A petición del vicepresidente segundo de la Cámara Alta, senador Dionisio Amarilla, los miembros de la mesa directiva recibieron este lunes a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, con el objeto de interiorizarse sobre la situación de los trabajadores de prensa y, en general, respecto al cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece un incremento del 5 % del salario mínimo legal desde el 1 de julio del corriente año.

La reunión estuvo encabezada por el su titular, el senador Basilio Núñez, quien junto con los líderes y vicelíderes de bancadas recibieron el informe de la secretaria de Estado, sobre la situación laboral de los trabajadores de prensa.

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Al respecto, el senador Amarilla había solicitado información sobre las diligencias realizadas ante el Ministerio de Trabajo respecto a eventuales denuncias formales presentadas por trabajadores de medios de comunicación, la existencia de contratos colectivos invocados por las empresas y si esta situación afecta exclusivamente a los medios de prensa o constituye una práctica extendida en otros sectores.

Asimismo, el presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, enfatizó la necesidad de conocer con exactitud si el incremento del 5% del salario mínimo legal vigente se aplica a todos los trabajadores y, específicamente, a los trabajadores de prensa.

En ese sentido, la ministra Mónica Recalde explicó que tomaron conocimiento de las denuncias a través de las publicaciones realizadas por diferentes gremios de periodistas. Señaló que se solicitó la conformación de una mesa tripartita con representantes de los distintos medios de comunicación, a fin de analizar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo.

La ministra remarcó que el contrato colectivo del gremio de prensa data de 1997 y se encuentra actualmente vigente, pero no ha vuelto a ser negociado, pese a que en diferentes ocasiones se intentó avanzar en su actualización. Agregó que otro de los pedidos específicos del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) consiste en contar con una interpretación o dictamen sobre los alcances jurídicos del artículo 29, en relación con los ajustes salariales.

“Lo que tenemos como Estado es regular el salario mínimo legal. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo, estableció que el salario mínimo no puede ser reajustado para todos, sino que solo debe ser reajustado el piso mínimo legal; los reajustes superiores al salario mínimo tienen que darse por contrato colectivo o por contratos individuales de trabajo”, señaló la ministra.

Por su parte, el senador Dionisio Amarilla refirió que presentó un proyecto de Declaración que insta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a realizar los controles correspondientes para verificar el cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece el incremento del salario mínimo legal y de las condiciones estipuladas en los contratos colectivos de trabajo.

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Mientras el salario mínimo volvió a incrementarse un 5 % para compensar parcialmente la inflación, el umbral de ingresos para tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) continúa fijado en G. 80 millones anuales desde 2020. La falta de actualización del mínimo imponible provoca el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que incorpora cada vez a más trabajadores al régimen tributario sin que necesariamente haya mejorado su capacidad económica.

“Nada es seguro, excepto la muerte y los impuestos”. La célebre frase atribuida a Benjamín Franklin mantiene plena vigencia más de dos siglos después. En Paraguay, sin embargo, la realidad tributaria incorpora un elemento adicional que afecta silenciosamente a miles de asalariados: mientras los salarios se ajustan año tras año para acompañar la inflación, el ingreso mínimo para comenzar a tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) permanece inalterable desde hace seis años.

Desde el 1 de julio, el salario mínimo aumentó un 5 %, pasando de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 mensuales. Como ocurre cada año, el reajuste busca preservar parcialmente el poder adquisitivo frente al incremento del costo de vida.

Sin embargo, el mínimo para quedar alcanzado por el IRP-Rentas y Prestación de Servicios Personales (IRP-RSP) continúa fijado en G. 80 millones brutos anuales, exactamente el mismo monto establecido para el ejercicio fiscal 2020.

Esta diferencia entre la evolución de los salarios y la inmovilidad del umbral genera un fenómeno ampliamente estudiado en economía pública denominado “arrastre fiscal” o bracket creep. Consiste en que la inflación y los aumentos nominales de los ingresos hacen que cada vez más personas ingresen al sistema tributario, aunque en términos reales mantengan prácticamente el mismo nivel de vida.

Zunilda Trinidad, consultora organizacional y especialista en proyectos de inversión y auditoría, explica que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) no tiene atribuciones para modificar ese monto por decisión propia.

