Este miércoles, la Policía Nacional informó que investiga una denuncia sobre un presunto atentado contra una vivienda en el departamento de Itapúa. El propietario resultó ileso porque en ese momento estaba descansando en una de las habitaciones.

Según el reporte dado por los intervinientes, el hecho se registró cerca de las 22:00 de ayer martes, cuando el propietario descansaba en el interior de su vivienda ubicada en el barrio Santísima Trinidad. El hombre fue alertado debido al estruendo que los presuntos agresores produjeron en las afueras de su casa.

“Estamos investigando un caso de disparos intencionales contra una vivienda que se encuentra ubicada sobre la Ruta PY06, a la altura del kilómetro 37, mientras el propietario estaba durmiendo. Este reportó que fueron entre cuatro y cinco disparos”, detalló el comisario Juan Jara, en entrevista con C9N.

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El uniformado explicó que la víctima es Jorge Armando Ramírez Fleitas, de 41 años, quien resultó ileso del percance. Indicó que no recibió amenazas y que no tiene problemas con nadie en la zona. Los disparos se realizaron con un arma de fuego de calibre 9 milímetro y todo apunta a que sería una advertencia.

“Tras escuchar los disparos, el hombre salió afuera y pudo constatar que los disparos impactaron contra la fachada de su casa. Además, divisó a unas personas que estaban a bordo de una motocicleta de color negro y que se dieron a la fuga cuando lo vieron salir”, detalló.

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En el marco del Foro por los 20 años de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), el panel “Aliados para el futuro” reunió a líderes del sector financiero, industrial y de vivienda para dialogar sobre el impacto de la institución. Las intervenciones destacaron el rol fundamental de la AFD en la democratización del crédito, impulsando sectores clave y facilitando una banca de segundo piso con una visión de desarrollo nacional.

Representantes del BID elogiaron la credibilidad internacional de la AFD, mientras que la UIP recordó su papel fundacional en el sector productivo. Además, se puso de manifiesto su impacto social en la vivienda, con un énfasis especial en el programa Che Róga Porã, que facilita el acceso a fondos a largo plazo con tasas accesibles.

Alonso Chaverri, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destacó el posicionamiento internacional de la AFD y su alineación con las prioridades nacionales:“En definitiva, tenemos una AFD moderna, que está íntimamente conectada con las prioridades de desarrollo del país, que goza de credibilidad internacional. El BID se siente satisfecho de poder acompañar desde el inicio y seguimos comprometidos a seguir haciéndolo en el futuro”.

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Desde el sector industrial, Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), recordó el rol fundacional de la AFD:“La AFD fue creada con un rol clave: visibilizar la necesidad de contar con una banca de segundo piso, con especial énfasis en la producción”.Por su parte, Blas Reguera, representante de Caprivi, puso el foco en el impacto social de la AFD en el sector vivienda:“La AFD cumple un rol clave en el sector vivienda, siendo el artífice de facilitar fondos de largo plazo con tasas accesibles. Es importante destacar el programa Che Róga Porã como una política pública que transforma vidas”.El panel cerró con una reflexión compartida: los avances logrados en estos 20 años han sido posibles gracias a la construcción de alianzas sólidas, y el futuro exige seguir fortaleciendo estos vínculos para ampliar el acceso al crédito, dinamizar la producción y mejorar la calidad de vida de las familias paraguayas.

En los últimos cinco años, el número de cuentas comprando digitalmente en Paraguay creció un 239 %, alcanzando un pico histórico de 4,2 millones en el primer semestre de 2025, frente 1,2 millones en el mismo periodo de 2020. Este incremento no solo refleja el cambio de hábito sino el uso más frecuente de medios electrónicos para realizar pagos, transferencias y otras operaciones cotidianas.

Las cuentas que compran digitalmente son prueba de una población que adopta herramientas digitales para gestionar su economía, señaló Aníbal Corina, gerente general de Bancard, en la 1ra Convención Bancaria 2025, organizada por la Asociación de Bancos del Paragua (ASOBAN).

El aumento sostenido de las cuentas comprando digitalmente es una muestra clara de cómo dinero electrónico se consolida en la vida cotidiana de los paraguayos, agregó.

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Por otro lado, cada vez más comercios en Paraguay incorporan tecnología para cobrar a través de dispositivos POS, lo que impulsa una experiencia de pago más innovadora, ágil y sobre todo segura. Esta tendencia acompaña el avance del dinero electrónico en el país.

En 2020, solo 33.000 comercios contaban con POS. Cinco años después, la cifra superó los 100.000 puntos de venta con terminales electrónicas. A este crecimiento se suman unos 1,3 millones de comercios que cobran desde las apps de celular, además de la cantidad de comercios con e-commerce: que pasó de 358 a 1.500, comparando 2020 versus 2025.

Los datos de Bancard revelan un cambio significativo en los hábitos de consumo de los paraguayos: en 2020, el 28 % de las transacciones con tarjetas se realizaban en POS; para 2025, esa proporción se duplicó y alcanzó el 56 %.

