La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) decidió realizar un cambio en su política financiera con el objetivo de que las reducciones en las tasas de interés lleguen más rápido a los usuarios del sistema. Es lo que explicó su gerente general, Fernando Lugo, al referirse al nuevo esquema de revisión periódica de tasas que la banca pública de segundo piso comenzó a aplicar.

Hasta hace poco, la AFD revisaba sus tasas de interés de manera anual o solo ante variaciones extremas del mercado. Sin embargo, el nuevo enfoque busca mayor agilidad, dijo Lugo a la 1020 AM. La institución ahora monitorea las condiciones financieras con mayor frecuencia para acompañar el comportamiento del mercado y trasladar esos movimientos a los créditos otorgados a través de bancos, financieras y cooperativas.

El objetivo es claro: si el costo del dinero baja, el beneficio debe llegar antes a los préstamos productivos y habitacionales. La entidad pretende alinearse con el sistema financiero y evitar que exista un retraso entre la reducción de tasas en el mercado y su impacto en el crédito.

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El cambio se da en un contexto favorable para la AFD tras la mejora de perspectiva de S&P Global Ratings, que la dejó a un paso del grado de inversión. Este escenario fortalece su capacidad de fondeo en condiciones más competitivas y permite trasladar esas mejoras al financiamiento de largo plazo en la economía local.

Además, la institución cuenta con un fuerte respaldo estatal, un elemento valorado por las calificadoras de riesgo. La garantía del Estado y su participación en políticas públicas son factores que influyen en su perfil crediticio y en la posibilidad de nuevas mejoras de calificación.

Según explicó Lugo, para alcanzar un siguiente nivel de calificación se deberán consolidar dos aspectos, una mejora adicional en el sistema financiero paraguayo y la continuidad del rol de la AFD dentro de las políticas públicas de desarrollo. Ambos puntos son considerados clave por las agencias calificadoras.

En términos económicos, el impacto potencial es relevante. Una AFD mejor calificada puede conseguir recursos más baratos y a plazos más largos, lo que se traduce en créditos más accesibles para vivienda, inversión productiva, pymes y sector agropecuario. El objetivo final es que las familias paraguayas y las empresas puedan acceder a financiamiento en condiciones más favorables.

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El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, se reunió con autoridades de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) para analizar la capacidad productiva nacional de tomate, fortalecer el contacto directo entre productores y cadenas comerciales y evitar distorsiones en los precios al consumidor final.

Desde el MAG sostienen que actualmente existe producción suficiente para abastecer el mercado interno sin necesidad de importaciones. Durante el encuentro, Giménez destacó que el objetivo es que la Capasu mantenga un contacto más directo con los productores para reducir intermediaciones que inciden en el precio final.

“Queremos que la estabilidad de precios llegue a los consumidores finales”, afirmó el titular del MAG, quien además aseguró que el Gobierno monitoreará de forma permanente la evolución de los precios para evitar subas abruptas.

El presidente de Capasu, Gustavo Lezcano, explicó que el gremio recibió información detallada sobre la dinámica actual de la producción y anunció la organización de una rueda de negocios para estrechar vínculos entre supermercados y productores. Señaló que el objetivo es reducir la distorsión de precios y garantizar calidad y precios accesibles para el consumidor.

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Desde el MAG resaltaron que el año pasado se habilitaron importaciones de tomate debido a un déficit de producción local, pero que la situación cambió gracias a un programa de producción durante todo el año. Según la cartera agropecuaria, el plan dejó de ser piloto y se consolidó como política oficial para asegurar el abastecimiento continuo.

En ese contexto, el ministro informó que recientemente ingresaron al Mercado de Abasto unos 20.000 kilos de tomate de producción nacional, lo que refleja, según indicó, la capacidad actual del sector para cubrir la demanda interna.

La reunión se concretó tras un comunicado previo de Capasu en el que el gremio solicitaba la liberación de importaciones. Desde ambas partes destacaron la importancia del diálogo para equilibrar la cadena comercial, proteger al productor local y asegurar precios razonables para los consumidores.

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Esta semana la Cámara de Diputados dará entrada y posible­mente tratará el proyecto de ley de reforma de la Caja Fis­cal, el esquema previsional de la administración pública que se encuentra en saldo rojo.

Las autoridades económi­cas sostienen que hay dos aspectos que son claves para lograr su sostenibilidad: edad mínima y mayores aportes. Hoy, la situación financiera de la caja es crítica; ya que desde 2028, la Caja Fiscal dejará de sostenerse con sus propios recursos y pasará a depender íntegramente de los aportes corrientes y de trans­ferencias del Tesoro.

El punto de quiebre está fijado en 2027, cuando se agotará el fondo de reserva del Programa Civil. A par­tir de allí, el sistema ope­rará con déficit corriente: entre 2027 y 2031 se pro­yecta un rojo promedio de USD 796 millones por año, que acumulará USD 3.982 millones en ese quinquenio, una cifra que es aún más nefasta al considerar que de no hacerse la reforma esos fondos se cubrirán con impuestos o recursos del Tesoro.

La reforma que plantea la administración del presi­dente Santiago Peña señala que el escenario puede cam­biar de forma significativa con ajustes paramétricos, como la introducción de una edad mínima de 57 años, el aumento del aporte al 22 % (19 % el aportante y 3 % el Estado) y el cálculo del haber sobre los últimos 5 años per­mitirían reducir el déficit en 61,6 %, bajando ese rojo pro­yectado a USD 306 millones en el mismo periodo y gene­rando un ahorro anual para el Tesoro de USD 573 millo­nes.Según datos del Minis­terio de Economía y Finan­zas (MEF) el déficit actual acumulado de la Caja es de 13.313 millones de dólares (Programa Civil) y 18.663 millones de dólares, en total, si se incluye a las fuerzas públicas.

