El ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos, habló acerca de la reunión que mantuvieron con las autoridades de las empresas farmacéuticas y señaló que realizaron un repaso sobre el plan del nuevo gobierno con miras a las deudas que se heredó del gobierno anterior. El economista indicó que el Poder Ejecutivo está trabajando en un plan de pago con el sector afectado, de manera a brindar previsibilidad.
Afirmó que en el encuentro se estableció que el Estado garantizará USD 11 millones este mes, dando inicio de esta manera al cronograma de pagos establecidos. Fernández Valdovinos aseguró que el compromiso del Gobierno es dar un número con que puedan contar, de tal manera a que el sector provea de medicamentos al Ministerio de Salud sin ningún inconveniente.
“Hay un plan para dar cierta previsibilidad de acá hasta fin de año, monto que en este mes de agosto va a ser de USD 11 millones para compra de medicamentos, para el Ministerio de Hacienda eso está garantizado. Luego se hará un plan para setiembre, octubre, noviembre y diciembre, de tal manera a que no se acumule el atraso”, remarcó.
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El titular de la cartera económica expresó que la solución a los atrasos que se tuvieron en el gobierno de Mario Abdo Benítez se abordarán en enero próximo. Para ello, explicó que remitirán al Congreso un proyecto de ley para honrar esta deuda atrasada.
El secretario de Estado recalcó la importancia de que el sector pueda tener previsibilidad en cuanto a los pagos, lo que afirmó que se logrará a través de planes financieros. Tanto el Ministerio de Hacienda como el Instituto de Previsión Social (IPS) cuentan con deudas con el sector farmacéutico que oscilan los USD 240 millones.
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Porcentaje de mezcla de biocombustibles brindará previsibilidad al sector agrícola
Desde la Unión de Gremios de la Producción (UGP) señalaron que la decisión de mantener el porcentaje de mezcla de biocombustibles en 7 % brinda previsibilidad a los productores en un momento clave del calendario agrícola, marcado por la cosecha del maíz zafriña y el inicio de la siembra de soja.
Así lo explicó el titular del gremio, Héctor Cristaldo, quien valoró la apertura y predisposición del ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, y su equipo para el diálogo ante el pedido de los sectores productivos.
Así también, indicó que desde el gremio apoyarán el desarrollo de los biocombustibles como una alternativa para generar mayor valor agregado a la producción nacional y considerar la compatibilidad con la diversidad de maquinarias agrícolas, camiones y equipos que operan en el país, de acuerdo a las recomendaciones técnicas.
La semana pasada, el MIC dispuso mediante una resolución que el porcentaje de mezcla de biocombustible apto para la utilización en motores diésel para el gasoil tipo III o el que lo sustituya, será mínimo de 7 % hasta el 31 de diciembre del presente año.
En tanto, a partir del día 1 de enero de 2027, el porcentaje de mezcla de biocombustible apto para la utilización en motores diésel para el gasoil tipo III o el que lo sustituya será mínimo 8 %.
Con esta decisión, la cartera abrogó la Resolución n.º 472, del 19 de junio de 2026, mediante la cual se había establecido la mezcla obligatoria de entre 8 % y 10 % de biodiésel para el gasoil tipo 3, que pasará a ser implementada desde el año que viene.
Al respecto, Cristaldo señaló que la UGP considera importante este paso para construir una solución de largo plazo basada en evidencia técnica y en el consenso entre el sector público y privado.
En la misma línea, la Cámara Paraguaya de Biocombustibles (Biocap), se pronunció, indicando que la nueva medida mantiene una hoja de ruta clara para el sector, señalando que acompañarán el proceso de implementación gradual, basado en el diálogo, la previsibilidad y el fortalecimiento de la producción nacional de biocombustibles.
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IPS busca reprogramar su deuda a 10 años para liberar fondos y abastecer sus farmacias
El asesor de la presidencia del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Pereira, reveló la estrategia de “alivio financiero” que impulsa la previsional para que el 75 % del presupuesto para medicamentos se pueda pagar en cuotas bancarias de corto plazo. La propuesta de Pereira no es solo desplazar vencimientos en lo inmediato, sino buscar un marco legal que permita reestructurar la deuda a 10 años (con 2 años de gracia) y emitir bonos.
Invitado en el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media, señaló que el actual presidente del IPS, el doctor Isaías Fretes, inició una serie de visitas a los distintos centros de atención, acompañado de la gerencia de abastecimiento y logística. Justamente, para empezar a inventariar no solamente las necesidades insatisfechas y la falta de medicamentos, sino también para medir la fuerza laboral médica.
Señaló que, a partir de ahí, están inventariando, incorporando una auditoría médica, acompañando a la auditoría a la administrativa normal como para medir las distintas órdenes de servicio que se solicitan. “El reto va a estar en, primero, saber cuánto tenemos y en base a eso dosificar lo que se necesita y en vez de tener para dos años para ir acortando en base al universo de los más de 500 medicamentos que componen el vademécum”, precisó.
Ganar tiempo
Mencionó que está acompañando esta etapa difícil para poder concretar financieramente todos los pasos que se puedan dar, no solamente para corregir esta situación desplazando vencimientos a fin de ganar tiempo. Pero, aclaró que de ninguna manera tiene que ser un sustituto a una reprogramación integral de la deuda.
Reconoció que la deuda total del IPS asciende a unos USD 1.265 millones (USD 800 millones con bancos y USD 400 millones con proveedoras) y que actualmente solo se cubre el 25 % de las necesidades operativas/medicamentos debido a la asfixia de las cuotas bancarias.
