El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, se reunió con el titular de la cartera de Salud, Isaías Fretes, para analizar las necesidades financieras de la cartera sanitaria. Así como también coordinaron acciones orientadas al cierre del ejercicio fiscal 2026 y la planificación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

En ese marco, las autoridades destacaron que el Gobierno proyecta para 2027 el pago de las deudas acumuladas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) con sus proveedores, junto con una estabilización del presupuesto sanitario y la implementación de nuevos mecanismos de compra de medicamentos e insumos.

El análisis económico realizado apunta a cancelar las obligaciones pendientes con proveedores mediante recursos provenientes de una emisión del MEF prevista para el mes de febrero de 2027, medida orientada a liberar capacidad presupuestaria y generar mejores condiciones para las futuras adquisiciones de medicamentos e insumos necesarios en mayor medida.

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“Ordenar las obligaciones acumuladas nos permitirá el próximo año mejorar las condiciones de negociación, reducir costos y avanzar en la logística institucional. Significa el borrón y cuenta nueva”, afirmó Fretes al culminar la reunión.

El ministro de Salud explicó que dejar atrás las obligaciones de años anteriores permitirá iniciar una nueva etapa financiera y establecer mejores condiciones de negociación con los proveedores, particularmente en el área de medicamentos.

Como parte del encuentro de los máximos responsables de ambas instituciones, se analizó las alternativas que puedan servir a la mejora de las condiciones de adquisición de medicamentos, especialmente aquellos destinados al tratamiento de enfermedades catastróficas y de alto costo.

Tal es así que tanto Lovera como Fretes, coinciden en que es necesario profundizar en el trabajo con los proveedores, ofreciendo nuevas alternativas de reducción de costos y que eso tenga como resultado un mejor acceso a medicamentos e insumos.

Ambos equipos técnicos revisaron las necesidades presupuestarias vinculadas al talento humano, medicamentos, vacunas y programas nutricionales, además de compromisos con el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la provisión de leche del Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI) y los requerimientos del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN).

El Gobierno busca que el objetivo final sea que el presupuesto de Salud permita sostener los servicios, atender las obligaciones pendientes y contar con mayor capacidad para responder a las necesidades de la población, sin la necesidad de entrar en nuevos atrasos.

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La deuda del Estado con las empresas constructoras viales se redujo de USD 220 millones a un monto estimado de entre USD 140 y USD 160 millones, según informó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera. Al 31 de diciembre existían USD 220 millones en atrasos correspondientes a obras que habían avanzado durante el 2025 sin contar con la disponibilidad financiera necesaria para su cancelación.

Lovera señaló que la situación estuvo vinculada, en parte, a los plazos de ejecución de los proyectos viales, y según explicó, aunque en los papeles las obras tienen una duración aproximada de 36 meses, el promedio de ejecución dentro del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) alcanza los 60 meses. “Lo que ha ocurrido es que obras que tendrían que haber culminado en el 2023 y en el 2024 seguían vigentes durante el 2025”, afirmó a la 1020 AM.

Esta situación provocó que dichos proyectos se sumaran a la programación correspondiente al 2025, generando una presión adicional sobre los recursos disponibles para hacer frente a los compromisos.

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Ante este escenario, detalló que desde su llegada al MEF mantuvieron reuniones con representantes de las empresas proveedoras y constructoras, con quienes establecieron compromisos de corto plazo. Estas medidas permitieron ir descomprimiendo esa presión y facilitaron que las empresas retomaran las obras que ya se encontraban en ejecución.

El ministro sostuvo que, pese a que los trabajos continuaron durante este año, el flujo de recursos destinado al sector fue superior al avance de las obras registrado en 2026. “Hoy puedo decir que generamos un flujo superior a lo que fue el avance de obras del 2026”, manifestó.

Por ello, afirmó que actualmente los atrasos se ubican entre USD 140 millones y USD 160 millones. “Los niveles de atrasos, por llamarlo de alguna manera, estarían alrededor entre 140 y 160 millones de dólares. No es más de eso”, sostuvo Lovera, quien agregó que se está generando el flujo necesario para resolver estos compromisos durante este año.