La Cámara de Diputados sesionará el próximo jueves de manera extraordinaria para tratar este proyecto de ley clave.

Se desconoce si finalmente se estudiará ese día o si remitirá a comisiones para sus res­pectivos dictámenes, aun­que también el pleno podría declararse en comisión.

Un sector de los legislado­res de la oposición pidió más tiempo para el debate, mien­tras que otras bancadas con­sideran que el proyecto debe ser estudiado ya debido a la urgencia de cortar la sangría financiera que provoca la caja.

La principal discusión gira en torno a la edad mínima, un aspecto que es innegociable –aunque por distintos funda­mentos– tanto para autorida­des económicas como para el sector docente.

El ministro de Educación y Ciencias, Luis F. Ramírez, recalcó que esta reforma antes que perjudicar al docente le favorece. “Yo creo que hoy hay más puntos de acuerdo que en desacuerdo. No es que esta ley vaya en contra del maestro, va a favor del maestro, y eso entendemos todos; porque si no se reforma, el maestro en tres años más no cobrará más su jubilación”, señaló el secretario, quien también fue consultado estos días si el tratamiento en la Cámara Baja el próximo jueves 5 de febrero no era un proceso a las apuradas.

“Se hicieron dieciocho audiencias públicas. Yo no sé si eso es tambor batiente o si eso es algo que no se abrió circuito y espacio para el diálogo. Todas las mesas técnicas que se pidieron se hicieron y se siguen haciendo”, destacó el secre­tario de Estado.

Según cálculos actuariales realizados por técnicos del Ministe­rio de Economía y Finanzas (MEF), para que la Caja Fiscal pueda sostenerse sin provocar una sangría financiera que requiera el socorro de los recursos del Tesoro se requieren cinco (5) aportantes activos por cada pasivo (por cada jubilado). Sin embargo, hoy el desfasaje es grande.

Al cierre del año 2023 se registraban tres afiliados activos por cada pasivo; pero esto tiende a agravarse en varios regímenes ya que la relación baja a poco más de dos. La esperanza de vida al jubilarse alcanza 19 años para los hombres y 21,4 años para las mujeres, lo que aumenta la duración de los pagos de pensiones.

Desde el Ministerio de Economía no hay dudas que para equilibrar los números hay que eliminar años de jubilación diferenciados. La gerente de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finan­zas (MEF), Liz Coronel, explicó que la principal medida para equi­librar la Caja Fiscal pasa necesariamente por establecer una edad mínima de jubilación.

El proyecto de ley de reforma presentado por el Gobierno establece que esta edad sea entre 57 y 62 años. Coronel explicó que “en la Caja Fiscal están cotizando 83.000 docentes. Y lo que pasa es que ellos se jubilan temprano y luego van a trabajar al sec­tor privado”, señaló a la 730 AM. Recordó que los educadores del sec­tor privado están en el régimen general, y para acceder al beneficio tienen que tener 60 años de edad y 25 años de aportes, aunque tam­bién pueden acceder a la jubilación extraordinaria.

En la Policía Nacio­nal también hay agentes que se jubilan a los 31 años, por lo que insistió en que necesariamente se tiene que modificar la edad para ser bene­ficiario dentro de la Caja Fiscal. “Esa es una condición innegociable. Tenemos que poder meter esa edad mínima”, afirmó.

La decisión del Banco Central del Paraguay (BCP), de reducir su tasa de política monetaria de 6,00 % a 5,75 % responde a un escenario de inflación controlada y menor presión cambiaria, y apunta a sostener el crecimiento económico mediante mejores condiciones de financiamiento.

El economista César Paredes explicó a la 1020 AM que el mercado ya anticipaba este movimiento, luego de que la inflación cerrara el 2025 en 3,1 %, por debajo de la nueva meta oficial de 3,5 %. Este contexto habilitó al BCP a iniciar un proceso de flexibilización monetaria sin comprometer la estabilidad de precios.

Según el analista, todavía podría darse algún ajuste adicional a la baja en la tasa, de forma gradual. Consideró que un nivel cercano al 5,5 % sería más consistente con el actual ritmo inflacionario, ya que una tasa del 6 % resulta elevada frente al comportamiento de los precios.

No obstante, advirtió que la trayectoria futura dependerá de la evolución del dólar y de las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.

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La menor presión sobre el tipo de cambio es uno de los factores que permite este giro. Paredes señaló que el aumento de las reservas internacionales y la debilidad global del dólar reducen el impacto de los productos importados en la inflación local, lo que contribuye a mantenerla bajo control.

En el sistema financiero, la tasa de referencia funciona como señal para el resto del mercado. Si bien en el corto plazo el efecto puede ser moderado debido a la alta demanda de crédito, en condiciones normales una tasa más baja tiende a empujar hacia abajo las tasas bancarias, facilitando el acceso al financiamiento.

Esto abre espacio para que empresas y hogares puedan invertir, consumir y ampliar sus operaciones, generando mayor movimiento económico. Para Paredes, una política monetaria más flexible es coherente con un entorno de precios estables y busca sostener la actividad sin generar presiones inflacionarias.

A nivel externo, el panorama también acompaña. Si la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) reduce sus tasas, el dólar podría seguir debilitándose, lo que aliviaría aún más el frente cambiario y reforzaría el escenario de estabilidad para Paraguay.

La baja de la tasa del BCP marca un nuevo ciclo monetario, con foco en el crédito, la inversión y el crecimiento, sin perder de vista el control de la inflación.

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