“El umbral de G. 80 millones está establecido por la Ley 6380/19. Su modificación requiere un cambio en el marco legal. A diferencia de la legislación anterior, la actual no contempla un mecanismo automático de actualización del mínimo imponible según la inflación”, señala.

En consecuencia, más que una decisión administrativa, la permanencia del umbral responde a la ausencia de una reforma legislativa que adapte el monto a la evolución de los precios.

Cada año el límite vale menos. Aunque nominalmente el mínimo imponible continúa siendo de G. 80 millones, su valor económico se redujo de manera importante desde 2020.

La inflación acumulada durante los últimos seis años disminuyó el poder adquisitivo de ese monto. Si el límite hubiera sido ajustado para mantener el mismo valor real que tenía cuando fue fijado, actualmente se ubicaría aproximadamente entre G. 105 millones y G. 108 millones, según la inflación acumulada del período.

En otras palabras, el umbral vigente conserva apenas alrededor del 76 % del poder adquisitivo que tenía originalmente.

Como consecuencia, numerosos trabajadores que únicamente recibieron incrementos destinados a compensar la inflación hoy superan el límite legal y deben inscribirse en el IRP, aun cuando su situación económica real prácticamente no haya cambiado. ¿Pierde poder adquisitivo el trabajador?

La consultora tributaria Cinthia Ayala Maciel, de Inversiones Paraguay, sostiene que el efecto debe analizarse desde dos perspectivas. En primer lugar, explica que el impacto directo del impuesto suele ser moderado.

“El IRP grava la renta neta y posee una estructura progresiva, con tasas del 8 % y del 10 %. Por ello, quien recién supera el umbral normalmente no enfrenta una carga tributaria elevada”, señala.

Sin embargo, considera que el aspecto más relevante está en los costos asociados al cumplimiento de las obligaciones tributarias.

“La inscripción en el registro, la presentación de declaraciones, la conservación de documentos respaldatorios y, en muchos casos, la contratación de un contador o de servicios de teneduría de libros representan gastos que son prácticamente iguales para quien apenas supera el umbral y para quien obtiene ingresos considerablemente mayores”, explica.

Ese fenómeno provoca que los costos administrativos tengan un peso proporcionalmente mayor sobre los contribuyentes de menores ingresos dentro del propio universo alcanzado por el impuesto.

Menor ingreso disponible. El efecto del arrastre fiscal no implica necesariamente una pérdida automática del poder adquisitivo, pero sí puede reducir el ingreso disponible de los trabajadores.

Una parte de los reajustes salariales destinados a compensar la inflación termina absorbida por el pago del impuesto y por los costos administrativos derivados de cumplir con las obligaciones tributarias.

Un ejemplo permite visualizar el fenómeno. Un asalariado que en 2020 percibía G. 78 millones anuales no estaba alcanzado por el IRP. Si durante los años siguientes únicamente recibió incrementos equivalentes a la inflación, hoy podría superar los G. 100 millones anuales sin haber experimentado una mejora significativa en su capacidad económica. Sin embargo, al mantenerse congelado el mínimo imponible en G. 80 millones, pasa a integrar el universo de contribuyentes.

Especialistas en política fiscal sostienen que este mecanismo modifica gradualmente la carga tributaria sin necesidad de elevar las alícuotas ni crear nuevos impuestos. Basta con que el mínimo imponible permanezca inmóvil mientras los salarios nominales continúan creciendo.

Mientras el salario mínimo sigue ajustándose para intentar preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, el piso del IRP permanece congelado desde 2020. En ese contexto, cada nuevo reajuste salarial acerca a más paraguayos al régimen tributario, ampliando la base de contribuyentes mediante el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que cobra cada vez mayor relevancia en un escenario de inflación acumulada y salarios en constante actualización.

El Banco Central del Paraguay (BCP) dio a conocer los resultados de la encuesta sobre la Situación General del Crédito (SGC) correspondiente al segundo trimestre del año, donde el 81,8 % de los encuestados consideró que la coyuntura económica fue óptima para otorgar créditos al sector privado. Asimismo, las expectativas sectoriales para los próximos 3, 6 y 12 meses se mantuvieron en zona de optimismo.