Como último punto señaló que el principal componente que explica que el déficit fiscal llegue al 3,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) este año está vinculado a la actualización o la cancelación de los atrasos, principalmente en el sector de obras públicas.

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Están trabajando con la DNIT en la verificación de las exenciones, pero que “todavía no hay una propuesta puntual sobre un caso en particular”, dijo Lovera.

El ministro de Eco­nomía y Finanzas, Óscar Lovera, des­cartó cualquier tipo de incre­mento de tasas de los impues­tos vigentes o la creación de nuevos tributos; sin embargo, reconoció que están revi­sando ciertas exenciones.

“Este gobierno tiene una posición firme, nosotros no vamos a tocar tasas de los impuestos o crear nuevos impuestos, lo que sí estamos revisando es lo que hace al concepto de gasto tributa­rio; es decir, aquellas exen­ciones o deducibilidades que hoy están todavía vigen­tes”, expresó el secretario de Estado en una visita realizada al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Sobre el punto, explicó que la revisión obedece a la inten­ción de “fortalecer y generar eficiencia en la estructura tributaria vigente, no crear nuevos ni generar nuevos impuestos”. Amplió preci­sando que hay estudios que indican que dichos “gastos tributarios” alcanzan unos USD 1.000 millones.

Posteriormente fue consul­tado sobre el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), Impuesto a la Renta Perso­nal (IRP) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sobre lo que fue claro al respecto y manifestó que “hoy no se toca, en esta administración no se toca”.

Indicó también que están trabajando con la Direc­ción Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en la verificación de las exen­ciones, pero que “todavía no hay una propuesta pun­tual sobre un caso en par­ticular”. Sobre la perspec­tiva que manejan, teniendo en cuenta el volumen total posible de USD 1.000 millo­nes, dijo que la “expectativa es generar espacio en eso para mayor recaudación”. Durante la semana pasada, en coincidencia con la mani­festación de los médicos, se conocieron planteamien­tos de elevar impuestos, lo que fue rechazado enérgica­mente días después por gre­mios industriales y empre­sariales.

Se puede recaudar fácilmente entre USD 80 a USD 100 millones, mirando estas leyes especiales, que benefician a sectores particulares, afirmó Orué.

El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tribu­tarios (DNIT), Óscar Orué, descartó que el gobierno de Santiago Peña implemente un aumento de impuestos hasta culminar su mandato, ante los recientes comenta­rios de legisladores y otros sectores de ajustar deter­minados tributos para res­ponder a los reclamos del área de la salud pública. Se refirió una propuesta per­sonal de abrir el debate para revisar exenciones fis­cales. “Nos parece que no es el momento, aparte, el gobierno sí está decidido en no apoyar la implemen­tación o un aumento de impuestos. Esa es una posi­ción del presidente Peña, la posición nuestra como gobierno hasta 2028, no tocar la base tributaria, con­siderando que hace tiempo, en 2020, entró en vigencia una nueva ley y ahora con la creación de la DNIT, tres años de su creación, tuvimos buenos resultados”, dijo, en comunicación con el pro­grama “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Pun­tualizó que cualquier suba impositiva “sí va a tener un efecto en todos los sectores”.

Por otro lado, manifestó que se trata de una opinión suya el planteamiento de ajustar ciertos regímenes vigentes. “Si nosotros miramos algu­nos aspectos como maquila, zona franca, algunos regí­menes especiales, que esta­blecen, por ejemplo, el caso del IVA, que hay exenciones del 50 %. Hay bienes que en vez de pagar el 10 %, pagan el 5 %, entonces es cuestión de estar mirando”, expresó.

“Creo que USD 80 a USD 100 millones fácilmente uno puede recaudar mirando estas leyes especiales, que benefician a sectores par­ticulares. Entonces, me parece importante, me parece interesante que se pueda analizar lo que se llama el gasto tributario”, amplió, reiterando que se trata de una “opinión téc­nica profesional, acerca de este tema que se está deba­tiendo” y no precisamente una posición del gobierno.

