Desde el Sindicato de Profesionales del Instituto de Previsión Social (IPS) celebran la medida tomada en detener el avance de la millonaria licitación aprobada por el Consejo Directivo de la institución y el propio Poder Ejecutivo, de otorgar mediante una tercerización los servicios de lavado y planchado de indumentarias hospitalarias.
“Esto no fue fácil, pero estamos muy contentos por la decisión tomada por el juez en suspender la licitación, ya es una sentencia definitiva, y ganamos todos los asegurados, los cotizantes”, expresó Sergio Lovera, presidente del Sindicato de Profesionales del IPS, a “Así son las cosas”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media.
Esto, luego de que el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú haya suspendido este lunes último la controvertida licitación para el servicio de lavado y planchado de ropas hospitalarias de la previsional por USD 67.000.000 y por un plazo de 10 años, incluso, como se había aprobado vía Consejo de Directorio.
El mencionado magistrado atendió y apoyó el recurso de amparo constitucional promovido por el Sindicato de Profesional del IPS, con lo que queda en vigencia la resolución judicial emitida en fecha 5 de junio, que indica que se debe detener la cuestionada licitación por no contener un fundamento técnico sostenible sobre la urgencia del llamado, alegando inconsistencias.
Lea también: Gremio aportante al IPS exige que millonaria licitación sea rectificada
Fundamentos técnicos
Lovera explicó también a la 650 AM el procedimiento empleado, ya que como técnicos del IPS presentaron un amparo fundamentado técnicamente, incluso con un cuadro comparativo, cálculo objetivo y estudio de factibilidad, en el que se demuestra que el servicio pretendido no pasa de los USD 9 millones.
“Era un asalto a mano armada, el artículo 25 dice que el uso indebido de fondos jubilatorios es un crimen de lesa humanidad. Qué pasa si tenemos otra pandemia y no tenemos de dónde sacar fondos”, indicó.
Al tiempo de agregar que los fondos que se podrían comprometer en el siguiente ejercicio fiscal pueden llegar solo hasta un 20 % de la disponibilidad presupuestaria y no por 10 años como se pretendía, celebrando el resultado final.