“Ese 25 % que resulta insuficiente, eso se deriva de la concentración en su mayor porcentaje, que es el 75 % restante, en atender las cuotas que el Fondo de Salud tiene con el sector bancario. Como esas deudas provienen de arreglos de deudas anteriores, créditos sindicados, cesiones de crédito de años anteriores, pero que todos son de corto plazo, ese cortoplacismo hace de que las cuotas sean demasiado grandes”, comentó.
Reestructuración parcial
El asesor del IPS aclaró que no se trata de una refinanciación, que se realiza cuando la deuda ya está vencida, y que la institución no se encuentra en incumplimiento de ningún tipo de obligación. La reestructuración parcial “es apenas una medida paliativa para tener un semestre más tranquilo y asegurarle a la gente que no le falte medicamento”, remarcó.
Pereira explicó que ahí recién empieza el verdadero desafío de aprovechar esta situación crítica y establecer un mecanismo legal que le permita al IPS poder tomar una deuda o emitir bonos local, de manera de que se pueda tener una reprogramación de deuda a 10 años, con mínimo 2 años de gracia y con un mecanismo de blindaje.
El asesor señaló que estará trabajando para que el IPS cuente un instrumento legal que contemple sus características de entidad autónoma, autárquica y descentralizada, con el objetivo de que pueda depender de sí misma porque tiene flujos importantes. “También trabajamos en forma simultánea y multifrontal, porque no solamente acá es arreglar la deuda, también tenemos que tomar medidas para aquellos que le deben al IPS, empezando por el Estado”, señaló.
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Cifarma avanza con la cesión de créditos mientras Capaco busca otra alternativa
El Gobierno avanza en conversaciones con la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), para implementar un esquema de cesión de créditos por USD 300 millones, con el objetivo de cancelar parte de la deuda que mantiene con las empresas proveedoras de medicamentos e insumos del sistema público de salud, pasivo que ronda actualmente los USD 1.000 millones.
La propuesta consiste en que las empresas puedan ceder sus derechos de cobro a entidades financieras, obteniendo liquidez inmediata sin tener que esperar los plazos de pago del Estado. Posteriormente, el Gobierno cancelaría esas obligaciones directamente a la entidad que adquirió los créditos.
En conversación con La Nación/Nación Media, el secretario de Cifarma, Luis Ávila, señaló que el gremio considera que esta herramienta financiera representa una alternativa viable para aliviar la situación de las empresas del sector, que desde hace varios años enfrentan importantes retrasos en los pagos por parte del Estado.
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Explicó que el mecanismo permitiría recuperar liquidez, cumplir con proveedores internacionales y mantener el abastecimiento de medicamentos mientras continúa el proceso de regularización de la deuda pública.
No obstante, la propuesta no cuenta con el respaldo de todos los sectores. Desde la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) sostienen que la cesión de créditos o factoraje no constituye una solución adecuada para las empresas constructoras, ya que implica trasladarles el costo financiero de una obligación que corresponde exclusivamente al Estado.
El presidente de Capaco, José Luis Heisecke, explicó a La Nación que, si bien la cesión de créditos es una herramienta financiera válida en determinados escenarios, en este caso obliga a las empresas a aceptar descuentos sobre el valor de las acreencias para obtener liquidez inmediata, absorbiendo pérdidas derivadas de los atrasos en los pagos estatales.
En ese sentido, el gremio constructor insiste en que la salida debe pasar por un cronograma de pagos claro, transparente y sostenible, que contemple tanto la deuda principal como los intereses generados por la mora. Según Heisecke, contar con previsibilidad permitirá a las empresas normalizar su situación financiera, cumplir con proveedores y trabajadores, acceder nuevamente al crédito y reactivar las inversiones. La deuda del gobierno con las constructoras ronda los USD 350 millones, incluyendo el certificado de obras más los intereses acumulados.
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Piden cifras exactas antes de avanzar con plan para saldar compromisos del sector salud
La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores decidió postergar por 15 días el estudio del proyecto de ley que busca ampliar el presupuesto del Ministerio de Salud Pública, para atender las deudas acumuladas con empresas proveedoras de medicamentos e insumos médicos.
La decisión responde a la necesidad de contar con un detalle más preciso de los compromisos pendientes antes de avanzar con una iniciativa que podría tener un impacto significativo sobre las finanzas públicas.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, senador Silvio Ovelar, explicó que solicitaron al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un informe detallado sobre las obligaciones pendientes con cada empresa proveedora.
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Según indicó, la ministra de Salud, María Teresa Barán, mencionó durante la reunión que la deuda rondaría los USD 1.000 millones, aunque los montos todavía deben ser ajustados y verificados. “Lo que se pidió es contar con los datos específicos y exactos de las deudas con todos los proveedores antes de continuar con el tratamiento del proyecto”, señaló el legislador.
El aplazamiento también refleja las dudas existentes sobre la fuente de financiamiento que permitiría cubrir una eventual ampliación presupuestaria de esa magnitud. Ovelar reconoció que aún no existe claridad sobre cómo se estructuraría el financiamiento de la propuesta y consideró poco probable que los recursos adicionales provengan exclusivamente de una mayor recaudación tributaria.
El debate se produce en un contexto de menores ingresos fiscales respecto a las expectativas iniciales del Gobierno. Entre los factores que afectan la recaudación figura la depreciación del dólar frente al guaraní, una variable que impacta sobre determinados tributos vinculados al comercio exterior y las actividades económicas dolarizadas.
La discusión sobre las deudas con proveedores se convirtió en uno de los principales desafíos financieros para el sector público. El Gobierno viene impulsando mecanismos alternativos para reducir los compromisos pendientes, entre ellos la cesión de créditos, una herramienta que permitiría a las empresas obtener liquidez sin esperar los plazos habituales de pago del Estado.
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