El presidente de la caja bancaria y especialista en sistema de pensiones, José Caballero, habló acerca de que el proyecto que crea la Superintendencia de Pensiones en el país es necesario e importante para empezar a controlar los fondos públicos.
“Nosotros estamos sumamente de acuerdo en que haya un ente de control, para la Caja Bancaria no es extraño, porque es una de las entidades más controladas del país. Para nosotros es importante esto”, manifestó Caballero a la 1000 AM.
Caballero aseguró que su sector normalmente responde a este tipo de controles, entendiendo que hay cajas que tienen supervisión y otras que no, por lo cual este proyecto dará mayor eficiencia al control de los recursos públicos. “En la nuestra sí hay bastante control y cumplimos con los lineamientos que la Superintendencia de Bancos y Seguros nos sugiere para un mejor desempeño y función”, acotó.
Recordó además que en el 2016 se presentó un proyecto similar, pero que se enfocaba mayormente en el control de inversión de bonos, algo que destacó como bueno, pero sostuvo que el nuevo proyecto se modificó y mejoró. “Tratar de equilibrar esto va a ser todo un desafío”, señaló.
Esta iniciativa busca abordar el problema de sostenibilidad financiera y actuarial del sistema, el cual requiere de importantes ajustes que garanticen el cumplimiento adecuado de los beneficios presentes y futuros. Si se sanciona el proyecto, se llevará a cabo un espacio de trabajo que permitirá un análisis exhaustivo de la situación jurídica, financiera y actuarial para otorgar legitimidad requerida al proceso de reforma.
Al respecto, es de mencionar que este viernes 28 de julio el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional el proyecto de ley que crea la “Reforma Integral del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público”.
El Ministerio de Hacienda ya sentó postura al respecto señalando que existe una necesidad de abordar esta problemática con urgencia para corregir las inequidades y distorsiones que afectan al sistema de jubilaciones. La cartera aboga por garantizar su sostenibilidad financiera y cumplir con el mandato constitucional referente al mecanismo de actualización, con respeto al principio de igualdad y no discriminación.