Cerca del 90 % de las familias en Paraguay vive en sus casas correspondientes o no alquiladas.

Paraguay se posiciona como el país con mayor proporción de hogares propios en América Latina, de acuerdo con esti­maciones de la Comisión Eco­nómica para América Latina y el Caribe (Cepal) y otros organismos internacionales. Cerca del 90 % de las familias en Paraguay vive en vivien­das propias o no alquiladas, un indicador que ubica al país por encima de economías más grandes de la región. Detrás de Paraguay se encuentran paí­ses como México, donde la tasa de propiedad ronda el 80 % en algunas mediciones, y Brasil, con aproximadamente el 74 %. También destacan casos como Ecuador, mientras que en mercados como Argentina y Uruguay el alquiler tiene un mayor peso dentro de la estructura habitacional.

Este dato refleja una caracte­rística histórica del mercado inmobiliario paraguayo: el acceso relativamente senci­llo a terrenos y la posibilidad de construir la vivienda de manera progresiva. Durante décadas, este modelo permi­tió a miles de familias alcan­zar la casa propia sin nece­sidad de financiamiento formal, apoyándose en el crecimiento gradual y en la autoconstrucción. Pero esta dinámica empieza a mostrar señales de cambio. La dis­ponibilidad de terrenos en zonas cercanas a los princi­pales centros urbanos se ha reducido de forma significa­tiva, lo que está modificando las decisiones de las fami­lias. Hoy, la cercanía al tra­bajo, a los servicios y a la vida urbana gana terreno frente al modelo tradicional de casa con patio en la periferia.

Este giro plantea nuevos desafíos para el sector inmo­biliario y para las políticas públicas. Por un lado, se abre espacio para el desarrollo de proyectos verticales y solu­ciones habitacionales más compactas.

Por otro lado, se vuelve clave mejorar el acceso al financiamiento y planificar ciudades más efi­cientes, que reduzcan tiem­pos de traslado y mejoren la calidad de vida.

En ese contexto, aunque Paraguay mantiene un liderazgo regio­nal en acceso a la vivienda propia, el mercado inmo­biliario comienza a transi­tar hacia una nueva etapa, marcada por cambios en las preferencias de los hogares y en la configuración de las ciudades.

Representantes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), liderado por el ministro Marco Riquelme, visitaron la empresa Zipline de EE. UU., encargada de desarrollar sistemas de entrega con drones que están transformando la logística y el acceso a servicios esenciales a través de la tecnología, a fin de acercar a Paraguay este tipo de soluciones para fortalecer sectores productivos estratégicos.

Según explicó Riquelme, la aplicación en el ámbito agropecuario sería importante, ya que la incorporación de drones autónomos podría facilitar la distribución de insumos, optimizar procesos logísticos y contribuir a un incremento en la productividad, especialmente en la ganadería. “Seguimos avanzando para acercar al país alianzas e inversiones que pueden generar un impacto real en la calidad de vida de las personas”, destacó en su cuenta de X.

Lea más: Paraguay abre el mercado boliviano para la carne bovina y porcina

La visita se realizó junto a los viceministros Javier Viveros y Eduardo Gustale, quienes resaltaron que la firma se posiciona como un actor clave en la transformación de la logística, mediante el uso de tecnología avanzada para optimizar la distribución de paquetes en puntos específicos, incluyendo zonas remotas o de difícil acceso.

Este modelo apunta a mejorar la eficiencia operativa, reducir costos de transporte, además de acortar los tiempos de entrega dentro de cadenas de suministro complejas. “Desde una perspectiva industrial, la comitiva del MIC busca que llegue a Paraguay este tipo de soluciones para fortalecer sectores productivos”, mencionó.

Igualmente, las autoridades manifestaron que la tecnología permitiría centralizar centros de distribución y operaciones logísticas, ampliando la cobertura territorial y facilitando el acceso a poblaciones más remotas.

Las actividades se enmarcan en la misión tecnológica a Estados Unidos, donde el Gobierno se encuentra gestionando la llegada de dicha firma al país, de manera a aprovechar estas experiencias, de poner la tecnología al servicio de la comunidad, para lograr un Estado más eficiente y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, indicaron desde la cartera.

En ese sentido, como parte de la agenda las autoridades del MIC recorrieron las instalaciones de la empresa Quirch Foods, para conocer de cerca los procesos logísticos y tecnológicos que permiten el acceso a mercados internacionales de alta exigencia, en la búsqueda de tecnologías que den vida útil a los alimentos para que puedan llegar a los mercados más grandes del mundo.

Lea también: Paraguay busca posicionar alimentos congelados con apoyo tecnológico y logístico

En el marco de la Feria Innovar 2026, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) anunció un convenio con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y el Centro Tecnológico Agropecuario del Paraguay (Cetapar) para impulsar oportunidades de financiamiento y capacitación dirigidas a jóvenes rurales, especialmente egresados de carreras técnicas del sector agropecuario.

