Desde el Ministerio de Economía y Finanzas recuerdan a las organizaciones sin fines de lucro que el plazo para formalizar su inscripción en el registro administrativo, a través del Sistema Integrado de Administración de Recursos (Siara), vence el próximo 1 de abril de 2026.

Desde la institución recuerdan que este trámite alcanza a aquellas organizaciones que, de manera simultánea, participen o incidan en políticas públicas y reciban o administren fondos, ya sean públicos o privados, nacionales o internacionales.

La formalización de la inscripción en el registro administrativo es para las organizaciones ya existentes o constituidas con anterioridad a la vigencia de la ley, es decir, las constituidas o existentes al 1 de enero de 2026.

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En cuanto a aquellas organizaciones creadas a partir del 2 de enero de 2026, conforme a la mencionada normativa, tendrán un plazo de 30 días corridos desde su constitución para registrarse, a través del Siara. En caso de que una organización pase a cumplir posteriormente con las condiciones establecidas por la ley, deberá actualizar su información en el mismo plazo.

Se reitera que el cumplimiento de esta normativa será acreditado mediante la constancia emitida por la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales. Asimismo, subraya la importancia de este proceso, a través del cual se garantiza la transparencia, la correcta utilización de los recursos y el fortalecimiento institucional del sector.

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El economista Daniel Correa explicó que el ingreso a periodos de contiendas electorales acrecenta la presión para que se liberen gastos.

Los economistas Daniel Correa y Manuel Alarcón acudieron al programa “Fuego cru­zado”, emitido por el canal GEN/Nación Media con el fin de analizar el anuncio realizado por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdo­vinos, respecto a la ejecu­ción por varios meses de un plan de ajuste de los gastos en la administración cen­tral, debido a una caída de la recaudación tributaria y de los ingresos procedentes de las entidades binaciona­les de Itaipú y Yacyretá por la baja del dólar.

La medida fue calificada por Fernández Valdovinos como una “economía de gue­rra”. “Después de muchos años, es la primera vez que escucho una frase tan dura, realmente es muy fuerte e impactante que un minis­tro de Economía pueda decir eso. Sin embargo, el mensaje fue claro y directo para su gabinete y para la clase política, ya que esta­mos entrando en un periodo eleccionario de contiendas electorales donde normal­mente existe mucha más presión sobre los ministros de Economía, para que pue­dan liberar gastos”, refirió Correa. Fernández Valdo­vinos había dicho que en el “ajuste de cinturones” se priorizará el pago de siete ítems fundamentales, que son salarios, jubilaciones, inversiones atrasadas con constructoras y farmacéu­ticas, subsidio al sector transporte, y los progra­mas sociales como Ham­bre Cero en las Escuelas, Pensión Universal a Adul­tos Mayores y el servicio de la deuda pública.

“Estamos gastando mal y es por eso que celebro el anun­cio de que se realizará ajustes y se priorizarán los progra­mas que realmente tengan impacto sobre la gente, pero esa medida debe estar acom­pañada de una mejora real del gasto y eventualmente plantear programas o obras adicionales de compensa­ción vinculados con el sec­tor privado“, refirió.

Aunque el escenario mundial es complicado, Manuel Alarcón dijo que venimos de un 2025 con buen crecimiento.

“La economía de guerra es una expresión, para mi gusto, muy poco feliz. No hace al momento que está viviendo la economía en donde venimos de un año de un 2025 con un crecimiento muy bueno. Hay perspecti­vas más que buenas para el año 2026.

El escenario mundial está complicado, hay facto­res que nos afecta negati­vamente como el caso del petróleo que genera una presión a los precios y eso afecta negativamente a las previsiones inflacionarias. También se traduce en una apreciación del tipo de cam­bio, lo cual significa meno­res recursos en unidades monetarias locales”, dijo Manuel Alarcón.

El economista acotó: “El escenario es complicado para las finanzas públi­cas, pero no es nada nuevo para un hacedor de política económica. La caracterís­tica propia de esa función es trabajar en un marco de restricciones y si ese marco lo supera y hacemos estos comentarios, creo que no son muy apropiados”.

La medida de ajuste tam­bién es aplicada en medio de las deudas que tiene el Estado con las construc­toras que equivale a un total de USD 400 millones y a las farmacéuticas un monto equivalente a USD 800 millones.

“Creo que el escenario más prudente es el de avanzar razonablemente con los programas, tanto socia­les como económicos, y focalizar en lo que dijo el Gobierno que iba a hacer. Se habló de una reforma del gasto público en campaña y en ejercicio al momento de asumir, pero este es el momento que no han hecho absolutamente nada, excepto la fusión del Minis­terio de Hacienda, la Secre­taría de la Función Pública y la Secretaría Técnica de Planificación ¿Después el resto? ¿Qué pasó con las entidades descentraliza­das?”, indicó.

Agregó también: “Sería muy interesante desde mi punto de vista que realmente se expongan las cosas como son.

Entonces, no hay problema, vamos a tener menos ingre­sos, pero vamos a tener menos gasto. El mensaje debe ser claro, de que tene­mos una restricción, enton­ces trabajemos en pos de eso sin afectar en demasía a los proyectos que gene­ran la riqueza o externali­dades para que se radique la inversión, en un país en donde hay un gran déficit estructural”, dijo.