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios sugiere no cargar obligaciones sobre sectores productivos.

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP) emitió un comunicado rechazando el incremento de la presión tributaria, manifestada por algunos sectores políticos ante el reclamo médico de una suba salarial generali­zada. El gremio plantea elevar la calidad del gasto del Estado, para no cargar obligaciones sobre sectores productivos.

El gremio empresarial citado “observa con preocupación las iniciativas orientadas a incrementar la presión tri­butaria como respuesta a las dificultades financie­ras del Estado”, indica el escrito publicado. “Antes de solicitar nuevos sacrificios a la ciudadanía, el Estado, a través del gobierno actual, debe demostrar que está dis­puesto a hacer los propios. Esto exige revisar la calidad del gasto, establecer priori­dades, eliminar erogacio­nes injustificadas, fortalecer los mecanismos de control y garantizar que cada recurso público sea administrado con eficiencia y transparen­cia”, agrega.

Mejorar la eficiencia del sistema tributario, atender las deudas y ordenar el gasto serán las prioridades, según explicó el ministro de Economía, Oscar Lovera, quien defendió el proyecto de PGN 2027 presentado ante el Congreso.

PGN 2027 y perspectivas. El Gobierno no prevé subir las tasas de los impuestos ni crear nuevos tributos, pero sí abrió la puerta a revisar exenciones y regímenes especiales que actualmente reducen la recaudación.

El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, afirmó durante una entrevista en Universo 970 que esta será una de las vías para generar mayor espacio fiscal, en paralelo al proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, presentado ayer ante el Congreso.

El proyecto contempla un monto global de G. 166,3 billones (USD 25.754,4 millones), 11,2 % más que el presupuesto de 2026. Lovera aclaró que la comparación en dólares está influida por el tipo de cambio. El presupuesto 2026 fue elaborado con una cotización de G. 7.881, mientras que para 2027 se utilizó G. 6.458. Por eso, el presupuesto vigente de 2026, llevado al tipo de cambio actual, ronda los USD 22.800 millones.

“Nosotros no vamos a tocar tasas de los impuestos o crear nuevos impuestos”, sostuvo Lovera. La revisión se concentra en el llamado gasto tributario, que incluye exenciones, deducibilidades y regímenes especiales.

Según estudios mencionados durante la entrevista, este concepto ronda los USD 1.000 millones, aunque el ministro aclaró que no todo ese monto necesariamente podría convertirse en mayor recaudación.

La discusión apunta a determinar si los beneficios que fueron creados con determinados objetivos siguen teniendo sentido. Como ejemplo, Lovera mencionó la exención para la importación de vehículos flex, vigente desde hace más de 30 años, y señaló que las condiciones que justificaron originalmente ese incentivo cambiaron.

Más inversión y orden de deudas. En el PGN 2027, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tendrá un incremento de 34 %, pasando de unos USD 738 millones a USD 1.000 millones. Además, se prevé sostener más inversiones para viviendas sociales y avanzar con nuevas obras, entre ellas el Corredor del Sur, con una inversión superior a USD 220 millones.

El ministro también destacó el tratamiento de las deudas de Salud. De los USD 1.050 millones de atrasos del Ministerio de Salud, unos USD 850 millones correspondían al sector farmacéutico. Mediante la cesión de derechos de cobro, se estructuraron USD 394 millones en 36 cuotas mensuales de aproximadamente USD 11 millones, permitiendo dar liquidez a proveedores y distribuir el compromiso en el tiempo.

La pulseada salarial. El conflicto con los médicos aparece como otro de los grandes desafíos. Lovera reconoció que el sistema actual presenta una desigualdad entre unos 3.100 funcionarios nombrados, que cuentan con escalafón, y unos 9.000 contratados, cuyo salario permanece plano.

Para el ministro, un aumento generalizado no resolvería esa distorsión y podría encarecer aún más una futura corrección. La propuesta es avanzar hacia una carrera sanitaria viable y discutir eventualmente una asignación transitoria mientras se construye ese esquema.