La banca matriz informó que este resultado fue superior al observado en el trimestre anterior y al registrado en el segundo trimestre de 2025. Del total de entidades participantes, el 72,7 % correspondió a bancos, el 18,1 % a financieras y el 9 % a otras entidades de crédito.

Las carteras de agricultura y consumo se mantuvieron con una expectativa de evolución más positiva con el 54,5 % de los encuestados, mientras que con respecto a los siguientes 12 meses, vivienda y agricultura tuvieron al 59 % de los encuestados que consideraron que seguirán creciendo durante el próximo año.

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En tanto, el índice de confianza alcanzó un valor de 65,91 que fue superior al resultado del trimestre previo que arrojó 64,77 y al dato registrado en el mismo trimestre del 2025 que registró 65,63. Los índices de difusión de las expectativas sectoriales continuaron en zona de optimismo en los plazos de 3, 6 y 12 meses.

Durante el segundo trimestre de 2026, los encuestados respondieron que entre los principales aspectos evaluados para conceder créditos se encontraron, en primer lugar, el aspecto económico, seguido del aspecto climático y del aspecto jurídico. Por otra parte, los principales motivos que obstaculizaron la concesión de créditos al sector fueron el historial del cliente, la falta de información del cliente, la escasa garantía por parte del prestatario y los proyectos no rentables.

Asimismo, señalaron que el 86,3 % de las entidades financieras encuestadas rechazó al menos una solicitud de crédito en los últimos 3 meses, principalmente debido al historial del cliente, a las dudas sobre la situación financiera de la empresa o persona solicitante y a la falta de información financiera de los nuevos solicitantes.

Además, las entidades reportaron que, según los comentarios recibidos de los tomadores de créditos, el proceso de negociación se vio condicionado principalmente por la burocracia y las tasas de interés elevadas. “La mayoría de los encuestados mencionó que existen muchas diferencias en los requisitos normativos para la concesión de créditos entre las entidades financieras reguladas por el BCP y las no reguladas por la autoridad monetaria”, mencionaron.

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Llegaron a los USD 13.702 millones, lo que representa un incremento de 22,47 % comparando con el primer semestre de 2025.

El Banco Central del Paraguay (BCP) dio a conocer su Informe de Indicadores Financieros con datos del cierre del pri­mer semestre del año. Se destaca el dinamismo pre­sentado en los créditos en dólares, que se expandieron por encima del 20 % y hasta más del 60 % en ciertas acti­vidades.

Los créditos totales en moneda extranjera llegaron a los USD 13.702 millones, lo que representa un incre­mento de 22,47 % compa­rando con el primer semes­tre de 2025. En ese sentido se destaca ampliamente el sec­tor de los servicios que pre­senta un desarrollo de 67,45 %, llegando a los USD 1.961 millones.

La cartera de la construcción también exhibió un impor­tante incremento, con 45,32 %, llegando a los USD 289 millones. En el caso de la vivienda, los créditos suma­ron más de USD 140,9 millo­nes, significando 43,09 %.

Las actividades más impor­tantes sobre el global son la agricultura y el comercio al por mayor, con USD 3.988 millones y USD 2.206 millo­nes, respectivamente.

Con relación a la cartera total, combinada con moneda local y extranjera, la fotografía de lo que está ocurriendo es totalmente distinta. El monto global alcanza los G. 192,6 billones, con una expansión interanual de 3,77 %.

La actividad con mayor importancia sobre el total es el consumo, con más de G. 38,3 billones, con un desa­rrollo interanual de 22,84 %, mientras que la agricultura alcanza los G. 27,3 billones, representando reducción de -11,75 %.

En tercer lugar, se encuen­tra el comercio al por mayor, con G. 25,3 billones, tam­bién con una disminución, de -4,86 %.

En una de las últimas observa­ciones realizadas por el regu­lador, se analiza la expansión de los depósitos y créditos. Los créditos en moneda local aumentaron en el último año 11,06 %, mientras que en dóla­res se incrementaron 22,47 %. En cuanto a los depósitos, el desarrollo en moneda local es de 18,26 %, mientras que en dólares creció 21,32 %.