resalta además que, la apertura a juicio oral constituye un avance procesal y no una declaración de culpabilidad; teniendo en cuenta que las responsabilidades deberán determinarse con pleno respeto al debido proceso.

De esa manera el gremio señala que es fundamental el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, sin excepciones ni actuaciones al margen de la ley, con pleno respeto a la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados, el Código Civil, el Código Penal y demás disposiciones legales aplicables, conforme al orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional.

“En esencia, no se solicita un trato particular ni una intervención política, sino que el Poder Judicial cumpla con sus funciones constitucionales, garantizando la independencia judicial, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la correcta administración de justicia”, remarca el comunicado.

Finalmente, exhorta a los poderes del Estado a garantizar la protección efectiva de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las actividades productivas puedan desarrollarse dentro de un marco de legalidad y paz social.

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