La Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria de mañana martes, tratará 16 puntos incluidos en el orden del día. En el primer punto, figura el proyecto de ley que crea el seguro de desempleo, presentado por los diputados Jazmín Narváez y Carlos Núñez, que será financiado por el incremento del aporte obrero patronal bajo la argumentación de ofrecer un “salvavidas” a despedidos permitiendo seguir cobrando sus salarios por el periodo de 6 meses.

Esta iniciativa tiene el objetivo de aumentar el 2 % el aporte conjunto al Instituto de Previsión Social (IPS), que actualmente es del 22,5 %, mientras que la propuesta legislativa ascendería al 27,5 %, con una distribución equitativa del 1 % a cargo del trabajador y el otro 1 % a cargo del empleador.

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La legislación actual establece que el aporte a la previsional del 22,5 % del salario mínimo vigente, de los cuales el 9 % corresponde al empleado y el 16,5 % al empleador. Este proyecto, aumenta al 27,5 %, por lo que quedaría de la siguiente manera: 10 % del empleado y 17,5 % por parte del empleador.

Esta iniciativa causó controversias, principalmente desde los sectores sindicalistas que mostraron su postura contraria a que esta propuesta sea llevada adelante o aprobada en la instancia legislativa.

Así también, desde el IPS, el propio presidente de la institución, Jorge Britez, ya expresó que no está de acuerdo con este aumento, afirmando que no es factible.

Por otra parte, también se prevé el tratamiento del proyecto de ley que aprueba la decisión Marcosur/CM/DEC relativo al mecanismo para el ejercicio temporario; como así también el proyecto de ley que enmienda al protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios del Mercosur.

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La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.

En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.

La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.

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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.

Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.

“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.

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El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.

“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.

Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.

“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.

A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.

“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.

Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.

Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.

“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.

Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.

“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.

Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer los principales números que dejó el quinto mes del año con respecto a gastos, inversiones y recaudaciones tributarias, en el marco de la presentación del informe de Situación Financiera (Situfin).

La inversión pública acumulada a mayo registró un aumento del 36,3 %, lo que refleja un nivel de ejecución superior al observado en el mismo período de 2024. En términos absolutos, alcanzó G. 2.470 mil millones (USD 311 millones), lo que representa el 0,7 % del producto interno bruto (PIB).

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El informe destaca que este ritmo de ejecución es superior al observado en el mismo periodo de 2024, y se posiciona entre los más altos de los últimos años si se compara con el promedio histórico. Este repunte cobra mayor relevancia considerando que abril y mayo son meses en los que tradicionalmente la ejecución suele ser baja, por cuestiones estacionales y administrativas.

Sin embargo, en 2025 se logró sostener una ejecución acelerada, lo cual también refleja mejoras en la planificación y desembolso por parte de las instituciones ejecutoras, indicaron durante la presentación de Situfin.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) fue nuevamente la entidad que lideró el volumen de inversiones, representando la mayor parte de los recursos utilizados en infraestructura vial, obras civiles y proyectos estratégicos. Otras instituciones también mostraron dinamismo, aunque en menor escala, y en conjunto permitieron diversificar el destino de los recursos hacia diferentes sectores de infraestructura física y social.

Desde el punto de vista de las finanzas públicas, este nivel de inversión tiene un efecto positivo sobre la economía real, explicaron. Además de impulsar la actividad en sectores como la construcción, el transporte y los servicios, la inversión pública cumple un rol anticíclico, especialmente útil en contextos de recuperación económica como el que atraviesa actualmente nuestro país.

Asimismo, estas inversiones sientan las bases para una mayor competitividad en el mediano y largo plazo, mediante mejoras en conectividad, acceso a servicios y reducción de brechas territoriales.

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Por último, el informe subraya que el aumento de la inversión se dio sin comprometer el objetivo de consolidación fiscal. Pese al crecimiento del gasto de capital, el resultado fiscal mensual de mayo fue con superávit, por segundo mes consecutivo, y el acumulado anual mantiene un déficit moderado.

El Gobierno ratifica su estimación de crecimiento económico del 4 % para este 2025, tras confirmar que la actividad económica está cerrando el primer semestre con un ritmo sólido, a pesar del impacto que generó la sequía en el sector agrícola. Fue durante la presentación del informe de Situación Financiera (Situfin) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según el viceministro de Economía, Felipe González, otros sectores como la construcción, los servicios y la industria están impulsando el dinamismo, lo que refleja una economía más diversificada y menos dependiente del campo.

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“Si miramos los resultados ya cerrados por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), vemos que la actividad económica, a pesar del impacto de la sequía, que generó cierto riesgo y preocupación el año pasado, especialmente por nuestro principal cultivo que es la soja, la economía viene creciendo a un ritmo del 4 %. Esta cifra está en línea con la estimación del Banco Central para el cierre del año”, manifestó.

También destacó que a pesar de la sequía, a diferencia de años anteriores donde este tipo de eventos arrastraban a toda la actividad económica, hoy se está observando que otros sectores, como los servicios, la construcción y la industria, están impulsando el crecimiento.

“Esto se refleja en el indicador de actividad económica del BCP, que incluye también a la agricultura, y que actualmente muestra un crecimiento superior al 4 %”, reiteró González y agregó: “Y mirando hacia adelante, las últimas noticias indican que el impacto de la sequía fue menor al peor escenario que preveían los productores”.

Por eso, desde el Ministerio de Economía esperan que se mantenga la proyección de crecimiento para el resto del año, e incluso, si estas sorpresas positivas continúan, se podría cerrar el 2025 con un crecimiento económico por encima del 4 %.

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El gobierno cerró mayo con un superávit fiscal del 0,19 % del producto interno bruto (PIB), y con un déficit fiscal acumulado de 0,3 %. El déficit registrado al quinto mes del año es equivalente a G. 1.198 mil millones, unos USD 153 millones, y mayo es el segundo mes consecutivo del año en finalizar con superávit, el primero fue abril (0,25 %). Estos resultados muestran que se transita el camino a la convergencia fiscal de 1,9 % para este año.