El exsenador argentino Edgardo Darío Kueider y su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa enfrentarán juicio oral por supuesto contrabando. Así resolvió el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.

El fiscal del caso Ysrael Villalba, se ratificó en su acusación debido a que ambos procesados habrían intentado ingresar en diciembre del 2024 más de USD 211.000, así 3.900.000 pesos y G. 640.000, sin declarar el dinero ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

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Ahora se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar al exparlamentario del vecino país así como a su secretaria por el hecho punible de contrabando.

El juez penal de garantía Rolando Duarte decretó el arresto domiciliario con el uso de tobillera electrónica al exsenador Argentino Edgardo Kueider y de su secretaria Iara Guinsel, quienes son requeridos por la justicia Argentina por lavado de dinero. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de identificación llevada a cabo en Palacio de Justicia.

El pedido de extradición fue pedido del juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro, cuya magistrada es Sandra Arroyo Salgado, quien sostiene que Kueider, exsecretario general de la Gobernación de Entre Ríos y actual exsenador nacional, utilizó su cargo público para beneficiar a empresas privadas a cambio de sobornos y blanquear millonarios fondos ilícitos mediante operaciones inmobiliarias, vehículos de alta gama y cuentas bancarias en el sistema financiero local e internacional.

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El sector supermercadista atraviesa por un proceso de recuperación sostenida tras años especialmente desafiantes desde la pandemia. Desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) celebran el crecimiento del 8 % en la actividad comercial, lo que refleja no solo una mejora en el sector, sino también una contribución concreta a la dinamización de la economía nacional.

A través de un comunicado, la Capasu detalla que todos los supermercados asociados a la cámara generan más de 30.000 empleos directos y decenas de miles de puestos indirectos, impulsando con fuerza toda su cadena de valor.

“Nuestros establecimientos son más que puntos de venta, representan cercanía, higiene, inocuidad, seguridad, calidad, variedad, precios competitivos, innovación y modernidad para millones de consumidores”, indican.

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En ese contexto, mencionan que este 30 de julio, las empresas formales ajustan sus planillas salariales para otorgar a sus trabajadores el aumento del salario mínimo, conforme establece la normativa vigente. Mientras tanto, una gran parte de la población, aquella que se encuentra al margen de la formalidad, seguirá observando desde afuera, sin acceso a los derechos y beneficios que otorga el país formal, pero igualmente será impactada por los efectos de este reajuste.

“Es momento de que Paraguay avance hacia una sola realidad, una donde los derechos laborales sean una norma, y no un privilegio, donde el salario mínimo represente un punto de partida y no un techo, donde todos los ciudadanos puedan construir un futuro con oportunidades reales”, reclaman.

Sostienen que alcanzar ese país posible requiere de voluntad política firme para combatir la informalidad y el contrabando, reducir la burocracia, garantizar condiciones justas para competir, y fortalecer la institucionalidad.

“Desde Capasu, renovamos nuestro compromiso con esta visión, y seguimos trabajando junto a todos los actores que creen en un Paraguay más justo, más inclusivo y más formal”, resaltan.

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También recuerdan que el 80 % de los productos comercializados por sus asociados tiene origen nacional. Esa cifra revela una verdad fundamental, que el sector supermercadista es uno de los principales motores de la producción y la industria local.

Desde la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) advirtieron a todos los productores sobre algunas empresas que estarían proponiendo contratos que incluyen compromisos con la Reglamentación 1115, Ley de la Unión Europea. En ese sentido, recordaron que no corresponde aplicar una medida extranjera en los contratos de venta firmados en nuestro país.

“Instamos a los productores que revisen y analicen cuidadosamente las cláusulas de los contratos con los que comprometen la venta de su producción de la zafra 2025/2026 antes de firmarlos pues podrían tener asociadas multas, sobrecostos y descuentos importantes aplicados”, indicaron en un comunicado.

Además, mencionaron que aceptar vender o no vender a la Unión Europea (UE) es una decisión libre de cada uno de los productores y no puede ser una ”obligación impuesta unilateralmente a los productores de Paraguay”, que desconocen los alcances de las exigencias de la UE 1115 y los compromisos que implican o simplemente no quieren vender al bloque.

Ante cualquier duda sobre los compromisos que vayan a asumir en los contratos, solicitaron que los productores pidan asesoramiento y explicaciones. “Reiteramos la advertencia a todos los productores de no firmar contratos que incluyan alguna referencia al reglamento 1115 sin comprender plenamente de los compromisos que implican”, enfatizaron.

