La presidenta de la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP), Patricia Niela, refutó la respuesta que brindó el ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, con relación a la derogación de una resolución en 2022. La normativa consistía en que las empresas textiles que precisaban exportar, debía contar con una visación del gremio, a lo que el titular del MIC llamó como “inconstitucional”.

“Por un lado, si no existe una ley que diga que es un tributo que se tenga que pagar, no es inconstitucional, porque es un visado con el que nosotros garantizamos que la producción es paraguaya. Y por otro lado, el MIC no nos llamó a consultar siquiera de qué manera podría afectar esa derogación”, expresó a La Nación/Nación Media.

Sobre el punto, la titular del gremio aseveró que el impacto al sector textil es enorme, porque lo que se está haciendo al eliminar la Resolución n.° 234 que ya data de 1991 y estuvieron trabajando por más de 30 años de esa forma, es que se está generando la triangulación de prendas, afectando no solo a la industria nacional, sino también al comercio y la imagen país.

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Con la triangulación de prendas, lo que está pasando es que algunos empresarios al parecer negocian con sus pares de países vecinos, que importan de China cantidades de gran volumen, que lo hacen ingresar por Paraguay, se le cambian las etiquetas y de esa forma no pagan los altos impuestos al reenviarse entre países del Mercosur por los convenios comerciales.

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El sector textil lamenta que no hayan sido consultados siquiera para la derogación de una resolución, con el que se garantizaba la producción nacional de calidad. Foto: Archivo

Perjuicio imagen país

“Un ejemplo concreto, un importador de Brasil que quiere traer dos millones de unidades de cierta prenda de China, tiene que pagar 38 a 40 % de arancel porque ellos tienen impuestos altos, pero al entrar acá, es menor, y eso hacen algunas empresas, que reexportan los productos de otro origen como producción nacional”, explicó la referente.

Por lo tanto, el daño, además del económico para el sector, es también a la competitividad, pues muchos de los compradores también se contactaron con la AICP, preocupados por la situación de que se está perdiendo la garantía sobre la calidad país en el rubro.

Niela aseveró a la vez, que lo que hacían como AICP es justamente eso, garantizar la producción nacional, porque como gremio del rubro contaban con todos los registros de la capacidad operativa de las industrias y empresas textiles que producen, y al saltar un pedido de visación de grandes volúmenes que no coincidían con la capacidad de producción, llamaba la atención y por ende eran rechazados.

Sobre esto fue que el ministro Castiglioni indicó que la resolución en cuestión, “era inconstitucional y dificultaba el comercio, nosotros como país somos signatarios de acuerdos de facilitación, para lo cual existe una comisión, y ese decreto era una traba porque cargaba con una tasa a la industria que produce textil”, expresó.

Según el ministro, lo que hizo el ministerio derogando ese decreto fue facilitar el comercio, la producción y eliminar tasas e impuestos que no eran precisos, a modo de ser más competitivos y que se pueda exportar con mayor facilidad, según indicó este lunes a la prensa tras un acto en la institución.

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