El acuerdo se enmarca dentro del programa Jepytaso y apunta a facilitar la inserción productiva de jóvenes mediante una combinación estratégica de acceso a crédito, educación financiera y acompañamiento técnico.

La iniciativa contempla el desarrollo de un programa piloto enfocado en egresados de Cetapar, quienes podrán acceder a financiamiento en condiciones favorables, junto con asistencia durante las primeras etapas de sus emprendimientos.

Te puede interesar: DNIT intensifica controles y suspende locales por no emitir facturas

Según detallaron desde la AFD, Cetapar aportará su experiencia en investigación y asistencia técnica para mejorar la productividad y sostenibilidad de los proyectos, mientras que la AFD y el CAH contribuirán con herramientas financieras y formación en gestión, clave para la puesta en marcha y consolidación de los negocios rurales.

El objetivo central, según la AFD, es fortalecer las capacidades de los jóvenes y generar condiciones reales para su permanencia en el campo, apostando a modelos productivos más innovadores y sostenibles. Finalmente, destacan que el programa Jepytaso se posiciona como una plataforma de articulación público-privada que busca dinamizar el desarrollo rural y cerrar brechas de acceso a financiamiento en el sector.

Lea más: Hot sale 2026 impulsa el ecommerce y abre espacio a mipymes

Estados Unidos y sus aliados en América Latina y el Caribe han abierto una nueva etapa de cooperación antidrogas mediante extradiciones, inteligencia compartida y planes de seguridad que se basan en buena parte en el modelo salvadoreño, a pesar de las críticas de organismos internacionales.

Es el “Escudo de las Américas” que Trump y mandatarios de 16 países (la mitad de la región) anunciaron el pasado 8 de marzo en una cumbre celebrada en Doral (Florida). La agencia antidrogas (DEA) recibió el sábado al narco uruguayo Sebastián Marset, tras su captura en Bolivia, apenas un año después de entrar en la lista de fugitivos más buscados en Estados Unidos.

Marset compareció ante el juez el lunes, tras una expulsión muy rápida por parte de las autoridades bolivianas. Pero la colaboración también pasa entre otros países, como el bombardeo de Ecuador de un campo de entrenamiento de un grupo disidente de las FARC en una zona fronteriza con Colombia.

El presidente colombiano Gustavo Petro denunció ese ataque, pero en entrevista con la AFP, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, reconoció que hay colaboración entre su país, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos para sofocar esos focos de rebelión.

El FBI abrió oficina permanente en Ecuador, cuyo gobierno acaba de declarar toques de queda en las regiones más afectadas por la violencia del crimen organizado. Washington también anunció el pasado viernes el arresto, con fines de extradición, del venezolano Rafael Enrique Gámez Salas, de 40 años, acusado de ser uno de los líderes de “Los Piratas”, la filial chilena de la pandilla Tren de Aragua. Este capo podría ser deportado en breve a Chile.

El gobierno Trump, consciente del giro conservador que tomó la región, parece decidido a acelerar el paso, antes de que se abra otro ciclo político contrario a sus intereses. La colaboración pasa en ocasiones por otros caminos más inesperados. El Departamento de Seguridad Nacional anunció en enero la detención del chileno Armando Fernández Larios, ex militar y agente de la DINA, la temida policía política del régimen de Augusto Pinochet.

Larios, que se había declarado culpable del asesinato del ex ministro chileno Orlando Letelier en Washington en 1976, vivía desde finales de los años 1980 en Estados Unidos.

Tras casi cuatro décadas podría ser expulsado en breve a su país, según confirmó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional a la AFP.

Con Brasil, México y Colombia, que no acudieron a la cumbre de Doral, la cooperación en inteligencia se mantiene, según reconocen los mandatarios de esos países y fuentes diplomáticas en Washington.

Trump mantiene la presión sobre la mexicana Claudia Sheinbaum, como demuestra la violenta operación que acabó con la muerte del capo Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“La presión económica del presidente Donald Trump y sus veladas amenazas militares la han obligado a actuar”, considera Amanda Mattingly, ex diplomática y fundadora de ACM Global Intelligence.

Con Brasil, el próximo capítulo de una relación con altibajos podría ser la designación oficial de dos poderosas facciones criminales, Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital (PCC), como grupos terroristas. Esa denominación provoca tensión en el gobierno brasileño.

Interrogado por la AFP, un portavoz del Departamento de Estado indicó que Washington no “anticipa posibles designaciones como organizaciones terroristas”, pero que está “comprometido a tomar las medidas apropiadas contra grupos extranjeros que participen en actividades terroristas”.

Esa lucha que incluye nuevos y controvertidos aspectos como los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, provocan alarma entre algunos países de la región.

“Estas ejecuciones extrajudiciales en serie violan gravemente el derecho a la vida”, denunció el relator especial de la ONU para la lucha contra el terrorismo, Ben Saul, durante las audiencias que acaba de celebrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Guatemala. “La CIDH carece de competencia para examinar las cuestiones (que) se refieren a la interpretación y aplicación del derecho internacional humanitario”, reaccionó el Departamento de Estado.

Fuente: AFP.