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La Reglamentación 1115 de la Unión Europea se trata de una normativa que establece requisitos en cuanto a la sostenibilidad y trazabilidad de productos agrícolas que llegan al mercado europeo, con un enfoque particular en la lucha contra la deforestación.

Con esta normativa el mercado europeo regula el comercio de determinadas materias primas y derivados, cuyo objetivo es evitar el ingreso de productos, específicamente, los que provengan de territorios considerados como deforestados.

Además, exige responsabilidades adicionales en cuanto a documentación, verificación de origen y auditorías que pueden resultar complicadas o costosas, lo que genera preocupación entre algunos productores que desconocen los alcances de la ley o no están preparados para asumir estos compromisos, habían detallado desde la Unión de Gremios de la Producción.

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El ministro de Defensa Nacional, Óscar González se refirió a la defensa del espacio aéreo y protección territorial que está encarando el gobierno de Santiago Peña mediante una histórica inversión en la adquisición de los aviones Super Tucano, así como radares que serán incorporados próximamente. También destacó la confianza del Ejecutivo en las acciones que despliegan las fuerzas de seguridad contra el crimen organizado.

“Verdaderamente es una inversión histórica, eso hay que reconocer, valorar y, desde nuestro punto de vista de la Defensa y de las Fuerzas Armadas de la Nación, tenemos que agradecer al señor presidente, porque esa una decisión política muy importante la que tomó y aplicó, él anunció y después se hizo”, indicó el general, este viernes, en el estudio de Nación Media, entrevistado durante el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM.

Detalló que son USD 150 millones de inversión inicial, de los cuales USD 105 millones se destinaron para la compra de los aviones Super Tucano, y USD 45 millones para los radares y un sistema de mando y control, “que va a servir no solamente para ese radar, sino a otros que van a ser adquiridos posteriormente”.

“Son 150 millones de dólares invertidos por este Gobierno para la Defensa Nacional, que enfrenta a una nueva forma de amenaza, porque existen las hipótesis de conflicto y en base a eso se hacen los planes. Nosotros no tenemos hipótesis de conflicto de guerra convencional, pero sí tenemos la realidad, que las nuevas amenazas son el crimen organizado y el terrorismo, entonces las Fuerzas Armadas tienen que ser equipadas, respondiendo a esas amenazas”, sentenció.

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Por otra parte, el ministro de Defensa refirió las labores que vienen realizando la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), principalmente en el norte del país, en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Explicó que las Fuerzas Armadas están habilitadas para la defensa dentro del territorio nacional y, en ese marco, se vienen concretando fuertes golpes a los grupos criminales.

“Los elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación, a partir del 2014 con la modificación de la ley 1337, que incluye la palabra ´interna’, las Fuerzas Armadas pueden ser utilizadas cuando hay una amenaza a la soberanía externa, decía la ley anterior, y se le incluyó la amenaza interna, entonces, a partir de ahí se pueden utilizar los elementos de combate en el territorio nacional, pero con el cuidado doctrinario y de naturaleza de las Fuerzas Armadas”, explicó en el programa de GEN.

Uno de estos golpes se está dando en el departamento de Canindeyú, donde se instaló la Subárea de Pacificación de la FTC ante la amenaza que representaba el grupo criminal liderado por Felipe Santiago Acosta, alias Macho. El ministro resaltó que ya se vienen dando importes golpes a esta organización criminal, propiciando su debilitamiento en dicha zona.

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“Las operaciones contra el crimen organizado, en este caso contra el crimen organizado, se realizan por etapas, hay que darles tiempo a las fuerzas para que cumplan con la misión. Lo primero que se consiguió fue justamente, que no se tenga más el concepto que en el Norte manda ‘Macho’, eso cambió totalmente desde que nos instalamos ahí”, refirió.

Manifestó que “este criminal dejó de tener esa libertad de movimiento que tenía anteriormente, según las informaciones que tenemos, pero todavía no cumplimos la misión de ponerlo a disposición de la justicia, mientras eso nosotros no hagamos, no podemos decir que estamos tranquilos y con la satisfacción del deber cumplido”.

“Estamos realizando intensas tareas de inteligencia, y la inteligencia dice a la parte operativa dónde debe actuar y así lo estamos haciendo. Ya se dieron varios golpes importantes a la estructura, no solamente de este señor, sino de otras estructuras criminales, y esperemos que se dé el resultado que queremos, y eso va a ocurrir”, aseguró.