Este cambio refleja una preferencia creciente por medios de pago digitales en lugar de los tradicionales, y marca una evolución en la forma en que las personas interactúan y gestionan su economía del día.

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En línea con el dinamismo económico, se aprecia un crecimiento sostenido del consumo con tarjetas de débito y crédito, con montos que aumentaron 270 % en el volumen de compras entre el 2020 y el 2025. Las compras con tarjeta de crédito aumentaron en 235 % y con tarjeta de débito, en 297 %.

El incremento fue inclusive mayor en las compras de extranjeros, de 390 %; mientras que las compras locales se incrementaron en 253 % comparando el periodo 2020 versus 2025.

Por su parte, las transacciones subieron 490 % en el periodo de análisis, hasta llegar a 175 millones en los tiempos actuales.

El proyecto de ley que fue presentado el pasado 24 de julio ante el Congreso Nacional para su estudio “mejorará, en general, el ecosistema del transporte público”, apunta el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández. Un técnico especialista insiste en la implementación del sistema ferroviario y los usuarios organizados reclaman participación. Aquí un panorama.

• Por Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos: Archivo / Gentileza

“Lo que busca­mos es mejorar el servicio de transporte público y la eco­nomía de las familias, man­teniendo bajo su gasto de bol­sillo en movilidad”, resume el viceministro de Trans­porte, Emiliano Fernández. Se aspira a que sea “un servi­cio digno y con mejor veloci­dad para los desplazamien­tos con vías preferenciales e inversión vial constante”.

“La idea es mejorar aspectos financieros, generar o atraer a empresas solventes, incorpo­rar flota nueva, dar un mejor servicio a los actuales usua­rios y atraer a nuevos”, agrega.

Expone que “El bus que viene” es un proyecto inte­gral que abarca ejes de gober­nabilidad, modelos de con­tratación, financiamiento y planificación metropolitana. “Además de seguir cubriendo Asunción y alrededores pro­ponemos mecanismos para extendernos a nuevas áreas metropolitanas, como Ciu­dad del Este o Encarnación. La futura ley nos permitirá llegar al interior”, asegura.

Aquí su diálogo con La Nación/Nación Media:

–La ley, una vez aprobada, será permanentemente eje­cutada. Si hablamos de las mejoras más importantes se prevé que se inicien en 2026. La idea es que haya servicios nocturnos, incorporación de buses eléctricos, construc­ción de estaciones de carga­dores, información de servi­cios de transporte público metropolitano en Google Maps, entre otros.

–Uno de los pilares centrales es la renovación y ampliación de la flota con la incorpora­ción de buses 0 km, tanto a combustión como eléctricos. Se estima una inversión de 300 millones de dólares para renovar 1.000 unidades, cifra que representa la cantidad de buses que alcanzarían su vida útil antes de finalizar el actual periodo de gobierno. La incorporación de estos nue­vos vehículos será impulsada principalmente por el sector privado a través de procesos de licitación que adjudicarán tanto la operación como la provisión de flota. El esquema de financiamiento prevé que los pagos correspondientes a la operación y la inversión en flota se realicen dentro del propio sistema, mediante el mecanismo de tarifas técni­cas, subsidios y pasajes.

–La propuesta de ley de reforma otorga las herra­mientas jurídicas necesa­rias para avanzar en el orde­namiento del sistema. La ley nos habilita a reordenar itine­rarios, generar instrumentos de planificación, establecer un nuevo esquema de finan­ciamiento y aplicar diversas medidas que contribuirán al reordenamiento, pero de manera gradual.

–El fideicomiso, en esta ley, es un fondo creado con todo el dinero generado por el sis­tema de transporte, gestio­nado por la Agencia Finan­ciera de Desarrollo (AFD). Entre las fuentes de recur­sos estarán las cargas por los usuarios en sus tarjetas, los subsidios que otorga el Estado, determinadas mul­tas, cánones que pudieran pagar las empresas, entre otros. La idea es que desde este fondo se pague a todos los prestadores, es decir, a los que proveen los buses, a las empresas operadoras, a quie­nes proporcionan los patios de estacionamiento para los buses, etc. El MOPC será el fideicomitente de este fondo.

–Se prevé la elaboración de políticas tarifarias con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a fin de definir los beneficios para las poblaciones más vulne­rables. Cabe resaltar que estos no se modifican y que, además, el proyecto de ley incluye otros bene­ficios como des­cuentos por uso frecuente e inte­gración tarifa­ria (transbor­dos gratuitos o a menor costo).

–Se prevé que los operadores que se inserten en el nuevo modelo tengan experiencia y se acceda por vía competi­tiva, mediante licitaciones que estarán abiertas para cualquier empresa, nacional o internacional, en las cuales podrán participar los actores actuales. Bus­cando una transición ordenada, se incentiva la creación de con­sorcios para postu­lar a las nuevas lici­taciones.