Los economistas Daniel Correa y Manuel Alarcón acudieron al programa “Fuego Cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media, a fin de analizar el anuncio realizado por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, respecto a la ejecución por varios meses de un plan de ajuste de los gastos en la administración central, debido a una caída de la recaudación tributaria y de los ingresos procedentes de las entidades binacionales de Itaipú y Yacyretá por la baja del dólar.

La medida fue calificada por Fernández Valdovinos como una “economía de guerra”. “Después de muchos años, es la primera vez que escucho una frase tan dura, realmente es muy fuerte e impactante que un ministro de Economía pueda decir eso. Sin embargo, el mensaje fue claro y directo para su gabinete y para la clase política, ya que estamos entrando en un periodo eleccionario de contiendas electorales donde normalmente existe mucha más presión sobre los ministros de Economía, para que puedan liberar gastos", refirió Correa.

Fernández Valdovinos había dicho que en el “ajuste de cinturones” se priorizará el pago de siete ítems fundamentales, que son salarios, jubilaciones, inversiones atrasadas con constructoras y farmacéuticas, subsidio al sector transporte, y los programas sociales como Hambre Cero en las escuelas, pensión universal a Adultos Mayores y el servicio de la deuda pública.

“Estamos gastando mal y es por eso que celebro el anuncio de que se realizará ajustes y se priorizarán los programas que realmente tengan impacto sobre la gente, pero esa medida debe estar acompañada de una mejora real del gasto y eventualmente plantear programas o obras adicionales de compensación vinculados con el sector privado“, refirió.

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Entre los otros sectores no prioritarios dentro del plan de ajustes, Fernández Valdovinos, citó a su cartera, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Ministerio de Justicia, Secretaría de Cultura, Turismo, Ministerio de Industria, entre otros.

“La economía de guerra es una expresión, para mi gusto, muy poco feliz. No hace al momento que está viviendo la economía en donde venimos de un año de un 2025 con un crecimiento muy bueno. Hay perspectivas más que buenas para el año 2026. El escenario mundial, está complicado, hay factores que nos afecta negativamente como el caso del petróleo que generan una presión a los precios y eso afecta negativamente a las previsiones inflacionarias. También se traduce en una apreciación del tipo de cambio, lo cual significa menores recursos en unidades monetarias locales”, dijo Alarcón.

El economista acotó: “El escenario es complicado para las finanzas públicas, pero no es nada nuevo para un hacedor de política económica. La característica propia de esa función es trabajar en un marco de restricciones y si ese marco lo supera y hacemos estos comentarios, creo que no son muy apropiados”.

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La medida de ajuste también es aplicada en medio de las deudas que tiene el Estado con las constructoras que equivale a un total de USD 400 millones y a las farmacéuticas un monto equivalente a USD 800 millones.

“Creo que el escenario más prudente es el de avanzar razonablemente con los programas, tanto sociales como económicos, y focalizar en lo que dijo el gobierno que iba a hacer. Se habló de una reforma del gasto público en campaña y en ejercicio al momento de asumir, pero este es el momento que no han hecho absolutamente nada, excepto la fusión del Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría Técnica de Planificación ¿Después el resto? ¿Qué pasó con las entidades descentralizadas?“, indicó.

Agregó también: “sería muy interesante desde mi punto de vista que realmente se expongan las cosas como son. Entonces, no hay problema, vamos a tener menos ingresos, pero vamos a tener menos gasto. El mensaje debe ser claro, de que tenemos una restricción, entonces trabajemos en pos de eso sin afectar en demasía a los proyectos que generan la riqueza o externalidades para que se radique la inversión, en un país en donde hay un gran déficit estructural”, dijo.

Un grupo de diputados colorados presentó un proyecto de ley que “exige a propietarios de locales gastronómicos de alta concurrencia” contar con empleados capacitados en primeros auxilios para actuar en eventuales casos de emergencia.

Los proyectistas expresan que la iniciativa tiene como objetivo establecer la obligatoriedad de que los establecimientos gastronómicos con alta afluencia de público cuenten, durante todo su horario de atención, con al menos un empleado capacitado en primeros auxilios.

Asimismo, dispone la colocación de información visible que indique cómo actuar ante situaciones de emergencia, especialmente, en casos de atragantamiento.

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La propuesta, impulsada por varios diputados, surge a partir de un hecho reciente ocurrido en la capital, donde una persona adulta mayor sufrió un episodio de atragantamiento en un local gastronómico y fue auxiliada de forma oportuna por una trabajadora del lugar, quien contaba con formación en primeros auxilios, evitando así un desenlace fatal.

“Este hecho puso de manifiesto la importancia de que los locales cuenten con personal capacitado y con información accesible para todos”, señala parte de la exposición de motivos.

El proyecto lleva la firma de los diputados Benjamín Cantero, José Adorno, Jatar Fernández y Saúl González. También respaldan la iniciativa los legisladores Santiago Benítez y María Ida Cattebeke.

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