–Todo este conjunto de mejo­ras motivará en las decisio­nes de empresas para ensam­blar buses en Paraguay. De hecho, ya se cuenta con el proyecto de la empresa Master Bus de Taiwán –que apunta tanto a Paraguay como a la región– y otros proyectos que están siendo monitoreados principal­mente por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Fernando Maidana, arquitecto urbanista especialista en transporte, considera que en Asunción y Central se necesita “un reordenamiento de la gobernanza del sistema, ya que actualmente hay una descoordinación de los buses inter­departamentales, los buses metropolita­nos y los buses municipales”.

Apunta por ello que el pro­yecto gubernamental que estudia el Congreso “en su redacción actual propone ajustes administrativos para el sistema de trans­porte público. Necesita­mos que el Viceministerio de Transporte delegue la planificación y operación de los servicios de buses a las gobernaciones para que el Gobierno Nacional se pueda encargar de reintroducir y operar el sistema ferroviario en Paraguay”, expone.

Para ello propone “un plan eje­cutivo que establezca en deta­lle las características del ser­vicio que se quiere alcanzar y una propuesta financiera, que logre efectivamente colocar inversión en el mejoramiento de la infraestruc­tura y de la calidad del servicio del transporte público”.

Maidana, que tiene una maestría en Planificación y Políticas Urba­nas en Rotterdam, Países Bajos, considera que para mejo­rar el sistema se deben tener en cuenta cuestiones técnicas como malla de iti­nerarios, cálculo de buses necesarios en cada itinera­rio, frecuencias de buses en cada iti­nerario y un cálculo presupuestario para cada itinerario”.

El urbanista, con expe­riencia en políticas y proyectos de planifi­cación territorial y del transporte, enfatiza que de manera inmediata se requeriría “revisar la tarifa técnica para saber el costo real del pasaje”.

Gustavo Espínola y Griselda Yúdice, de la Organización de Pasajeros del Área Metro­politana de Asunción (Opama), señalaron que “como pasajeros creemos que de manera inmediata el Viceministerio de Transporte (VMT) debe impulsar cambios como carriles exclusivos, renovación de la flota, reingeniería de los itinerarios, paradas cada 500 metros y tarifa integrada (transbordo gratuito)”.

“Vemos una coincidencia de todos los secto­res, sean pasajeros o no, de que el sistema de transporte público debe mejorar. Pero tam­bién se debe ser claro en cómo se va a solven­tar esta reforma, los detalles sobre la financia­ción y la calendarización de la ejecución de la reforma”, consideraron.

El proyecto de ley plantea nuevas modalida­des de división del servicio, “que pueden salir bien como también pueden salir mal si no se fortalece la capacidad pública para el control del sector privado. Además, los pasajeros exi­gimos tener más participación en las decisio­nes que afectan a nuestra movilidad, al mismo nivel que los empresarios”, reclamaron.

Pidieron a su vez “avanzar en mecanismos de generación de datos y transparencia de toda la información referente a movilidad. Los datos sobre tarifa técnica, subsidio, resolución de frecuencias, cantidad de pasajeros, presu­puesto deberían ser públicos y de fácil acceso para la ciudadanía, y habilitar un mecanismo de denuncia para los pasajeros”, concluyeron.

El viceministro de Transporte destaca que “un tema esencial del proyecto es la declaración del servicio de transporte público metropo­litano de pasajeros como un servicio público imprescindible”. Lo hace entendiendo que “eso le dará una mayor fuerza jurídica para exi­gir a los concesionarios que brinden servicios todos los días independientemente de las cir­cunstancias”.

Esto significa en términos prácticos “que el servicio no puede parar. Se debe garantizar continuidad y regularidad incluso frente a epi­sodios de paros y huelgas bajo pena de san­ciones muy fuertes. Si bien esto de la impres­cindibilidad ya estuvo en la Ley 1626 “De la función pública” y se puede interpretar de la nueva ley del servicio civil, lo cierto es que no estaba en la ley del transporte, en la ley espe­cializada, como proponemos ahora”, apunta.

“La otra herramienta importantísima es que vamos a firmar contratos separados para la provisión de los buses y la operación. Los buses van a ser pagados por la disponibilidad para el sistema, independientemente de quién los opere. Así, cuando un operador falla y tiene que retirarse, los buses van a seguir tra­bajando y pasarán al nuevo operador, porque son contratos separados”, expone.

La flota de buses pasó de 2.500 a 1.782 en los últimos años.

A pesar de la renovación de 2015, la antigüedad de la flota es de 11,54 años promedio.

En los últimos 20 años el diésel aumentó un 3 %, los salarios en un 7 % y los cos­tos de los vehículos un 4 %, mientras que el pasaje man­tiene su precio hace 10 años gracias a los subsidios.

Hace 20 años había 60 empresas concesionarias. Hoy en día son 33.

Fuente: Datos consignados en el proyecto “El bus que viene” remitido al Congreso